Ante la crisis de desabastecimiento de medicamentos y las miles de quejas por entregas incompletas, la SIC dio vía libre a Sanitas, Nueva EPS y otras siete entidades para comprar en bloque. El plan se ejecutará en tres fases, priorizando enfermedades de alto costo, y permitirá la entrada de otros actores como el Magisterio y las Fuerzas Militares.
Por: Redacción Revista RAYA
La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) aprobó un acuerdo que marca un punto de quiebre en el sistema de salud colombiano: la negociación conjunta y directa de medicamentos y Tecnologías en Salud (TES) por parte de las nueve EPS (Empresas Prestadoras de Salud) que, para la fecha de la resolución junio de 2025, estaban bajo intervención estatal: Sanitas, Asmet Salud, Emssanar, Famisanar, Nueva EPS, Savia Salud, EPS-SOS, Capresoca y Coosalud.
La decisión, que fue adoptada en junio y aclarada en septiembre de 2025, responde a una urgencia evidente: proteger la estabilidad del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Este bloque de compra, integrado por entidades como Sanitas, Nueva EPS y Famisanar, beneficiará a más de 29,4 millones de afiliados, casi el 60% de la población del país. Con ese volumen, las EPS pasan a tener un poder de negociación sin precedentes para conseguir mejores precios, asegurar el abastecimiento y reducir la pesada carga financiera del sector.
La medida surge en medio de una crisis de acceso y deudas acumuladas que venía profundizándose. Entre enero y marzo de 2025 se registraron 141.294 PQRS (reclamaciones) por fallas en la entrega de medicamentos. La Superintendencia Nacional de Salud (SNS) identificó un patrón recurrente: la intermediación en las compras a través de gestores farmacéuticos que no cumplían oportunamente sus pagos, lo que derivó en retrasos, entregas parciales e incluso bloqueos por parte de algunos laboratorios, afectando a miles de usuarios sin distinción de EPS. Las EPS intervenidas también señalaron que esa intermediación estaba frenando el acceso a las TES. “El objetivo principal de la negociación conjunta es que los pacientes reciban los medicamentos a tiempo y de manera adecuada”, dijo la SIC al anunciar el acuerdo.
Con esta autorización, las EPS pueden negociar directamente con los laboratorios, eliminando ese eslabón intermedio que tantas fallas generó. Aunque muchos la llaman “compra en bloque”, la figura aprobada es la negociación conjunta: un mecanismo que coordina la demanda, pero sin fusionar las responsabilidades financieras de las EPS. Es decir, la compra y el pago seguirán siendo individuales; cada entidad mantendrá su autonomía para firmar contratos y seguirá respondiendo ante sus afiliados. El acuerdo tendrá vigencia de un año desde la firma del primer contrato, con opción de prorrogar por un año más.
El proceso comenzó con la Resolución 35379, firmada el 10 de junio de 2025. Desde ese día empezó la fase de alistamiento, un periodo de 30 a 60 días para revisar el mercado, proyectar necesidades y preparar las primeras negociaciones con los laboratorios. Esta etapa no consume el tiempo oficial del acuerdo; la vigencia empieza a correr solo cuando se firme el primer contrato de compra. Por esa razón, la implementación se organizará en tres etapas: Medicamentos de alto costo, esenciales para tratar enfermedades huérfanas y crónicas; dispositivos médicos y alimentos especiales (APME), que hacen parte del cuidado diario de pacientes vulnerables; y medicamentos genéricos, que representan el mayor volumen de consumo en el país.
Estabilidad financiera y más actores en la mesa
Más allá de la logística, el objetivo central de este acuerdo es fortalecer la estabilidad financiera del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS). Las EPS intervinientes proyectan que la compra directa de Tecnologías en Salud podría generar ahorros cercanos a $396.535 millones al año. En el contexto actual, esa cifra es decisiva, pues permitiría recuperar liquidez para cubrir deudas vencidas y evitar que se sigan acumulando nuevas obligaciones. La expectativa es que, con precios más competitivos, las EPS puedan liberar recursos para mejorar otros servicios y avanzar en estrategias de eficiencia operativa.
Para asegurar que esto ocurra, la SIC realizará un seguimiento financiero trimestral, revisando indicadores como los costos de compra, los costos operativos y la reducción de cartera vencida por cada diez mil afiliados. El mensaje es claro: el ahorro debe verse en la salud del sistema y en la atención a los usuarios, no solo en los balances internos de las entidades.
Aunque la iniciativa comenzó como una respuesta urgente para las nueve EPS intervenidas, el modelo evolucionó rápidamente hacia una estructura más amplia. En un inicio, cualquier EPS no intervenida podía sumarse de manera voluntaria para aprovechar las economías de escala. Pero en septiembre de 2025, tras una solicitud de la Superintendencia Nacional de Salud, la SIC amplió esa posibilidad a un universo mucho mayor: a las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) y las entidades de los Regímenes Especial y de Excepción.
Esta apertura permite que actores como las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el Magisterio, Ecopetrol y varias universidades públicas, entre ellas, la Nacional y la de Antioquia, participen también en la negociación. La meta es ambiciosa: sumar más volumen, reducir las diferencias de costos entre regímenes y avanzar hacia una mayor equidad en los precios de salud en el país.
La SIC es consciente de que una negociación de esta magnitud trae riesgos, entre ellos, la posibilidad de abusos por parte de los compradores. Por eso, la autorización no es abierta ni indefinida: está acompañada de condiciones estrictas de transparencia y vigilancia. La supervisión quedó a cargo de la Dirección de Cumplimiento, que evaluará el acuerdo a partir de tres pilares: la transparencia en las negociaciones con la industria farmacéutica, el cumplimiento en la entrega oportuna de medicamentos y el impacto real de las eficiencias financieras logradas.
En el plano institucional, la medida cuenta con un fuerte respaldo. El Ministerio de Salud defendió la viabilidad del acuerdo y lo describió como una acción urgente, técnicamente sólida y necesaria para mejorar el acceso, reducir barreras y garantizar el derecho fundamental a la salud. La SIC, entretanto, hizo un llamado para evitar cualquier conducta que genere abusos derivados del nuevo poder de negociación y recordó que las EPS intervenidas no pueden obstaculizar la participación de entidades externas al acuerdo.
Este mecanismo de negociación conjunta no pretende ser una reforma estructural del sistema de salud, sino una intervención inmediata para estabilizar las áreas más sensibles y abrir el camino hacia una integración logística que el país no había ensayado antes. Como referencia, la SIC mencionó experiencias similares en Países Bajos, México y China. Este último caso es especialmente ilustrativo: las compras centralizadas basadas en volumen lograron reducir precios hasta en un 53% y generaron ahorros multimillonarios, obligando a una modernización de la industria farmacéutica.
Nota de transparencia: este artículo fue realizado con apoyo económico de un anunciante. Lo explicitamos porque consideramos que las audiencias tienen derecho a saber quién financia los contenidos que leen. La pauta no define nuestro punto de vista sobre el sistema de salud, el rol de la SIC ni las obligaciones de las EPS frente a sus pacientes.
