La Estrategia de Seguridad Nacional de Donald Trump, el llamado “Corolario Trump”, reencaucha la Doctrina Monroe y ubica a América Latina como eje militar y económico de Washington. Venezuela funciona como laboratorio: tras sanciones y presión petrolera, EE. UU. bombardeó Caracas, secuestró a su presidente y anunció querer quedarse con el crudo. El plan suma despliegue en el Caribe, presiones a Colombia e injerencia electoral para asegurar recursos críticos.
Por: María Fernanda Padilla Quevedo
Una imagen compartida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos: Donald Trump en el estrado durante uno de sus discursos y en letras grandes se lee “This is OUR Hemisphere”, es decir, traducido al español, “Este es NUESTRO hemisferio”, resaltando la palabra nuestro en color rojo. El énfasis es una declaración política desde la Casa Blanca: América Latina vuelve a ser presentada como una zona de dominio de Washington. En un contexto de erosión del liderazgo económico y cultural de Estados Unidos a nivel global, el control sobre el sur se ha convertido en la máxima prioridad estratégica de Washington.
Desde principios de 2025, Venezuela se ha convertido en el laboratorio de esta doctrina, aunque su desarrollo viene caminando desde hace dos décadas de la mano de los conservadores más ortodoxos de Estados Unidos. Lo que comenzó con una escalada de sanciones económicas y la interceptación de buques petroleros en aguas internacionales, derivó rápidamente en una política de mano dura que incluyó la criminalización y deportación masiva de migrantes. Sin embargo, el punto de no retorno ocurrió en el despertar del año nuevo.
Bajo órdenes directas de la Casa Blanca —y eludiendo deliberadamente al Congreso con el cero probado escenario de que el legislativo “tiende a filtrar información”—, fuerzas estadounidenses ejecutaron un bombardeo sobre Caracas. La incursión militar dejó al menos 77 muertos, entre civiles y militares, y el secuestro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Al mandatario, la justicia estadounidense le atribuye los delitos de conspiración para traficar cocaína y asociarse con grupos designados como terroristas.
Estas acciones son el anticipo de la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), una directriz publicada en noviembre de 2025 y construida por el círculo cercano de Trump: el actual Secretario de Guerra (antes secretario de Defensa) Pete Hegseth, quien es un veterano del ejército condecorado después de estar en Iraq, Afganistán y Guantánamo en Cuba. También participaron el republicano texano John Ratcliffe, director de la CIA y quien fue el director de Inteligencia Nacional al final del primer gobierno trumpista. Ratcliffe, quien defendió a Trump en su primer juicio político, ha centrado su administración en robustecer las capacidades humanas y tecnológicas frente a China y otros adversarios políticos. El supremacista y radical de extrema derecha Stephen Miller, principal asesor de seguridad de Trump y quien se ha caracterizado por las políticas de deportaciones masivas de migrantes, y Marco Rubio, encargado de articular la estrategia como Secretario de Estado. Rubio se ha caracterizado por la defensa a la intervención de fuerzas estadounidenses para contrarrestar organizaciones que consideran terroristas y defender los intereses de su país a nivel global.
La nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN) redefine la estrategia anterior y reorienta su política de los últimos años, centrada en Asia, para pasar a materializar la visión de América First (primero) con la dominación del hemisferio (América Latina y el Caribe, la isla danesa de Groenlandia). La estrategia avanza en un contexto de expansión de China en la región. La intervención militar en Caracas fue una demostración de que Estados Unidos está dispuesto a ejercer la fuerza directa para doblegar a los gobiernos no alineados con sus intereses o para sacarlos del hemisferio. En la nueva ESN, Estados Unidos afirma el derecho unilateral a negar a otras potencias la capacidad de controlar activos estratégicos vitales en las Américas, como es el caso de Rusia y China en Venezuela.
Pie de foto: Imagen compartida por Donald Trump en sus redes sociales en las que se nombra como “Presidente interino de Venezuela”.
“Queremos un hemisferio cuyos gobiernos cooperen con nosotros contra los narcoterroristas, los cárteles y otras organizaciones criminales transnacionales; queremos un hemisferio que permanezca libre de incursiones extranjeras hostiles o de la propiedad de activos clave, y que apoye las cadenas de suministro críticas; y queremos garantizar nuestro acceso continuo a ubicaciones estratégicas clave. En otras palabras, afirmaremos y aplicaremos un ‘Corolario Trump’ a la Doctrina Monroe”, establece Trump en su texto de 33 páginas.
La Doctrina Monroe fue una política del siglo XIX, establecida por el presidente James Monroe, quien declaró que cualquier intervención europea en los asuntos de las naciones americanas sería vista como un acto de agresión y se convirtió en una política exterior de hegemonía resumida en “América para los americanos (estadounidenses)”.
Esa defensa dejó abierta la puerta para intervenir militar y políticamente en cualquier país latinoamericano que no estuviera alineado económica y estratégicamente. Las intervenciones se justificaron bajo argumentos como mantener el “orden”, la “estabilidad” o la “lucha contra el comunismo”. Esto le permitió expandir su presencia y control en la región. “El Corolario Trump” es un reencauche de aquello que impuso la tesis de dominantes sobre dominados.
No es en vano el nombramiento del repúblicano Marco Rubio como encargado de la política exterior de los Estados Unidos. Era la primera vez que un funcionario de origen latino se convertía Secretario de Estado estadounidense, con la votación unánime del Congreso. Rubio es abogado de profesión, de ascendencia cubana y está casado con una hija de colombianos. A lo largo de su carrera, primero en el legislativo como senador del Partido Republicano, se ha caracterizado por su ideología conservadora, principalmente por su oposición a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua, su discurso antimigratorio. Su recorrido político incluye la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado y fue vicepresidente de la Comisión Selecta de Inteligencia del Senado.
Desde su llegada a la Casa Blanca en el segundo periodo Trump, se ha encargado de consolidar un bloque en defensa de la extrema derecha latinoamericana, impulsando proyectos y respaldando políticas de los gobiernos de Ecuador, encabezado por Daniel Noboa; Javier Milei de Argentina y el recién electo Rodrigo Paz de Bolivia. Su gestión también ha estado marcada por el retorno de políticas más duras de intervención diplomática y presión estratégica en América Latina, propias de la Guerra Fría: oposición a los gobiernos de izquierda y progresistas, intervención militar directa como ocurrió en Venezuela y China en lugar de la Unión Soviética como enemigo estratégico. El Secretario de Estado de Estados Unidos ha calificado a China como una amenaza para su país.
En una reunión en Costa Rica con el presidente Rodrigo Chaves, Rubio celebró la política del gobierno costarricense de restringir a las empresas chinas en la tecnología 5G que se está desarrollando en ese país. “Quiero felicitar y agradecer al presidente por su firmeza en solo permitir proveedores de confianza”, dijo. En su hoja de vida, también se destaca que redactó y aprobó la Ley de prevención de trabajo forzoso Uigur, que condicionó el ingreso de importaciones chinas a Estados Unidos que se presumía fueron hechas con trabajo forzoso en la región de Xinjiang. Esa norma “representa el mayor punto de inflexión en las relaciones entre Estados Unidos y China en décadas”, como establece el Departamento de Estado de Estados Unidos en su página web.
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Paz por la fuerza
En la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ESN), Trump promete usar la fuerza para disuadir a los “países u otros actores” que, a su juicio, amenacen los intereses de los Estados Unidos. Estos intereses quedan en un marco amplio: contener el retroceso del liderazgo estadounidense, garantizar el acceso a las cadenas de suministro y los materiales críticos para su desarrollo militar y económico, el fin de lo que considera amenazas como la migración, el narcotráfico y las organizaciones transnacionales, y mantener su control sobre el hemisferio occidental. Esto implica que la justificación de la seguridad de Estados Unidos va a estar atada —justificada— a lo que ocurra en América Latina.
El bombardeo a Caracas fue la muestra de esa lógica. La incursión militar se dio bajo el argumento de que Venezuela era un narco Estado y que existía un cartel de los soles. Sin embargo, el 3 de enero, tras los bombardeos Trump aseguró que su país construyó la industria petrolera venezolana y que el gobierno socialista la robó. "Esto constituyó uno de los mayores robos de propiedad estadounidense en la historia de nuestro país", dijo durante la rueda de prensa. Aunque fue el expresidente Carlos Andrés Pérez en 1976 quien promulgó la ley para nacionalizar la empresa de Petróleos, hoy PDVSA.
Desde el año pasado, Trump apeló al embargo de los buques cargueros para presionar al gobierno de Maduro. Según Trump, aunque Maduro estaba negociando con la Casa Blanca, estas negociaciones no avanzaban y China era el principal comprador del petróleo venezolano. En la nueva estrategia dice: “Negaremos a competidores extrarregionales la capacidad de desplegar fuerzas u otras capacidades amenazantes, o de poseer o controlar activos estratégicamente vitales en nuestro hemisferio”.
La intervención en Caracas y la judicialización del presidente venezolano también estuvieron alentadas bajo la narrativa del narcoterrorismo. Maduro fue señalado por Washington por liderar el “Cartel de los Soles”, un grupo que fue incluido por el Departamento de Estado en la lista de organizaciones terroristas. Sin embargo, durante la imputación contra Maduro y su esposa Cilia Flores en Estados Unidos, desapareció la alusión al Cartel de los Soles como una organización criminal estructurada y Maduro ya no era su líder. Este episodio puso en evidencia el alcance de la instrumentalización de las acusaciones
Para garantizar la denominada “paz por la fuerza”, Trump se propuso tener en el corto plazo el “ejército más poderoso, letal y tecnológicamente más avanzado del mundo”, que actúe de forma rápida y con menos bajas. Esto se complementa en su visión con un poder disuasivo nuclear, el desarrollo de defensas antimisiles de última generación y un escudo de oro para contener cualquier ataque. El último punto de esto es el componente económico mediante el impulso de la industria militar, que se sustentará en la compra de armamento estadounidense por parte de sus aliados. Incluso, ya dio un primer gran paso en esa dirección al recientemente anunciar que pedirá al Congreso el aumento en un 50% del presupuesto de Defensa.
El control de los recursos y el territorio
La Nueva Estrategia de Seguridad establece como prioridad el acceso ilimitado de Estados Unidos a minerales y materiales críticos que son necesarios para defenderse y preservar su estilo de vida. En este marco, la disputa por los recursos y posiciones estratégicas en el hemisferio se convierte en un eje central de la política exterior y de seguridad.
Según el economista argentino, Claudio Katz, en una entrevista sobre “Las singularidades del imperialismo en el siglo XXI”, en la actualidad “apunta a recrear el control de los recursos básicos porque las materias primas son indispensables para el funcionamiento de las redes informáticas y de las cadenas de valor”.... Se necesita el control de esos recursos básicos y, con ello, subordinar a los pueblos de América Latina, África, Medio Oriente, sur de Asia”, dice.
El control sobre América Latina garantiza acceso a reservas de petróleo –como ocurrió con Venezuela—, gas, el 60% del litio del mundo y tierras raras clave para la transición energética y el desarrollo tecnológico. A esto se suman las reservas de agua dulce, los bosques tropicales y una amplia diversidad de animales y plantas. Estos recursos son indispensables para las cadenas globales de valor y para la disputa geopolítica, además de una fuerza de trabajo históricamente precarizada.
Venezuela resulta estratégica en ese panorama. El Arco Minero del Orinoco en el estado de Bolívar es una de las reservas ambientales venezolanas y la principal fuente minera para la extracción de oro, coltán, diamantes, hierro, entre otros. El Esequibo, que hoy se encuentra en disputa entre el Gobierno venezolano y el de Guyana, tiene selva tropical, ríos navegables, recursos agrícolas y pesqueros, y reservas de minerales, yacimientos de gas natural, diamantes, petróleo y uranio. ExxonMobil es el operador principal de la industria petrolera en Guyana, por lo que la presencia estadounidense en Venezuela amplía el control sobre esos recursos.
La Nueva Estrategia de Seguridad de Donald Trump no es una disputa netamente económica y política, engloba también las áreas científicas y tecnológicas, en las que Trump considera que Estados Unidos ha perdido poder. América Latina sirve como laboratorio para experimentar y acceder a recursos clave para intentar impulsar esos avances.
“Tenemos dos grandes ecosistemas para la biotecnología: la biosfera en la Amazonía, particularmente en la degradación a la llanura en el Caquetá, Guaviare y Putumayo, y el Chocó biogeográfico. Esa riqueza permite que se puedan hacer experimentaciones biotecnológicas, que no se logran en otras partes del mundo y pueden ser utilizadas militarmente. Por ejemplo, hay un enfoque en entender los patrones de comunicación de los hongos”, explica Juan Carlos Bolívar, analista y experto en seguridad, geopolítica y defensa.
América Latina también tiene una posición geoestratégica en el mundo con el acceso a los dos océanos, en particular Colombia, Panamá y México. En esa línea, Trump ha planteado la posibilidad de recuperar el control del Canal de Panamá como el objetivo de su gobierno, bajo el argumento de que China controla esa vía comercial. Sin embargo, sus amenazas controvierten el Tratado de Neutralidad, que establece que sin importar el régimen, sean tiempos de paz o de guerra, se debe permitir el tránsito de las naves de cualquier país de forma igualitaria. Este tratado marcó el paso del canal de Estados Unidos a Panamá. El discurso de Trump también encaja en medio de nuevos planes para la región de crear una conexión bioceánica con el fin de agilizar el movimiento de mercancías. El año pasado, China y Brasil firmaron un pacto de viabilidad para avanzar en el corredor ferroviario bioceánico.
Este interés geoestratégico se complementa con la presencia militar de Estados Unidos en el Caribe. Trump ha intensificado su despliegue en la región con cerca de 10.000 soldados, buques de guerra, aviones de combate y unos 2200 infantes de marina, según datos de The New York Times. La excusa ha sido la lucha contra las drogas y el antiterrorismo. En 2025, Trump destruyó al menos 34 botes y asesinó a unas 100 personas, presuntamente por transportar drogas hacia Estados Unidos. Sin embargo, nunca presentaron pruebas públicas que soportaran esas afirmaciones. Human Rights Watch (HRW) alertó que esos ataques constituyen ejecuciones extrajudiciales contrarias al derecho internacional.
La presencia en el Caribe hace parte del cinturón de la infraestructura militar de Estados Unidos, con la sede del Comando Sur en Miami, una base naval en Guantánamo, el Centro de Evaluación y Pruebas Submarinas del Atlántico (AUTEC, por sus siglas en inglés) en las Bahamas, la bases militar Fuerte Buchanan y el Centro de Entrenamiento Conjunto de la Guardia Nacional en Salinas, Puerto Rico, y la Base Aérea Soto Cano en Honduras, por nombrar algunas.
Gobiernos alineados, elecciones en jaque
La Nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ENS) de Estados Unidos no plantea ningún lazo basado en la justicia, la libertad, la solidaridad o los intereses comunes con los demás países de América. En su lugar, busca gobiernos que garanticen la protección de sus intereses y con los que pueda sostener su liderazgo regional, bajo la persuasión de la paz con la fuerza. En ese sentido, Trump plantea que debe “reclutar a líderes regionales” que ayuden a mantener la estabilidad de la región y que se sumen a sus amenazas: “la migración ilegal y desestabilizadora, neutralizar los cárteles, acercar la fabricación y desarrollar las economías privadas locales”, según la nueva ENS.
Y para lograrlo ha apelado a amenazas, a despliegue de fuerza militar, a sanciones injustificadas y a la estigmatización, como en el caso de Venezuela. “Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro", amenazó Trump a Delcy Rodríguez, quien asumió la Presidencia tras el secuestro de Maduro.
O también como en Honduras, usar la injerencia electoral para “ayudar” a elegir a sus socios, como el conservador Nasry Asfura, envuelto en medio de la polémica de manipulación de los resultados y fraude. Asfura fue apoyado por Trump, quien condicionó su ayuda al triunfo. Además, vinculó su apoyo a la promesa de indulto para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado por narcotráfico en junio de 2024 en Estados Unidos. “Recompensaremos y alentaremos a los gobiernos, partidos políticos y movimientos de la región que estén ampliamente alineados con nuestros principios y estrategia”, dijo Trump en su documento de ESN 2025.
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El avance de la derecha en la región en 2025 podría verse aún con más claridad, mediado por las presiones de Estados Unidos y los sectores conservadores más radicales que son amigos de los suramericanos, generalmente familias millonarias. Este año, Colombia, Perú, Costa Rica, Brasil y Haití tendrán elecciones. En Colombia, el uribismo y actores de la centro derecha han instigado en Washington para que no exista diálogo sino guerra entre el gobierno Trump y el de Gustavo Petro. Según ha denunciado el propio presidente Petro, los congresistas republicanos que han propiciado esto son María Elvira Salazar y Mario Díaz-Balart y Carlos Gimenez, todos de La Florida y muy cercanos a Marco Rubio, jefe del Departamento de Estado.
Gustavo Petro y Donald Trump han tenido discusiones públicas, precisamente ambientadas por la extrema derecha que le ha mentido, según lo reveló Petro en su primera llamada con Trump. Las amenazas desde Estados Unidos han escalado en algunos casos como fue la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas, el señalamiento de Trump a Petro como líder del narcotráfico y el retiro de la visa al mandatario colombiano. “Colombia está gobernada por un hombre enfermo. No lo estará haciendo por mucho más tiempo”, dijo el presidente estadounidense tras el operativo en Caracas.
La oposición colombiana ha hecho distintos viajes a Estados Unidos para fortalecer sus relaciones. En septiembre del año pasado, los alcaldes de Medellín y Cali, Federico Gutiérrez y Alejandro Eder, se reunieron con funcionarios del Departamento de Estado y congresistas cercanos al trumpismo. La precandidata presidencial Vicky Dávila estuvo en Washington, donde se reunió con el senador republicano Rick Scott.
Además, el también precandidato Juan Carlos Pinzón ha hecho apología a los mensajes de Trump, llamando su atención publicando trinos en inglés. Uno de sus mensajes de campaña es: “Colombia volverá a ser antiguerrilla. Make Colombia antiguerrilla again”. Una idea peligrosa que en el país ha estado sustentada en el anticomunismo, apoyado por los Estados Unidos, y que ha justificado masacres y el genocidio del partido político Unión Patriótica.
La última situación de tensión entre ambos mandatarios terminó con una llamada en la que discutieron, según Petro, sobre los logros del gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico. Sobre la llamada, el Presidente colombiano aseguró, en entrevista con El País de España, que Trump le dijo: “Sé que se han inventado muchas mentiras alrededor de usted, igual que sobre mí”. Por lo pronto, ambos acordaron reunirse en la Casa Blanca a inicios de febrero para hablar sobre la lucha contra el narcotráfico. Cabe recordar que El gobierno de Estados Unidos descertificó a Colombia por supuestos incumplimientos en la lucha antidrogas.
Si bien la nueva Estrategia de Seguridad Nacional (ENS), en su actualización de la vieja doctrina Monroe al estilo Trump, tiene un mayor énfasis en América Latina, para Europa también formula una política de intervencionismo. Reafirma un nuevo relacionamiento con sus socios de la Organización del Tratado Atlántico Norte (OTAN), en el que Estados Unidos pretende convertirse en el principal proveedor de insumos militares, cambiando la condición de sus socios a clientes. El Presidente estadounidense ha obligado a los países de la OTAN a destinar el 5 % de su Producto Interno Bruto (PIB) para gastos de defensa y la compra de armamento estadounidense.
En su ENS, Trump lanza críticas ultra conservadoras y xenófobas a ciertas políticas europeas sobre migración, protección del ambiente y del estado de bienestar. Plantea que la desaparición de Europa como civilización solamente podrá ser remediada por los “partidos patrióticos” sobre los cuales anuncia una apoyo estratégico. “La creciente influencia de los partidos patrióticos europeos es motivo de gran optimismo [...] Nuestra política general para Europa debería priorizar: fomentar la resistencia a la trayectoria actual dentro de las naciones europeas”, establece en el documento.
Esta postura intervencionista se entiende como el apoyo decidido de Estados Unidos a partidos de extrema derecha como VOX en España, Fidesz en Hungría, Alternativa para Alemania o el Partido Reformista en el Reino Unido. Si bien, la ENS no hace esta referencia a “partidos patrióticos” en América Latina, probablemente su visión colonial —bajo la cual conseguir aliados políticos de extrema derecha parecería secundario—, esas cercanía resulta funcional para legitimar la agenda estadounidense en la región.
Esta nueva doctrina de seguridad se da en el marco de una situación particular en la disputa geopolítica global. El intento de reposicionamiento político, económico y militar de Estados Unidos —orientado a asegurar el sur global, principalmente América Latina—, es la respuesta al multilateralismo creciente en el mundo. En ese marco se ha abierto la discusión frente al acceso de recursos minero-energéticos y el papel del dólar como moneda principal.
La presencia de países latinoamericanos en diferentes foros internacionales, y alianzas como los Brics, así como los intentos de articulación regionales y subregionales de las dos últimas décadas, y la entrada a proyectos económicos, particularmente chinos, han encontrado en la formulación de la ENS una respuesta radical. Hoy, Estados Unidos reta la soberanía de todos los países del continente, subordinándola a sus intereses y negándole vocería política económica en el nuevo escenario global.
Sobre esto, partidos progresistas de América latina, entre ellos el Pacto Histórico de Colombia, en una declaración conjunta manifestaron que rechazan la intervención de Estados Unidos en América Latina como su zona de influencia. “Nuestro continente se ha construido históricamente como una comunidad de pueblos con derecho a decidir su propio destino, su modelo de desarrollo y su lugar en el mundo. Llamamos a las fuerzas democráticas y progresistas del continente a levantar una voz común frente a este nuevo intento de subordinación y a trabajar colectivamente por un futuro de dignidad, justicia y soberanía para nuestra región”, declararon contra la nueva Estrategia de Seguridad el 22 de diciembre del 2025.
Lo que se está jugando en nuestro continente no solo se limita a la soberanía de los Estados ni a la libre autodeterminación de sus pueblos, sino la posibilidad de construir un escenario internacional multipolar que cuestione y supere la dominancia de los Estados Unidos, consolidada tras la disolución del Pacto de Varsovia, y la histórica marginalización del sur global.
