Que un inocente se declare culpable no es una capitulación. Es un acto de valentía y sensatez. Que Julian Assange se haya declarado culpable de ejercer el periodismo, de seguir las actividades que la profesión exige, garantiza su libertad pero permite a sus perseguidores jugar perversamente con la libertad de prensa y hacia un futuro encontrar caminos legales para sepultar la verdad.
Por: Monica del Pilar Uribe Marín*
Las horas transcurridas desde la mañana del lunes 24 de junio, cuando Julian Assange abandonó bajo fianza Belmarsh, una de las prisiones de alta seguridad del Reino Unido, hasta las 7:40 de la noche del miércoles 26 de junio, cuando el avión en el que viajaba aterrizó en suelo australiano y él ya era un hombre libre, fueron profundamente emotivas, oscilando entre la euforia, el escepticismo, la alegría y el llanto.
Fueron tan emotivas como desgarradores fueron los años que pasó en Belmarsh, o tan interminables y asfixiantes como los que vivió asilado en la embajada ecuatoriana en Londres, o tan inciertos como los trece meses que pasó en la casa campestre de su amigo Vaughan Smith, quien le ofreció refugio tras obtener la libertad provisional concedida por un tribunal británico en 2010.
En esos tres días de la semana pasada, en los que hechos, palabras y declaraciones fueron diseccionados por los medios y capturados en sus titulares, el fundador de Wikileaks encontró finalmente la libertad y el final de una de las más inaceptables historias de injusticia de las últimas décadas, donde su único delito fue exponer la verdad, ejercer el periodismo y defender la libertad de expresión.
La historia —o parte de ella— concluyó en la costa de Saipán (en las Islas Marianas del Norte), en un salón con paneles de madera que colindaba con la exuberancia natural de la región. Allí, el tribunal federal, presidido por la juez principal Ramona V. Manglona, aceptó los términos del acuerdo al que habían llegado Julian Assange y sus abogados con el gobierno estadounidense.
El lugar estaba lleno y Julian había tenido que esperar tres horas. Estaba nervioso. Después de dejar Belmarsh, ese mismo lunes había abordado un avión privado, el VJT199, fletado por el gobierno australiano, que lo llevaría por el espacio estadounidense ante la juez. Lo más importante no era tener que pagar el costo de ese vuelo (520 mil dólares), sino que debía declararse culpable de violar la ley de espionaje estadounidense. Era, y fue, la única forma de lograr su libertad después de estar retenido por más de una década.
Millones de ojos en el mundo pudieron seguir la trayectoria del VJT199, pues fue hecha pública en las redes sociales de Wikileaks y de la abogada Stella Assange, su esposa. En ellas pedían seguir el recorrido: “Necesitamos todos los ojos en su vuelo en caso de que algo vaya mal”.
Tanto el avión, como el lugar del tribunal y la declaración de culpabilidad formaban parte de un acuerdo logrado, tras intensas negociaciones, entre el Departamento de Justicia de Estados Unidos y el equipo jurídico de Assange.
Hacia la prisión de Belmarsh
Cinco años atrás, en la mañana del jueves 11 de abril, la policía metropolitana ingresó a la embajada ecuatoriana en Londres para arrestar a Julian Assange, quien residía allí desde el 19 de junio de 2012, día en que tocó a sus puertas pidiendo asilo político. El asilo le fue concedido por el entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa, quien tiempo después también le otorgó la ciudadanía ecuatoriana. Pero el arresto fue posible porque la policía había sido "invitada a la embajada por el embajador, tras la retirada del asilo por parte del Gobierno ecuatoriano". Ese año, 2019, el presidente de Ecuador era Lenín Moreno, un enemigo furibundo de Correa, quien decidió no solo revocar la ciudadanía a Assange, sino también acabar con su asilo político. Las razones que Moreno esgrimió resultaron con el tiempo poco convincentes y todo parece indicar que se trató de una venganza política, pero también de otros intereses. De hecho, existió una operación secreta llamada 'Pelícano', adelantada por la Policía Metropolitana para sacar a Assange de su asilo.
El mismo día del brutal arresto, en la Cámara de los Comunes, el entonces ministro del Interior, Sajid Javid, dijo: "Esta mañana, tras casi siete años en la embajada de Ecuador, el Sr. Assange ha sido detenido por no haberse entregado en relación con su proceso de extradición. Más tarde también se le notificó una orden de detención provisional a la espera de recibir una solicitud de extradición para ser juzgado en Estados Unidos por cargos relacionados con delitos informáticos."
La realidad era otra y así lo expuso la entonces ministra del Interior en la sombra, Diane Abbott: “Julian Assange no está siendo perseguido para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. Se le persigue porque ha sacado a la luz irregularidades cometidas por las administraciones estadounidenses y sus fuerzas militares.”
Además, documentos del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido revelaron que el gobierno del Reino Unido había pagado 8,330 libras esterlinas en noviembre de 2018 para financiar el viaje del ministro de Defensa de Ecuador, Oswaldo Jarrín, a Gran Bretaña... y la visita de una semana se produjo después de que la primera ministra Theresa May recibiera instrucciones de ‘adular’ al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, para conseguir la expulsión de Assange de la embajada.
Inicia la pesadilla
El arresto fue la puerta hacia Belmarsh, y no parecía haber ningún impedimento, ya que en agosto de 2018 la fiscalía sueca había emitido una orden de detención contra Assange por dos acusaciones distintas de agresión sexual, sobre las cuales Assange siempre declaró que eran falsas. Meses después, el 18 de noviembre, Interpol emitió una orden de detención internacional pues un tribunal sueco aprobó la petición de detenerlo.
En diciembre, tras una vista de extradición en Londres, fue llevado a prisión preventiva, situación que duró poco ya que el Tribunal Superior le otorgó la libertad bajo fianza. Fue entonces cuando su amigo Smith le invitó a hospedarse en su casa en Ellingham Hall, Norfolk.
Allí las aguas parecían haber vuelto a su cauce ya que, pese a portar un brazalete electrónico, Assange dirigió sus fuerzas a apelar contra la orden de detención internacional, a realizar su programa "The World Tomorrow" y a continuar su trabajo con Wikileaks. Pero a inicios de 2011, un juez británico aceptó la solicitud de extradición de Suecia, argumentando que esta no violaría los derechos humanos de Assange. El fundador de Wikileaks prometió luchar contra la sentencia.
Pero las cosas no salieron bien: en noviembre del mismo año perdió un recurso ante el Tribunal Superior, y el 14 de junio de 2012 el Tribunal Supremo del Reino Unido rechazó su última apelación.
Fue entonces cuando Assange tomó una decisión, pues sabía que de ser llevado a Suecia correría el riesgo de ser extraditado a Estados Unidos, que llevaba años con los ojos puestos en él, después de sus sucesivas publicaciones en Wikileaks. Assange sabía, como muchos, que a su alrededor se urdían trampas para conducirlo a Estados Unidos y ser juzgado. Por eso, el 19 de junio rompió su libertad bajo fianza y pidió asilo en la embajada ecuatoriana. Esto fue suficiente para la condena que recibió años después, cuando su asilo político finalizó de manera abrupta: el 1 de mayo de 2019 la jueza Deborah Taylor lo sentenció a 50 semanas en prisión.
Coincidentemente, días después, la fiscalía sueca anunció que reabriría la investigación por violación (archivada en mayo de 2017) y los fiscales estadounidenses lo acusaron de conspirar con Chelsea Manning (analista de inteligencia del ejército) para piratear computadoras del Departamento de Defensa de Estados Unidos en marzo de 2010. Posteriormente fue acusado de 17 nuevos delitos relacionados relacionados con su trabajo de obtención de información de alto secreto de seguridad nacional estadounidense”.
Un mes después, el 11 de junio de 2019, el Departamento de Justicia pidió formalmente a Gran Bretaña que extraditara a Assange a Estados Unidos para que enfrentara los cargos por piratería informática al gobierno estadounidense y por violar la ley de espionaje.
Lucha judicial y jurídica
Para entonces, Assange ya llevaba varias semanas en Belmarsh y su salud, ya quebrantada en la embajada ecuatoriana (pues no podía acceder a una adecuada atención médica al no poder salir por riesgo de ser arrestado por la policía británica que vigilaba la sede diplomática las 24 horas del día), empezó a deteriorarse.
Lo mismo ocurrió con sus fuerzas y esperanzas de recuperar su libertad y evitar ser extraditado, pues de ser hallado culpable, algo a lo que el gobierno de Estados Unidos estaba decidido, sería condenado a 175 años de cárcel. Las condiciones de reclusión impedían cualquier mejora: durante 23 horas al día estaba aislado en una pequeña celda, sin acceso a internet, sin comunicación con sus familiares e incluso, en ocasiones, con sus abogados. Empezó a envejecer prematuramente y su estado psicológico y físico llegó a preocupar hondamente a su equipo jurídico, familiares, amigos y partidarios.
A ello se sumó la violación de sus derechos fundamentales, tanto en la celda como en los momentos en que se llevó a cabo su proceso. Fue víctima, como lo confirmaron Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, y expertos médicos que visitaron a Assange en 2019, de “tortura psicológica, una forma de tortura dirigida a destruir la personalidad de un individuo”. Un individuo totalmente inocente, al que los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos han querido desprestigiar, castigar, encerrar, estigmatizar, invisibilizar e incluso, según denuncias, asesinar.
Se llegó a temer por su vida y creció la rabia y frustración de quienes exigían ver libre a ese hombre que, al fundar Wikileaks en 2006, abrió una puerta a la denuncia basada en hechos, exponiendo al poder y a los culpables de guerras y otros crímenes. Ese hombre que, con pasión y de manera reiterada, defendía la verdad y la libertad de expresión.
Su equipo jurídico redobló sus esfuerzos para impedir su extradición. Mientras tanto, afuera de Belmarsh, las expresiones de respaldo a Assange, que habían surgido cuando estaba en la embajada ecuatoriana, adquirieron tales dimensiones que, paulatina y decididamente, crearon un movimiento de millones de personas en diversas geografías que no solo apoyaban a Assange sino también la libertad de expresión y la salvaguarda del periodismo.
De forma que no eran solo los abogados quienes exigían que se le retiraran los cargos de la Ley de Espionaje y se diera libertad inmediata a Assange. También individuos comunes y corrientes, políticos, cantantes, escritores, periodistas, mandatarios, defensores de derechos humanos, figuras públicas y organizaciones lo hacían.
No obstante, durante los cinco años que pasó Assange en Belmarsh, el Departamento de Justicia de Estados Unidos permaneció sordo a estas peticiones, pues su propósito era llevarlo a juicio. De hecho, el 24 de junio de 2020, actualizó su acusación de 18 cargos sobre el presunto papel de Assange en "uno de los mayores compromisos de información clasificada en la historia de Estados Unidos".
Sin embargo, el 4 de enero de 2021, la jueza Vanessa Baraitser decidió que no se le podía extraditar porque el riesgo de que se quitara la vida estando en una prisión estadounidense era alto. Estados Unidos apeló esa decisión y el 17 de junio de 2022, el gobierno británico aprobó la extradición, cuya orden fue firmada por la entonces ministra del Interior, Priti Patel. De todas formas, a Assange le otorgaron 14 días para apelar la decisión, pero el juez del Tribunal Superior de Londres dictaminó en junio de 2023 que el fundador de Wikileaks no tenía motivos legales para hacerlo.
Un año antes, en marzo, Stella y Julian habían contraído matrimonio en la misma prisión, lo que de alguna forma fortaleció los ánimos y la lucha de ambos... y de todos. Así, en febrero de este año, Assange lanzó su último intento para evitar ser extraditado.
Las presiones políticas y las manifestaciones de apoyo en el mundo crecieron, y el gobierno australiano adelantó una dura batalla por Assange. Para alivio de todos, la extradición fue detenida pues el tribunal dijo que Estados Unidos debía ofrecer garantías a Assange de que no sufriría la pena de muerte. Transcurridas unas semanas, en abril, y en pleno debate electoral, el presidente Joe Biden afirmó que Estados Unidos estaba "considerando" dejar de perseguir a Assange, ya que el gobierno de Australia había elevado una petición para que Assange regresara a su país natal.
Una vuelta de tuerca
El 20 de mayo de 2024 ocurrió algo que daría un giro a todo: el Tribunal Superior de Inglaterra y Gales autorizó a Assange a interponer un recurso contra su extradición. Como ciudadano extranjero, no podía ampararse en el derecho a la libertad de expresión que consagra la Primera Enmienda de EE.UU., y la Ley de Extradición del Reino Unido de 2003 prohíbe la extradición a un país donde la nacionalidad de una persona pueda interferir en el juicio. En otras palabras, el gobierno de EE.UU. podría argumentar que Assange, al ser australiano, no estaba protegido por la Primera Enmienda. Todo parecía indicar que el Departamento de Justicia temía perder la apelación.
Por ello comenzaron las intensas negociaciones para que Assange quedara libre, pero bajo condiciones en las que, finalmente, el gobierno de Estados Unidos saliera victorioso, aunque no mediáticamente. De esta forma, el Departamento de Justicia de Estados Unidos obligó a Assange a declararse culpable de conspiración para violar la Ley de Espionaje, que según la ley equivale a "recibir y obtener" documentos secretos y "comunicarlos intencionadamente" a "personas que no tienen derecho a recibirlos".
Según Barry Pollack, abogado estadounidense de Assange, el gobierno de Estados Unidos "acordó que no presentaría ningún otro cargo contra Julian por cualquier conducta, cualquier publicación, cualquier recopilación de noticias, cualquier cosa que ocurriera antes del momento de la declaración". Es decir, los otros 17 cargos desaparecerían. (También quedó claro que las revelaciones de Wikileaks jamás pusieron en riesgo la vida de alguien). El acuerdo –que acogió la petición de Assange de evitar viajar al territorio continental de Estados Unidos– también incluyó el avión: Assange tomaría un avión privado de ida y vuelta a la isla, escoltado por un embajador australiano, y asumiría los costos.
Un inocente se declara culpable
Fue así como el fundador de Wikileaks terminó ese martes 25 de junio declarándose culpable, ante la jueza Ramona V. Manglona, de violar la ley de espionaje estadounidense. Declaró que, en su trabajo de periodista, había pedido a una fuente que le suministrara información clasificada y en ese momento pensaba que la Primera Enmienda protegía esa actividad. Pero luego descubrió que no era así. Entonces la jueza le preguntó si se declaraba culpable y él contestó: “Lo soy”.
Tal como se había acordado, la jueza le comunicó que la pena por tal cargo era de cinco años de prisión, pero como ya los había pagado bajo custodia británica, en Belmarsh, era un hombre libre desde ese momento y podía regresar a su país, Australia. Assange escuchó el veredicto final y lloró. Era culpable de “cometer periodismo”, de hacer lo que los periodistas de miles de medios de comunicación hacen todos los días.
Lloró porque finalmente era un hombre libre, porque se reuniría en unas horas con su esposa Stella y con sus hijos, porque de ahí en adelante los segundos y horas tendrían el olor fresco de los árboles y los ruidos normales de una ciudad o de un pueblo. Empezaría a volver sobre sí mismo para recuperarse y pensar y hablar ante un público sediento de sus declaraciones, en el cual están los millones que le han apoyado estos años, pero también esos otros que no le perdonan haber expuesto el rostro de muchos verdugos. Ello sin mencionar aquellos colegas que o le persiguieron o guardaron silencio o le dejaron solo en su lucha y posterior tragedia, o que con el tiempo entendieron que esos 12 años de ostracismo no eran un juego y habían amordazado su libertad.
Esa libertad empezó a verse amenazada después de que, a inicios de abril de 2010, WikiLeaks publicara un vídeo filtrado de un helicóptero estadounidense mostrando un ataque aéreo en el que murieron civiles en Bagdad, entre ellos dos miembros de la agencia de noticias Reuters. Ese video, conocido como “Collateral Murder”, generó una persecución implacable contra Wikileaks, principalmente contra Julian Assange, sobre todo cuando meses después, en julio de 2010, el portal publicó más de 91,000 documentos, en su mayoría informes militares secretos de Estados Unidos sobre la guerra de Afganistán.
Esos son apenas dos casos de las historias develadas por Wikileaks en los últimos 15 años. Hoy, Julian Assange está libre porque se declaró culpable y, aunque era lo que tenía y debía hacer, abre una puerta oscura para la libertad de prensa. Como explicó Jennifer Robinson, abogada australiana de derechos humanos que representó a Assange en el Reino Unido, “el acuerdo de culpabilidad no influye en los precedentes jurídicos. Es el propio procesamiento el que sienta el precedente de que los profesionales de los medios de comunicación de cualquier parte del mundo pueden ser procesados por Estados Unidos, en virtud de una ley sin defensa del interés público, por el delito de periodismo.”
Y como dijo Stella Assange: "Julian Assange se declaró culpable de cometer periodismo. Este caso criminaliza el periodismo: la actividad periodística estándar de recopilación de noticias y la publicación."
* Mónica del Pilar Uribe Marín: Periodista especializada en migración, política y derechos humanos. Directora y editora del periódico británico The Prisma (Londres), miembro del consejo directivo de Independent Media Association (Reino Unido) y organizadora en Colombia del Tour Latinoamericano de Wikileaks, 2022.
