Elkin Bello Ramírez, alias “Eugenio” o “Nacho”, un exparamilitar de las AUC, entregó un puesto de salud y una lancha-ambulancia a las comunidades de Tierralta (Córdoba). Esta estrategia hace parte del plan de expansión del Clan del Golfo en tres departamentos donde el paramilitarismo sigue dejando rastros de sangre. Revelamos un organigrama, videos y fotografías.
Unidad Investigativa Revista RAYA
El pasado domingo 7 de julio, Elkin Bello Ramírez, alias “Eugenio” o “Nacho”, el llamado vocero político del Clan del Golfo, hizo entrega de una lancha-ambulancia a las comunidades que habitan el alto Sinú. En el acto estuvieron presentes los líderes de las juntas de acción comunal de las veredas Santa Cruz, Anzuelo, Santa Isabel del Manso y El Venado de Tierralta (Córdoba). Unas semanas atrás, esta organización criminal inauguró un puesto de salud en el mismo municipio y otro en zona rural de Cáceres (Bajo Cauca antioqueño), donde, incluso, prometieron pagar el salario de una enfermera y el mantenimiento de una carretera. Estos hechos demuestran la intensificación de obras financiadas con recursos ilegales por parte del Clan.
RAYA pudo comprobar que Elkin Bello Ramírez es un antiguo miembro de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que no se acogió al proceso de paz con el gobierno de Álvaro Uribe y que, en cambio, integró con Daniel Rendón Herrera, alias “Don Mario”, el primer núcleo de los paramilitares que retomaron las armas bajo las órdenes de Vicente Castaño, grupo al que en un primer momento el país conoció como Los Urabeños, luego como Clan Úsuga y ahora como Clan del Golfo. Un organigrama de la Fiscalía, revelado en este reportaje, lo muestra como el comandante político del Clan del Golfo para 48 municipios de Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia, bajo las órdenes del segundo comandante de esa organización criminal: José Gonzálo Sánchez, alias “Gonzalito”.
Foto izquierda: Elkin Bello Ramírez, alias “Nacho” o “Eugenio” durante la inauguración del puesto de salud en Santa Isabel del Río Manso en Tierralta (Córdoba).
Foto derecha: Hombres armados de las AGC, quienes escoltaban a alias “Nacho” durante el evento de inauguración.
En su estrategia de expansión, las obras son entregadas como un supuesto gesto de buena voluntad y muestra de compromiso por parte de la organización paramilitar con las poblaciones más vulnerables del país. En algunos casos incluso han llevado equipos de comunicación con cámaras y micrófonos para producir piezas audiovisuales que luego obligan a circular en periódicos y medios de provincia en donde publicitan esa estrategia de cooptación. Globos de colores junto con las banderas de Colombia y de la organización criminal, hacen parte del montaje que realizan para dichas inauguraciones. En marzo pasado, en uno de esos actos dejaron de llamarse Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) y ahora se autodenominan Ejército Gaitanista (EGC).
Alias “Nacho” fue capturado en la vereda Santa Ana de Tierralta (Córdoba) en 2013, entonces sindicado de ser uno de los máximos jefes de Los Urabeños y mano derecha de alias “Don Mario”. Tras cumplir más de un año en prisión por el delito de concierto para delinquir, alias “Nacho” regresó a sus andanzas paramilitares al ser liberado de la cárcel en Montería en el 2014. En 2018 volvió a ser capturado en la vereda Crucito, también en Tierralta, en medio de un plan pistola que el Clan del Golfo desarrollaba contra la Policía Nacional. Esta captura tampoco le representó una condena, pues como se evidencia en los videos en poder de RAYA y según el organigrama, alias “Nacho” está otra vez en el sur de Córdoba y el Bajo Cauca, donde ejerce como uno de los jefes políticos más importantes de esa organización criminal.
En las dos oportunidades en que alias “Nacho” inauguró obras, al tiempo pronunció discursos en nombre del comandante “Willington”, segundo del Estado Mayor de la organización paramilitar, a quien las autoridades identifican como José Gonzalo Sánchez, alias “Gonzalito”. Durante los eventos alias “Nacho” estuvo escoltado por un comando de hombres vestidos de camuflados, con capucha y portando fusiles de asalto. En febrero pasado, “Nacho” se presentó en las veredas Nueva Esperanza y El Rizo, en zona rural de Cáceres, Bajo Cauca antioqueño, hasta donde llegó sin problemas en una caravana de camionetas blindadas para inaugurar un puesto de salud. Allí, dijo que la enfermera y la aseadora iban a ser “totalmente pagadas por el municipio” y que su comandante “Willington”, es decir “Gonzalito”, le había confirmado que el Clan del Golfo iba a invertir plata en el arreglo de la vía estropeada por el invierno. “Hemos estado trabajando de la mano de las comunidades, sacándolas adelante”, expresó durante su intervención.
La unidad investigativa de esta revista consultó sobre estos hechos y denuncias, a través de un correo electrónico, a la alcaldía de Cáceres. Sin embargo, no se obtuvo respuesta como tampoco se aclaró si el municipio paga el personal de salud que está en el centro asistencial construído por el Clan del Golfo. Por su parte, la alcaldía de Tierralta respondió con un boletín de prensa donde afirmó que no tenían conocimiento de las obras que el Clan ha desarrollado en las veredas antes mencionadas. En el video del evento en Cáceres, Elkin Bello Ramírez, alias “Nacho”, agradeció al “comandante Javier” (Jhobanis Ávila Villadiego, alias “Chiquito Malo”, máximo comandante del Clan) y de nuevo al comandante “Willington” o “Gonzalito”, segundo al mando. Además, mencionó otros detalles reveladores de la estrategia de expansión de la organización paramilitar, como se puede apreciar en el video adjunto.
Allí, alias “Nacho” aseguró que el Clan del Golfo había gastado más de mil millones de pesos en un proyecto de electrificación en el Sur del Bolívar, una zona que, como contamos en una investigación anterior, sufre una expansión violenta de ese grupo criminal, que ya ha dejado varios líderes sociales asesinados, comunidades confinadas y desplazadas y una temible zozobra en la región.
Además, el jefe paramilitar reveló que el Clan del Golfo había patrocinado un campamento de más de trescientos miembros de Juntas de Acción Comunal en el Norte de Antioquia en septiembre de 2023, concretamente en el municipio de Valdivia, una zona donde su accionar es fuerte. “Buscamos en las escuelas de formación y liderazgo comunal que ustedes se capaciten”, se escucha en el video.
En los últimos dos meses el Clan del Golfo ha realizado seis reuniones en las veredas de Tierralta y dos más en veredas de Puerto Libertador, amenazando a los campesinos con que no pueden afiliarse a organizaciones que no tengan el aval del grupo. Además, establecieron que la pasta base de cocaína debía venderse a través de una asociación determinada por ellos y anunciaron la creación de nuevas “guardias campesinas” en el sur de Córdoba. En algunas de estas reuniones hizo presencia alias “Nacho”. A los campesinos los obligaron a asistir y les quitaron los celulares para impedir que grabaran o tomaran fotografías.
Días después de esas reuniones, en las veredas donde la comunidad fue obligada a asistir con presiones, se desarrolló una reunión con los mineros en el coliseo de Puerto Libertador, en la cual una abogada relacionada con empresas mineras que operan en la región aseguró haber sido la coordinadora en la región del paro minero del 2023 y estar impulsando la creación de la primera guardia campesina de Córdoba. Fue de público conocimiento que ese paro minero recibió acusaciones de las autoridades por haber sido presuntamente utilizado por el Clan del Golfo para desestabilizar al gobierno de Gustavo Petro.
La cooptación de las Juntas Comunales
Un anexo del Informe Final de la Comisión de la Verdad, al que poca atención se le ha prestado, describe cómo fue la cooptación de las Juntas de Acción Comunal de varios municipios de Córdoba y el Bajo Cauca antioqueño por parte del Clan del Golfo tras la salida de las FARC de esos territorios luego del acuerdo de paz. En el documento, titulado “Caso Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) o Clan del Golfo y las disputas con los denominados Caparros”, se detalla cómo desde el 2020 la organización criminal diseñó la “promoción de asociaciones campesinas para la implementación de proyectos productivos como estrategia de relacionamiento político con las comunidades, como en el caso del sur de Córdoba”.
La Comisión de la Verdad señaló con nombre propio a una de estas asociaciones basándose en el testimonio de un experto en conflicto armado cuya identidad fue omitida en el informe. Esta fuente aseguró a la Comisión que la estrategia del Clan incluía “la reciente conformación de una asociación campesina que se denomina Asociación Campesina Despertar de Córdoba, que tiene vínculos muy fuertes con líderes de organismos comunales y con miembros de grupos armados ilegales, ya que al parecer una de las estrategias que tienen las AGC para dominar el territorio no solamente se da con las economías ilegales, como tiene que ver con la existencia de cristalizadores para la hoja de coca o la minería ilegal en los territorios, sino también a través de un sector o de un brazo más productivo. Esta organización recientemente creada de alguna manera está enfocada en la implementación de proyectos productivos”.
A la par, el grupo criminal desató una persecución contra viejas organizaciones campesinas y líderes sociales de la zona que no se plegaron a sus intereses criminales. La Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba y la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), ambas con una larga trayectoria en la región, denunciaron en dos comunicados, entre mayo y junio de este año, que el Clan del Golfo había citado a las comunidades para avisarles que “no se permitirá el accionar de organizaciones supuestamente “constituidas por la guerrilla”, “con ideologías izquierdistas y comunistas”, declarando al líder campesino Arnobi Zapata como objetivo militar.
Arnobi Zapata, líder campesino amenazado por el Clan del Golfo. Foto: Cortesía de Prensa Rural
El papel de Ricardo Giraldo, el abogado del Clan
Ejecutar obras civiles y repartir ayudas asistencialistas entre las comunidades no ha sido una práctica frecuente del Clan del Golfo, ni de sus antecesoras las Autodefensas Unidas de Colombia. En su larga trayectoria, desde que las AUC firmaron la paz con Uribe, tampoco hubo indicios de que buscaran suplir la ausencia del Estado en las regiones donde delinquían. Sin embargo, desde mediados del año pasado algunas de las estructuras del Clan recibieron la orientación de publicitarse como un grupo que, además de dedicarse a controlar las rentas criminales en sus zonas de influencia, también realiza obras ocasionales para promocionarse ante la población.
Esta puesta en escena ha contado con un despliegue mediático liderado por el abogado del Clan, Ricardo Giraldo, quien ha publicado y promocionado en sus redes sociales los videos de estas obras y sus inauguraciones. En un oficio enviado a esta revista, en el que solicita una rectificación por un reportaje anterior sobre el tema, Giraldo confirmó que el Clan del Golfo está empeñado en presentarse como una organización que realiza obras civiles en beneficio de las comunidades.
En el documento firmado por Giraldo, el cual está rotulado con los logotipos de su oficina jurídica, se lee lo siguiente: “que el EGC [Clan del Golfo] inaugure vías, construya carreteras, mejore escuelas, reparta aguinaldos; no es nada novedoso, ni nada descubrió el periodista, porque esto, incluso, fue denunciado por el anterior Alto Comisionado de Paz, doctor Danilo Rueda, cuando fue citado a debate de control político en el Congreso, así lo manifestó. Pero nada tengo que ver con esas actividades”.
Es claro que Giraldo no pertenece a la organización armada, pues sólo es su apoderado para entablar acercamientos con el Gobierno Nacional para un eventual proceso de paz. No obstante, también es claro su recurrente interés en que se los reconozca como un actor político. Así lo dejó consignado Giraldo en una columna de opinión publicada hace un año en el portal Mi Oriente: “la definición del objetivo o plan político de determinado grupo armado al margen de la “legalidad común”, necesariamente, parte de lo que para ellos es su identidad, es decir, su razón de ser, sus objetivos hacia un ideal que puede o no gustarle a muchos, pero que al fin y al cabo representa su proyecto de lucha, el porqué decidieron alzarse en armas y combatir dentro de esa misma ideología a otros actores armados para autodefenderse e incluso, combatir el abandono estatal”, escribió.
Más adelante insistió: “se trata de uno de los grupos armados más grandes de Latinoamérica, solo por no reconocer lo que es evidente, que son actores políticos reconocidos por la propia comunidad”.
Aquella teoría de que el Clan del Golfo es un actor armado que merece un reconocimiento político la ha repetido el abogado Giraldo en intervenciones públicas en Ayapel (diciembre de 2023), Achí (marzo 2024), Montería (mayo de 2024) y Belén de Bajirá (junio de 2024), como también en entrevistas radiales y televisivas. Aún así, el Gobierno se niega a otorgar un reconocimiento político al Clan y eso ha frenado los acercamientos con ese grupo. El pasado 8 de julio, en entrevista con Caracol Radio, Giraldo insinuó que el verdadero problema era él y le querían “mover la silla muy rápido” porque era “una piedra en el zapato”.
Salvo el evento de Belén de Bajirá, que fue organizado por reconocidos Consejos Comunitarios del Chocó y de Urabá, a los demás eventos masivos las comunidades fueron convocadas con todos los viáticos pagados, sin que haya claridad de dónde salieron los recursos para realizar estos encuentros.
RAYA habló con una de las personas que colaboró en la organización de uno de los encuentros el pasado 21 de mayo, el foro “Córdoba Unida por la Paz”, que tuvo lugar en Coco Biche, una lujosa finca que se alquila para convenciones en Montería. Allí hubo representantes de organizaciones campesinas y mineras, junto a los abogados Ricardo Giraldo y Álex Morales, además intervino un miembro de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA.
Le solicitamos al organizador con el que hablamos que adjuntara facturas, consignaciones y soportes de pago que demostraran que dicho evento se realizó con dineros legales, pero este hombre se limitó a responder: “no tengo idea, yo sólo fui encargado de logística de jóvenes, no sabría [quién financió]. Creo que en la invitación están los nombres de los organizadores”, aseguró, indicando que los recursos llegaron de “una asociación campesina, como yo muevo jóvenes y gente. Al ser líder social y defensor de Derechos Humanos estoy llamado a todo lo que construya paz”.
Al lugar fueron llevados en buses cinco mil pobladores de las veredas más lejanas de Puerto Libertador, Tierralta, Montelíbano y otros municipios del sur de Córdoba. Se repartieron camisetas estampadas especialmente para la ocasión y todos los gastos fueron patrocinados. En un audio en poder de RAYA se escucha a un líder comunal del corregimiento de Tierradentro (Montelíbano) cuando afirma que “están los viáticos garantizados. El bus viene el domingo en la tarde y se va a cuadrar. Necesitamos llenar ese foro, todo está garantizado, queremos confirmar cuántas personas van a ese foro”.
En otro foro en Ayapel (Córdoba), que tuvo lugar en diciembre pasado, Giraldo estuvo acompañado por un comerciante del municipio de Montelíbano quien se presentó como delegado de una fundación “Árbol de Vida” y representante de víctimas del sur de Córdoba. Junto a él se sentaron en la tarima algunos líderes del Bajo Atrato chocoano y un funcionario de otra supuesta organización de Derechos Humanos que se autodenomina Conacce Chaplains.
Esta última organización participó en la liberación de un menor de edad secuestrado por el Clan del Golfo en el Bajo Cauca. Sus integrantes se visten con chalecos oscuros y usan indebidamente los logotipos de las Naciones Unidas sin contar con esta autorización. Una persona que ejerce la vocería de la ONU en Colombia le confirmó a RAYA que esta organización no tiene ningún vínculo con las Naciones Unidas y tampoco autorización para utilizar el logotipo de la ONU.
Miembros de una supuesta ONG que utiliza indebidamente chalecos con logotipos de las Naciones Unidas participaron en la liberación de un menor de edad secuestrado en poder del Clan del Golfo
Lo extraño es que en Colombia hay tres razones sociales registradas con el mismo nombre: Conacce Chaplains, todas ante la Cámara de Comercio de Cali. La más antigua es la Fundación Conacce Chaplains Human Rights, antes llamada Fundación Capellanes Cristianos de Corazón, en cabeza de un empresario de la seguridad privada de Cali que estuvo condenado hace dos décadas por tráfico ilegal de armas de fuego. Le sigue la sociedad anónima simplificada Carfi Conacce Chaplains, actualmente inactiva y en liquidación, registrada por un mayor general retirado del Ejército Nacional. Y, finalmente, aparece también Conacce Chaplains Global Corporation, liderada por Carlos Abraham Arroba Gaibor, un exmilitar ecuatoriano quien preside una ONG con el mismo nombre en ese país.
RAYA no pudo establecer cuál de las tres fue la que medió en la liberación de secuestrados en poder del Clan del Golfo. Escribimos al número personal de una de las personas que, en nombre de esta supuesta ONG, ha participado de estas liberaciones y también de los foros con el abogado del Clan, Ricardo Giraldo, pero al cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Por ahora, en esos territorios de Córdoba, Antioquia y Sur de Bolívar, la bota paramilitar sigue intentando consolidar su dominio sobre las comunidades campesinas, indígenas y afros, con obras sociales que difícilmente podrán borrar un pasado de masacres, descuartizamientos y terror.
Recomendamos leer:
