La alerta sobre la crisis hídrica global, planteada por el Relator Especial del Derecho al Agua y al Saneamiento, resalta la urgencia de gestionar el agua como un bien común. En este contexto, la explotación de recursos en Chingaza subraya la necesidad de implementar políticas que prioricen la sostenibilidad y reduzcan la vulnerabilidad de las comunidades más afectadas.

Por: Ingrid Morris

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Los desastres no son naturales, son eventos construidos socialmente cuyos graves estragos a nivel humano, no dependen de la naturaleza, sino de una inadecuada urbanización en el caso de las ciudades, Alcántara Ayala

Según la época del año, los fenómenos naturales que afectan nuestros bosques, selvas y fuentes de agua van y vuelven (incendios, inundaciones, sequías extremas); desgraciadamente, estas situaciones se normalizan, convirtiéndose en paisaje cotidiano; aunque, cabe anotar que estos fenómenos climáticos también constituyeron momentos sobrecogedores o angustiantes. A principio de año, los bogotanos fuimos testigos del incendio descontrolado de páramos y bosques, vimos a casi diez de nuestros cerros tutelares en llamas. Pero todo ha sido peor cuando pocos meses después, fuimos testigos de las devastadoras imágenes de importantes ríos como el Amazonas, transformados en desiertos; ello, más las inundaciones desbordantes hoy, nos hacen pagar las consecuencias de creer en ese modelo económico y de desarrollo, donde el sistema natural al que pertenecemos, es tan solo un montón de mal llamados “recursos” que nos abastecen u “ornamentan” el paisaje. Desde las políticas de gobierno, los gremios de constructores y la sociedad, debemos entender que para que la convivencia con la naturaleza sea sustentable, hay que sentirnos parte activa de ella. 

Por todo lo anterior, es apremiante el llamado que hace el relator especial sobre el derecho al agua y al saneamiento, Pedro Arrojo en el 2023, alertando la importancia de ver la gobernanza del agua como un bien común que no es apropiable por nadie “Afrontamos una crisis global particularmente paradójica en el planeta azul del agua, con 2.000 millones de personas sin acceso al agua potable y más de 4.000 sin saneamiento a básico (…) no se trata en su mayoría de personas sedientas de agua, sino personas empobrecidas que viven al lado de acuíferos y fuentes de agua, principalmente campesinos, indígenas y pescadores”. Los mismos que en muchas ocasiones han tenido que desplazarse, quedando sin tierra, sufriendo las inundaciones e incendios, así como las peores consecuencias del cambio climático y desequilibrio ecológico. Esto es lo que he venido planteado y que  de alguna manera, estudian las corrientes de la justicia climática, justicia hídrica y justicia ambiental, entender y analizar quienes son los que extraen, deterioran, socavan el medio ambiente, y quienes pagan las consecuencias, pues el desequilibrio es ambiental y social. 

Los megaproyectos industriales y de ingeniería, así como explotaciones mineras, monocultivos y en general quienes generan estos grandes desequilibrios ambientales no prevén ni viven las consecuencias del impacto ambiental que causan, sin embargo, han llegado a sumar tanto deterioro que las consecuencias cada vez son más globales y irreparables. Si bien históricamente los damnificados han sido los más vulnerables, quienes son la primera línea después de la biodiversidad en general, hoy los efectos llegan  cada vez más a todos y todas sin distingo. 

Un ejemplo cercano son los ya nombrados incendios forestales en Bogotá a inicios de este año, que se relacionan en algunos casos con el cambio climático; estos tuvieron que ser controlados por bomberos de 3 estaciones de distintas localidades (Kennedy, Bosa y Marichuela), que se unieron para apagar las llamas en 6 viviendas de la localidad de Ciudad Bolívar, más exactamente el barrio Los Alpes; tal sería la magnitud de las llamas que afortunadamente, el IDIGER, Bomberos y la Policía Nacional lograron ejercer el control. Pero, como establecerían, unos pocos medios por esos días “quedó claro que estaban en riesgos las comunidades que viven loma arriba, donde las condiciones secas de los bosques son propicias para generar incendios gracias a las especies denominadas inflamables (pino y eucalipto)”. Ese mismo día, un sector en Fontibón al occidente y sectores al oriente de la ciudad, aledaños al cerro El Cable que se ubica en la Avenida Circunvalar en la altura de la calle 45, como El Paraíso, vivieron la misma amenaza de peligro por el posible impacto de los grandes incendios a sus viviendas y la gente reportó dificultad para respirar; de igual manera poblaciones de barrios como el Bosque Calderón y Pardo Rubio. Muchos de estos barrios de corte popular, algunos que empezaron siendo asentamientos informales y con condiciones limitadas.

Tanto las instituciones distritales, como los medios masivos, se dedicaron a reportar cifras, pérdidas en hectáreas y millones de pesos, pero pocos profundizan en la diversidad animal y las familias afectadas ¿Quiénes son los más afectados? ¿se caracterizó y se tienen claros en la prevención de riesgos frente a las oleadas de calor y lluvias de las poblaciones más propensas a vivir estas calamidades? Es importante tener en cuenta lo que la oleada de calor nos demostró en Valparaíso, Chile, donde se perdieron cantidades de vidas humanas porque el fuego no dio espera.

Lo que intentan transmitir los estudios, es que si bien la naturaleza puede tener ciclos o momentos desbordantes, la manera como hemos desarrollado ciudades y asentamientos hacen que esta condición se vuelva un desastre, o se multipliquen los riesgos para todos los seres vivos. 

Como ya había mencionado en la primera parte de este artículo, el llamado que nos hacen ONG`S como OXFAM Intermón a entender que el fenómeno de la desigualdad social no está alejado del cambio climático, nos invita a cuestionarnos en cómo lograr un bienestar colectivo cuando históricamente se les ha dejado menos garantías a un gran grupo de personas que viven en condiciones vulnerables. Es muy simbólico recordar como, hace un poco más de una década un alcalde en una sola administración, desde 1998 cerró el denominado hospital de los pobres, San Juan de Dios, dejando a generaciones enteras sin los primeros y más básicos cuidados a los que accedían familias de muchas capas sociales medias y bajas; el mismo alcalde que en su gobierno cerró el “Cementerio de Pobres” y a su vez eliminó, borró del mapa, a uno de los barrios donde se asentaba la gente más vulnerable de Bogotá, como lo era el Cartucho. Decisiones y acciones muy cuestionables, a partir de las cuales se evidencia el talante “aporofóbico” (odio a los pobres) de una clase gobernante y social. Estos hechos tan evidentes nos hacen pensar cuántas otras acciones no fueron tan visibles, pero socavaron aún más la condición de vida de las personas históricamente vulnerables. 

Hoy, por ejemplo, en Bogotá pensar en clave de justicia hídrica, pasaría por hacer un modelo de racionamiento, sanción y uso del agua empezando por reconocer el trabajo de los campesinos de la Bogotá rural y el corredor de Chingaza, cuidando las fuentes de agua, resistiendo al sometimiento de los monocultivos de papa, los impactos de las cementeras, explotación de piedra caliza y compartir las concesiones de agua con embotelladoras como Coca Cola. De hecho, hace mucho tiempo ya, varios de los pobladores de este territorio tuvieron que pagar y siguen pagando las consecuencias de la succión del subsuelo de la zona de Chingaza para el sistema que complementa en un 70% el abastecimiento de agua para la capital. 

Frente a los desastres naturales, estamos en la sociedad del riesgo inevitable, ya esa condición es casi permanente, como mencionaría el sociólogo y ambientalista Hernán Darío Correa (2020), a partir de la propuesta de  Beck, U., & Rey, J. A. (2002). Reflexiona sobre el riesgo como amenaza y probabilidad dentro de una matriz social y planetaria, producido a través de decisiones que tienen como premisa básica el balance entre costos y beneficios, “construyéndose `reflexivamente` y trastocando las fuentes colectivas que han dado significado a la sociedad, las cuales empiezan a agotarse y a forzar al individuo a buscar (…) una identidad en una sociedad que se convierte en un problema para sí misma.” Y lo más macabro de esto, es cómo esos costos y beneficios hacen que el riesgo sea elegido a dedo para unos principalmente. 

Según el doctor en ciencias sociales Juan Alberto Gran Castro, es importante reorientar su estudio hacia lo que realmente constituyen las raíces del problema, la desigualdad social en términos de vulnerabilidad; enfatiza además, que es urgente romper con los procesos de adaptación encaminados a entender la conceptualización y problematización tradicional de este fenómeno. La alternativa está en promover la adaptación orientada al bien común y pensada desde la prevención y la reducción de la vulnerabilidad, encaminando esto, a la construcción social de la prevención.