En entrevista con la Revista RAYA, la abogada y defensora de derechos humanos Judith Maldonado denunció el incumplimiento del Estado con las comunidades del Catatumbo. Expuso la falta de inversión social, la militarización como única respuesta del Gobierno, el rezago en la implementación del Acuerdo de Paz y la crisis humanitaria que enfrentan miles de personas en la región.
Por: Juan Carlos Granados
El Catatumbo atraviesa una de sus peores crisis humanitarias. Más de 50.000 personas han sido desplazadas en medio de los enfrentamientos entre el ELN y las disidencias de las FARC, en lo que podría ser el mayor éxodo forzado registrado en un solo evento del conflicto armado en Colombia. A pesar del riesgo, muchas de las víctimas de desplazamiento que ha dejado esta guerra se han visto forzadas a regresar a sus hogares ante la dificultad de vivir durante más tiempo en albergues de paso. Según el Ministro de Defensa, el Gobierno ha enviado 9.400 soldados para atender la situación. El Catatumbo está nuevamente militarizado, pero la crisis continúa.
Judith Maldonado, abogada y lideresa social con 25 años de trabajo en la región, conoce de cerca estas problemáticas. Desde su experiencia como exdirectora seccional de la Unidad de Víctimas en Norte de Santander y Arauca, señala las trabas en la ejecución de los compromisos gubernamentales y advierte sobre los riesgos de que la crisis actual se agrave aún más. En esta entrevista con la Revista RAYA, analiza la respuesta del Gobierno, la falta de cumplimiento de los acuerdos y el papel de las comunidades en la defensa de sus derechos.
El Gobierno ha hablado del Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo. ¿Cuáles son las expectativas y preocupaciones frente a su implementación?
La esperanza de muchos estaba depositada en el Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo, pero hasta la fecha sigue sin destrabarse la movilización de los recursos ni la ejecución de este acuerdo. La promesa es que el decreto de conmoción interior va a incluir inversiones sociales, pero las organizaciones tienen una inquietud y desconfianza muy grande porque temen que el Estado olvide los compromisos y avances previamente elaborados, haciendo borrón y cuenta nueva. Incluso, sería peor si implementa estos recursos de forma unilateral y sin consultar a las comunidades, que han estado al pie del cañón en todo momento.
¿A qué se debe el incumplimiento constante de los pactos con las comunidades del Catatumbo?
Históricamente, esta región se ha movilizado. La gente no solo ha aprendido a organizarse, sino también a construir esos espacios. En medio de esto, el Catatumbo tiene un acumulado de acuerdos pactados por distintos gobiernos. Sin embargo, hay compromisos pendientes con varias poblaciones a raíz del conflicto armado. En la región hay varios sujetos de reparación colectiva: el pueblo Barí, el municipio de Tibú, el corregimiento de La Gabarra, el municipio de La Esperanza y el corregimiento de Filogringo en El Tarra. Estos sujetos de reparación también han estado a la espera durante años de que se cumpla el plan de reparación integral colectiva. Hay un rezago histórico en el cumplimiento de acuerdos y obligaciones con el Catatumbo y con las víctimas del conflicto armado.
Con la llegada del Gobierno Petro, surgió un espacio que partía del reconocimiento del abandono estatal de la región. Ese espacio, conocido como el Pacto Social para la Transformación Territorial del Catatumbo, se convierte en una gran esperanza en la comunidad porque reconoce todas las necesidades que hay que atender en inversión social, conformado por cinco ejes: ordenamiento territorial, salud, educación, transformación económica e infraestructura vial. En este pacto esperaban que se hubiese recogido el rezago histórico de la región y las propuestas de las organizaciones.
Cuando decimos que fracasó el cumplimiento de los acuerdos es que los términos ya se desbordaron. En su primer mes, el presidente Petro vino al Catatumbo, a El Tarra, expresando que quería que el Catatumbo fuera la “capital de la paz” y que la estructuración de la Universidad del Catatumbo iniciaba en 2023. Al final, pasó todo el 2024 y nunca se concretó ese tema. ¿Cuál es la denuncia de las comunidades?, transformar el territorio a la escala que se pretende hacer puede costar entre tres y seis billones de pesos, por lo que hay una profunda desconfianza y preocupación en que esos recursos queden en manos de la clase política corrupta que ha mal gobernado el departamento y la región.
Voluntad política puede que este gobierno la haya tenido, pero faltó seriedad política, que se podría haber reflejado en una efectiva articulación de cada una de las entidades que están comprometidas en el desarrollo de los ejes del Pacto Catatumbo y también en una definición y exposición de recursos. La región no quiere un acuerdo de papel, sino que se disponga el dinero y los materiales para sacar adelante las iniciativas. Seriedad política es que esto se hubiese hecho con la participación activa y efectiva de las comunidades y organizaciones en el territorio y en este punto ha habido cierta frustración y manifestación. Por último, la seriedad política habría sido definir un instrumento de planeación de política pública que permitiera la ejecución transparente de la inversión.
¿Cuál es su opinión acerca de la conmoción interior decretada por el Gobierno?
Todas las organizaciones se han pronunciado en contra de esta determinación. Las comunidades del Catatumbo tienen experiencia de sobra con este tipo de decisiones y conocen lo problemático que es para el territorio priorizar la militarización como principal solución a una crisis social y humanitaria. Además, el Catatumbo siempre ha estado militarizado, no es algo nuevo, y nunca ha arrojado resultados positivos para la región.
En una reunión celebrada en Cúcuta el 25 de enero de este año, un día después de que se decretó el estado de conmoción interior, participaron el Ministro del Interior (Juan Fernando Cristo), el Alcalde de Tibú (Richard Claro) y el Gobernador de Norte de Santander (William Villamizar), entre otros. Sin embargo, las comunidades mantienen su reserva sobre esta medida. Fuente de la fotografía: Alcaldía de Tibú.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1020321266803570&set=pcb.1020242693478094
¿Cuáles han sido las principales fallas en la implementación del Acuerdo de Paz en el Catatumbo?
Para nadie es un secreto el escenario tan difícil en el que nació el Acuerdo de Paz. El punto seis del tratado era su implementación, pero para lograrlo se requerían profundas reformas institucionales que la clase política dominante no permitió hacer, dificultando el cumplimiento de la reforma agraria, por ejemplo, que es el punto uno del Acuerdo. Desde ahí comenzó a fracasar el Acuerdo. Sin embargo, hay unos reclamos y denuncias que se le han hecho a anteriores gobiernos, pero con este nuevo mandato tampoco ha habido un avance efectivo.
Se creó burocracia, pero no está aportando al cumplimiento del Acuerdo. Existe la Unidad para la Implementación del Acuerdo de Paz, se tardó en crear, después llegaron unos equipos territoriales que intentan articular, pero que no resuelven. La implementación pasa por una responsabilidad que debe asumir este Gobierno para proteger la vida de los firmantes de paz, los espacios territoriales y garantizar condiciones socioeconómicas, pero esto no se hizo.
Tras décadas de guerra y lo que costó sacar adelante el Acuerdo de Paz, hoy su fracaso no es alentador para los demás grupos que se sientan a negociar, teniendo en cuenta el rearme de varios firmantes de paz debido a los incumplimientos del Estado. De pronto ha habido timidez en hacer ajustes normativos, no se ha logrado pasar de la burocracia a los hechos, pero da la sensación de que la implementación del Acuerdo es un carro viejo, que está varado, que no tiene gasolina, y que aquellos que lo empujan no lo hacen con el suficiente empeño.
A pesar de la crisis humanitaria, las organizaciones sociales del Catatumbo se mantienen al frente. ¿Cómo describiría su papel?
Yo llevo acompañando a las organizaciones 25 años, y si algo tienen claro es que en estos momentos de crisis es necesario comunicar un mensaje político y social contundente a los actores armados y al Gobierno Nacional frente al respeto de los mínimos humanitarios y salidas pacíficas del conflicto. Son en estos momentos los que generan mayor unidad entre las comunidades, a pesar de sus diferencias. Ante las vulneraciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario, DIH, sumado a la conmoción interior y la militarización del territorio, el llamado de las organizaciones es a priorizar otro tipo de intervenciones porque con el incremento de las confrontaciones siempre es la población civil la que resulta vulnerada.
Pronunciamiento de las distintas organizaciones sociales del Catatumbo del 16 de enero de este año, día en que comenzó la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las FARC en la región.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=605304278873855&set=a.149887701082184
La dignidad y valentía de las comunidades de la región es de admirar. El pueblo Barí, por ejemplo, no se desplazó y se encuentra resistiendo en el territorio. Entraron en asamblea general más de 23 comunidades, para proteger su resguardo. También están las organizaciones campesinas, las juntas de acción comunal, las asociaciones de mujeres. Aun así, en esta coyuntura es importante destacar cómo la Mesa de Víctimas de Ocaña fue la que resolvió en caliente la situación humanitaria con un plan de contingencia para hacer ollas comunitarias y preparar los espacios de acogida porque claramente la Alcaldía de Ocaña no estaba lista para asumir la situación (a la fecha de esta publicación, este municipio alberga alrededor de 10.000 personas desplazadas).
¿Cuál ha sido la respuesta del Gobierno a las alertas sobre la situación en el Catatumbo?
El Gobierno no solo hizo caso omiso a la Alerta Temprana de la Defensoría (publicada el 15 de noviembre de 2024), sino a más instancias que se dedican a esto. Esta notificación de la Defensoría no abarcaba todas las amenazas que se estaban mencionando en la región. Se supone que hay un Consejo Departamental de Paz, mesas de víctimas y comités de justicia transicional. En todos ellos hay instancias para elaborar planes de contingencia y calificar el concepto de seguridad, pero todo queda en procedimientos administrativos y burocráticos ineficientes, sin medidas de protección efectivas.
Es decir, para analizar si un municipio, en la zona urbana o rural, tiene concepto de seguridad vigente, se requiere que el Ejército y la Policía presenten unos informes y que sobre eso el Comité de Justicia Transicional entre a tomar decisiones. Entonces, no fue solo la Alerta de la Defensoría, es que en todas esas instancias de política pública se alertaba del deterioro y de la gravedad de la amenaza para la región. Al final, la creación de distintos mecanismos e instancias sólo alimentan sistemas de información, pero no logran llevar a cabo medidas de protección ni tampoco se le presta atención a los pronunciamientos de las organizaciones del territorio.
Según el Registro Único de Víctimas, el Catatumbo tiene casi tantas víctimas de desplazamiento forzado como habitantes. (302.519 desplazados por 372 mil habitantes, a corte del 31 de diciembre de 2024), ¿Cómo se explica esta situación?
Sí, tomando el caso actual, habría que revisar cuántas de las más de 50.000 personas desplazadas en este momento ya habían tenido que dejar atrás sus hogares. Lo mismo con otros hechos victimizantes, tendríamos que contrastar cuántas de las personas afectadas hoy ya habían sufrido amenazas o asesinatos de familiares o personas cercanas.
Movilización llevada a cabo en Cúcuta, capital de Norte de Santander, por las organizaciones sociales del Catatumbo que claman respeto por los mínimos humanitarios. Fuente: Ascamcat.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=614970584573891&set=pcb.614971571240459
¿Cuáles son los retos para lograr una reparación integral en la región?
Uno de los ejes de reparación integral es la indemnización, por lo que para lograr esto es necesario un trabajo institucional en conjunto. La Unidad de Víctimas es un articulador y coordinador, tiene ciertas tareas y complementa esfuerzos en atención humanitaria, de retorno y reparación colectiva, tiene enfoques psicosociales, pero el Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) lo integran todas las entidades de este país. Las instituciones que hacen parte de este sistema van desde el Banco Agrario hasta el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pasando por ministerios, gobernaciones y alcaldías.
Hay algo a nivel local que dificulta la reparación de las víctimas y es que en muchas administraciones municipales no tienen ni idea de cuáles son sus compromisos. Esta situación yo la conocí de primera mano cuando dirigí a la Unidad de Víctimas en la región. En otros casos sí lo sabían, pero aun así no ejecutaban casi nada. Por lo que si no hay una articulación por parte de las distintas entidades que conforman el SNARIV no será posible superar el rezago histórico en la reparación integral de las víctimas del Catatumbo.
