En entrevista con RAYA, Gabriel Becerra, congresista del Pacto Histórico y presidente de la Comisión Primera de la Cámara, habló del camino que deberá recorrer el proyecto de Ley que busca fijar un marco jurídico para el sometimiento de las organizaciones ilegales armadas. Según él, la clave está en garantizar verdad, reparación con políticas sociales y garantías de no repetición para las víctimas.
Por: Redacción Revista RAYA
Este lunes primero de septiembre, se completaron las tres audiencias públicas que realizó la Cámara de Representantes, en alianza con el Ministerio de Justicia, con el fin de discutir con la sociedad civil el proyecto de Ley 002 de 2025, el cual busca fijar un marco jurídico para someter a las organizaciones criminales del país. La primera audiencia fue en Tumaco, la segunda en Medellín y finalmente se desarrolló en Bogotá, con la presencia de organizaciones no gubernamentales, universidades, funcionarios del Gobierno y demás congresistas, pues la cita fue el Capitolio Nacional.
Tras esta última discusión con la sociedad civil, se espera que en los próximos días arranquen los debates en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en donde es presidente Gabriel Becerra, representante del Pacto Histórico en esa corporación. En diálogo con RAYA habló del ambiente político que rodea el proyecto, de los principales artículos para lograr el desarme de organizaciones criminales y los ajustes que considera necesarios para lograr consensos que permitan avanzar en la aprobación de este proyecto de Ley.
¿Cómo describe el ambiente político en el Congreso para discutir la Ley de Paz Total?
Por ahora, el ambiente político en el Congreso no es muy favorable para el proyecto de ley de sometimiento. En parte porque lo que ha ocurrido en el país durante las últimas semanas con hechos de violencia ha sido utilizado por la derecha para atacar el proyecto. Y, por otro lado, porque no hay suficiente información sobre el mismo.
¿Qué ha faltado en el debate hasta el momento?
Hay una serie de premisas y de narrativas que hay que aclarar para que, en últimas, el proyecto no quede reducido simplemente a la idea de que es un instrumento a favor de quienes están colocando las bombas. Esa simplificación y la falta de información y discusión es lo que no ha permitido que todavía se haga un debate serio en el Congreso. Esperamos que con las audiencias y ya en el debate las circunstancias puedan mejorar.
¿Cuál es el compromiso de la bancada de gobierno frente a este proyecto?
El gobierno tiene dentro de su programa un eje central que es la construcción de la paz y la reconciliación nacional. La bancada de gobierno no puede renunciar jamás, si es coherente con su programa, a defender esa perspectiva, que no depende solamente del fortalecimiento de una estrategia de defensa, de seguridad nacional, de control de los territorios por la vía de la fuerza pública, sino que tiene que articular otras estrategias de atención integral del Estado en el territorio a través de política social y también de una política de diálogo con las organizaciones que tienen condiciones de carácter político, y una política de sometimiento en el caso de las organizaciones que están fundamentalmente en el campo de la criminalidad. Entonces, desde la bancada de gobierno insistiremos siempre en este y en otros proyectos en abrirle camino a instrumentos jurídicos que faciliten la construcción de la paz y la reconciliación nacional.
El Ministerio de Justicia ha dicho que está abierto a hacer ajustes. ¿Qué opina de esa disposición?
Nos parece que es importante y beneficioso que haya una actitud de apertura del Ministerio de Justicia, sobre todo teniendo en cuenta que este es un proyecto de una magnitud que requiere grandes consensos y necesita mucha solidez jurídica.
¿Qué ajustes considera prioritarios?
Entre los temas que están en discusión y que merecerían construir acuerdos y ajustes están, por lo menos, los siguientes: que los beneficios de los que serían objeto en esta ley estén claramente vinculados a la entrega de bienes ilícitos, a la garantía de la verdad, a la reparación integral de las víctimas y a compromisos verificables de no repetición. También vale la pena revisar con detalle lo relacionado con las sanciones alternativas, que sean proporcionales y socialmente aceptadas por la comunidad, evitando la percepción de impunidad. Asimismo, lo que tiene que ver con precisar la articulación de la justicia ordinaria y la justicia transicional, especialmente cuando se trate de delitos de lesa humanidad o graves violaciones de derechos humanos. Y fijarse también muy bien en los mecanismos para que la justicia ordinaria avance de manera ágil en los procesos. Otro tema que valdría la pena considerar es fortalecer los mecanismos de verificación y seguimiento, asegurando que las obligaciones se cumplan y que el Estado tenga la capacidad institucional para hacerlas efectivas.
¿Por qué era importante realizar audiencias en Tumaco y Medellín antes de la de Bogotá?
La idea de que se hicieran los primeros foros y las primeras audiencias en esos lugares parte de la solicitud que nos hicieron autoridades como el gobernador de Nariño o personas de las comunidades que están participando en estos procesos. Han considerado que es muy fácil hacer juicios desde Bogotá y no desde los territorios, a propósito de las circunstancias que ellos están viviendo, que no son precisamente las mismas de la capital. Pero es bueno decir que, además de estas audiencias en los territorios, tenemos planteado hacer audiencias en Bogotá, mesas de trabajo con sectores de la academia, con sectores de la justicia e, incluso, una reunión con las altas cortes. No se trata simplemente de escuchar la voz de los territorios, sino de recoger también la de otros referentes que tienen que ver con la justicia.
En Tumaco, un alcalde advirtió que si no se aprueba el marco jurídico “la próxima negociación será con miles de muertos”. ¿Cómo interpreta ese clamor local?
Creo que el alcalde de Tumaco habla desde su condición de autoridad en un territorio donde muchos de estos grupos tienen presencia, donde la autoridad está mediada por experiencias de ilegalidad y criminalidad. Para ellos es una prioridad que se encuentren soluciones, y ven en esta iniciativa parte de esas soluciones. La dimensión del proyecto y la posibilidad de que se apruebe es bastante importante, sobre todo para esas comunidades. Y hay que decirlo: sobre todo para quienes tengan el respaldo popular y ejerzan el gobierno entrante. Por temas de tiempo va a ser difícil que este gobierno alcance a apropiarse de este instrumento y a ejecutarlo, pero Colombia lo necesita independientemente de quién gobierne.
¿Qué tan real es la posibilidad de que el Congreso apruebe esta ley en la legislatura actual?
Si el Congreso hace la labor como le corresponde —después de las audiencias discute, vota y existen argumentos, y se construyen correlaciones suficientes para avanzar en las votaciones de manera favorable—, el proyecto puede ser aprobado en comisión y en plenaria de Cámara, y asimismo en comisión y plenaria de Senado. Lo que sucede es que el ambiente, como decía en la primera respuesta, no es el más favorable. De lo que se trata es de transformar ese ambiente y de poder construir acuerdos para que algo que es necesario para el país se pueda aprobar.
