La audiencia pública sobre la Ley 002 de Paz Total en Medellín mostró un pulso claro: mientras comunidades y víctimas destacan los avances en seguridad producto de las mesas de diálogo, el alcalde y el gobernador de Antioquia rechazan el proceso. El Congreso tendrá la última palabra sobre el futuro de la paz urbana.
Por: Redacción Revista RAYA
“En mis 42 años de vida no he conocido la paz”. Con esa frase abrió su intervención Sandra Viviana Díaz, artista y activista del Valle de Aburrá, durante la audiencia pública del proyecto de Ley 002 de 2025, el cual deberá debatir el Congreso en las siguientes semanas y decidir si crea el marco jurídico para la Paz Total o no. Esta fue la segunda audiencia y se realizó en Medellín el pasado 28 de agosto, con el fin de escuchar los aportes de las víctimas y de la sociedad civil en general. “Seguimos aquí a pesar de que estamos en una lista negra de la alcaldía. El distrito de Medellín nos saca del presupuesto participativo a los artistas, porque somos progresistas, porque creemos en la paz”, denunció Díaz.
El Paraninfo de la Universidad de Antioquia, en la Plaza de San Ignacio en pleno centro de Medellín, fue nuevamente el escenario de un debate nacional sobre la paz. Allí se desarrolló la audiencia, convocada por el Ministerio de Justicia y el Congreso de la República, con la presencia de académicos, líderes sociales, barriales y comunitarios, representantes de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y congresistas de distintos partidos. El debate giró alrededor de las expectativas de comunidades que han sufrido la violencia en Medellín y el Valle de Aburrá. Muchas de ellas reconocen avances desde que las principales estructuras criminales de la región iniciaron diálogos con el Gobierno Nacional.
“Queremos una paz que no sea solo una firma, sino una realidad que transforme nuestras comunas, veredas y barrios”, declaró Giovanny Castañeda, líder social e integrante de la Mesa de Paz de la Comuna Nororiental, un sector con fuerte presencia de bandas como La Terraza y la Oficina de San Pablo. “Es el Congreso el que decidirá si podemos seguir caminando tranquilos por las comunas”, agregó.
La senadora Isabel Zuleta, una de las voces más visibles del Pacto Histórico y negociadora en los diálogos que el Gobierno sostiene con estructuras armadas en la cárcel de Itagüí, hizo un balance positivo del proceso. Para ella, el esfuerzo responde a un clamor de las víctimas que habitan Medellín y su área metropolitana.
“¿Por qué este esfuerzo de paz? Así nos lo han pedido las víctimas, es el sueño de la no revictimización”, afirmó. Recordó que ella misma fue víctima del conflicto: “Fuimos desplazados y llegamos a esta ciudad donde hemos sido revictimizados por la violencia urbana. Este proyecto implica el cumplimiento del Acuerdo de La Habana [...] Éramos la ciudad más peligrosa y hoy somos una de las más tranquilas del mundo”.
Zuleta subrayó que Medellín tiene una larga experiencia en pactos y negociaciones con estructuras criminales. No todos han sido exitosos ni éticos, pero hacen parte del acumulado histórico sobre el cual se construye el actual proceso. La senadora advirtió que sin resolver la crisis carcelaria del país será imposible superar la violencia urbana: “Las cárceles son el foco donde se reproduce la violencia, las cárceles no resuelven el problema de las violencias urbanas”.
Según explicó, el reto central es dotar a la ciudad de una herramienta jurídica que permita a los integrantes de estas estructuras transitar hacia la legalidad, rindiendo cuentas ante la justicia pero también accediendo a beneficios que impacten a sus familias y comunidades históricamente marginadas por el Estado.
“La Ley 2272 nos dio un marco para la conversación, pero no para el sometimiento”, explicó Zuleta. En su criterio, el desmantelamiento de las estructuras ilegales y los objetivos de la paz urbana requieren la intervención integral del Estado. “La paz en Medellín pasa por el derecho a la vivienda, por eso nos oponemos a los desalojos que realiza de manera injusta el alcalde de Medellín. Todos sabemos que no hemos contado con el apoyo del alcalde de Medellín ni del gobernador de Antioquia”.
Pese a esas tensiones políticas, el proceso ha mostrado logros concretos: en 2024 la ciudad registró una tasa de 10 homicidios por cada 100.000 habitantes, la más baja de las últimas ocho décadas; se implementaron planes piloto para erradicar la extorsión en cerca de 50 barrios; y se adelanta un trabajo conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para prevenir el reclutamiento de menores.
Por ahora, múltiples voces respaldan el proyecto de Ley 002 de 2025, presentado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre. La iniciativa contempla un tratamiento penal diferenciado para el sometimiento y desmantelamiento de organizaciones criminales, con penas de entre cinco y ocho años para los máximos responsables, y de dos a cinco años para los integrantes sin mando. El propósito es dotar de un marco jurídico a la Paz Total y garantizar que los acuerdos trasciendan al actual gobierno.
Una de las voces de apoyo fue la de Astrid Sánchez Montes de Oca, representante a la Cámara por el Chocó, quien destacó que su departamento vive hoy una violencia urbana inédita en Quibdó, donde cinco bandas se disputan el control de la ciudad. “Que nos digan cómo podemos mejorar las condiciones, unas líneas gruesas para que los grupos armados al margen de la ley le digan sí a la paz, sí a la reconciliación, no a la guerra, que es lo que necesita Colombia y más mi departamento del Chocó. Una ley que nos permita estar en paz y en reconciliación”.
En la misma línea, Olga Lucía Claros, viceministra de Política Criminal, subrayó que el proyecto “no es iniciativa del Gobierno Nacional, es de la ciudadanía”, pues ha sido consensuado con la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el ICBF. Según dijo, “es el consenso del país que ve la necesidad de parar la violencia en todo el territorio colombiano”.
Ante las críticas de sectores de ultraderecha y de la oposición, que han usado el debate de la paz para confrontar al gobierno, la viceministra de Política Criminal, Olga Lucía Claros, respondió que el proyecto de ley de sometimiento “tampoco es impunidad. Tenemos justicia retributiva y también restaurativa. La Fiscalía General dará grandes beneficios a quienes se quieran someter voluntariamente, a quienes quieran entregar los niños reclutados, entregar los bienes, entregar la verdad. Todos los presidentes han buscado la paz: Belisario Betancur, César Gaviria con La Catedral, Andrés Pastrana con el Caguán. Tenemos dos congresistas conservadores hoy en la audiencia y en este proyecto los necesitamos acá, porque la paz es un proyecto de todos los colombianos”.
No obstante, el senador León Fredy Muñoz, del Partido Verde, advirtió sobre los “saboteadores de la paz” que también se encuentran en partidos que apoyaron al actual gobierno en las urnas, incluido el suyo. “Es lamentable que alguien de mi partido haya radicado un proyecto de ley para acabar con la Paz Total”, dijo Muñoz, quien ha hecho su carrera política en Bello, Antioquia, enfrentándose a clanes parapolíticos como el de los Suárez Mira.
Por su parte, David Cruz, asesor del Alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, subrayó los avances de procesos en curso con la Coordinadora Bolivariana y los Comuneros del Sur en Nariño, así como con una facción de las disidencias en Catatumbo. Pero advirtió: “sin este proyecto de ley tenemos pocas posibilidades de que la transformación territorial y el anhelo de paz total se materialicen”.
“Si el proyecto de ley no pasa tenemos que seguir trabajando por la paz de Medellín”, afirmó el académico Juan Guillermo Sepúlveda, quien ha acompañado los diálogos entre bandas criminales desde mediados de los noventa, cuando se realizó el primer pacto en la cárcel de Bellavista. “Esto tiene que ser entre todos: alcalde, gobernador, las víctimas”.
El líder social Weimar Guarín advirtió sobre la necesidad de no repetir errores del pasado, cuando hubo negociaciones sin garantías de reincorporación. “Debe haber una agenda territorial. Tenemos que hablar de los diez municipios y de nuestra área rural, para evitar el reciclaje de las violencias. ¿Qué pasa en el Suroeste, en el Nordeste, en el Bajo Cauca? Si no nos preguntamos, vamos a repetir el ciclo de violencia. Hoy estamos viendo cómo sacamos a esos jóvenes de esas armas y de esa violencia”.
