El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, prometió reducir la inseguridad, pero los homicidios aumentaron un 11% en 2024. Su nueva estrategia, "Los Guardianes del Orden", busca aliviar la carga policial con civiles para resolver los conflictos, pero genera críticas por falta de claridad y riesgo de militarización. Expertos advierten que no enfrenta el crimen organizado y podría vulnerar derechos ciudadanos.
Por: Redacción Revista RAYA
En mayo de 2024, Carlos Fernando Galán le hizo una promesa al Concejo de Bogotá: al finalizar su administración, las personas se sentirían más seguras. Se comprometió a reducir 20 puntos la inseguridad en la capital y salvar más de 1.050 vidas al disminuir la tasa de homicidios. Además, prometió evitar más de 45.800 hurtos al año y reducir en un 10% los casos de extorsión. Sin embargo, las cifras mostraron lo contrario. Al cierre de ese año, los homicidios crecieron un 11% y llegaron a 1.204, la cifra más alta registrada desde 2016.
El Alcalde Galán ha empezado a ajustar su política de seguridad y la primera estrategia anunciada hasta el momento es la creación de 'Los guardianes del orden', un grupo de ciudadanos que velará por la convivencia en la ciudad. El objetivo es aliviar la carga que tiene la policía en Bogotá al atender problemas de uso del espacio público, quejas por ruido y disputas por mascotas, entre otras, según el secretario de Seguridad, César Restrepo. Además, coordinarán acciones con otras entidades del distrito y expandir la oferta institucional.
Aunque la estrategia empezará a implementarse en mayo, según la Alcaldía, lo poco que se conoce sobre esta ha sido por medios de comunicación. Hasta la fecha no hay un documento público que detalle su implementación. El Ministerio del Interior envió una carta a la Alcaldía solicitando más datos, pero después de diez días no obtuvo respuesta. Por su parte, la concejala Donka Atanassova Lakimova cuestionó la falta de transparencia sobre el tema: “En las preguntas que le hemos realizado a la Secretaría de Seguridad de Bogotá en derechos de petición y debates de control político, no es clara la respuesta sobre el quehacer de esta estrategia, ni sobre su estructuración”, dijo.
En contraposición, la iniciativa ha sido bien recibida por sectores conservadores dentro del Concejo de Bogotá, que han promovido medidas de seguridad con un enfoque más punitivo y de control ciudadano. En el debate sobre el Plan de Desarrollo Distrital en mayo de 2024, Galán no solo obtuvo respaldo presupuestal, sino que atendió las preocupaciones de los concejales, quienes apoyan estrategias más estrictas contra la inseguridad. Por ello, encontraron sus propuestas recogidas en “Los Guardianes del Orden” de Galán.
Un ejemplo de ellos es Julián Uscátegui, concejal del Centro Democrático, quien aseguró que la estrategia se alinea con su planteamiento de incorporar a militares y policías en retiro en las labores de seguridad en la ciudad. Sandra Forero, del mismo partido cuyo eslogan es “mano firme, corazón grande”, apeló a la experiencia de los exuniformados, mientras Fernando López, del Nuevo Liberalismo, aseguró que serán fundamentales para la convivencia. Cabildantes del movimiento ciudadano Bogotá más fuerte, el Partido Conservador y el Partido Liberal también respaldaron la propuesta.
Este respaldo inicial se basó, en parte, en la idea de que el grupo estaría conformado por personas con experiencia en manejo de conflictos, incluyendo exmiembros de la fuerza pública, según afirmó el alcalde Galán en un primer momento en entrevista con la Fm, el 13 de marzo. Se estima que en la ciudad hay más de 40.000 veteranos, según datos de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) y la Caja de Sueldos de Retiro de la Policía Nacional (Casur).
Sin embargo, tras críticas y preocupaciones de expertos en seguridad y figuras políticas sobre la idoneidad de exmilitares para labores de convivencia, la administración ha moderado su discurso. Ahora, Galán y su Secretario han enfatizado que el grupo estará compuesto principalmente por civiles con formación en resolución de conflictos, sin destacar el papel de los retirados de la fuerza pública como eje central del programa.
Organizaciones como la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), Temblores ONG y el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) resaltan que la vinculación de exmiembros de la fuerza pública puede cruzar una línea delgada que lleve a la militarización de las ciudades, pues han sido formados para atender la defensa y combate de amenazas. Alejandro Pabón, coordinador de Violencia Institucional de Temblores ONG, insiste en que la propuesta de la Alcaldía no da claridad frente a la normativa que regulará que el monopolio de las armas siga en manos de la fuerza pública.
“La Secretaría de Seguridad sabe que los temas de seguridad son un entramado de temas complejos de violencia y de convivencia. No requiere solamente un perfil de personas que hayan hecho parte de la fuerza pública o que hayan implementado políticas de seguridad desde el lado del uso de la fuerza. Si se presenta como guardianes de un orden que no sabemos a cuál orden se refieren y dicen que van a ser principalmente personas que hicieron parte de la fuerza pública, es evidente que no hay un enfoque diferencial en estas medidas”, agrega Pabón.El secretario de Seguridad, César Restrepo, ha buscado calmar el debate asegurando que estarán bajo el control de la Secretaría de Seguridad y regidos por el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. “No tiene, armas, no cumplen funciones de choque. Lo que hacen es coordinar, articular y observar”, agregó en entrevista con la W.
Vigilar y castigar “lo problemático”
La estrategia de “Los Guardianes del Orden” no es un caso aislado dentro de la administración de Galán. Su gobierno ha recurrido en otras ocasiones a la observación y el señalamiento ciudadano como mecanismo para mantener el orden, lo que ha generado controversia. Un ejemplo de ello ocurrió hace un mes, cuando, tras disturbios en universidades públicas, la Secretaría de Seguridad pidió a los profesores que identificaran a los estudiantes que participaron en las protestas y disturbios.
“Las directivas universitarias saben lo que ocurre dentro de las instalaciones, pero no actúan (...) la responsabilidad de mantener el orden es de quienes dirigen la misma. No puede haber omisión al respecto. Solo el uso de explosivos y la agresión a ciudadanos son un delito", dijo entonces el secretario Restrepo. Los directivos de las tres universidades públicas rechazaron esa solicitud. "Las universidades son escenarios para la reflexión y la transformación social; dentro de sus funciones no se incluyen actividades policiales o judiciales (...) Nos oponemos a que los campus sean vistos como focos de violencia”, agregaron.
Otra situación similar de individualización se dio con las recientes marchas en apoyo a las reformas del gobierno Petro. Como lo reportó esta revista, la Secretaría de Educación distrital pidió a las instituciones educativas un registro del número de docentes ausentes y si quienes estaban en clase saldrían a movilizarse, advirtiendo que se descontaría un día de salario a quienes faltaran.
Por su parte, Leonardo González, director de Indepaz, recordó en su cuenta de X que “las redes de informantes promovidas en gobiernos anteriores fueron cuestionadas por su falta de regulación y riesgo de persecución selectiva”. Para evitar abusos y violaciones a los derechos humanos, enfatizó la necesidad de definir una normatividad clara sobre su regulación, evitando que excedan sus funciones y delimitando con precisión las responsabilidades de la Policía frente a las de “Los Guardianes del Orden”.
Al respecto, Alejandro Pabón advierte que desde el trabajo de Temblores ONG han identificado situaciones en la que ex miembros de la fuerza pública reprimieron protestas e hicieron un uso de la fuerza por su parte, como ocurrió el 9 de septiembre de 2020 o en las protestas del 2021. “No se trata de generalizar, pero sí es un antecedente importante”, agrega. Recuerda el caso de Julián González, un joven que fue asesinado en Kennedy, quien recibió un disparo en el abdomen. “En esa situación salieron miembros de la fuerza pública a disparar. La investigación está dando y al parecer hay una presunta responsabilidad de una de estas personas”, puntualiza Pabón.
Esta estrategia también ha generado preocupaciones sobre el riesgo de una cultura de señalamiento. “Poner a otras personas a individualizar a otros es muy complejo. Si queremos individualizar a quien hace un acto delictivo, está la Fiscalía. Imaginen que un listado de muchachos y muchachas que protestan caigan en manos equivocadas, en un país donde todos los días salen escándalos de infiltración de organismos institucionales. Por eso pedimos que se tenga cuidado”, cuestionó Gabriel Rondón, viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior.
Una estrategia lejos de las necesidades
Alrededor de la propuesta de “Los Guardianes del Orden” hay dos certezas: la convivencia ciudadana influye en la percepción de seguridad y los policías pasan parte de su tiempo resolviendo estos problemas. Una encuesta de Cifras y Conceptos y del Ministerio del Interior reflejó que el 70% de los encuestados tuvo problemas con vecinos por ruido y riñas, y otros por drogas, basuras o mascotas. Asimismo, no hay suficiente pie de fuerza en la ciudad. La Alcaldía toma como referente la tasa de 300 policías por cada 100.000 habitantes, como lo establece las Naciones Unidas. El Secretario de Seguridad ha dicho que solo existen 184 policías por cada 100.000 habitantes.
Sin embargo, Laura Bonilla, Subdirectora de la fundación Paz y Reconciliación (Pares), lamenta que esta estrategia incumpla una promesa de campaña del Alcalde, quien aseguró que iba a construir sobre lo construido. En la ciudad ya funcionan más de 1.000 Frentes de Seguridad Ciudadana, organizaciones comunitarias creadas para mejorar la seguridad y convivencia en los barrios, lideradas por la Policía Nacional y la Oficina para la Seguridad y Convivencia.
Asimismo, la capital cuenta con gestores de convivencia que promueven el diálogo y la convivencia en escenarios como marchas y en sus territorios. Bogotá tiene entre 4.000 a 5.000 gestores, según el Viceministro de Diálogo Social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, quien fue cofundador de la estrategia de gestores. “Creeríamos en principio que un nuevo proyecto sería más bien una carga burocrática que un elemento que permita mejorar las condiciones de convivencia y seguridad ciudadana”, cuestionó.
Para Andrés Macías, investigador de la Universidad Externado, se necesita tener un marco normativo claro y que la Alcaldía brinde mayor detalles sobre el funcionamiento del nuevo cuerpo. Dado que no es claro si serán una figura intermedia entre la Policía y los gestores de convivencia o un fortalecimiento de los gestores de convivencia de una forma más amplia.
“En principio no van a tener funciones de policía judicial, sino básicamente de relacionamiento entre ciudadanos. Eso conlleva unos riesgos. Desafortunadamente en Colombia, una de las principales razones por las cuales la violencia y los homicidios ocurren es porque muchas riñas se salen de control. No es claro cómo van a actuar los guardianes si un evento se sale de control y entra a ser más violento”, agrega.
Si bien no es claro el presupuesto de la nueva estrategia, al revisar los proyectos de inversión del Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Camina Segura 2024-2027”, la estrategia estaría vinculada al proyecto “Fortalecimiento del pie de fuerza policial y de la gestión territorial para la Convivencia y Seguridad en Bogotá D.C.”. Este fue aprobado por el Concejo con una asignación de 512.043 millones de pesos entre 2024 y 2027. Este presupuesto busca mejorar la seguridad y la convivencia en la ciudad, incluyendo el financiamiento de nuevos esquemas de vigilancia y control territorial. Aunque no se ha especificado cómo se distribuirán estos recursos, la administración distrital podría destinar parte de ellos a la implementación del nuevo proyecto o fortalecer lo que ya está planteado y aporta al objetivo general.
El otro punto cuestionable en la estrategia de Galán es que no ataca la principal preocupación de seguridad en la ciudad: el crimen organizado. El informe “Las ciudades, el nuevo escenario de la guerra en Colombia” de la Fundación Pares da cuenta de 85 estructuras criminales en la ciudad. Existen Grupos Armados Organizados (GAO): el ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de “Segunda Marquetalia”; además de grupos delincuenciales (GDO) como La Oficina de San Andresito, el Tren de Aragua y la Nueva Junta Directiva del Narcotráfico. También “hay otros 79 Grupos Delincuenciales Comunes Organizados (GDCO), dedicados principalmente al microtráfico, al hurto y a la extorsión”, agrega el documento.
“Es cierto es que el Alcalde ya hizo ciertas intervenciones macro contra puntos focales de criminalidad. Eso es verdad. El gran problema de eso es que ese tipo de intervenciones tienen que tener control de datos, para que la intervención no sea algo inmanejable que redunde en que la gente termine perdiendo su vida. El Secretario de Seguridad es un hombre sumamente versado en análisis de datos, pero está faltando entender qué es lo que pasa con ciertos fenómenos de criminalidad urbana y de delincuencia organizada en la ciudad”, afirma Laura Bonilla.
Lejos del enfoque policivo, de observancia y vigilancia de las conductas que generan problemas a la convivencia, el viceministro Rondón advierte que se deben reconocer las fuerzas vivas de la ciudad, como organizaciones y liderazgos comunitarios, que pueden fortalecer la autonomía territorial en el manejo de problemas de convivencia. “Darle potencia a las juntas de acción comunal para que sirvan de generadores de convivencia y a los jueces de paz, una figura muy importante que sirve para la resolución de conflictos en el país. Por lo menos, en la ruralidad funcionan demasiado y ayudan a descongestionar el sistema jurídico judicial de Bogotá y de algunas regiones”, agrega.
Mientras Bogotá enfrenta una de sus peores crisis de seguridad en años, con estructuras criminales expandiendo su control, estallidos de granadas y homicidios, incluso por sicariato, en aumento, la apuesta de Galán por un ejército civil de vigilancia, sin un marco normativo claro y con antecedentes de señalamiento, parece más un salto al vacío que una solución efectiva. Si no se aborda el crimen organizado ni se fortalecen los mecanismos comunitarios existentes, “Los Guardianes del Orden” podrían terminar siendo recordados como otro capítulo fallido en la larga historia de estrategias de seguridad que, bajo promesas de orden, terminaron exacerbando la violencia y la desconfianza ciudadana. El fantasma de las Convivir, al parecer, sigue vivo en la Bogotá del siglo XXI.
