La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y varios medios de comunicación fueron la estrategia para que la dictadura disfrazara de terroristas a 100 hombres y 19 mujeres detenidos por ser militantes del Movimiento Izquierda Revolucionario (MIR), Partido Comunista y Partido Socialista. Medio siglo después, continúan desaparecidos.
Por: Tatiana Portela
Enviada Especial Santiago de Chile
Hace medio siglo, Chile vivió un acontecimiento que marcaría su historia política y su sociedad para siempre: el Golpe de Estado de 1973 y la subsiguiente dictadura. Este golpe fue producto de un complot entre la derecha chilena, encabezada por militares, agentes estadounidenses y empresarios, con el objetivo de derrocar al primer presidente de izquierda, elegido democráticamente en América Latina: Salvador Allende. Lo que siguió fue un periodo de violencia política caracterizado por operaciones encubiertas, asesinatos extrajudiciales, secuestros, desapariciones y torturas. Estos horrores aún resuenan en la memoria colectiva de los chilenos y del continente suramericano.
El papel de países externos, en la ejecución del golpe que terminó con la muerte del presidente Allende, tardó medio siglo en salir a la luz pública. Aunque siempre fue un secreto a voces, el pasado 28 agosto el gobierno de Estados Unidos desclasificó los informes en los que queda en evidencia lo que sabía el presidente Richard Nixon el 8 y el 11 de septiembre, horas previas al golpe. En el primero, se analizaba lo que Allende pensaba sobre las Fuerzas Armadas y la desventaja de sus seguidores que no contaban con armas: “Dijo que creía que las Fuerzas Armadas pedirían su renuncia si no cambia sus políticas económicas y políticas. Planteó la perspectiva de una confrontación armada entre sus seguidores y los militares. Allende dice que sus partidarios no tienen suficientes armas para prevalecer en tal evento y que no serviría de nada tratar de distribuir más armas ahora, ya que los militares no lo permitirían. Concluyó que la única solución es política”.
Los días previos al 11 de septiembre fueron un caldo de cultivo que ambientaron el golpe. La polarización política se había tomado Chile, la influencia de los servicios secretos de Estados Unidos, como la CIA, era evidente, y el bloqueo económico debilitaba cada día más al gobierno de Allende. Llegó el 11 de septiembre y las intenciones del golpe se ratificaron. El mensaje que ese día analizó el presidente Nixon decía lo siguiente: “En Chile, los planes de los oficiales de la Marina para desencadenar una acción militar contra el Gobierno de Allende (...) cuentan con el apoyo de algunas unidades clave del Ejército (...). La Armada también cuenta con el respaldo de la Fuerza Aérea y de la policía nacional”.
Ese martes de 1973 se ejecutaría el quiebre democrático en Chile. Los aviones de la Fuerza Aérea y tropas del Ejército chileno atacaron la casa de La Moneda y el presidente Allende murió tras el hecho, dejando en incognita, hasta nuestros días, la versión oficial de que se trató de un suicidio con la AK 47 que le había regalado su amigo Fidel Castro. Posteriormente, muchos capítulos oscuros marcaron la dictadura del general Pinochet, uno de ellos, la Operación Colombo, la cual ilustra el alcance de la represión y la resistencia de las víctimas y sus familias. Según el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile, durante los 17 años que duró la dictadura (1973 y 1990) 40.175 chilenos fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada y torturas.
La máquina del terror: La Dirección de Inteligencia Nacional (DINA)
Después del 11 de septiembre de 1973, Pinochet convirtió a que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) sería la principal herramienta de represión y control. Esta entidad se convirtió en la "Gestapo de Pinochet", una policía secreta encargada de infiltrar y eliminar movimientos de izquierda que desafiaban la dictadura. Bajo la dirección del general Manuel Contreras, la DINA ejecutó secuestros, desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones sumarias contra movimientos de izquierda, como el MIR, comunistas, socialistas y hasta demócratas cristianos. El pasado 31 de agosto, la Corte Suprema de Chile condenó a 10 años de prisión a dos agentes de esta dirección por su responsabilidad en el secuestro de Luis González Manríquez, el cual fue perpetrado a partir del 3 de octubre de 1974 en la comuna de La Granja.
El número de víctimas de la DINA aún no es preciso, sin embargo, organizaciones de derechos humanos como la Vicaría de la Solidaridad y los Colectivos de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, sostienen que cerca de 1.193 chilenos fueron víctimas de estos flagelos.
En el marco de esa estrategia de exterminio se ejecutó la Operación Colombo, una campaña comunicacional que buscaba negar las desapariciones forzadas que se incrementaban con el pasar de los días por las denuncias de los familiares. Dicha operación comenzó en 1975, dos años después de instaurada la Junta Militar, y tuvo tres etapas: la primera de ellas buscaba crear en el imaginario de la sociedad chilena que movimientos de izquierda habían logrado huir del país y que se encontraban en la frontera con Argentina conformando, de manera clandestina, guerrillas para combatir al régimen militar. En esa estrategia fueron determinantes los diarios El Mercurio, La Tercera y la Segunda, los cuales fueron los encargados de producir y difundir la información.
Así, por ejemplo, el 13 de junio de ese mismo año el diario “La Tercera” tituló: “Forman ejército guerrillero contra Chile” y complementó que extremistas chilenos estarían siendo entrenados en Argentina; cuatro días más tarde El Mercurio tituló en su portada: “Paso de miristas armados a Chile”; ese mismo día el periodico Las Últimas Noticias sentenció: “Extremistas cruzan la frontera”. Todas estas noticias, que hacían parte de la desinformación contra los enemigos de la dictadura, generaron un ambiente propicio para sostener la dictadura durante 17 años.
Día tras día se fue configurando la estrategia. Tan solo un día después el diario El Mercurio volvió a tener noticias de la dictadura. Según el reporte, 50 guerrilleros habían sido detenidos en Talca y que otros dos grupos habían cruzado la frontera desde Argentina en un plan, supuestamente coordinado entre los partidos políticos MIR chileno y ERP argentino. Las supuestas fuentes de este periodico provenían de Buenos Aires y advertían que se había registrado un enfrentamiento con carabineros (Policía de Chile) en el que se produjeron bajas.
Casi un mes después, exactamente el 11 de julio, circuló rápidamente en Chile la noticia de que se encontraron dos cadáveres que tenían dentro de sus prendas cédulas chilenas. Las publicaciones en los medios de comunicación señalaban que se trataba de los jóvenes Jaime Robotham y Luis Guendelman, quienes en realidad fueron detenidos por la DINA. Las pruebas de este caso fueron los recursos de amparo que presentaron sus familiares ante la desaparición y las gestiones que realizó la organización de derechos humanos Amnesty International. El diario La Segunda en una publicación del 15 de julio aseguró que los “miristas” habían sido asesinados por su propia organización en Argentina y concluyó que “de esta forma se comprueba que gran parte de las denuncias de asesinatos y desapariciones de izquierdistas en Chile, son inventadas y que estos individuos gozan de buena salud en el extranjero”.
Finalmente, la estocada de la estrategia se configuró el 18 de julio de 1975, cuando la revista argentina LEA, publicó la siguiente noticia: “Alrededor de 60 miristas chilenos habrían sido asesinados en los últimos meses en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia por sus propios compañeros de lucha”. Días más tarde, el diario brasileño O´DIA de Curitiba aseguró que “59 extremistas chilenos fueron identificados como guerrilleros que murieron en enfrentamientos con efectivos policiales en la provincia de Salta, Argentina”. Información que fue ampliamente difundida por los medios de comunicación chilenos que estaban bajo el control de la dictadura.
Estas publicaciones contenían los nombres de 119 supuestos extremistas: 100 hombres y 19 mujeres, los mismos de la Operación Colombo por la que pudieron llevar a la cárcel al general Augusto Pinochet, en un proceso que el partido Izquierda Unida pudo desarrollar en España. En Chile todo fue tortuoso para las víctimas. Algunos medios chilenos trataron de desprestigiar a las familias que denunciaron las detenciones y desapariciones, afirmando que estas personas eran los mismos supuestos desaparecidos.
México, Argentina y Colombia rechazaron las noticias de los supuestos medios internacionales y las afirmaciones de la Junta Militar chilena. Tanto así que el general Joaquín Matallana, jefe de la Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), afirmó: “Ningún chileno ha sido asesinado en Colombia”. Mientras que desde la misma Argentina, el diario La Opinión, develó lo que muchos ya documentaban en ese momento: la conspiración de la dictadura se asemejaba al fascismo nazi. Así reseñó este periódico ese hecho: “Una gran conspiración con vínculos en territorio argentino imaginó siniestros métodos que superan todo lo conocido por la Alemania Hitler, acudiendo a publicaciones fantasmas en el extranjero”.
Los diarios argentinos y brasileños que difundieron la noticia de la muerte de los supuestos extremistas chilenos solo tuvieron una única edición, incluso, los familiares de las víctimas buscando verdad encontraron en las imprentas de esos países que no existía registro alguno de dichos medios de comunicación.
Por su parte el semanario nortemaricano “Times” señaló el 18 de agosto que “El terrorismo derechos de ambos lados de los Andes se confabuló en la desaparición de 119 ciudadanos chilenos” en su publicación extendida confirmaba que existia una relación directa de la DINA y la Triple AAA de argentina, organización parapolicial anticomunista de la ultraderecha Argentina. “ La DINA tiene una larga lista de nombres para los cuales necesita cadáveres y la AAA tiene cadáveres que necesitan nombres para Pinochet. Y aunque la noticia del montaje fue un escándalo mundial, en Chile no se difundió la noticia. Al contrario a pesar de las evidencias del montaje, El Mercurio y la Segunda, continuaron con la propaganda comunicacional con estos dos títulos
Uno de esos primeros hechos que destapó la verdad de la barbarie fueron las listas con los nombres de los supuestos terroristas, publicadas en medios chilenos e internacionales: estaban escritos con los mismos errores de ortografía que contenían los amparos presentados por sus familiares de los detenidos. Otro hecho fueron los testimonios de quienes sobrevivieron a los actos de tortura. Estas personas declararon ante el mundo que compartieron el secuestro con las víctimas.
Aunque en Chile no avanzó la justicia, la reacción internacional no se hizo esperar y en 1996 la Fundación Salvador Allende interpuso un requerimiento ante la Audiencia Nacional Española, con el fin de llevar a juicio a los responsables de estos delitos de lesa humanidad. Su principal cerebro, el general Augusto Pinochet, fue arrestado en Londres dos años más tarde a raíz de la decisión del juez Baltazar Garzón, quien recopiló las pruebas del caso de los 119 y empezó a desmoronar la impunidad absoluta que se había instalado en Chile.
En el siguiente capítulo: el testimonio de la hermana de uno de los 119 desaparecidos.
Especial 50 años del golpe militar contra Salvador Allende
