La JEP imputó crímenes de guerra a 28 altos oficiales por el asesinato de 604 civiles entre 2002 y 2008 en siete departamentos del Caribe colombiano. Se evidenció una macroestructura criminal dentro del Ejército, coordinación entre unidades, encubrimiento judicial y víctimas vulnerables. En el podcast En la RAYA con Cecilia Orozco, el magistrado Óscar Parra reveló detalles de esta decisión.
Por: Redacción Revista RAYA
El pasado 8 de abril, la JEP (Justicia Especial para la Paz) le imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a 28 altos oficiales retirados del Ejército, entre ellos, los generales: Hernán Giraldo Restrepo, Jorge Enrique Navarrete Jadeth y Raúl Antonio Rodríguez Arévalo, así como a siete coroneles, por haber sido los máximos responsables en la ejecución de estos ‘falsos positivos’. Hay más militares involucrados, aunque no en calidad de máximos responsables.
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La Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP concluyó que, de las 796 bajas reportadas por 19 unidades militares en la Costa Caribe entre 2002 y 2008, al menos 604 fueron ‘falsos positivos’. Los departamentos con más víctimas fueron: Cesar (193), La Guajira (173), Córdoba (76) y Sucre (75). Esta es la imputación más amplia que ha hecho la JEP en el macrocaso de ‘falsos positivos’, tanto por número de víctimas como por cobertura territorial. El 2007 fue el año con más ejecuciones extrajudiciales, con 257 víctimas.
En el podcast En la RAYA con Cecilia Orozco, el magistrado Óscar Parra reveló detalles escalofriantes del actuar ilegal del Ejército. Según Parra, la JEP determinó que hubo “una macroestructura criminal funcionando como red, enquistada en el Ejército, paralela al funcionamiento de la organización legal”, en la que no hubo unas manzanas podridas, sino nodos criminales que operaron en distintos departamentos con una misma planeación, ejecución, encubrimiento y un modus operandi común, aunque con variaciones.
El magistrado Óscar Parra junto a familiares de víctimas del Ejército. Créditos: JEP
El magistrado señaló que hubo una instrumentalización de la normativa sobre incentivos, recompensas e incluso de la política estatal de la época, que buscaba dar la apariencia de que se estaba ganando la guerra. “En medio de la política legal hubo una política asociada a los hechos consistentes en asesinatos”, mencionó Parra. Sólo el Batallón La Popa, en el Cesar, concentró el 22% de las ejecuciones extrajudiciales, con 135 víctimas.
Parra explicó que existió coordinación entre las 19 unidades militares investigadas, al punto de compartir a los llamados “reclutadores”, encargados de engañar a civiles para luego presentarlos como bajas en combate. “Algunas unidades les decían a otras: mire, tengo a esta persona, le puede servir para presentar las bajas”, relató el magistrado a Cecilia Orozco.
Uno de los hechos más impactantes revelados por Parra fue que el Gaula de Córdoba, a cargo del mayor Julio César Parga Rivas, en el año 2006 solo presentó bajas consistentes en asesinatos, todas ilegales. Lo más grave no es solo que una unidad del Ejército pasara todo un año ejecutando civiles, sino que el Gaula es un grupo antisecuestro, cuya función no es combatir grupos armados, y aun así terminó cometiendo más ‘falsos positivos’ que otras unidades encargadas de esas labores. Esto en palabras del magistrado, evidencia la instrumentalización del sistema para presentar resultados a través del crimen
Parra explicó que, durante el primer mandato del gobierno de Álvaro Uribe, las ejecuciones extrajudiciales en la Costa Caribe se llevaron a cabo en alianza entre integrantes del Ejército y grupos paramilitares. Esta afirmación concuerda con declaraciones del excomandante de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), Salvatore Mancuso, quien sostuvo durante el juicio contra Uribe por falsos testigos que la Seguridad Democrática tuvo éxito porque contó con el respaldo de los paramilitares. Sin embargo, una vez comenzó el proceso de desmovilización de las AUC, varios desmovilizados fueron asesinados por militares para hacerlos pasar como bajas en combate.
Entre las víctimas del Ejército hubo 26 menores de edad. Parra le contó a Cecilia Orozco que dos niñas, inicialmente reclutadas por la guerrilla, fueron capturadas por los paramilitares, entregadas al Ejército y posteriormente los militares las ejecutaron. “Pensaban que como las niñas tuvieron algún tipo de involucramiento con la insurgencia, era más fácil justificar su asesinato”, expresó Parra. Lo mismo ocurrió con guerrilleros que se entregaron para desmovilizarse. Aunque el Gobierno Uribe promovía propaganda para incentivar la desmovilización, varios de los que lo hicieron fueron asesinados en estado de indefensión por los militares.
Elibeth Vega fue una de las niñas ejecutadas por el Ejército que fue presentada como baja en combate. La JEP hizo la entrega digna de sus restos a la familia. Créditos: JEP
El magistrado subrayó que las víctimas del Ejército fueron personas en condición de vulnerabilidad: habitantes de calle, personas con discapacidad, desempleados o de escasos recursos. “No hay ninguna víctima de clase alta ni hijos de grandes ganaderos”, comentó. Además, señaló que toda esta macroestructura criminal funcionó porque hubo encubrimientos judiciales y que, de haberse realizado investigaciones a tiempo, la situación no habría llegado a ese punto.
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