Revista RAYA conversó con la saliente Viceministra del Interior para el Diálogo Social y próxima directora de la Unidad de Víctimas, Lilia Solano, sobre lo que cambió en este Gobierno frente a las demandas de las poblaciones históricamente marginadas. Dijo que se reemplazó la criminalización de la protesta por un diálogo social permanente.
Por: Redacción RAYA
El Presidente llega a la mitad de su mandato y anuncia un cambio estratégico en su gabinete ministerial. Este cambio busca enfocar la segunda mitad del mandato en la ejecución de las políticas públicas enmarcadas en su programa de gobierno.
Uno de los ministerios que experimenta cambios es el del Interior. Este ministerio ha estado a cargo de impulsar la compleja agenda legislativa del gobierno. Sin embargo, también tiene la responsabilidad de mantener el diálogo con las organizaciones sociales y comunitarias, especialmente en el contexto de las constantes movilizaciones sociales.
Revista Raya conversó con la saliente Viceministra del Interior para el Diálogo Social, Lilia Solano. La entrevista abordó los dos años de gestión de una de las carteras estratégicas del gabinete del presidente Gustavo Petro.
¿Cuál es el logro que destaca de la agenda legislativa liderada por el Ministerio ?
Las reformas propuestas por el gobierno han llevado a las transformaciones estructurales que el país necesita. La gestión legislativa ha representado un gran pulso entre los sectores históricamente en el poder y las expectativas de las comunidades y el pueblo reflejadas en estas reformas. Desde una perspectiva de poder constituyente, se ha avanzado significativamente al sacar estos debates cruciales del Congreso y convertirlos en temas de agenda pública diaria, lo que ha contribuido a una mayor cultura política en Colombia.
Usted ha estado en el Viceministerio del Interior para el Diálogo Social, la Igualdad y los Derechos Humanos desde el minuto cero del gobierno Petro. ¿Se alcanzó la expectativa de diálogo?
El triunfo del Presidente Petro fue recibido con amplia aceptación por diversos sectores de la nación. Las expectativas de cambio eran, y siguen siendo, altas, con el deseo de pasar rápidamente de un proyecto autoritario a un horizonte de convivencia basado en la justicia social y económica.
Desde el Viceministerio, impulsamos las líneas principales del cambio con las que el gobierno del Presidente Petro se comprometió, siguiendo tres ejes de acción: escucha activa, diálogo social y concertación. El diálogo es uno de los legados más importantes del Presidente, pero el desafío del Viceministerio es la concertación, que depende del cumplimiento de las entidades gubernamentales con las comunidades.
¿Con qué actores se ha dado este diálogo?
El mandato del Viceministerio incluyó la interlocución preferencial con los sectores históricamente marginados: poblaciones originarias, mujeres, campesinos, afrodescendientes, raizales, organizaciones de la diversidad sexual, esto es, aquellas comunidades, organizaciones y participantes que han sido invisibilizados a lo largo de toda la historia de construcción de nación en Colombia.
¿Qué retos conllevó realizar estas conversaciones?
El Gobierno Nacional entendía que el cambio debía surgir en un contexto marcado por la desconfianza de la sociedad hacia el Estado y el temor de las instancias estatales hacia las iniciativas populares.
Históricamente, las demandas ciudadanas han sido, en el mejor de los casos, ignoradas y, en el peor, reprimidas por la fuerza pública con niveles de violencia y brutalidad. Por ello, al Gobierno Nacional, a través del Viceministerio del Interior para el Diálogo Social, le correspondía crear un clima de confianza. Esta iniciativa, por sí sola, ya representa un cambio significativo.
¿Qué cambios se dieron en lo concerniente al diálogo social, la atención a las demandas de las movilizaciones, y en los temas de inclusión y DDHH a cargo suyo?
Con la llegada del Dr. Luis Fernando Velasco al Ministerio del Interior, se perfeccionaron las herramientas para un diálogo efectivo con la sociedad colombiana en su pluralidad, a través de los diálogos regionales y sectoriales, en las mesas y en los espacios de concertación; también se avanzó en los marcos legales que garantizan la efectividad de las conversaciones con las comunidades históricamente marginadas y se incluyeron las demandas ciudadanas que surgieron de las movilizaciones sociales.
¿Qué avances debería conocer la opinión pública respecto a este diálogo social?
Los avances en materia de diálogo y concertación se evidencian en las cifras reportadas en estos dos años. Permítanme subrayar lo siguiente:
1. Prioridad a los actores del diálogo social: Se dio importancia a los actores históricamente marginados, lo que nos llevó a incluir en las conversaciones a sectores constantes en sus demandas, como los transportadores, así como a sectores emergentes como organizaciones de mujeres, comunidades LGTBIQ+, y defensores del medio ambiente. También se abrieron espacios para incluir a sectores estratégicos tanto del Estado como del sector privado.
2. Creación de Mesas de Diálogo: Se establecieron espacios de escucha activa y concertación con voceros y voceras de los actores de diálogo mencionados. Estas Mesas de Diálogo se desarrollan en los territorios donde las organizaciones desempeñan un papel clave en la construcción de ciudadanía y la defensa de derechos, privilegiando los ámbitos locales y asegurando que el Estado se acerque a la ciudadanía.
Este efectivamente es un país socialmente convulso, y las demandas sociales no cesan a pesar del cambio de gobierno. ¿Cuáles fueron los contenidos de esas conversaciones, mesas de trabajo e interacciones que eran materia de concertación?
En el Viceministerio, entendemos la demanda de la ciudadanía como aquellas peticiones y reclamos dirigidos al Estado a través de voces representativas. La finalidad de estas demandas es buscar soluciones efectivas a situaciones percibidas como injustas, de acuerdo con el ordenamiento constitucional y los compromisos internacionales. Por ejemplo, la demanda por el cumplimiento de obligaciones y la atención a los derechos adquiridos.
Un Viceministerio enfocado en el diálogo social, la inclusión y los derechos humanos permite al Gobierno del Cambio apoyar a las ciudadanías que reclaman una mayor participación en la creación de una sociedad postconflicto y una sociedad para la vida y su disfrute. Esto significa que la demanda ciudadana no se limita a participar en los espacios ya instituidos en el ordenamiento democrático actual.
Por definición, los diálogos implican desafíos. ¿Cuáles son los principales desafíos que ha enfrentado el gobierno en el diálogo para superar los conflictos existentes?
El principal desafío radica en la complejidad de convertir las propuestas en acciones concretas, medibles y que respondan de manera oportuna a las necesidades y demandas urgentes de la ciudadanía.
A la desconfianza arraigada entre la ciudadanía y el Estado se suma una larga historia de exclusión que ha calado hondo, presentándose incluso como algo natural. Esta exclusión ha generado una cultura de desesperanza y desamparo, donde las personas no solo asumen que los peores escenarios son inevitables, sino que también se resignan a que sus iniciativas no tengan valor.
Después de esta experiencia, siempre desde el otro lado de la barrera, es decir, desde la exigencia con el movimiento social, ¿Cómo valoran la responsabilidad del Estado en este nuevo proceso de diálogo?
Desde las ciudadanías se ha visto que sus demandas siempre han sido satanizadas en el peor de los casos por parte del Estado, vilipendiadas por los formadores de opinión, o brutalmente reprimidas por las fuerzas del orden.
Ahora encuentran que desde la administración popular del Estado se adelantan esfuerzos para propiciar acercamientos con las ciudadanías, validar las demandas que se plantean y de manera conjunta buscar alternativas efectivas de solución. Allí donde la protesta ha alzado su tono, las ciudadanías descubren que la fuerza pública no es la primera presencia del Estado.
Esto significa que se han dado avances en la creación de un clima de confianza en las interacciones de las ciudadanías con el Estado.
¿En qué aspectos considera que este nuevo enfoque de diálogo representa un cambio significativo en comparación con gobiernos anteriores?
Lo que debería ser algo normal, no lo ha sido. En teoría, desde 1991, Colombia se define como un Estado social de derecho. Sin embargo, a pesar del carácter garante de la Constitución, el Estado ha actuado de espaldas al pueblo en su diversidad, profundizando incluso el carácter represivo de su fuerza pública. Las demandas ciudadanas eran silenciadas con represión y criminalizando el derecho a la protesta.
Así que lo novedoso es un Estado que dialoga. Si antes la protesta o la demanda ciudadana era reprimida a fuego y a sus voceros los desaparecían o encarcelaban, ahora las ciudadanías descubren que pueden sentarse a la mesa con el Estado y concertar.
Más allá de eso, el Viceministerio da cuenta de un diálogo que se fundamenta en la escucha atenta. Esto quiere decir que la demanda ciudadana es legítima. No es un acto de subversión. Las ciudadanas y los ciudadanos descubren que en el Gobierno del Cambio, las demandas son las vías de construcción de una sociedad incluyente con vocación de abrir horizontes de post conflicto. Son las ciudadanías las que le proponen la agenda al Estado. Y no puede ser de otra manera, pues en últimas la defensa, protección y desarrollo de los territorios está en las manos de quienes los habitan.
¿Qué satisfacciones le genera este proceso a pesar de los desafíos presentes?
Esta dificultad nos genera una gran satisfacción, ya que, si bien los grandes cambios no son inmediatos, se ha logrado crear un ambiente de diálogo, interacción, escucha activa y concertación, reemplazando la represión y criminalización de la protesta social y el legítimo derecho a la manifestación.
Persisten problemas de envergadura: la corrupción, la destrucción del medio ambiente, el incremento de la violencia asociada al narcotráfico, la precarización laboral y aquellos a los que el Gobierno Nacional les sigue apuntando con su insistencia en las reformas de importancia central.
El Presidente Petro le ha puesto la tarea al ministerio de asumir la conducción del proceso constituyente. ¿En qué sentido el Viceministerio juega un papel en esas dinámicas del poder constituyente?
Si hay necesidad de una instancia como el Viceministerio para el Diálogo Social es porque, a pesar del talante garantista de la Constitución del 91, el poder así constituido no ha tramitado las demandas ciudadanas a través del diálogo, la inclusión y la defensa de los derechos. Me apropio en este punto de las palabras del Presidente Petro cuando deplora que el poder constituido hace 33 años por obra y gracia del poder constituyente, se hubiera corrompido.
Un poder constituido corrompido y corrupto, nos instruye la Carta Magna de 1991, debe ser llamado a cuentas por el poder constituyente. Esto es por el pueblo en toda su pluralidad de ciudadanías. Asuntos de peso mayor como un ordenamiento territorial en torno a la defensa del agua y no como custodio de caudales electorales, un territorio como ámbito de encuentros para el diálogo y la concertación tal cual ha sido la experiencia de este Viceministerio, un territorio como escenario de una reforma agraria que impulse el acceso a la tierra en favor de los pequeños productores agrícolas, una legislación laboral que reconozca el trabajo como fuente de riqueza, una transición a fuentes de energía amigables con el medio ambiente, son todos ellos puntos de una agenda que demanda el ejercicio del poder constituyente por parte de la sociedad colombiana.
En ese escenario, el diálogo entra a jugar un papel de importancia crítica. Cabe resaltar que, tal como lo señaló el Presidente Petro en alguna ocasión, son dos los factores que ahora nos urgen a que impulsemos cambios sustanciales y que no figuraban en el debate público hace 33 años. Ellos son: la cuestión del medio ambiente y los Acuerdos de Paz cuya implementación es de cumplimiento obligatorio por parte del Estado. La incorporación de esos dos problemas a la agenda estatal hoy en día pasa por el debate público. Esto es, son asuntos impostergables del diálogo, mayormente, con las comunidades, organizaciones y ciudadanías históricamente marginadas.
En suma, lo que aún queda por hacer demanda la facilitación de una instancia como el Viceministerio del Diálogo Social, la Inclusión y los Derechos Humanos.
A usted le corresponde ahora asumir el liderazgo en la atención a las víctimas en Colombia, ¿Qué viene ahora? particularmente en un área en la que hay tanto rezagos históricos, que incluso comprometen déficit de ejecución en el actual gobierno.
La experiencia adquirida en el Viceministerio va a probar su valor incalculable por cuanto ya hay un terreno adelantado en materia de escucha activa, diálogo y concertación. Así, por ejemplo, el enfoque territorial por la que la Unidad para la Atención a las Víctimas orienta sus acciones, es también un rasgo innegociable en el diálogo que adelanta el Viceministerio. Hay ya un conocimiento del terreno que me aporta unos saberes de importancia crucial.
Buena parte de las demandas de las ciudadanías que atendimos desde el Viceministerio están directamente relacionadas al conflicto armado que nos sigue ensombreciendo. No quiero decir con esto que las particularidades específicas de las víctimas se resuelvan en las grandes movilizaciones desde sus territorios, sino que hay una consonancia en estas voces que hacen de sus demandas propuestas de transformación.
Este breve repaso de la agenda que pudimos desarrollar en estos dos años da cuenta y las responsabilidades que me apresto a asumir me permiten reflexionar sobre las preocupaciones que son centrales en mi propio ejercicio profesional. Mi compromiso con la transformación social en la que se ha empeñado el Gobierno del Cambio no se circunscribe a las funciones que desarrollé como Viceministra del Diálogo Social, ni a los desafíos de la atención a las víctimas. Se trata de una agenda con la que he estado comprometida desde mis años estudiantiles y por la que seguiré luchando.
