La UPC (Unidad de Pago Por Capitación) es la manifestación de un modelo de salud que prioriza la lógica de mercado en el sistema de salud colombiano, mientras las EPS desvían recursos y limitan el acceso a servicios. Casos de corrupción y financiamiento político evidencian la captura del sector por intereses privados, poniendo en riesgo la atención médica.
Por: Jennifer Cardona Malaver
Análisis Especial para RAYA
El sistema de salud colombiano enfrenta una situación financiera que pone en entredicho su sostenibilidad y equidad. El reciente incremento del 5,36 % en la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2025, anunciado por el Ministerio de Salud y Protección Social, ha sido ampliamente criticado por diversos actores del sector, quienes consideran insuficiente dicho ajuste para cubrir los costos reales de la atención en salud (Asprilla, T., 2025). Este ajuste, que sitúa la UPC anual en $1.521.489 para el régimen contributivo (Rodriguez, D., 2025), resulta insuficiente frente al aumento del 16,4 % que estudios previos estimaban necesario para garantizar una prestación adecuada de los servicios de salud (AFIDRO, 2025).
La UPC se calcula a partir de un modelo actuarial que incorpora variables como el perfil epidemiológico de la población, los costos de atención y la inflación en salud. Sin embargo, este método se basa en la optimización de costos y la contención del gasto, lo que privilegia el equilibrio financiero del sistema por encima de las necesidades reales de la población. El problema radica en que el modelo de financiación está diseñado bajo unas lógicas de competencia y no de garantía de derechos, lo que lleva a una subestimación del gasto en salud y a recortes en la prestación de servicios esenciales.
La implementación de la UPC en Colombia responde a la lógica de aseguramiento impuesta con la Ley 100 de 1993, que introdujo el modelo de competencia regulada en salud. Desde entonces, los recursos para la atención sanitaria han sido administrados por las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las cuales reciben un monto per cápita definido anualmente por el Estado. La aparente crisis del sistema radica en que las EPS han utilizado estos recursos para fortalecer su rentabilidad, generando barreras de acceso, restricciones en la autorización de tratamientos y acumulación de deudas con hospitales y clínicas.
En los últimos años, la insuficiencia de la UPC ha sido un tema recurrente, con mesas técnicas y ajustes anuales que no logran resolver la desfinanciación crónica del sistema. Sin embargo, este debate omite un problema fundamental: la intermediación financiera de las EPS ha desviado recursos de la atención en salud hacia otros intereses, afectando gravemente la cobertura y calidad de los servicios. Entre los principales actores señalados en estos desvíos se encuentran EPS como Coosalud, que ha sido acusada de utilizar fondos públicos para pagar un préstamo privado de 226.000 millones de pesos mediante una empresa en las Islas Caimán. La Superintendencia de Salud denunció que estos recursos fueron utilizados como garantía para un préstamo a una empresa vinculada a Coosalud, lo que evidencia un uso indebido de fondos públicos en beneficio privado (El País, 2024). Asimismo, se han identificado prácticas corruptas en EPS intervenidas como Emssanar, Asmet Salud y SOS, las cuales direccionaron contratos hacia Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) específicas, dejando sin recursos a otras entidades. Estas acciones han permitido el favorecimiento de ciertos prestadores en detrimento de la atención integral en salud. Además, se ha denunciado la participación de intermediarios y lobbistas como Mario Andrés Urán, quien ha sido señalado por liderar una red que intermedió pagos y contratos en favor de ciertas IPS en colaboración con funcionarios de las EPS mencionadas (El Colombiano, 2024).
Adicionalmente, se han documentado casos en los que congresistas colombianos recibieron financiamiento de EPS y actores del sector salud para sus campañas políticas. Por ejemplo, el grupo empresarial Keralty, propietario de Colsanitas, Sanitas y Medisanitas, aportó 35 millones de pesos al partido Centro Democrático, al que pertenecen los congresistas Alirio Barrera y Honorio Henríquez. Además, Keralty donó 15 millones de pesos al Partido de la U, 10 millones al Partido Liberal y 10 millones al Partido ASI. Silvia Escobar, directiva de la EPS Sanitas, también contribuyó con cuatro millones de pesos al Partido Verde, al cual pertenecen las congresistas Katherine Miranda y Catherine Juvinao. Estos aportes han generado debates sobre posibles conflictos de interés, especialmente cuando algunos de estos congresistas han manifestado su oposición a reformas del sistema de salud que podrían afectar a las EPS (Colombia informa, 2024).
El sistema de salud se ha convertido en un espacio de acumulación de capital, donde las decisiones financieras priman sobre las necesidades sanitarias de la sociedad (Hernández, M., 2019). Las EPS, al operar bajo lógicas de mercado, priorizan la rentabilidad económica, lo que conlleva la desviación de recursos destinados a la atención médica hacia fines lucrativos. Esta dinámica se ve exacerbada por la integración vertical, donde las EPS controlan tanto la intermediación financiera como la prestación de servicios, generando conflictos de interés que afectan la calidad y accesibilidad de la atención. Además, la asignación de recursos, la regulación de precios de medicamentos y la definición de políticas públicas suelen estar mediadas por lobbies empresariales que buscan maximizar sus ganancias, incluso a costa del deterioro de la salud pública. Este fenómeno refleja una captura del Estado por parte de actores privados, donde las políticas de salud se han diseñado más para satisfacer intereses corporativos que para garantizar el derecho fundamental a la salud, y como se ha visto durante todos los gobiernos anteriores.
La crisis actual es, en gran medida, resultado de estas dinámicas. La insuficiencia en el ajuste de la UPC no es solo una cuestión técnica o de cálculo financiero; es una manifestación de un modelo que prioriza la lógica del mercado frente a las necesidades de la población. Mientras las EPS y otros actores privados continúan obteniendo beneficios económicos, hospitales públicos y pacientes enfrentan carencias y limitaciones que ponen en riesgo vidas humanas. A pesar de los intentos por corregir los desajustes de la UPC mediante mesas técnicas y ajustes anuales, la realidad es que ninguna reforma actuarial resolverá el problema estructural del sistema de salud. Mientras la financiación de la salud siga respondiendo a lógicas de mercado y a los intereses del capital financiero, el acceso efectivo a los servicios de salud continuará en cuestión.
Además, el modelo de sostenibilidad fiscal impuesto por organismos internacionales ha llevado a la financiarización del sistema de salud, donde los recursos se conciben como activos de inversión y no como garantía de derechos. Esta dinámica refuerza la hegemonía del capital en el sector salud, perpetuando las desigualdades en el acceso a los servicios y beneficiando a actores privados en detrimento de la población.
Es imperativo replantear estructuralmente el modelo de financiación y gestión del sistema de salud colombiano. Se requiere una transformación que coloque la salud y la vida en el centro de las políticas públicas, reconociendo la salud como un bien común y un derecho humano fundamental, inseparable de la relación sociedad-naturaleza. Esto implica desmercantilizar la salud, fortaleciendo el papel del Estado en la provisión y regulación de los servicios, y garantizando una participación activa de la comunidad en la toma de decisiones, el fortalecimiento de la red pública hospitalaria y la eliminación de la lógica de aseguramiento que ha convertido la salud en un negocio. Como señala Torres-Tovar M., (2021), es necesario "avanzar hacia un sistema de salud que supere la fragmentación y mercantilización actuales, y que se base en la solidaridad, la universalidad y la equidad". Este enfoque demanda una ruptura con las lógicas neoliberales que han permeado el sector, promoviendo en su lugar políticas que reconozcan la interdependencia entre la salud, la justicia social, ambiental y económica.
Referencias
AFIDRO (2025, enero 2). El ajuste del 5,36% a la UPC no tiene en cuenta las necesidades de salud de los colombianos en el año 2025. Recuperado de https://afidro.org/2025/01/02/el-ajuste-del-536-a-la-upc-no-tiene-en-cuenta-las-necesidades-de-salud-de-los-colombianos-en-el-ano-2025-afidro/
Asprilla, T. (2025, enero 13). Minsalud responde a críticas por el aumento de la UPC en el 2025. Recuperado de https://consultorsalud.com/minsalud-responde-criticas-aumento-upc-2025/
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Rodriguez, D. (2025, enero 2). Aumento insuficiente de la UPC 2025: Riesgos para el sistema de salud colombiano. Recuperado de https://www.portafolio.co/economia/gobierno/aumento-insuficiente-de-la-upc-2025-riesgos-para-el-sistema-de-salud-colombiano-621724
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Torres-Tovar, M. (2021). Transformación del Sistema de Salud va más allá de eliminar o no las EPS. Periódico UNAL. Recuperado de https://periodico.unal.edu.co/articulos/transformacion-del-sistema-de-salud-va-mas-alla-de-eliminar-o-no-las-eps
