Gilberto Javier Guerrero le confirmó a la revista RAYA que su nombre está siendo evaluado por la Fiscal General Luz Adriana Camargo para ocupar el cargo de Vicefiscal. Guerrero es un fiscal del Tribunal de Cali que en 2015 pidió la absolución de Raimundo Tello, el jefe jurídico del condenado exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, y reconocido abogado del parapolítico Juan Carlos Martínez Sinisterra. Se afirma que Guerrero es cercano a la fiscal Martha Mancera y a los señalados narcofiscales de Cali.
Por: Unidad Investigativa Revista RAYA
No transcurrieron 24 horas, luego de que la Corte Suprema de Justicia eligiera a la abogada Luz Adriana Camargo como nueva Fiscal General de la Nación, y desde la noche del martes 12 de marzo empezó a sonar quién sería su Vicefiscal. Se trata de Gilberto Javier Guerrero Díaz, un jurista nariñense que se desempeñó como director de Fiscalías en Cali y quien actualmente ejerce como Fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Cali, mencionado en las últimas horas por varios medios de comunicación: “Gilberto Guerrero, director seccional de Fiscalías, será el próximo vicefiscal”, tituló la FM Radio. “Gilberto Guerrero sería el próximo vicefiscal General de la Nación en reemplazo de Martha Mancera”, aseguró el diario El Colombiano de Medellín.
Aunque esta designación no ha sido confirmada por la fiscal electa Camargo, lo que parecía rumor en la noche del martes fue tomando cuerpo en el transcurso de este miércoles 13 de marzo, incluso, el mismo Guerrero le dijo a la revista RAYA que “esa es una posibilidad que está evaluando la fiscal Camargo. Finalmente el asunto lo define ella”, afirmó. Sin embargo, lo que se oculta en medio del reiterado anuncio es el pasado del fiscal Gilberto Guerrero. RAYA conoció una sentencia del Juzgado Noveno Penal del Circuito de Cali, en la que queda claro cómo Guerrero solicitó la absolución del abogado de parapolíticos, narcos y narcofiscales, Raimundo Tello. Una petición que el juzgado acogió luego de que el fiscal argumentara que Tello, como jefe jurídico del condenado exgobernador del Valle, Juan Carlos Abadía, no tuvo que ver en los actos de corrupción en los que se robaron más de 800 millones de pesos de la educación de ese departamento.
A pesar de la extraña absolución a Raimundo Tello, la trama de corrupción resultó probada ante los tribunales y también en la Corte Suprema de Justicia, pues por esos hechos fueron procesados y condenados los contratistas José Antonio Rodríguez Molina, Luz Piedad Hurtado Cardona, el antiguo secretario de educación del Valle Eiber Gustavo Navarro, así como el exgobernador Juan Carlos Abadía. El absuelto abogado Tello es muy cercano a la Fiscalía en el Valle del Cauca, especialmente a los señalados narcofiscales amigos de la Fiscal encargada Martha Mancera, Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto, y al propio Orlando Echeverry, actual magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Cali, con quienes aparece tomando whisky y celebrando sus cumpleaños en sendas fotos que revela RAYA.
Rodeando a Raimundo Tello en el centro de la foto (círculo rojo), de izquierda a derecha: Angela Londoño (fiscal especializada de extinción de dominio actualmente Procuradora Judicial); Pedro Santiago (actual fiscal del Gaula Militar en el Valle); Flor Mirian Nieto (Jueza 4ta especializada de Cali, pensionada); Iván Aguirre (fiscal 20 especializado de Cali y señalado narcofiscal); William Muriel (juez de garantías en Yumbo Valle); Javier Lennis (juez 15 penal del circuito); Raimundo Tello (abogado de narcos y parapolíticos); Martha Coral (fiscal seccional en Cali pensionada); Fredy Velásquez (fue juez 15 penal del circuito y actualmente es juez cuarto especializado); Ana Victoria Nieto (actualmente fiscal especializada de la estructura de Apoyo de la seccional de Cali, señalada narcofiscal).
La sospechosa absolución de Raimundo Tello
El caso se remonta a comienzos de 2010 cuando desde la Gobernación del Valle el hoy condenado Juan Carlos Abadía direccionó un contrato a la Fundación Calimío para dotar bibliotecas de 40 colegios en el departamento por más de mil millones de pesos, todo ello a través de una contratación amañada en la que participaron tres empresas de papel que buscaban favorecer en realidad a José Antonio Rodríguez Molina y a su esposa Luz Piedad Hurtado Cardona, quienes se apropiaron de más de 800 millones de pesos de la época pagados por la Gobernación.
Por este caso, la Fiscalía acusó a los funcionarios y contratistas de los delitos de prevaricato por acción, falsedad en documento público y celebración indebida de contratos. También fue acusado Raimundo Tello, mano derecha de Abadía y secretario jurídico de la Gobernación. En la misma sentencia que lo absolvió consta que Tello sí tuvo que ver en los hechos, pues se lee textualmente que:
“El 29 de enero de 2010 la documentación pasó al secretario jurídico de la gobernación, Raimundo Antonio Tello Benítez, para que emitiera concepto sobre la viabilidad de dicho convenio y ese mismo día el secretario jurídico [emitió el concepto] jurídico favorable SJ522, autorizando de esta forma la celebración del contrato entre la Gobernación del Valle del Cauca con la Fundación Calimío”.
No obstante, y a pesar de la evidente responsabilidad de Tello al aprobar un contrato que a todas luces era ilegal, el anunciado próximo vicefiscal, Gilberto Javier Guerrero, quien para la época también era el fiscal 10 delegado ante el Tribunal Superior de Cali, solicitó en sus alegatos finales que se absolviera a Raimundo Tello, eximiéndolo de toda responsabilidad en los hechos por los cuales la misma Fiscalía lo había acusado.
El juez del caso acogió esta solicitud amparado en varias jurisprudencias que indican que la Fiscalía es la dueña de la acción penal y agregó que un juez no puede condenar si la Fiscalía pide absolución aún cuando previamente Tello ya había sido imputado y acusado por la misma Fiscalía por los delitos de prevaricato por acción, falsedad en documento público y celebración indebida de contratos.
El argumento con el que Raimundo Tello se defendió en ese proceso consistió en asegurar que la responsabilidad de él como secretario jurídico desaparecía al momento de la ejecución del contrato, donde según él se cometieron las irregularidades. Sin embargo, fue él como secretario jurídico quien le dio el visto bueno a la modalidad de contratación directa cuando lo que se debió realizar fue una licitación pública, según lo confirmó el juez en la sentencia en la que sí terminaron condenados los otros funcionarios, menos él.
Lo curioso es que el año pasado la Fiscalía 9 delegada ante la Corte Suprema de Justicia intentó con este precedente que se declarara inocente de los cargos al corrupto exgobernador Juan Carlos Abadía, pues como reza en la sentencia que hace dos semanas la Corte profirió contra él por estos mismos hechos, la Fiscalía “solicitó la absolución perentoria y/o se absolviera al acusado [el exgobernador Abadía] de los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación”.
Aunque la Fiscalía “prometió probar la responsabilidad del aforado [Juan Carlos Abadía] en los hechos que [...] le atribuyó en la audiencia de formulación de acusación”, lo paradójico es que ante la Corte Suprema la Fiscalía le endilgó la responsabilidad de la contratación ilegal al jurídico Tello, quien ya había sido absuelto en Cali. “Lo declarado por Raimundo Tello, permite establecer que cada dependencia de la gobernación en materia de contratación adelantaba la etapa precontractual y que él en su condición de secretario de la oficina jurídica, era el encargado de verificar la normatividad aplicable a la modalidad de contratación seleccionada, lo cual exime a Abadía Campo de cualquier compromiso penal”, dijo la Fiscalía.
Al final, la Corte se apartó de este criterio y encontró suficientes pruebas que demostraron la responsabilidad del exgobernador Juan Carlos Abadía Campo en esta trama de corrupción con la que se robaron más de 800 millones de pesos de recursos de la educación en 2010. Abadía fue condenado a 21 años de prisión por estos hechos en febrero pasado.
No obstante, no deja de ser llamativo que haya sido la Fiscalía, que en teoría es el ente que debe investigar y demostrar la culpabilidad de los criminales, la misma entidad que haya solicitado la absolución para ambos funcionarios.
El círculo de mafia y poder donde se mueve Raimundo Tello
Raimundo Tello (abogado de narcos y parapolíticos del Valle); Iván Aguirre (fiscal 20 especializado de Cali y señalado narcofiscal); Javier Lennis (juez 15 penal del circuito) y Orlando Echeverry (magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Cali).
Raimundo Antonio Tello Benítez es un viejo conocido de los estrados judiciales, sentado en todos los banquillos posibles, pues ha sido juez, fiscal delegado ante la Corte Suprema durante la administración del fiscal general Mario Iguarán, abogado defensor de narcos, parapolíticos y narcofiscales y, como ya dijimos antes, señalado en grandes escándalos de corrupción. Actualmente Tello cumple una sanción de inhabilidad para ejercer cargos públicos por 11 años, impuesta por la Procuraduría General de la Nación, por otro caso similar de corrupción en el que también fue condenado el exgobernador Juan Carlos Abadía.
Tello es oriundo de Buenaventura, trabajó primero como juez y fiscal delegado ante el tribunal superior del Valle y luego ante la Corte Suprema de Justicia, hasta que salió de la Fiscalía por un bochornoso episodio suscitado tras la posesión de Alicia Ledesma como Directora Nacional de Fiscalías el 26 de septiembre de 2006. Eso ocurrió cuando Raimundo Tello invitó a esa ceremonia de posesión a su amigo el abogado Hernán Darío Escobar, conocido como “El hombre de blanco”, un penalista caleño famoso por haber representado a narcotraficantes del Cartel de Cali, incluso, señalado por el narco Víctor Patiño Fómeque de ser su testaferro. Además, Hernán Darío Escobar estuvo relacionado con el capo Hernando Gómez Bustamante, alias “Rasguño”, de quien habría recibido cheques y pagos.
Escobar fue asesinado por sicarios en Cali en una aparente venganza mafiosa en junio de 2011, no obstante, su hijo Carlos Hernán ha hecho carrera en la rama judicial moviéndose en el mismo círculo de poder de su padre. De hecho, Carlos Hernán Escobar está casado con una hija del narcofiscal Iván Aguirre, y además funge como defensor de aquel en el proceso que afronta por presuntamente haber recibido millonarios sobornos de narcos y criminales para entorpecer y desviar investigaciones en la Fiscalía. Por estos hechos ya probados hay una condena en firme contra el también exfiscal caleño Jorge Iván Ríos.
En el juicio contra su suegro Iván Aguirre, Carlos Hernán Escobar comparte el banquillo de la defensa con quien fuera amigo de su padre, Raimundo Tello, quien también es abogado de Ana Victoria Nieto, la otra fiscal señalada de aliarse con Aguirre para favorecer a narcotraficantes. Tanto Ana Victoria Nieto como Iván Aguirre han sido amigos muy cercanos de Raimundo Tello así como de la hoy fiscal encargada Martha Mancera, con quienes aparecen en decenas de fotografías compartiendo cenas, fiestas, paseos y whisky.
Martha Mancera nunca ha negado su cercanía con ellos, ni con Raimundo Tello, pero se ha deslindado de los señalamientos que la acusan de haberlos favorecido una vez alcanzó el inmenso poder que le confería ser la vicefiscal general de la Nación desde el año 2020.
Raimundo Tello no ha ocultado la enorme cercanía que sostiene con el señalado narcofiscal Iván Aguirre, acusado por la misma Fiscalía de recibir sobornos ya probados de narcotraficantes del Valle del Cauca como alias “Mueble Fino”.
Pero los vasos comunicantes de Raimundo Tello con el poder judicial y político en el Valle del Cauca van más allá de su influencia en la Fiscalía y su conocida relación con narcotraficantes y abogados de la mafia como Hernan Darío Escobar. Tello fue escudero del hoy condenado exgobernador Juan Carlos Abadía y de su padre el excongresista liberal Carlos Herney Abadía, también condenado por recibir dineros del Cartel de Cali durante el famoso proceso 8.000.
La cercanía de Raimundo Tello con la casa Abadía era tanta que cuando Juan Carlos Abadía estuvo al frente de la gobernación del Valle delegó como gobernador encargado a Raimundo Tello en cinco oportunidades. Tello era su secretario jurídico y supervisaba buena parte de los irregulares contratos por los cuales Abadía fue investigado, juzgado y ahora recientemente condenado por la Corte Suprema de Justicia.
Cuando el exgobernador Abadía fue destituido por la Procuraduría en 2010 por la corrupción que cometió durante su administración, Raimundo Tello quedó como gobernador encargado del Valle del Cauca. En ese entonces se conoció que había ingresado en 16 oportunidades al pabellón sur de La Picota para visitar al también corrupto excongresista Juan Carlos Martínez Sinisterra, condenado por parapolítica, quien además era muy cercano al clan Abadía y a Tello.
Iván Aguirre, fiscal 20 especializado de Cali y señalado narcofiscal, junto a Orlando Echeverry, magistrado de la sala penal del Tribunal Superior de Cali.
De izquierda a derecha: Javier Lennis (juez 15 penal del circuito); Pedro Santiago (actual fiscal del Gaula Militar en el Valle); Flor Mirian Nieto (Jueza 4ta especializada de Cali pensionada); Iván Aguirre (fiscal 20 especializado de Cali y señalado narcofiscal) y Martha Janeth Mancera (actual fiscal general encargada de la Nación y señalada de proteger narcofiscales y a alias “Pacho Malo” en Buenaventura).
De llegarse a concretar su designación como vicefiscal general, Gildardo Guerrero tendría en principio los superpoderes que le confirió a ese despacho la actual fiscal encargada Martha Janeth Mancera, quien, como lo reveló esta revista el pasado lunes 11 de marzo, expidió y firmó nueve resoluciones de manera exprés para reestructurar la Fiscalía y en particular el Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía (CTI), confiriendo poderes especiales para coordinar y acceder a información estratégica al vicefiscal.
Frente a cuál era su relación con el abogado Raimundo Tello y por qué pidió su absolución, el fiscal Guerrero respondió evadiendo la pregunta y de una vez respondió sobre su relación con la fiscal Martha Mancera: “Los conocí en Cali a ambos a mi llegada en el 2010 sin tener ningún vínculo distinto al de ser colegas y trabajar en el medio. No soy amigo de ellos, el trato ha sido estrictamente profesional. En relación con el caso aquel hubo condenas para los responsables en decisiones tomadas por los jueces que llegaron hasta la Corte Suprema”.
Aunque dijo que nunca fue fiscal del caso del ex gobernador Abadía, “no tenía yo competencia para investigarlo”, no se refirió al caso de Raimundo Tello en el que sí fue fiscal y en el que sí pidió la absolución del acusado en un juzgado de Cali.
Ahora la decisión de si lo designa o no como vicefiscal general de la Nación, está en manos de la fiscal electa Luz Adriana Camargo. Al igual que está en su decisión mantener o derogar las resoluciones que le confirieron poderes especiales a ese despacho.
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