La reforma a la salud del Gobierno no logró salvarse en el legislativo y el sistema sigue en cuidados intensivos. El lobby de las EPS en el Congreso y sus financiaciones a partidos políticos son la punta del iceberg de un modelo que tiene fallas estructurales desde hace décadas y que tiene como centro el negocio por encima de la salud como derecho fundamental.
Por: Fabiola León Posada
El proyecto de reforma al sistema de salud colombiano recorrió un camino largo y complejo desde que inició el proceso legislativo en la Cámara de Representantes en 2023 hasta su reciente hundimiento en el Senado el pasado 3 de abril. El recorrido estuvo marcado por la desinformación, el nulo debate, el lobby de las EPS, las dilaciones de la oposición y los intentos de concertación.
Durante su paso por la Cámara de Representantes, el Gobierno intentó, fallidamente, encontrar puntos en común con los opositores y se conformó una Comisión Accidental integrada por representantes de diversas colectividades políticas, a excepción de Cambio Radical y Centro Democrático que tenían el plan de hundir el proyecto desde su nacimiento. Un as bajo la manga que se jugaron a fondo en las últimas semanas para darle la estocada final al proyecto de reforma que pretendía, básicamente, quitarle la administración de los recursos públicos de la salud a las empresas privadas llamadas EPS, pues de sus manos se han embolatado más de 12 billones de pesos.
La propuesta que le hizo el Gobierno al Congreso fue concentrar mayores recursos y esfuerzos también en la salud preventiva, predictiva y resolutiva, buscando abordar los determinantes sociales y biológicos de la enfermedad, así como la atención oportuna y efectiva de los pacientes. Su origen se remonta a la campaña del presidente Gustavo Petro, que prometió reformar y democratizar la salud, pero también tiene su génesis en el trabajo que desde hace años vienen realizando organizaciones y movimientos sociales que abogaban por un sistema de salud más justo y eficiente que vea la salud como un derecho humano.
La crisis del sistema de salud colombiano se ha hecho más evidente; la viabilidad futura de la atención a los usuarios está en peligro y existe un manejo cuestionable de los fondos públicos destinados al sistema. En este contexto, las intervenciones a las EPS realizadas por la Superintendencia de Salud el pasado 4 de abril son una respuesta a la crítica situación que estas mismas empresas han reconocido.
Los dineros de las EPS en el Congreso
La cooptación del Congreso por parte del sector salud es un problema que amenaza la transparencia e integridad del sistema electoral y del sistema de salud colombiano. Un ejemplo de esta cooptación es el caso del senador del Centro Democrático Josué Alirio Barrera Rodríguez, quien hizo parte del “paseo de la muerte” de la reforma a la salud, pero, quien también recibió 130 millones de pesos de empresas o personas del sector de las EPS para financiar su campaña al Senado el año pasado, un monto nada despreciable pues representó el 48.4% de las donaciones.
Esta situación no es aislada. Cuando se dio el debate en Cámara de Representantes al menos 72 congresistas se declararon impedidos para participar en la discusión por tener vínculos con el sector salud: 16 fueron financiados por EPS, 10 son propietarios de IPS, 9 tienen familiares que trabajan en el sector y 37 tienen familiares que desarrollan actividades económicas en el sector.
Esta cooptación se traduce en una influencia indebida del sector privado en las decisiones públicas relacionadas con la salud. Las decisiones sobre políticas públicas se toman en función de los intereses privados del sector, en lugar de propender porque sea un derecho general de todos los colombianos en cualquier rincón de la geografía nacional. Las denuncias recientes de financiación de campañas políticas por parte de empresas del sector salud son una prueba más de esta cooptación. Los congresistas Wilson Arias y Alfredo Mondragón denunciaron que al menos siete partidos políticos recibieron más de dos mil millones de pesos para sus campañas de empresas como Keralty SAS, Tecnoquímicas S.A, Seguros Comerciales Bolívar S.A, CI Procaps SA y Banco Davivienda S.A.
Las EPS: entre la falta de transparencia y la intervención de la Supersalud
Cerca de 90 billones de pesos se entregarán a las EPS que operan en Colombia, a pesar de que no existen auditorías sobre estos recursos, reveló un informe reciente de la Contraloría General de la Nación. Esta falta de transparencia ha generado un ambiente propicio para la corrupción y el desvío de fondos, como lo ha evidenciado el "Proyecto Ciudadano ¿Dónde está la plata?" y la Comisión de Seguimiento de la Sentencia T-760 de 2008, al encontrar un presunto faltante de cerca de 12 billones de pesos en las EPS.
Cuatro EPS (Sanitas, Compensar, Nueva EPS y Salud Total) acumulan una pérdida de 11,8 billones de pesos entre 2020 y 2023. Estos recursos no se han invertido en reservas técnicas ni se han destinado a pagos de clínicas, hospitales y proveedores, lo que genera incertidumbre sobre su destino. La Federación Médica Colombiana (FMC) denunció que algunas EPS han extraído grandes sumas de estas reservas sin invertirlas adecuadamente, incluso, han realizado anticipos no reportados, posiblemente a las propias clínicas de las EPS, lo que aumenta la preocupación sobre el destino de los fondos públicos.
Vicente Calvo, uno de los voceros de Proyecto Ciudadano, dice que lo inaudito está en que desde el 2014 el sistema de salud permitió respaldar activos de una aseguradora, como lo son las EPS, con intangibles por más de un billón de pesos. Frente a este hecho, ni los entes de control ni el ente regulador de la salud actuaron.
Además, la FMC encontró información importante sobre la integración vertical de las EPS con sus propias IPS (clínicas y centros especializados). De las 4.697 IPS que reportaron a la Superintendencia de Salud, solo 309 concentran el 76% del gasto público anual en salud, es decir, 65 billones de pesos de un total de 85,5 billones.
Un hallazgo importante, pues se trata de la famosa integración vertical de las EPS con sus clínicas a las cuales les pagan mucho más rápido que a los hospitales públicos. Por ejemplo, la EPS Sanitas paga a la Clínica Colsanitas (propia) en menos de un mes después de recibir la factura. Sin embargo, demora hasta cuatro meses en pagar a los hospitales públicos con recursos de la UPC (Unidad de Pago por Capitación), denunció la Federación Médica.
Este comportamiento se observa también en otras EPS con integración vertical. Por ejemplo, Virrey Solís IPS SAS (parte de la EPS Salud Total) y Servicios de Salud IPS Suramericana SAS (integrada a la EPS Sura) también pagan más rápido a sus IPS propias que a los hospitales públicos.
Además de las irregularidades en la integración vertical del sistema de salud, también la organización denunció anomalías en el cálculo de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), el valor que las EPS reciben mensualmente por cada afiliado para garantizar su atención en salud. Denunciaron que hubo un aumento significativo en la demanda y el costo de medicamentos en el país. Por ejemplo, la insulina glargina experimentó un aumento casi cuádruple en su necesidad entre 2019 y 2021, generando un impacto adicional en el gasto en salud de 173.000 millones de pesos. El costo unitario del losartán también aumentó considerablemente en el mismo período. La FMC advirtió que debe investigarse si es un posible caso de sobrefacturación o un aumento desmedido en el uso de medicamentos genéricos, porque hasta el momento las EPS no brindan una justificación clara.
“El resultado final puede derivar que al sistema le han exprimido con otros fines posiblemente más de 50 billones de pesos a valores actuales, un equivalente a más de US$ 10.000 millones. Un golpe brutal al patrimonio público, y quien sabe si una de las mayores estafas conocidas a nivel mundial cuando se relaciona con el PIB del país”, declaró Calvo en Consultorsalud.
En este contexto, la Superintendencia de Salud intervino algunas EPS como medida cautelar temporal por un período de un año. Durante este tiempo, la Superintendencia asume el control de la administración de la clínica y sus activos con el objetivo de corregir problemas específicos que están afectando su funcionamiento, como la falta de pago a los prestadores de servicios médicos. La medida busca proteger a los usuarios de la clínica, ya que la falta de pago a los proveedores de servicios médicos puede afectar su acceso a servicios de salud y medicamentos.
Según el presidente de Sindistritales, Fabio Melo, las EPS están siendo "marchitadas" por "agentes internos", lo que ha llevado a la liquidación de 135 en la historia reciente. Esta situación deja a los acreedores en pérdida, ya que nadie asume las deudas que dejan las EPS liquidadas, explica. Respecto a la situación de Compensar, Melo analiza que esto puede obedecer a las investigaciones de los dos últimos superintendentes, así como a las dificultades que enfrentaba Compensar con su Plan Complementario que no cumplía con los estándares y era financiado en parte con fondos del gobierno. Por último el presidente sindical destaca la importancia de evitar el pánico entre la ciudadanía, recordando que las EPS no atienden a los pacientes; son las IPS, clínicas y hospitales los que brindan el servicio. Esta claridad, dice, evita la incertidumbre sobre dónde recibir atención médica.
Entre el mercantilismo de la salud o el goce del derecho a la salud
El sistema de salud colombiano se encuentra en una encrucijada: entre el mercantilismo de la salud y el goce del derecho a la salud. La presidenta de la Federación Médica Colombiana (FMC), Ana María Soleib, denuncia que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) priorizan la rentabilidad sobre el bienestar de la población, enfocándose en el tratamiento de enfermedades graves en lugar de la prevención.
Esta visión cortoplacista genera un sistema "morbicéntrico", donde las EPS prefieren atender pacientes con enfermedades crónicas que requieren tratamientos costosos, ignorando las ganancias a mediano y largo plazo que ofrece un modelo preventivo.
¿Por qué la prevención no es atractiva para las EPS? Según Soleib, la atención primaria en salud (APS) no se considera rentable a corto plazo. Esto genera un enfoque desmedido en las enfermedades, dejando de lado la promoción de la salud y la prevención de enfermedades crónicas, lo que a largo plazo, sería más beneficioso para el sistema y la población.
Esta visión mercantilista ignora las ganancias a mediano y largo plazo que ofrece un modelo preventivo, como lo mencionó el gerente del hospital San Vicente de Paul, de Filandia, Quindío, donde tuvo lugar el proyecto piloto de la reforma denominado “Tu programa preventivo de salud territorial”: “A las EPS no les interesa la APS, porque dicen que no es rentable a corto plazo. Su modelo morbicèntrico. Olvidan que las ganancias que arroja un modelo de atención primaria en salud se dan a mediano y largo plazo. Prefiero la rentabilidad social”.
La exministra de Salud, Carolina Corcho, implementó una prueba piloto en municipios como Quindío y Génova, con resultados positivos como etectar enfermedades en etapas tempranas, reducir costos asociados al tratamiento de enfermedades avanzadas y aumentar la satisfacción de la población. Esto se hizo mediante la organización de equipos de atención domiciliaria con georreferenciación en áreas rurales, se realizó un censo de la población y se llevaron a cabo exámenes médicos y pruebas preventivas. Se logró un diagnóstico temprano y la prevención de complicaciones graves, evidenciando la importancia de la atención primaria en salud y el acceso a servicios médicos cercanos.
De continuar el enfoque mercantilista se mantendrán las barreras en el acceso a la salud, los riesgos para la vida de las personas, la violación del derecho a la salud y un creciente descontento social, con quejas cada vez más frecuentes ante la Superintendencia de Salud.
