La renuncia del Primer Ministro Ariel Henry, quien se exilió en Puerto Rico, y la violencia de las bandas criminales han sumido a Haití en una crisis humanitaria. En Puerto Príncipe, las violaciones a los derechos humanos se incrementan. La iniciativa de la Comunidad del Caribe se presenta como una alternativa para restaurar la institucionalidad, pero enfrenta un amplio rechazo debido a la percepción de injerencia extranjera que la sustenta.
Por: María F. Padilla Quevedo
Especial para la Revista RAYA
Después de 4 meses, en Haití quedó en firme el Consejo Presidencial de Transición que le recibirá el poder al presidente haitino Ariel Henry, quien se encuentra exiliado en Puerto Rico por miedo a ser asesinado por Jimmy Chérizier, conocido como "Barbecue", quien es el jefe de las principales bandas criminales de la capital haitiana. El 11 de marzo, Henry se comprometió, en un video de X, a ejercer como primer ministro hasta entregarle su poder al Consejo Presidencial Transitorio, que le permita al país caminar hacia unas nuevas elecciones y crear consensos para recuperar el poder ejecutivo y poner nuevamente en marcha el parlamento que dejó de funcionar en 2020.
Esta alternativa está respaldada por la Comunidad del Caribe (Caricom), compuesta por Antigua y Barbuda; Bahamas; Barbados; Belice; Dominica; Granada; Guyana; Haití; Jamaica; Monserrat; Santa Lucía; San Cristóbal y Nieves; San Vicente y las Granadinas; Surinam y Trinidad y Tobago.
La última vez que el pueblo haitiano eligió un presidente fue en 2016. El entonces electo presidente Jovenel Möise estuvo en el cargo antes de ser asesinado en 2021, en un operativo cinematográfico, por mercenarios colombianos y estadounidenses. Su magnicidio fue el inicio de una crisis política, económica y humanitaria, que se ha agudizado en las últimas cuatro semanas hasta desembocar en un estado de emergencia a raíz del control total de las bandas criminales sobre su capital, Puerto Príncipe.
“No ha pasado un día sin que haya un muerto en la capital, sin que haya violaciones a mujeres y niñas. Las bandas criminales siguen progresando porque no hay poder estatal. Los hospitales no funcionan, las dos cárceles más grandes fueron atacadas y se dice que salieron más de 4.000 presos peligrosos. Eso aumenta la crisis y la inseguridad. No hay trabajo ni manera de vivir bien”, cuenta un profesor haitiano de Ciencias Sociales, quien pidió ocultar su identidad por miedo a ser amenazado o asesinado por las bandas criminales.
Manifestantes queman objetos en el barrio Thor, de la ciudad Carrefour, en medio de disparos con la Policía. Fotografía: Carl Cangé
Pero la búsqueda de un gobierno de transición no ha sido impulsada sólo por la Caricom y Ariel Henry. Durante las últimas semanas han estado otras opciones sobre la mesa. Guy Philippe, exsenador haitiano condenado por lavado de activos en Estados Unidos, y alias “Barbecue”, también está buscando protagonismo político. Otras 700 entidades sociales y políticas de Haití abogan por una solución construida desde Haití, que no implique la injerencia internacional, para salir de la crisis. Estos son los tres caminos que se proyectaron para Haití:
Caricom y la voz extranjera en la crisis
La solución política que se formalizó por decreto es la propuesta por la Caricom, de crear un Consejo de Transición Presidencial liderado por esta organización de la región. Fue la primera opción que buscó posicionar Irfaan Ali, presidente de Guyana y actual presidente de la Caricom, desde que Henry renunció. La propuesta consiste en conformar un espacio integrado por siete representantes de sectores políticos y dos observadores.
Los nombres son: Emmanuel Vertilaire, del partido Pitit Dessalines; Smith Augustin, de la coalición RED/EDE y Compromiso Histórico; Louis Gérald Gilles, del Acuerdo del 21 de diciembre; Fritz Alphonse Jean, del Acuerdo de Montana; Leslie Voltaire, del partido Fanmi Lavalas; Edgard Leblanc Fils, del colectivo 30 de enero, y Laurent St-Cyr, del sector empresarial. Los observadores son el pastor Frisnel Joseph de la Diáspora y Régine Abraham de la Agrupación por un Entendimiento Nacional y Soberano.
“La efectividad de ese consejo dependerá de varios factores, como su capacidad para trabajar juntos, tomar decisiones efectivas y recibir el apoyo de la población y la comunidad internacional. Es importante que el consejo priorice la transparencia, la responsabilidad y la inclusión en su trabajo para restaurar la confianza en las instituciones y liderar el país hacia elecciones libres y justas”, dice Kesner Jean Mary, politólogo haitiano y escritor del libro “Migración haitiana en Rosario: Expectativa vs. Realidad”.
Sin embargo, este consejo no ha logrado obtener un apoyo total de la población civil. Uno de los principales puntos en disputa es la intervención de países extranjeros en el proceso, como Estados Unidos, Canadá, México y Brasil. El último respaldo extranjero que recibió el consejo fue de parte del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). El pasado 3 de abril, Luis Almagro, secretario general de la OEA dijo que la solución de la Caricom permitiría el despliegue de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS). Mientras tanto, distintos sectores de Haití se oponen al intervencionismo extranjero.
Asimismo, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, autorizó el envío de tropas e implementos de seguridad a Haití para contener la crisis. Este factor externo ha agudizado en una parte de la población la desconfianza. “No se tienen muchas opciones, entonces se obliga a aceptar cualquier proyecto que podría traer la seguridad y la paz en el país. La población está en una situación de desesperación y contradicción, pues no están tan seguros de una seguridad extranjera para su país aunque poco a poco eso parece un hecho. Si alguien viene con un proyecto para traer seguridad, la población lo va a aceptar”, agrega Jean Mary.
Christ-Roi, una de las principales zonas residenciales de Puerto Príncipe. Fotografía: Carl Cangé
Aunque ya están los nombres de las personas elegidas, falta que el gobierno, aún en cabeza de Ariel Henry, haga la entrega de su cargo. “La composición del Consejo ha partido del consenso de varios actores en Haití. Pensamos que se puede tener el apoyo de los y las haitianas para resolver la situación nacional. Ellos (el Consejo) van a preparar las elecciones que no se organizan desde el 2016”, dice Micherline Islanda Aduel, una de las dirigentes de las organizaciones campesinas haitianas que hacen parte de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – La Vía Campesina (CLOC – LVC).
El Acuerdo de Montana y la búsqueda de consensos
En 2021, unas 700 organizaciones sociales, entre las que se encontraban las federaciones de campesinos, los frentes de organizaciones feministas y sindicales, la plataforma de derechos humanos, las iglesias protestantes, el sector Vaudou y el Frente Patriótico Popular (FPP), entre otras, construyeron una hoja de ruta para superar la crisis con tres ideas claras: la solución debe salir del consenso de la población haitiana, no tolerar la intervención internacional y la urgente necesidad de un gobierno de transición.
Las propuestas recogidas en el Acuerdo de Montana, que surgieron como oposición al Gobierno del asesinado presidente Möise, están enfocadas en la conformación de un Consejo Nacional de Transición (CNT) de 52 delegados, que debería elegir al Presidente provisional de la República y al Primer Ministro de Haití. Asimismo, se propuso la creación de un órgano de control de la transición que funcione como un parlamento provisional hasta las próximas elecciones y para hacerle frente a las bandas a partir de la planificación del entrenamiento, las dotaciones a la Policía y el juzgamiento a los responsables de crímenes y masacres.
Estas propuestas, y las organizaciones que participaron en su formulación, fueron invitadas por la Caricom a participar del Consejo de Transición. Sin embargo, condicionaron su participación a estar de acuerdo con la intervención extranjera. La propuesta no fue bien recibida por sectores progresistas y de izquierda, pues consideran que interfiere en la autodeterminación de los pueblos, debido a que países como Estados Unidos, Canadá, Francia y Brasil buscarán mantener presencia e incidencia política en la isla.
“No vamos a aceptar la intervención extranjera. La última intervención se llamó Minustah (Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití) y ahora hay varios niños y niñas en la isla que son hijos e hijas del Minustah. Ahora hay cólera en Haití, que provoca diarrea y deshidratación severa. Antes no había. Los traumas en Haití están después de eso y no ha habido reparación para los crímenes que cometieron”, afirma Micherline Islanda Aduel, quien hace parte del Acuerdo.
La Minustah se fue retirando progresivamente de la isla hasta 2017, para darle paso a una nueva misión de la ONU en Haití. Su salida se dio en medio de denuncias sobre proliferación del cólera y violaciones sexuales. En 2016, António Guterres, Secretario de General de las Naciones Unidas, pidió perdón al pueblo haitiano por el rol que había tenido la organización en el contagio y propagación de esa enfermedad que, desde 2010 hasta 2019, afectó a más de 820.000 personas y generó la muerte de 9.792 personas en la isla, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
Por otro lado, The Converse, un medio de comunicación de periodistas independientes australianos, publicó en 2019 una investigación sobre los abusos sexuales u ofrecimientos de comida y dinero a cambio de sexo de parte de los cascos azules de la ONU contra mujeres haitianas. Ellas, en su mayoría empobrecidas, tuvieron que asumir la crianza solas, en medio de una situación de crisis, cuando los integrantes de la ONU se fueron.
El Acuerdo de Montana representa para el movimiento social en Haití una posibilidad de plantear un precedente de autonomía y obtener justicia. “Es muy importante que la gente pueda retomar la confianza en sí misma y en el país, para poder avanzar. También se deben organizar elecciones honestas, controladas por los sectores haitianos, pero no elecciones distorsionadas, como las últimas presidenciales, en las que participó menos del 18% del electorado y fueron controladas por fuerzas extranjeras. Es necesario repatriar el proceso electoral para que sea, de hecho, un reflejo del deseo colectivo del pueblo haitiano”, dijo Camille Chalmers, economista y representante de la Plataforma para el Desarrollo Alternativo de Haití (PAPDA) en entrevista con el periódico Brasil de Fato.
Guy Philippe y Jean Charles Moïse: amnistía para las bandas
Desde que fue repatriado por el gobierno de los Estados Unidos, Guy Philippe no había intervenido significativamente en la política. Sus intervenciones en redes sociales, principalmente por TikTok, se limitaban a hacer exigencias al presidente encargado Ariel Henry para que mejorara la seguridad del país. Sin embargo, ante una presidencia vacía, Philippe, quien lideró en 2004 el golpe de Estado contra el entonces presidente Jean-Bertrand Aristide y fue condenado en Estados Unidos por lavado de dinero, vio una oportunidad de regresar a la política.
Sus intervenciones las hace principalmente por TikTok, desde donde le ha solicitado al presidente Ariel Henry que no respalde el Consejo Presidencial de Transición de la Caricom. Incluso, ha llamado a movilizaciones en las calles de Puerto Príncipe para presionar que no se lleve a cabo ese proceso y ha pedido públicamente que lo apoyen a él como futuro presidente para sacar de la crisis al país. En redes sociales se han promovido videos con las siguiente etiqueta: Guy Philippe Prezidan.
"Podemos ver, una vez más, a pesar de la determinación del pueblo, que la comunidad internacional, encabezada por Estados Unidos, Canadá y Francia, con Caricom como su valet, quiere regenerarse y permitir la continuación de este sistema corrupto. (...) Hoy están creando un consejo de siete jefes para hacerse cargo del destino del país", dijo Guy Philippe, según el diario Le Nouvelliste.
No obstante, la postulación y la participación de Guy Philippe ha generado dudas entre la población haitiana y algunos afirman que estaría apoyado por las bandas criminales. “Quieren hacer la transición, pero solo con él por delante. Tiene un discurso de anti-imperialismo, anti Estados Unidos, Francia… Está en contra de la injerencia y de los países exteriores en los asuntos internos del país. También ha propuesto una amnistía para las bandas para reincorporar a sus integrantes a la sociedad. Esto es un desastre porque ellos son criminales, violan, queman vivos a seres humanos y las cifras no mienten, están ahí”, dice el internacionalista Joseph Volcy, quien vive en la isla.
Colombia, un posible aliado bien recibido
Durante la Cumbre Iberoamericana en República Dominicana, que se desarrolló a finales de marzo, el presidente Gustavo Petro anunció la responsabilidad de Colombia en el magnicidio de Jovenel Möise y confirmó que el país le brindaría ayuda no armada a la isla. “Quiero ir a Haití, es un tema donde Colombia tiene una corresponsabilidad, primero porque Haití fue el que nos ayudó a ser un país en el pasado y segundo porque fueron mercenarios colombianos los que fueron a matar al presidente de Haití, desatando una crisis aún peor que la que ya vivían”, aseguró el mandatario.
Los ofrecimientos del Presidente Petro llegaron a la isla y a los demás haitianos regados en otros países quienes ven con buenos ojos el apoyo que puede brindar Colombia. En particular, los pobladores se refieren a los mecanismos de diálogo que ha desarrollado Colombia durante las distintas negociaciones de paz y al envío de donaciones. “Colombia sí puede facilitar donaciones de comida a la gente respetando la dignidad de la persona. También a los migrantes que han viajado a Colombia les pueden facilitar la integración, darles facilidades de educación e integrarse en la vida o quedarse allá”, dice Aland Cadet, un profesor haitiano que vive en República Dominicana.
Los apoyos internacionales, además de la Caricom, aún no se han materializado. Haití completa dos años y nueve meses desde que fue asesinado su presidente Möise por mercenarios colombianos y se agudizó la crisis. La situación de orden público ha llevado al desplazamiento de más de 35.000 personas desde inicios del año, según Amnistía Internacional. Las alarmas están encendidas sobre los casos de violencia sexual contra niñas y mujeres, así como en la inseguridad alimentaria. Se estima que 1.64 millones de personas se encuentran en esta situación
El reto del Consejo Transitorio Presidencial, que funcionará durante 22 meses, y del próximo presidente será no solo el reorganizar el Estado, a través de reformas constitucionales e institucionales, la seguridad y nuevas elecciones, sino recuperar una sociedad fragmentada que urge soluciones humanitarias de fondo.
