Por Juan Pablo Soler

La parcialidad y la irregularidad con las que pueden llegar a actuar la Policía y Ejército Nacional pueden tener estrecha relación con su financiamiento.

En el año 2013 en la Vuelta del Bombillo, al cruzar el río Cauca, las comunidades campesinas afectadas por Hidroituango hicieron uso de su legítimo derecho a la protesta social para llamar la atención sobre los derechos vulnerados. De inmediato fueron reprimidos por el ESMAD, cuyos agentes, sin mediar palabras, usaron sus armas de gas pimienta y sus pistolas de balas de goma en contra de la población. No les importó que hubiera adultos mayores y menores de edad, ni que varios de ellos cayeran rodando por la pendiente del terreno y sufrieran contusiones ni tampoco que no recibieran atención médica. Lo único que les importó fue abrir la vía para que la empresa siguiera operando.

Al día siguiente, en inmediaciones del Valle de Toledo, el ESMAD se acercó, mientras se desarrollaba una reunión comunitaria, y subió a la fuerza a 87 personas en camiones de la policía. A pesar de que las capturas masivas son ilegales, lo que no fue un impedimento para que la policía intentara deshacer la manifestación campesina de dicha manera.

Al tercer día, pese a que la comunidad estaba reunida en un predio privado, la policía derribó el cerco y tiró al piso las ollas donde se preparaba el desayuno. Este último encuentro fue el detonante para que varios habitantes salieran de la zona caminando hacia Medellín, donde fueron albergados en la Universidad de Antioquia, protagonizando un desplazamiento forzado que se prolongó por más de siete meses.

Dos años más tarde, en noviembre de 2015, en una Audiencia Senatorial convocada por Iván Cepeda comprendimos que estas y otras actuaciones corresponden a un ejercicio sistemático derivado de los convenios de la fuerza pública con distintas empresas.

La revisión de los documentos secretos del Ministerio de Defensa, realizada por el Senador y su equipo de trabajo (de la que no se permitió hacer copias ni fotografías), reveló las millonarias contrataciones de la fuerza pública con empresas públicas, mixtas y privadas del sector minero energético colombiano entre 2002 y 2014:

Entre 1990 y 2014 se firmaron más de 1.229 contratos de cooperación secretos para la instalación de Batallones Especiales Energéticos y Viales -BAEEV- y Centros de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado -COPEI-. Cifra que no contempla las operaciones de años recientes derivadas de la ampliación de la frontera extractiva ni los posibles convenios de cooperación firmados directamente por los batallones.

Los distintos convenios citan de manera recurrente que son para actuar frente a las amenazas terroristas que pueden generar daños al medio ambiente y a la seguridad nacional, pero ¿qué pasa cuando el daño al ambiente lo genera la empresa que los financia? Imagínense aquí una autoridad ambiental diligente que, para hacer una labor de inspección ambiental, debe anunciar su visita días antes a la empresa y además coordinarla con los cuerpos públicos de seguridad pagados por las empresas infractoras. No es un asunto menor, son más de 68.000 hombres los que hacen parte de estas contrataciones, es decir, más del 15% del total de las fuerzas armadas en 2015.

Un aspecto que además valdría la pena analizar de cara a la transición energética para entender los impactos ambientales que conlleva la operación de estos batallones, la cual implica emisiones de carbono que jamás aparecen en las cuentas de los proyectos etiquetados como energía limpia.

Además, para la construcción de paz con enfoque territorial vale la pena replantear este financiamiento o por lo menos, revisar los objetos contractuales y establecer limitaciones claras de las actuaciones: en ningún caso el uso de las armas y la intimidación se puede dirigir contra la población civil, mucho menos contra movilizaciones que buscan proteger derechos colectivos y las formas tradicionales de subsistencia en los territorios.

Un ejemplo que permite entender las complicaciones que genera la privatización de la fuerza pública en materia de vulneración de derechos, se dio en la consulta previa con las comunidades negras en el norte del Cauca afectadas por la represa Salvajina, tierra que vio nacer a la vicepresidenta Francia Márquez. Allí la empresa EPSA reconoció, tardíamente, que había financiado al batallón que opera en sus instalaciones, pero se abstuvo de reconocer los impactos.

El caso del proyecto hidroeléctrico El Quimbo permite apreciar otro efecto de estas alianzas, pues la base del BAEEV #12 José María Tello, que aloja 1.200 soldados, se construyó frente al proyecto en zona de Reserva Forestal de la Amazonía^[1].

Si, además, se traslapa el análisis anterior con él de las ejecuciones extrajudiciales la situación se torna aún más compleja. En el caso de Antioquia entre el 2000 y el 2006 existían 747 militares investigados que hacían parte de los batallones Coronel Atanasio Girardot, Coronel Jorge Eduardo Sánchez Rodríguez y General Pedro Nel Ospina; en Casanare 146 ejecuciones extrajudiciales fueron responsabilidad de la Brigada 16, la cual ha recibido más de 209.400 millones de pesos, vía convenios de cooperación con empresas como: Ecopetrol, BP, Emerald, Equion, Pacific Rubiales, Petrobras y Petrominerales, entre otras. A esta lista se debe sumar el drama de los desplazamientos forzados que ha ocasionado la fuerza pública pagada por empresas, tema que está siendo investigado por la Fiscalía.

El problema no es sobre la vigilancia de las infraestructuras energéticas. El problema es que la fuerza pública lo haga a través de contratos secretos suscritos con empresas extractivas y de energía, situación donde el cumplimiento de obligaciones contractuales deriva en la vulneración de los derechos humanos y constitucionales de las comunidades que se movilizan frente a la afectación de derechos colectivos como el ambiente sano, derecho al trabajo, a la libre, a la información, etc.

En 2015 el Senador Cepeda denunciaba además en la mencionada audiencia, que por lo menos seis empresas trasnacionales tienen su propio batallón y parte de sus operaciones privadas estarían siendo pagadas con recursos de la Nación. Este es un tema que debe tener relevancia en el Tratado Especial para Empresas y Derechos Humanos que se discute actualmente en Naciones Unidas para atender la responsabilidad de las empresas frente a las vulneraciones de derechos humanos.

Frente a esta situación, cabe preguntarse ¿Qué hará Petro frente a la privatización de la fuerza pública? ¿Al pueblo quién lo cuida sino tiene el dinero suficiente para establecer un convenio de cooperación? Una desfiguración total del Estado Social de Derecho.

^[1]    Ejército creó en Huila Batallón energético para cuidar polémico proyecto El Quimbo. El Tiempo. 12 de mayo de 2009. Consultado en: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-5181719