Por María Fernanda Barreto
No resulta nada común ver a un fiscal alcanzar los niveles de beligerancia pública que ha tenido estos días el fiscal general de la nación de Colombia. Menos común resulta que encuentre un respaldo internacional que trace una línea que facilite tan claramente la comprensión de lo que subyace en sus declaraciones.
En medio de una crisis político-económica que está derrumbando el modelo unipolar, Estados Unidos ha relanzado la Doctrina Monroe, sobre el continente. Esta doctrina instituida en 1823 por el gobierno del presidente estadonuidense James Monroe según la cual América entera les pertenece, se lanza nuevamente para confrontar la influencia de otras potencias emergentes en la región y “disciplinar” a los gobiernos y pueblos no subordinados. Las guerras jurídicas o “lawfare” se han diseminado por toda Nuestra América como operaciones de una guerra híbrida concebida para tal fin.
Este uso de las leyes como armas de guerra se ha potenciado en el siglo XXI y ha logrado desde la judicialización de líderes y lideresas sociales hasta la destitución de presidentes y presidentas que no se subordinan a los designios de Washington. Con estas operaciones han logrado las destituciones de Fernando Lugo en Paraguay y Dilma Rousseff en Brasil, así como la detención de Lula Da Silva para tratar de impedir su candidatura, la persecución a Cristina Fernández en Argentina, y más recientemente, la destitución y detención de Pedro Castillo en Perú, por citar algunos ejemplos. Pero también hay que referirse en los mismos términos a la criminalización de la protesta social y la judicialización de las organizaciones políticas de base y movimientos sociales.
De estos lawfare contra los pueblos tenemos casos emblemáticos en toda la región como Milagros Salas en Argentina o el Pueblo Mapuche en Chile, pero sin duda Colombia se ha consolidado como el país que más eficiente y masivamente ha usado la guerra judicial para procurar la desmovilización social.
En el cumplimiento de esa tarea ha sido muy destacada la labor del fiscal Barbosa como fiscal del último gobierno uribista que sumó a las tradicionales cifras de procesos judiciales contra líderes y lideresas sociales en Colombia más de un centenar contra la juventud que protagonizó el levantamiento popular del 2021 y a quienes, a pesar de las reiteradas peticiones presidenciales, se ha negado a liberar. Contrastando esto con su ineficacia para resolver los asesinatos de líderes sociales y las múltiples violaciones a los Derechos Humanos, entre ellas las que se hicieron virales en las redes sociales alrededor del mundo durante el levantamiento popular del 2021 y también, por ejemplo, con la inacción denunciada en la Revista RAYA el fin de semana anterior en torno a la operación Gedeón, acción militar con la que una contratista militar privada intentó asesinar al presidente Nicolás Maduro, luego de meses de preparación en Colombia e iniciando las operaciones desde sus costas. Ineficacia e inacción que rayan en la complicidad incluso con graves delitos y hasta crímenes que no enumeraremos ahora para no distraernos del tema central de este análisis.
Muy lejos de la supuesta “neutralidad de las leyes”, este fiscal proveniente de las filas del uribismo, es quien actualmente preside la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP) y que ahora parece encontrarse en el lanzamiento de una campaña política nacional e internacional. Ambos son un músculo del que gozará hasta el 2024, por lo que es de esperarse que sus apariciones sean cada vez más altisonantes durante los próximos meses.
Pero esta campaña no se limita a la ya muy evidente intención personal de convertirse en el candidato de ese sector de la ultraderecha colombiana que arrastró la debacle electoral del uribismo el año pasado. Su papel estratégico incluye como primer paso la construcción de un discurso con el que se plantea agudizar las contradicciones internas y externas contra el gobierno del presidente Gustavo Petro y todos los demás gobiernos no subordinados de la región y como hemos dicho, también contra los Pueblos. En la construcción interna de este discurso esta campaña cuenta ahora también con el liderazgo del general retirado: Zapateiro.
Si el plan para Colombia incluye un golpe de Estado tradicional, un lawfare contra el presidente Petro o la pretensión de un próximo triunfo electoral, está por verse. Lo que sí se vislumbra claramente en el panorama es la búsqueda de la ingobernabilidad como primer saldo positivo para esa clase política que ha mantenido a Colombia sumergida en la violencia los últimos siglos y que no está dispuesta a aceptar ni las más mínimas reformas del sistema que han logrado construir para garantizar sus privilegios y la guerra.
En el ámbito geopolítico el plan es aún más ambicioso, recuperar las redes internacionales que se deshicieron tras la desaparición de plataformas creadas en años anteriores contra el gobierno venezolano en particular, cuya visión en general en realidad era la de atacar toda forma de disidencia al unipolarismo, como el Grupo de Lima o el uso de otras ya existentes como el Mercosur para el mismo fin, es lo que subyace tras esta campaña hoy emprendida por Barbosa. Lo que lo vislumbra como una pieza del ajedrez que se juega en el gran tablero mundial. La evidencia es el rápido viaje de Barbosa a Perú, donde se reunió con la Fiscal Benavides quién ejecutó el lawfare contra el presidente peruano Pedro Castillo.
Ese mismo día un grupo de fiscales pertenecientes a la AIAMP, cerca de la mitad de sus miembros, publicaron una carta de respaldo a Barbosa, reafirmando el discurso con el que Barbosa está buscando dibujar al gobierno del Pacto Histórico como una dictadura. Este sector de la organización de ministerios públicos ya se había prestado anteriormente para maniobras similares dando apoyo a la ex fiscal venezolana Luisa Ortega Díaz, luego de que fuera legalmente destituida de su cargo por el gobierno venezolano. El grupo de fiscales y procuradores que firman la carta de respaldo al fiscal colombiano está encabezada por el procurador general de la nación de la República Argentina quien personalmente ha dirigido los lawfare contra Cristina Fernández de Kirchner y la dirigente indígena Milagros Salas.
Seguidamente el fiscal Barbosa se trasladó precisamente a Buenos Aires, Argentina, para participar de una reunión de fiscales de Mercosur. Los y las participantes de dicha reunión son parte de los 13 firmantes de la carta de solidaridad con Barbosa de la AIMP.
El comunicado que hiciera público ayer la Fiscalía de Colombia en el que “rechaza cualquier intento por menoscabar las instituciones democráticas y a sus representantes” en referencia a las amenazas del coronel retirado John Marulanda que públicamente convocó a la reserva para según dijo, “seguir los pasos de Perú”, no niegan sino que por el contrario reafirman todas las hipótesis aquí planteadas.
Si bien el actual gobierno colombiano sigue contando con el respaldo mayoritario de la Casa Blanca, en un país tan macartizado como Colombia, las simples reformas planteadas por Gustavo Petro han comenzado a tocar los intereses del establecimiento y es por eso por lo que están tratando de construir un discurso con el que logren sumarlo al “eje del mal” que conforman los países que sí confrontan realmente los intereses estadounidenses. Con este giro discursivo lograrían agudizar las contradicciones geopolíticas a su favor para procurar el apoyo internacional que aún no consiguen y hacer mella en el liderazgo regional que Petro ha venido construyendo en sus primeros meses de gobierno.
La red para el lawfare en Nuestra América está aceitando sus maquinarias, La desestabilización del actual gobierno colombiano y todas las demás operaciones que desde ella se pueden poner en marcha contra Venezuela, y otros países de la región, debe encender las alarmas de los pueblos. El “Partido Judicial”, como bien lo bautizara la vice presidenta argentina, está poniendo en evidencia sus redes internacionales y lanzando públicamente una nueva campaña.
