Por: Clara López Obregón
En entrevista reciente, Felipe López Caballero, exdirector de Semana y vocero del establecimiento tradicional, criticó al presidente Gustavo Petro por “meterle lucha de clases a un debate que debería ser político y técnico.” En Colombia, las élites se han cuidado mucho de permitir que el análisis desde la perspectiva de la lucha de clases penetre el debate público. No es raro escuchar a los dirigentes gremiales decir que la tal lucha de clases no existe. Sostienen que las discusiones se deben centrar en lo que más conviene a todos. Por ello hablan de soluciones pragmáticas y técnicamente aconsejables que según su relato representen el bien común, pero que confunden con el interés propio.
El edificio retórico se viene abajo cuando salen a la luz conversaciones privadas más francotas. Eso sucedió con el video viral de una reunión privada de Germán Vargas Lleras, vocero de otra parte menos tradicional pero tal vez más poderosa del establecimiento, en la que se le ve amenazante afirmar: “Nosotros si tenemos un plan B. Antes de que esa reforma (laboral) sea sancionada vamos a sacar a miles y miles de personas, pero (sic) no se quedará trabajando amparado por esas normas.” Esa amenaza ya anda haciendo su trabajo en fábricas y comercios.
Un noticiero, propiedad de uno de los cuasi monopolios más poderosos del país, ha puesto al presentador a calificar de “técnicos” a los dirigentes gremiales que despotrican contra la reforma laboral en defensa de sus intereses que confunden con los del país. También han encontrado un dirigente sindical (sic) para amenazar con despidos masivos por la reforma de la salud. Su Central es la gran beneficiaria de la figura de los contratos sindicales con la que buscaban convertir a los sindicatos en patronos y que la reforma busca eliminar.
La realidad detrás de las amenazas a los trabajadores es que echan por tierra los argumentos detrás de la llamada flexibilización laboral que avanzaba con cada crisis del modelo neoliberal. Lo cierto es que ni la Ley 50 de 1990 con ponencia de Álvaro Uribe, senador, ni la 789 de 2002 presentada por Álvaro Uribe, presidente, cumplieron las promesas de reducir la informalidad y el desempleo. Estos factores dependen del ciclo económico y de la estructura de poder y no de la necesaria remuneración del trabajo decente, según estándares internacionales de la OIT y de la OCDE que obligan a Colombia.
Lo que si pasó con el solo caso de las horas extras fue un monumental traslado de $24 billones de pesos entre 2003 y 2015 de los bolsillos de los trabajadores a los bolsillos de los empleadores que vieron aumentar sus utilidades en igual proporción. Aprovechando las crisis periódicas que producen las políticas monetarias y fiscal de alza en las tasas de interés y de la consecuente austeridad fiscal con la reducción del gasto público social para abrir espacio al pago de la deuda pública, los técnicos expertos plantean la necesidad inapelable de deprimir salarios y reducir garantías laborales, ganadas en la lucha universal del trabajo por mejores condiciones frente al capital. Petro está cambiando esa lógica. Hay que desenmascarar los intereses agazapados en la técnica y proceder por fin a atender también a esa otra mitad del país que no pertenece a la economía estructurada. Ya no es posible domesticarla con el Código Penal y de Policía. Las poblaciones consideradas subalternas han entrado a reclamar sus derechos aquí y en todas partes. En eso consiste el cambio que avanza con tanta oposición y amenaza.
El acaudalado empresario norteamericano Warren Buffet, quién confesó que pagaba menos impuestos que su secretaria, lo expresó de manera magistral al New York Times: “Claro que hay lucha de clases. Nosotros, la clase rica la estamos librando y la estamos ganando.” Eso durante el apogeo neoliberal que hoy está en retroceso.
