Por: Margarita Jaimes Velásquez
La violencia contra las mujeres es un problema público. Atrás quedaron los argumentos de que es un problema privado en el que no debe intervenir el Estado, ni la sociedad. No es aceptable que, a pesar de existir un cuerpo normativo encaminado a prevenir y proteger a las mujeres frente a la violencia basada en género, durante el 2022 hayan ocurrido 614 feminicidios, ello, sin mencionar las tentativas y las otras manifestaciones de violencia a las que son sometidas muchas mujeres en Colombia.
Los feminicidios y las otras formas de violencia contra las féminas son los síntomas de una enfermedad llamada patriarcado que se arropa en la impunidad e invisibilización de los impactos de estas violencias en el cuerpo social femenino. Es claro que cada feminicidio lleva consigo una advertencia indirecta a las demás mujeres. Hoy las libertades fundamentales de las mujeres están en riesgo porque el Estado ha demostrado ser incapaz de garantizar el derecho a vivir libres de toda forma de violencia o discriminación. Es incomprensible que a pesar del despliegue de mecanismos de prevención y protección no haya espacios en los que las mujeres no sean violentadas.
En estos días, encontramos toda la información sobre el feminicidio de Érika Aponte ocurrido en la ciudad de Bogotá, en el que ha quedado en evidencia que no se activan las rutas de protección, no existe la prevención urgente; seguramente, porque no hay comprensión de las raíces del problema, es posible que, ello sea el producto de las miradas estereotipadas del funcionariado público encargado de responder ante las denuncias.
No obstante, esto no es un problema exclusivo de la institucionalidad, también lo es de la prensa. En el marco de la celebración del día de la madre ocurrieron tres feminicidios, no solo el de Érika Aponte. Los otros dos, lo que me parece más grave, ocurrieron en espacios físicos bajo el control del Estado, particularmente, en las cárceles. ¿será que la prensa categoriza a las víctimas? ¿tener algún vinculo con la criminalidad es factor determinante para la visibilización y denuncia pública del caso? Esto, me parece gravísimo. ¿Dónde queda la imparcialidad en la difusión de la información?
Lo preocupante de este caso es que el centro de la noticia fue el hecho de que el hombre era un condenado por otros dos feminicidios y la forma en que se conocieron. Apenas se menciona el nombre de Cristina Mendoza Maya. El otro caso, el de Lizeth Natalia Rincón, quedó más invisibilizado, lo único que se informa es que salía de la visita íntima de la cárcel Modelo. Lo dicho, en Colombia al parecer, si una mujer está vinculada con la criminalidad, las violaciones a sus derechos humanos esenciales no son tan importantes. En otras palabras, estas mujeres y sus familiares no solo están sometidas a la violencia patriarcal, sino que además deben soportar el peso de la estigmatización y la discriminación por sus vínculos afectivos o sexuales con una persona privada de la libertad.
¿Serán esas las razones por las que el Estado, en cabeza de las autoridades carcelarias no han previsto medidas de prevención y protección para las mujeres que visitan íntimamente a sus parejas hombres? Al respecto puedo decir con conocimiento de causa que, la violencia contra las mujeres durante las visitas íntimas, no es un tema nuevo. Particularmente, desde el año 2000 tuve conocimiento que los hombres internados en la cárcel Modelo de Barranquilla y la Vega de Sincelejo les pegaban a las mujeres “por si las moscas”. Con ello, buscan intimidarlas y mantener el control sobre el cuerpo de sus compañeras sentimentales. Por lo anterior, no creo que esto sea un tema del Caribe, tal como lo demuestran los feminicidios recientes, es un tema que debe entenderse desde el modelo patriarcal.
Lo absurdo, es que las autoridades carcelarias conocen la situación y no existen rutas o mecanismos de prevención y protección para las mujeres durante las visitas intimas. Esto último, es violencia institucional. Humanizar las cárceles también implica garantizar la vida de quienes ocasionalmente visitan a los internos, máxime cuando se han adoptado compromisos internacionales para garantizar una vida libre de violencias a las mujeres. Ello implica, promover acciones que transformen y derriben las miradas estereotipadas y discriminatorias del funcionariado, la prensa y la sociedad en general.
