Aunque es uno de los propósitos del gobierno de Gustavo Petro, la ley de humanización carcelaria, que incluye cambios en el sistema penitenciario, no se ha materializado. RAYA hace una radiografía de la vida en las prisiones, una situación que la Corte Constitucional ha calificado como violatoria de los derechos humanos.
Por. Redacción Revista RAYA
“Nuestro sistema penitenciario es un fracaso total”, dijo el ministro de Justicia, Néstor Osuna el 24 de enero de 2023, a través de un video publicado en sus redes sociales, respondiendo a los señalamientos de la entonces alcaldesa de Bogotá Claudia López, quien afirmó, sin que hasta ahora eso sea cierto, que el Gobierno promovía la excarcelación masiva de delincuentes. No obstante, para el año 2024 el sistema carcelario está dentro del plan de reforma a la justicia que liderará el ministro Osuna con una comisión de 34 líderes de diferentes ramas de la sociedad.
Fotografías y Video por: Germán Ñáñez Lloreda @NomadaBlues con apoyo de Corporación VICON
Esto se intentó en el 2023 en el Congreso de la República, sin embargo, la propuesta de reforma, que proponía en su articulado fortalecer componentes como la resocialización y reinserción en la sociedad de los delincuentes condenados, la rebaja de penas en algunas circunstancias y la posibilidad de que delitos menos graves pudieran purgarse con prisión domiciliaria, se quedó en el camino.
La reforma, además, buscaba resolver viejos problemas de las cárceles, como la corrupción interna y la violación sistemática de los derechos básicos de los detenidos, como el acceso a la salud, la educación o una alimentación digna. Una violación de derechos que la Corte Constitucional ha calificado desde hace dos décadas como un “estado de cosas inconstitucionales”, ordenando a las entidades del Estado que resuelvan la crisis, pero esa orden hasta ahora no ha tenido éxito.
La propuesta de ley, conocida como “ley de humanización de la política criminal y carcelaria”, se hundió en la pasada legislatura tras no pasar el primer debate en el Congreso.
“Acá nos torturan cada día”, se quejó con la Revista RAYA una interna de la cárcel del Buen Pastor en Bogotá, explicando cómo en un sólo pabellón medio centenar de prisioneras se ven obligadas a compartir dos llaves de agua y dos baterías sanitarias, dotadas por el INPEC con un kit menstrual de veinte toallas higiénicas que debe alcanzar para tres meses. Las visitas familiares solo pueden realizarse una vez al mes, por culpa del hacinamiento.
Las violaciones a los derechos fundamentales de la población privada de la libertad son sistemáticas y aberrantes. Por citar un sólo ejemplo, en diciembre RAYA conoció de primera mano las denuncias enviadas a la redacción los presos de la cárcel de Cómbita, quienes desde el 6 de diciembre fueron sometidos al racionamiento en su alimentación, recibiendo apenas una o dos comidas diarias, luego de que la empresa contratista encargada de suministrar los víveres incumpliera con sus obligaciones. Arbitrariedades como esta ocurren todos los días en la mayoría de prisiones del país, en donde derechos fundamentales como la posibilidad de trabajar, estudiar o incluso acceder a medicamentos vitales para la salud son negados.
Las cárceles, además, tienen un fuerte componente clasista y de discriminación social. Una muestra de la brecha de desigualdad está registrada en el libro “Cárcel y Memoria”, una investigación realizada por el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, en el que se señala que del total de los 97.653 reclusos que se encontraban en las cárceles colombianas, el 31% reportaban grado de educación primaria, el 59.8% secundaria y tan sólo un 3.1% informaron haber accedido a la educación superior. Publicado en diciembre de 2023.
Datos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) indican que, con corte a diciembre de 2023, la población privada de la libertad en Colombia supera las 102.000 personas. Para dar una idea de la cifra, es como si se encarcelara a toda la gente que vive en Rionegro (Antioquia) o en Magangué (Bolívar).
De acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), del total de mujeres relacionadas con problemas de drogas en prisión, el 8.6% corresponden al estrato 0, el 50.3% se ubican en el estrato 1 y el 24.9% están en el estrato 2. Es decir, el 84% de las mujeres privadas de la libertad pertenece a los sectores más empobrecidos de la sociedad.
En una entrevista con RAYA desde la cárcel de máxima seguridad de Jamundí (Valle), Vidal Manosalva, uno de los voceros del Movimiento Nacional Carcelario, — la mayor organización de presos del país, que cuenta con grupos organizados en una veintena de cárceles — explicó que la propuesta surgida de los debates y discusiones que han sostenido los mismos presos en las prisiones implica cambiar la política criminal, como quiso hacerlo sin éxito el Gobierno de Gustavo Petro durante la primera legislatura.
“Queremos cambiar lo que hemos sufrido acá dentro de las cárceles, porque ese es el producto de toda la negación de derechos en la vida normal”, dijo Manosalva. “La mayoría de gente y de muchachos que están acá en las cárceles es porque han tenido dificultades para poder trabajar, no han tenido garantías en el empleo, no han tenido su propia vivienda, muchachos que fueron sicarios en los barrios y están aquí es porque no encontraron otra alternativa de vida”, finalizó.
Mientras tanto, las cifras confirman que el sistema penitenciario es un rotundo fracaso al momento prevenir y evitar el delito: mientras en 2016 la reincidencia era de un 16.4%, en 2021 subió a un 20.4%, de acuerdo con el citado libro del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Esto a pesar de que el país sigue invirtiendo en construir nuevas cárceles y ampliar los cupos en los centros de reclusión que ya existen. Y aunque el sistema penitenciario sea “un rotundo fracaso”, según el ministro Osuna, hasta ahora la única apuesta del Estado colombiano ha sido profundizar ese fracaso con más rejas, más celdas, más barrotes y más prisiones.
