Los argumentos contra la reforma laboral ignoran que la relación laboral es desigual y que las empresas pueden mejorar condiciones sin afectar el empleo. La flexibilización durante el Gobierno de Álvaro Uribe en 2002 no creó más trabajo, solo lo precarizó.
Por: Andrés Zambrano-Curcio
(Brandenburg University of Technology, Cottbus-Senftenberg). Análisis especial para RAYA
La reciente caída de la reforma laboral en el Congreso ha estado rodeada de una avalancha de argumentos en su contra, disfrazados de análisis técnicos que buscan justificar su rechazo. Es crucial examinar el discurso de los opositores y exponer las contradicciones en su postura, la cual se presenta como técnica pero ignora una buena parte de la investigación revisada por pares sobre el tema.
La perspectiva convencional: el mercado laboral como cualquier otro
El análisis económico tradicional de los mercados de trabajo, desde su versión básica en los primeros semestres de economía hasta modelos más avanzados tipo emparejamiento1, asume que la relación entre empleadores y empleados opera de manera análoga a la de compradores y vendedores de cualquier otro bien o servicio.
Aunque los modelos más sofisticados introducen algunas variaciones, el núcleo de esta perspectiva equipara el trabajo con mercancías como la leche, el queso o los zapatos. Desde esta visión, cualquier regulación laboral—ya sea el establecimiento de salarios mínimos, recargos o derechos sindicales—tendría efectos negativos sobre el empleo al aumentar los costos laborales.
Pero esta suposición es cuestionable: ¿realmente los trabajadores enfrentan las mismas condiciones que los vendedores de otros bienes? ¿Es válido tratar el mercado laboral como cualquier otro?
Objeción 1: Los trabajadores no pueden restringir el acceso a su producto de la misma manera que otros vendedores – la relación laboral es inherentemente desigual y favorece al empleador.
"Quien no trabaja, no come." Esta frase, tan común en la sociedad colombiana, refleja una realidad ineludible del mercado laboral. A diferencia de un productor estándar, que posee la capacidad y los medios para generar su propio sustento, el trabajador está obligado a vender su fuerza de trabajo bajo la amenaza de, en casos extremos, morir de hambre. Esto configura una desigualdad fundamental al momento de entrar en la relación laboral.
Gourevitch, citando una antigua publicación en la revista de los Knights of Labor2, lo expresa de la siguiente manera:
Tampoco el obrero puede, como es costumbre con otras mercancías, buscar un mercado distante, ni puede mantenerse apartado hasta que se ofrezcan mejores condiciones […] Es más, el obrero, además de aceptar un precio obligatorio, debe también trabajar bajo las condiciones que el empleador le pueda imponer. Y estas condiciones pueden ser destructivas para la salud, reduciendo así el valor de la propia mercancía. (p.193)
Es difícil imaginar una transacción entre productores de leche y queso en la que los primeros se vean forzados a aceptar condiciones tan precarias que su capacidad de producción se reduzca permanentemente. Sin embargo, esta es la norma en las relaciones laborales, especialmente en países latinoamericanos como Colombia, México y Perú, donde la siniestralidad y morbilidad laboral son varios órdenes de magnitud superiores a las de países con regulaciones laborales y sindicatos sólidos, como España, Francia o Suecia3.
Objeción 2: La exageración de los efectos negativos de la reforma se basa en un supuesto débil sobre la eficiencia empresarial, mientras que la alternativa de los detractores de la reforma, la flexibilización, ha demostrado ser, en el mejor de los casos, mediocre.
La mayoría de las simulaciones económicas presentadas en los documentos de trabajo basadas en la teoría ortodoxa afirman que mejorar los derechos laborales provocaría un gran aumento del desempleo. Esto se debe a que en sus modelos asumen que las empresas ya operan con máxima eficiencia y que en tal situación los salarios reflejan exactamente la productividad que cada trabajador aporta.
Bajo esta lógica, cualquier aumento en los “costos laborales” rompería ese equilibrio teórico y generaría desempleo. Al mismo tiempo, esta postura suele argumentar que reducir estos derechos —"flexibilización"— impulsaría el empleo y que solo el aumento de la productividad permitiría alcanzar una mínima dignidad laboral en un futuro hipotético.
Este argumento tiene dos fallas fundamentales.
- La evidencia empírica indica que empresas colombianas tienen holgura productiva y no operan en máxima eficiencia – los supuestos no son adecuados.
A diferencia de lo que plantean los modelos tradicionales, muchas empresas en Colombia tienen poder para fijar salarios por debajo de la productividad real de sus trabajadores, lo que significa que no operan con máxima eficiencia y en situaciones teorizadas de competencia. Un estudio publicado en el Journal of Labor Economics4 muestra que en el sector manufacturero colombiano los salarios están un 40% por debajo de la productividad de los empleados, lo que indica que hay margen -sustancial- para mejorar las condiciones laborales sin que eso cause desempleo.
- La evidencia de que sus supuestos son inadecuados es que alternativa basada en esta visión de la economía- la flexibilización- no ha funcionado.
Bajo esta visión de la economía, que asume que las empresas operan cerca de su máxima eficiencia productiva, la flexibilización laboral ha sido promovida como una *solución mágica* para todos los problemas del mercado laboral. Este enfoque ha dado lugar a contra-reformas como la Ley 789 de 2002, presentada en su momento para impulsar el empleo. Sin embargo en 2005, Alejandro Gaviria, difícilmente un heterodoxo radical, analizó sus efectos y concluyó:
"El análisis muestra que [...] los efectos sobre la generación y formalización del empleo fueron inferiores a lo esperado, y [...] los programas de apoyo al desempleado y estímulo al empleo no han funcionado." (p.1)5
En otras palabras, la flexibilización no creó empleo, sino que aumentó la carga sobre quienes ya estaban empleados. Esto coincide con hallazgos publicados en la Review of Economics and Statistics6, que evidencian un efecto negativo significativo de la desregulación sobre la participación del ingreso laboral en el ingreso nacional. En otras palabras, aunque “bienintencionadas” en la creación de empleo, estas reformas terminaron sacando dinero del bolsillo de los trabajadores para dárselo a los empresarios, sin generar empleo significativo.
Los argumentos contra la reforma laboral se basan en suposiciones débiles sobre la naturaleza del mercado de trabajo y la eficiencia de las empresas. La evidencia muestra que la desregulación no ha mejorado la generación de empleo y que muchas empresas tienen espacio para mejorar las condiciones laborales sin afectar su eficiencia. Es hora de abandonar la narrativa de que la única opción viable es precarizar a los trabajadores y comenzar a diseñar políticas que realmente impulsen el bienestar laboral sin caer en falacias económicas con ropajes técnicos.
Referencias:
1. Mortensen, D. T., & Pissarides, C. A. (1999). New developments in models of search in the labor market. Handbook of labor economics, 3, 2567-2627.
2. Gourevitch, A. (2024). La república cooperativista. Capitan Swing Libros.
3. Cuevas, N., & Gabarda, C. (2016). Siniestralidad laboral en Europa y Latinoamérica: una visión comparada. Informe VIU. Universidad Internacional de Valencia.
4. Amodio, F., & De Roux, N. (2024). Measuring labor market power in developing countries: evidence from Colombian plants. Journal of Labor Economics, 42(4), 949-977.
5. Gaviria, A. (2005). La Reforma Laboral de 2002:¿ funcionó o no?
6. iminelli, G., Duval, M. R. A., & Furceri, D. (2018). Employment protection deregulation and labor shares in advanced economies. International Monetary Fund.