La desaparición de María Claudia Daza en 2012, funcionaria de la Secretaría de Salud de Boyacá, refleja la ineficacia judicial y el olvido institucional en casos de desapariciones forzadas. Su esposo, José Ismael Naranjo, quien enfrentó amenazas en su lucha incansable por encontrarla, murió sin obtener justicia ni respuestas sobre su paradero. En Boyacá, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas reporta 1.310 casos, aunque organizaciones señalan que la cifra real podría superar los 2.500. La impunidad sigue afectando a miles de familias en la región.

Por : Gina Rojas Hoyos

En medio del subregistro de personas desaparecidas en Boyacá, se destaca la trágica historia de María Claudia Daza, funcionaria de la Secretaría de Salud del departamento, quien desapareció sin dejar rastro en marzo de 2012. Su esposo, José Ismael Naranjo Jiménez, luchó incansablemente por encontrarla, pero no lo logró. Falleció hace pocos meses sin obtener justicia y, peor aún, sin saber qué ocurrió con su esposa.

El 1 de septiembre de 2021, Naranjo concedió una de sus últimas entrevistas para mantener viva la memoria de María Claudia y denunciar el olvido en que había caído su caso. Recordó cómo la desaparición de su esposa, como tantas otras en el país, fue cubierta brevemente por los medios antes de caer en el olvido, arrastrada por la inercia de un sistema judicial que falló en repetidas ocasiones.

María Claudia, madre de dos hijos, fue enviada el 26 de marzo de 2012 a Puerto Boyacá para realizar auditorías. Un día después, desapareció. "Ella llegó a las 9 de la mañana a la Droguería Popular", relató Naranjo en aquella entrevista. "Desde entonces, no la volvieron a ver."

En registros de medios de comunicación se consignó que el dueño de la farmacia donde la vieron por última vez estaba bajo arresto domiciliario por vender medicamentos vencidos. Sin embargo, según un informe de Caracol Radio del 27 de diciembre de 2012, no se pudo establecer una relación directa.

Naranjo recordó que ese día estuvo en su casa esperando una llamada que nunca llegó. "Estaba con mis hijos, que aún eran pequeños, esperando que nos llamara al almuerzo, a la comida, y nada. A eso de las 7 de la noche me llamó una compañera de ella y me dijo que se habían instalado en una casa alquilada para quedarse ocho días, para no pagar hotel, pero que la única que faltaba era ella, que creían que estaba perdida", contó.

Esa llamada fue el comienzo de años de angustia. Lo primero que hizo Naranjo fue llamar a todas las personas que podían ayudarle, pero al no recibir respuestas, decidió viajar a Puerto Boyacá al día siguiente. "Ahí empezó una lucha muy dura, llena de tristeza. Hablé con el alcalde, con la Policía, con el Ejército, con todo el mundo, pero nadie decía nada", recordó.

Recorriendo los pasos de su esposa, Naranjo visitó la droguería donde fue vista por última vez. Allí le dijeron que había llegado para hacer la auditoría, recibió una llamada, salió a contestarla y nunca regresó. Sin embargo, también conoció versiones contradictorias a través de llamadas en las que decían que vieron cómo la subieron a una camioneta conducida por hombres vestidos con camuflado. "Me llevaban a diferentes partes donde ella podría estar, pero nunca dimos con un rastro", agregó con tristeza.

De acuerdo con la Corporación Zoscua, dedicada a la memoria y el acompañamiento a las víctimas, Naranjo estuvo de tres a cuatro meses en Puerto Boyacá buscándola, hasta que tuvo que marcharse una noche en silencio debido a amenazas en su contra. La violencia y la intimidación lo obligaron a abandonar su búsqueda en ese municipio y no pudo regresar. A pesar de que los medios de comunicación y marchas ciudadanas exigieron una investigación exhaustiva, los resultados fueron nulos, y a lo largo de estos 12 años, no hubo avances significativos.

En palabras de Naranjo, la investigación quedó más en manos de la sociedad civil que en las de las autoridades. "Inicialmente, me presenté ante la Fiscalía para denunciar, pero me hicieron una indagatoria que duró todo el día porque pensaban que yo había sido", recordó.

A esta denuncia se sumaron alertas emitidas por organizaciones sociales que presionaban para obtener respuestas, pero la realidad era mucho más compleja, ya que Puerto Boyacá tiene jurisdicciones de las autoridades distribuidas en zonas que no son de Boyacá. “La Fiscalía le correspondía a Caldas y la Policía a Santander, nada a Boyacá, y el proceso pasó directamente a Manizales. Hacer seguimiento estando tan lejos era imposible, por eso pedimos traslado a Bogotá de tal manera que fuera más fácil y cercano, pero en eso duramos bastante tiempo y al lograrlo tampoco nos garantizó encontrarla”, explicó Naranjo.

El caso de María Claudia pasó por varias manos en la Fiscalía, primero en la Unidad de Derechos Humanos y luego en el Juzgado 29 de Derechos Humanos en Bogotá, pero terminó siendo archivado. "Pasaron muchos fiscales y cualquier cantidad de investigadores. Todo el tiempo me decían que iban a Puerto Boyacá, pero era mentira. Allá estaban los paramilitares y era muy complicado", dijo Naranjo.

La falta de agilidad y eficacia por parte del sistema judicial generó en la familia la sospecha de que la misma Policía podría haber estado involucrada, en complicidad con los paramilitares de la zona.

Aunque el 18 de mayo de 2012 la Gobernación de Boyacá emitió un comunicado en el que afirmaba haber tomado medidas para apoyar a la familia de María Claudia, Naranjo indicó que la realidad era otra. "Nos dejaron solos, ni siquiera nos ofrecieron ayuda psicológica", lamentó.

Sin opciones ni apoyo institucional, Naranjo tuvo que sacar adelante solo a sus dos hijos, al mismo tiempo que continuaba tocando puertas en busca de respuestas. "Los gobernadores no me recibieron, pedí muchas audiencias, pero ninguno quiso ayudarme. Para nosotros, es como si ella siguiera viva. El gobierno nunca tuvo la firmeza para atendernos. El Estado nos abandonó", expresó.

Hace un par de meses, Naranjo falleció víctima de un derrame cerebral, llevando consigo la esperanza de saber qué pasó con María Claudia. Julio Roberto López, fundador de la Corporación Zoscua, explicó que hasta el final Naranjo mantuvo la creencia de que los gobernantes de Puerto Boyacá en 2012 eran cómplices de los paramilitares y que había complicidad por parte de algunas fuerzas de seguridad. "Nunca perdió la esperanza de encontrarla, de saber qué pasó", señaló López, añadiendo que, “para él, los gobernantes de Puerto Boyacá en 2012 eran los paramilitares y muchos integrantes de las fuerzas armadas eran aliados”.

Durante sus últimos años, el contacto de la Corporación Zoscua siempre fue con el padre, con quien también hicieron acciones de memoria, como la realizada este año en el Colegio Rayuela, donde él mismo socializó el caso. "A los hijos no los hemos podido ubicar, esperamos encontrarlos para continuar recordando a María Claudia", dijo López.

El olvido y la impunidad en Boyacá

El caso de María Claudia Daza es solo uno de los muchos que continúan sin resolver en Boyacá, cuyas cifras distan ampliamente entre las organizaciones sociales y las autoridades nacionales y departamentales. Según el portal de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, hasta marzo de este año se han registrado 1.310 personas desaparecidas en Boyacá, de las cuales 973 son víctimas del conflicto armado. No obstante, la Corporación Zoscua asegura que en realidad el número supera las 2.500 personas, muchas de las cuales no han sido registradas ni buscadas por las autoridades competentes.

Boyacá, aunque considerado por muchos como uno de los departamentos más seguros de Colombia, ha sido testigo de hechos violentos que no han sido debidamente documentados. "Aquí se nos olvidó que los sicarios en moto de los años 80 surgieron en el occidente de Boyacá y que el paramilitarismo se organizó en Puerto Boyacá", explicó López.

En lugares como Páez, alrededor del 50% de los habitantes son víctimas, pero curiosamente este municipio no está entre los priorizados a nivel nacional y la violencia paramilitar fue devastadora. "En un sitio llamado Buenavista, hay un abismo de entre 400 y 500 metros de altura. La gente nos cuenta que más de mil personas fueron arrojadas allí, pero las autoridades nunca han ido a investigar", señaló López.

En otro municipio de la misma provincia de Lengupá, San Eduardo, se encuentra la vereda Libertad, donde una familia completa fue desaparecida; los hermanos Martínez fueron sacados de sus tierras y asesinados.

Los gobernantes han insistido en que en Boyacá no ha pasado nada y la ciudadanía ha caído en la misma mentira. Por eso, la Corporación inició una investigación, encontrando muchas cosas ocultas y la necesidad de reconstruir la historia hallando casos como los descritos.

Como consecuencia, la Corporación asegura que son contados los casos que en Boyacá se conocen de personas que encuentran a sus familiares. A los demás solo les queda insistir en no olvidar y acudir al Muro de la Memoria en Tunja, construido por la Corporación Zoscua, donde simbólicamente llevan ofrendas florales, oraciones y memoria a sus seres queridos.

“Esperamos que en algún momento los Gobiernos en Boyacá, tanto municipales como departamentales, le pongan atención al tema de memoria y reparación integral. Hay muchas barreras desde los gobiernos y necesitamos que se prioricen a las víctimas porque pareciera que como ese tema no tiene votos, no le ponen la suficiente atención”, subrayó López.

Según el fundador, del Muro de la memoria, los gobernantes han insistido en que en Boyacá no ha pasado nada, y la ciudadanía cayó en la misma mentira. Por ello, la Corporación inició una investigación y descubrió muchas verdades ocultas, identificando la necesidad de reconstruir la historia a través de casos como los descritos anteriormente.

Como resultado, la Corporación asegura que en Boyacá son pocos los casos de personas que logran encontrar a sus familiares desaparecidos. Para los demás, solo queda la esperanza de no olvidar y acudir al Muro de la Memoria en Tunja, construido por la Corporación Zoscua. Allí, de manera simbólica, los familiares llevan ofrendas florales, realizan oraciones y mantienen viva la memoria de sus seres queridos.

"Esperamos que en algún momento los gobiernos municipales y departamentales de Boyacá presten atención al tema de memoria y reparación integral. Existen muchas barreras impuestas por los gobiernos, y es urgente que se priorice a las víctimas. Parece que, como este tema no genera votos, no le dan la atención que merece", subrayó López.

A pesar de la Ley 1448 de 2011, que ordena a los gobiernos locales y departamentales realizar acciones de memoria y no repetición, Boyacá ha sido negligente en cumplir estas disposiciones. "En lugares como Miraflores, la gente comenta que los victimarios de entonces siguen caminando por las calles sin haber recibido castigo. Por ello, hay un peligro inminente de que el paramilitarismo resurgirá", advirtió López.

Giovani Torres Pulido, asesor de Diálogo Social de la Gobernación de Boyacá, anunció que el 17 de septiembre se conmemorará a las víctimas de desaparición forzada en Páez, uno de los municipios más afectados por el conflicto armado, junto a otros de la provincia de Lengupá. Además, mencionó que se creará una mesa de trabajo sobre desaparición forzada, liderada por la Unidad Nacional de Búsqueda, y que el caso de María Claudia será incluido en esta nueva iniciativa, con el objetivo de encontrar respuestas a una lucha llena de incertidumbres.

En cuanto al registro de víctimas, Torres señaló que han logrado avances. En 2015 solo se contabilizaban 500 víctimas de desaparición forzada, por lo que esperan que las nuevas acciones permitan continuar con la recolección de datos y esclarecer más casos.

Sin embargo, aún está por verse si esta mesa y los nuevos esfuerzos traerán finalmente justicia y paz a la familia de María Claudia Daza y a las otras miles de familias que viven con la incertidumbre y el dolor de la desaparición forzada.