El 86% de los periodistas colombianos tiene estudios superiores, pero el 59,6% gana menos de 2 millones de pesos al mes, dice un informe reciente de la Defensoría del Pueblo. Esta precariedad, agravada por 332 agresiones en 2024, muchas perpetradas por funcionarios públicos, aumenta la autocensura y pone en riesgo la libertad de prensa en el país.
Por: David Alejandro Guarín Barrero
En el 2008 José Luis, un periodista con amplio recorrido, encontró trabajo en el noticiero de una emisora del FM de Fusagasugá. Sin embargo, le informaron que su sueldo dependería de lo que pudiera generar en pauta publicitaria, además del valor de los transportes. La situación se complicó cuando descubrió que los únicos anunciantes con capacidad de pautar estaban monopolizados por el director de noticias de la emisora.
Por otro lado, Juliana, dejó una reconocida emisora de un conglomerado de medios debido a los malos tratos. Durante dos meses soportó agresiones pasivas de su editora. Le pedían trabajar más de ocho horas diarias, la recriminaban por venir de una ciudad intermedia e incluso, en una ocasión fue regañada por no tener el contacto de una fuente que no cubría.
Estas historias ilustran lo que revela la Defensoría del Pueblo en su informe sobre las vulneraciones a los derechos humanos de los periodistas en Colombia en 2024. La encuesta, realizada a 370 periodistas de todo el país, expone la precaria situación laboral y económica de los profesionales del periodismo en Colombia, sino también las amenazas constantes que enfrentan en el ejercicio de su labor.
En cifras
El informe de la Defensoría revela que el 86% de los periodistas en el país cuenta con estudios superiores, pero solo el 50% posee un título de pregrado. A pesar de esta alta cualificación, un 59,6% de los encuestados reporta ingresos inferiores a 2 millones de pesos. Esta realidad no solo afecta su calidad de vida, sino que también limita su libertad para ejercer el periodismo sin temor a represalias económicas.
La Asociación de Facultades de Comunicación, Afacom, respalda estos hallazgos indicando que ¨una creciente y preocupante precarización de las condiciones laborales de los profesionales de la comunicación, y un atentado contra sus derechos como trabajadores. A la vez, se observan —al menos, en la población consultada— muy pocas posibilidades para el emprendimiento y la generación de nuevos negocios en el campo de la comunicación”. Además, Afacom subraya la falta de políticas estatales que fomenten proyectos productivos en comunicación o periodismo.
El periodismo aún es un riesgo para la vida de los periodistas
En Colombia, en lo corrido del 2024 se asesinaron dos periodistas. El último del que se tenga registro es Jaime Vásquez,un reconocido investigador de la corrupción en Norte de Santander. Como ya es costumbre, actores ilegales y poderosos evitan a toda costa que se conozcan los detalles de sus actividades ilícitas.
El informe de la Defensoría del Pueblo preocupa al reveral que uno de cada cinco periodistas encuestados manifestó haber sentido vulneraciones por parte de líderes políticos. Esta situación se agrava si se consideran las vulneraciones cometidas por funcionarios públicos y miembros de la fuerza pública, lo que representa casi un 50% de las agresiones, con el otro 50% perpetrado por grupos armados ilegales y delincuencia común. También destaca un pequeño porcentaje de agresiones provenientes de los propios empleadores dentro de los medios de comunicación.
La Fundación para la Libertad de Prensa, Flip, ha documentado, durante el 2024, “332 agresiones contra la libertad de prensa en el país, entre los que se incluyen 43 estigmatizaciones, 133 amenazas y el asesinato de dos periodistas por ejercer su labor informativa. De todas estas agresiones, 81 fueron perpetradas por funcionarios públicos y 69 por grupos armados, en 21 de los 32 departamentos del país. Esto ubica a Colombia como uno de los países más peligrosos de América Latina para los periodistas¨, señala en un comunicado.
A pesar de la gravedad de la situación, casi la mitad de los periodistas víctimas de vulneraciones no denuncian los hechos. Según la Defensoría del Pueblo, esto se debe a que “las autoridades y los mecanismos de recepción de denuncias no son los apropiados. Ocurre mucho con periodistas amenazados en territorio para que les brinden atención”, afirmó Juan Carlos Castellanos, coautor del informe y defensor delegado para la protección de derechos humanos en ambientes digitales y libertad de expresión. Además, en el 55% de los casos, no se resuelven los problemas que enfrentan los periodistas.
Entre los periodistas, se percibe que las principales amenazas para el ejercicio de su labor son la falta de garantías laborales y la criminalidad. En muchas salas de redacción del país, la autocensura no se debe únicamente al temor de denunciar robos, corrupción o señalar a políticos.Esta censura está más relacionada con la inestabilidad laboral, la violencia pasiva y las condiciones precarias en las que se desarrolla la labor periodística.
Ante este panorama, no sorprende que la carrera de comunicación social y periodismo sea una de las carreras de las que más arrepentimientos genera entre sus egresados, como lo indica un estudio de la compañía de reclutamiento ZipRecruiter. Además, cada vez más estudiantes de comunicación optan por no dedicarse al periodismo, debido a que se perfila como una de las profesiones con menor salida laboral según un estudio de Afacom.
Aunque el periodismo en Colombia aún no está en crisis, la falta de condiciones laborales dignas y la ausencia de un Estado comprometido con la protección de sus periodistas podrían llevarlo a una crisis inminente. Sin garantías adecuadas, el futuro del periodismo y de quienes luchan por seguir informando a la sociedad en medio de todas las presiones está en peligro.
