Por: Juan Pablo Soler Villamizar.
En los últimos días diversos sectores vienen compartiendo sus visiones de la transición energética en las que dejan aristas sin atender. Como aporte a esta discusión comparto algunos puntos de vista que emanan del proceso territorial de base del cual hago parte: las Comunidades SETAA.
El gobierno de turno ha mencionado que se guiará por cinco principios para fomentar la visión de transición energética justa. Estos tienen como primer desafío concatenar con la política pública del sector que dejaron gobiernos anteriores a través de leyes como la 1715 de 2014 (que permitió integrar fuentes de energía no convencionales, como la energía solar, al sistema interconectado nacional), la ley 2099 o Ley de Transición Energética (que se aprobó con ligereza en el Congreso de la República en 2021 sin participación ciudadana) y el CONPES 4075 aprobado en marzo de 2022.
El gobierno saliente está en el ojo público por los déficits que dejó en la cartera de subsidios a la gasolina o en las billonarias contrataciones a dedo, pero también hay que prestar atención al escenario creado para la transición energética corporativa en la que las comunidades o procesos sociales organizados no tienen espacio de participación eficaz en la gestión del sistema de generación.
Ahora bien, como hoja de ruta del paradigma económico que se pretende fomentar, es necesario atender las dimensiones de la seguridad energética: la disponibilidad y la accesibilidad a los recursos energéticos, la aceptabilidad social y la asequibilidad de los recursos —estas dos últimas acuñadas en el Consejo Mundial de la Energía.
Estas dimensiones no pueden ser vistas como un requisito o una condición inicial a superar sino como un proceso sinérgico y dialógico permanente entre el conjunto de actores con metodologías que construyan consensos. El ejemplo más reciente que devela esta necesidad tiene relación con el riesgo de apagón derivado de la falta de atención institucional y empresarial a los impactos que agobiaron por años a las comunidades afectadas por la represa El Guavio. Esta hidroeléctrica, que inició su construcción en la década de los ochenta, sigue generando externalidades no previstas y acumulación de pasivos sociales, ambientales y económicos que históricamente han asumido las comunidades locales. Este ejemplo se replica en todas las hidroeléctricas construidas en el país.
Ahora bien, el ministerio de Minas y Energía ha mencionado que su política de gestión se orientará por la construcción de una transición energética justa (TEJ) que requiere el país. No obstante, esa dimensión de justicia de la transición ha sido propuesta por organizaciones sociales de base, ambientalistas y sindicales por lo que ese adjetivo se debe llenar de significado en diálogo con cada una de esas organizaciones. En este aspecto, resulta importante el anuncio del carácter vinculante que tendrán los diálogos regionales del Plan Nacional de Desarrollo. Pero es urgente que se aclarare el procedimiento y protocolo en que las propuestas serán acogidas e implementadas, esto sabiendo que la lucha social que adelantan procesos como la Cumbre Agraria Campesina Étnica y Popular (CACEP) ya ha avanzado en hacer propuestas vinculantes, como el decreto presidencial 870, pero que han sido incumplidas en su gran mayoría por gobiernos anteriores.
De este modo, caben algunas consideraciones respecto a los principios que guiarán la TEJ del gobierno de turno. El primer principio es la equidad, donde resaltan la importancia de la democratización energética sorteando desafíos técnicos y regulatorios. Si bien el acceso democrático a la energía es un derecho, debe cuidarse que la democratización plantea de fondo es la participación ciudadana real en la toma de decisiones relacionadas con la energía.
El segundo principio es la gradualidad y seguridad en la que se anuncian la diversificación con la entrada de nuevos proyectos desde la soberanía y la autosuficiencia. Aquí juega un papel fundamental la aceptabilidad social y el replanteamiento estructural del modelo energético, temas que han sido engavetados por décadas ignorando los resultados de las consultas populares y bloqueando la posibilidad de hacer más consultas. No por muy limpia que digan que es la energía da lugar a su imposición.
El tercer principio resalta la inclusión y participación, donde establece el Pacto por la Justicia en el que las comunidades deben ser respetadas con las decisiones que rodean los proyectos mineros que requiere la transición y a su vez propone una integración regional latinoamericana basada en el intercambio de minerales. Los interrogantes sobre la participación vinculante también tienen importancia aquí: ¿cómo se harán vinculantes las propuestas de las comunidades que habitan en los territorios afectados por la política minero-energética? Y, fruto de la experiencia en torno a diálogos institucionales previos, ¿cómo evitar que se revictimice a la población que acude a los diálogos con interpretaciones subjetivas o amañadas de quienes hacen las relatorías o construyen las actas?
El cuarto principio tiene que ver con los encadenamientos productivos para migrar de una economía extractivista a una economía productiva, promoviendo la idea de producir paneles y turbinas eólicas en Colombia. Esto aunado al quinto principio que plantea la construcción de conocimiento en nivel técnico, profesional, posgraduación y apoyo a centros de investigación apuntando a la creación de un Instituto de la Transición Energética para la industrialización con economías populares e incentivar relaciones público-populares y privadas-populares. En este aspecto deben integrarse las visiones y propuestas de energías comunitarias que ya están en marcha.
Este conjunto de principios significa un buen punto de partida, pero debe ampliar la concepción de la energía. Debe cuidarse de no caer en el vacío del gobierno anterior de entender la transición energética solo como un tema de mejorar la eficiencia y diversificar las fuentes. La energía no solo es electricidad, carbón o petróleo.
Por último, a quienes se rehúsan a cambiar la matriz energética basándose en el argumento de que los aportes de Colombia al cambio climático son insignificantes, les invitamos, como organización social, a no tergiversar la discusión. La propuesta de transición no obedece exclusivamente a una preocupación climática, aterriza también en temas asociados a la crisis energética, la desigualdad social y la violación de derechos. La crisis climática global la sentimos cada vez más en lo local, nuestra productividad de café, cacao, maíz o aguacate se ha visto afectada con la variación de las condiciones climáticas. En este punto, si Colombia puede aportar soluciones para la transformación del modelo energético global será un aporte para la humanidad y un modelo por replicar.
Las nuevas políticas deben considerar el apoyo y respaldo de todas las propuestas de energías comunitarias que resuelven el autoabastecimiento local y generan nuevas prácticas y usos de la energía evitando su derroche y despilfarro, estando dentro o fuera del área de cobertura del sistema interconectado nacional. Es crucial que fomenten que los consumidores del campo y la ciudad se transformen en actores activos en la gestión de la energía y por supuesto, lograr que iniciativas como la de constituir comunidades energéticas en efecto se piensen, diseñen y construyan con las comunidades.
