Por: Juan Pablo Soler Villamizar
Frente al escándalo suscitado por el alza de las tarifas de la energía en distintas partes del país, que concomita con la vulneración derechos fundamentales, el gobierno planteó El Pacto por la Justicia Tarifaria que se basa en cuatro estrategias: a) nuevas normas de regulación que permiten la reducción tarifaria a corto plazo (Protagonista la CREG); b) convocar la voluntad de las empresas generadoras y distribuidoras de energía para renegociar los contratos (Protagonista las empresas): c) seguimiento a estos acuerdos por parte de la CREG y del Ministerio de Minas y Energía y d) mantener los diálogos para buscar las mejores soluciones para los usuarios y el sector eléctrico.
Se planteó como fecha límite para que las empresas generadoras voluntariamente se acogieran a la campaña el pasado 7 de octubre. El 9 de octubre aún se evidenciaba que no todas las generadoras habían reaccionado al llamado, solo un 17 por ciento de las 52 empresas de generación registradas en el país había respondido en la fecha establecida por el Ministerio de Minas y Energía. Por lo tanto, esta semana, según lo anunciado por la ministra Vélez, conoceremos las medidas radicales que se tomarán frente a aquellas empresas que han guardado silencio.
EPM, ISAGEN y EMGESA son las mayores generadoras de Colombia dado que su capacidad instalada corresponde al 52% de la capacidad nacional. El 6 de octubre ISAGEN anunció descuentos para lo que queda del año y un techo para los aumentos de las tarifas en 2023. Sin embargo, no sobra recordar que la formula tarifaria ya establece un techo asociado al índice de precios al productor – IPP- que es lo que en gran parte nos tiene en esta coyuntura, por tanto, es un mensaje ambiguo.
EPM anunció un aporte de aproximadamente 340 mil millones de pesos para un período de 12 meses que implicará una reducción del 8,7 por ciento para las empresas dedicadas a la comercialización con las que tienen contratos de venta de largo plazo y que tienen un mayor número de clientes en estratos 1 y 2. Celsia manifestó que la reducción sería del 5 por ciento para el Valle del Cauca y del 10 por ciento para el Tolima.
Otras empresas como Urrá, AES, GECELCA, ENEL, Nitro Energy y Energía de Pereira, manifestaron genéricamente que asumían el llamado para hacer descuentos en las tarifas entre 2022 y 2023 pero sin especificar un monto o porcentaje. En los comunicados de las empresas se exhorta a las demás empresas del sector a sumarse a la campaña lo cual tiene sentido: el impacto se verá reflejado si todos los generadores que le venden a los comercializadores disminuyen el precio.
En general, estas propuestas plantean disminuir el margen de utilidad en el plazo de un año, en términos coloquiales, es ganar un poco menos, pero la medida no debe confundirse con la devolución de una parte de las ganancias extraordinarias que han tenido estas empresas desde diciembre de 2020.
Se calcula que las empresas recibieron más de 4 billones de pesos en 2021 con la aplicación del IPP, sin contar lo que han recibido en lo corrido de 2022. Por lo tanto, los porcentajes anunciados se encuentran lejos de la solidaridad esperada por parte del Ministerio de Minas y Energía y de los usuarios finales del servicio.
Las respuestas en este escenario generan incertidumbre. La primera es que la ruta planteada por el Pacto por la Justicia Tarifaria es transitoria pero no permanente, es decir, no es estructural. Es posible que la estrategia cuatro en el mediano plazo lo contemple, pero solo cobrará sentido en la medida que también puedan participar actores imparciales, que no tengan intereses en el negocio de la energía.
La segunda es lo que pasará cuando termine el periodo de descuentos anunciado por las empresas, hacia octubre o noviembre de 2023, dado que, en caso de no lograrse cambiar la fórmula tarifaria, el impacto en el bolsillo de los usuarios no tendrá precedentes. Como diría el padre de la ministra Vélez, hay que buscar la fiebre en el enfermo y no en las cobijas que lo arropan, y para eso tenemos poco tiempo.
La tercera, en términos de regulación, tiene relación con lo planteado por la CREG de reemplazar en el cálculo de la tarifa el Índice de Precios al Productor -IPP por el Índice de Precio al Consumidor – IPC, o la introducción de este factor en algunos componentes según lo señala el proyecto de resolución de la CREG 107-019 de 2022. El Banco de la República ha señalado en años anteriores que el IPP es premonitorio del IPC, por tanto, introducir transitoriamente el IPC en la formula tarifaria tendrá efectos negativos en el corto y mediano plazo con la evidencia de la variación atípica que hemos asistido.
Sin lugar a dudas, la solución real está en la posibilidad de cambiar la fórmula tarifaria, pero se debe procurar que los precios no dependan de factores externos, que es el caso de las variaciones atípicas del IPP e IPC. Tal vez se debería tener como techo el incremento porcentual anual del salario mínimo o, como señalé anteriormente, la posibilidad de constituir un fondo de reserva que se nutra de un gravamen a las utilidades extraordinarias de todas las empresas de la cadena de la energía eléctrica.
En el congreso rondan otras propuestas como el proyecto de ley de David Name que busca aumentar el gravamen de las transferencias del Sector Eléctrico para subsidiar la tarifa de los estratos 1 y 2. Según la capacidad de generación de los proyectos, podría estar entre el 7 y el 10 por ciento, pero teniendo en cuenta que el 6 por ciento ya tiene destinación específica para el cuidado de las cuencas (Ley 99 del 93 Art 45). Es una propuesta que tiene el problema de cargar toda la responsabilidad a los generadores y libera a los demás actores que participan en el negocio de la energía.
En conclusión, si las tarifas bajan o no bajan, solo lo podrán evidenciar con claridad los usuarios al revisar el costo por kilovatio hora en su factura mensual a partir de noviembre y diciembre. Los Revisaremos y lo notificaremos.
