Por: Juan Pablo Soler Villamizar
La prometida participación ciudadana en espacios de decisión y construcción de política pública tiene grandes desafíos dentro de la arquitectura de la impunidad creada por el corporativismo estatal.
Los espacios de encuentro y diálogo, como los diálogos regionales del Plan Nacional de Desarrollo, tienen el gran desafío de volver vinculante -o hacer cumplir- todas las propuestas que se presentan por parte de la ciudadanía. Sin lugar a duda, es una estrategia sin precedentes que cambia la historia de la imposición de leyes en Colombia.
Otro desafío radica en dar cumplimiento a los acuerdos o continuidad a los espacios generados de interlocución institucional donde las propuestas de las organizaciones sociales solo han quedado en el contenido de las actas o en planes de trabajo sin continuidad como la mesa de Tierras que el Movimiento Colombiano Ríos Vivos[1] creó con el INCODER[2] para crear una ruta de acceso a tierras para las personas afectadas por represas que debido a la inundación de sus territorios se les destierra. Esto surgió como propuesta del movimiento social para dar cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 1277 de 2013 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, el cual estableció la creación de un programa especial de dotación de tierras, a favor de personas vulnerables de la zona de ejecución del proyecto hidroeléctrico “El Quimbo” en el departamento del Huila, que fueran sujetos de reforma agraria, así como de personas que estuvieran es zonas de riesgo o inundación. Los avances de la mesa fenecieron con la extinción del INCODER para dar paso a la Agencia Nacional de Tierras quien hizo caso omiso de los acuerdos.
Ahora bien, la participación como hasta hoy se ha anunciado es necesaria, pero se necesita más de cara a la diversidad de estrategias corporativas que evaden la participación ciudadana. Una de ellas es la consulta previa, libre e informada no es vinculante permitiendo que los proyectos se impongan legalmente sin que se respeten los principios del Estado Social de Derecho. En algunos casos estos espacios han generado disputas entre las comunidades, revictimizando a la población.
Otra, de las más útiles para los intereses y necesidades de las empresas y corporaciones, es la modificación de las licencias ambientales. Por lo general, cuando un megaproyecto llega a una región, sus promotores generan más expectativas de lo que realmente llevan al territorio, en especial en zonas donde el abandono estatal ha sido sistemático, donde el conflicto armado ha generado profundas secuelas y donde a flor de piel se siente la desigualdad social.
En las etapas de socialización de los proyectos las empresas contratan personas que, por lo general, no conocen las dinámicas socio culturales de los territorios, las reuniones carecen de información clara y los talleristas se ufanan de sus conocimientos usando lenguaje técnico que termina por excluir a quienes va dirigido el proceso incluso en algunos casos agreden con burlas a las comunidades porque no les entienden nada. En estas reuniones se pasan listas de asistencia que luego presentan como resultado del proceso “participativo” o de aceptación por parte de las comunidades. Luego cuando las personas se hacen conscientes de la vulneración de sus derechos y empiezan a protestar, hacen memoria y caen en la cuenta de que esa reunión a la que asistieron donde le dieron un refrigerio maluco y traído de afuera pero que se lo comieron porque tenían hambre luego de caminar mucho para asistir a la reunión, era para endosar su territorio.
La socialización de los proyectos a las comunidades es una obligación de las empresas. El problema es que eso lo validen como participación ciudadana a pesar de quienes acuden a esos espacios no cuentan con suficiente información y que cuando se presentan cuestionamientos por parte de los asistentes no son atendidos o tenidos en cuenta.
Ahora bien, luego de que el proyecto avanza y presenta sus estudios de impacto ambiental EIA (contratados por las mismas empresas) aparece una suerte de lenguaje técnico que dificulta la participación. Estos estudios no deberían estar escritos para que solo los técnicos los puedan descifrar sino para que la gente afectada los entienda pues al final es la única garantía para no dejar impactos sin identificar. Impacto que no sea identificado no tendrá medidas de mitigación dentro de los Planes de Manejo Ambiental que al final se convierten en el espacio de actuación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales.
Luego la participación nuevamente se mina con el hecho de que la licencia ambiental, que contiene ese Plan, es modificada a solicitud de las empresas constructoras. Lo paradigmático del asunto, es que la ley no obliga a las empresas a socializar esas modificaciones del proyecto ni tampoco existe un número que limite las solicitudes de la empresa. Además, tampoco se les obliga a tener en cuenta las propuestas de las comunidades afectadas.
El centenar de modificaciones que puede llegar a tener una licencia ambiental da cuenta de la incertidumbre que rodea los megaproyectos. Cada modificación puede estar relacionada con nuevos impactos, nuevas afectaciones y, por supuesto, nuevos afectados; es decir, el proyecto socializado al inicio se transforma durante la ejecución.
Dentro del proceso de construcción del proyecto Hidroituango, hasta el año 2018 se registraban 22 modificaciones antes que ocurriera la contingencia que conllevó el lleno prioritario del muro, es de resaltar que la mayor parte de las resoluciones modificatorias no fueron notificadas a las autoridades departamentales ni locales correspondientes, mucho menos tuvieron conocimiento directo las comunidades afectadas. La licencia de la represa Hidrosogamoso tenía por lo menos diez (10) modificaciones hasta el nefasto suceso de secamiento del río en 2014 y el proyecto el Quimbo 117 hasta el año 2015.
A propósito, en los últimos días, la ANLA negó una solicitud de la empresa EMGESA constructora del Quimbo en que la multinacional pretendía cambiar su obligación de restitución de tierras a las comunidades campesinas afectadas: se pretendía disminuir el monto de compensación a tan solo 42,5 millones cuando el estimado es de 223 millones según la gobernación del Huila.
En Colombia las víctimas aumentan con los megaproyectos además de los desplazamientos forzados que generan, por las condiciones emocionales y mentales a que son sometidas las personas opositoras, los proyectos o las empresas terminan teniendo más derechos e importancia que las comunidades o las personas y por eso cuando la gente ve que un proyecto logra una licencia ambiental acostumbra a y decir: “Ya fue, ya nada se puede hacer” ahí suelo llamar a reflexión y decir: “Hasta ahora vamos a conocer los reales impactos, casi todo está por hacer” y es ahí donde la participación ciudadana debe tener un papel fundamental.
Señoras Ministras, señores Ministros, señor Presidente: de estas esferas de la participación también se debe ocupar la Transición Energética Justa.
[1] Se refiere al Movimiento Nacional que articula a comunidades de diferentes departamentos del país y que está articulada al MAR –Movimiento de Afectados por Represas de América Latina-.No a la ONG que tomó su nombre en 2019
[2] https://www.elespectador.com/colombia/mas-regiones/crean-la-mesa-nacional-de-tierras-para-afectados-por-represas-contra-el-desplazamiento-article-576961/
