Por: Freddy Ordóñez Gómez
El actual Gobierno ha retomado la argumentación alrededor del narcotráfico que asocia los cultivos de uso ilícito y el tráfico de cocaína exclusivamente con organizaciones armadas que vuelven a ser llamadas “narcoterroristas”. Discursivamente también ha construido complicidades entre grupos ilegales con el mandato del anterior presidente Gustavo Petro (al que De La Espriella ha denominado como “el régimen socialcomunista”), sin que, a la fecha, presente prueba alguna de estas graves acusaciones. La narrativa incluye afirmaciones como que la coca ha traído muerte, corrupción, destrucción, que ésta “ha sido el combustible del narcoterrorismo” y que el narcotráfico es “el peor cáncer que tiene la sociedad”, presentando los cultivos de uso ilícito como “la fuente primigenia de todas las formas de violencia en Colombia”, que deben ser fumigados; acusando a todo aquel que obstaculice las fumigaciones de ayudar de alguna manera a que el fenómeno de los cultivos se extienda, lo que “debe ser revisado con detenimiento por la justicia norteamericana”, en una clara advertencia a los jueces constitucionales frente a acciones de tutela. Previamente en campaña, el entonces candidato De La Espriella había expresado que en la base de la confederación criminal está la coca.
Por su parte, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, el pasado 22 de septiembre afirmó en el Congreso que en “los territorios étnicos y las zonas de reserva campesina donde hay más cultivos de coca en Colombia […] ¿para qué son las reservas campesinas? Para sembrar coca, cultivos ilícitos”.
El relato construido entonces en el actual Gobierno es de guerra contra las drogas, de los cultivos de uso ilícito y el narcotráfico asociados a organizaciones criminales y a campesinos y pueblos étnicos, una mirada reduccionista y simplista del fenómeno multidimensional de la producción de cocaína que en palabras de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad es “un grave problema económico, social y político” y le permite desplegar a De La Espriella la guerra contra el narcotráfico como dispositivo político de represión, disciplinamiento y control social. La mirada del Ejecutivo oculta aspectos expuestos en el Informe Hay futuros si hay verdad, como lo son la relación de la economía nacional con el tráfico de cocaína, como éste ha facilitado a sectores de la élite el conservar el statu quo, el fomento de la corrupción a un sinnúmero de funcionarios públicos y el ser una bisagra entre el crimen y el poder, un actor comodín que ha jugado bajo distintas lógicas. También, señala la Comisión que “muchos pueblos de Colombia han surgido y son relevantes debido a que estuvieron en contacto con el narcotráfico”, esto en referencia principalmente a la dinámica económica, pero también a la dinámica política y a las migraciones y poblamientos asociados a la producción de cocaína, en lo que se presenta como una producción territorial a partir de la coca, en la que la relación entre Estado y narcotráfico va más allá de la captura de instituciones o de la infiltración de la política, ya que las economías cocaleras participaron en la producción material, demográfica y político-administrativa de determinados espacios estatales.
El trabajo de grado de maestría de Yesenya Mojica Bravo, La coca construye territorio, investigación del 2023 centrada en Puerto Asís, va en línea con lo anteriormente indicado, pues en la investigación, analizó las transformaciones demográficas de crecimiento poblacional, al igual que la economía local en el contexto de bonanza cocalera, concluyendo que “es posible reconocer la creación de los municipios de San Miguel, Puerto Caicedo […] como fenómenos enmarcados en aumentos significativos de la cobertura del cultivo de coca en el municipio de Puerto Asís y crecimientos […] del tamaño de la población”. Frente a los casos de San Miguel y Valle del Guamuez, Carlos Duarte, en el texto Desencuentros territoriales (Tomo II), publicado en el 2015, indicó que estos se convirtieron en municipios en 1994 y 1985, como reflejo del crecimiento demográfico y la consolidación de la economía cocalera en el departamento de Putumayo. La formación del estado local para el Valle del Guamuez fue estudiada ampliamente por María Clara Torres Bustamante en el libro Estado y coca en la frontera colombiana. El caso de Putumayo.
Así, la configuración político-administrativa de determinadas zonas del país no puede explicarse exclusivamente por las políticas estatales de ordenamiento territorial, el impulso a la descentralización, ni por dinámicas demográficas autónomas o de colonización dirigida. En algunas regiones la economía cocalera produjo procesos de poblamiento, urbanización, acumulación, intercambio, organización social y disputa por el poder local que favorecieron la transformación de asentamientos en entidades político-administrativas, contribuyendo de esta forma la coca a producir municipios, teniéndose una economía ilegal que genera condiciones materiales que permiten la institucionalización legal del territorio: la ilegalidad económica apoyando la creación de legalidad político-administrativa, en un fenómeno que bien podría caracterizarse como de municipalización cocalera, en el que además de las entidades territoriales ya referidas un mapa provisional de casos de influencia de la economía de los cultivos de uso ilícito en los procesos de elevación a municipios podría incluir a Cartagena del Chairá, Puerto Guzmán, Puerto Caicedo, Calamar, El Retorno, Miraflores y Solita. En todos estos municipios sus habitantes han padecido la violencia asociada al tráfico de cocaína, el conflicto armado, las aspersiones aéreas y la victimización a manos de grupos armados ilegales y de la fuerza pública; a lo que se suma la estigmatización y represión de sus poblaciones y autoridades locales, de campesinas y campesinos vinculados a la economía de la hoja de coca como parte de la guerra contra el narcotráfico.
El discurso del actual Gobierno sobre el tráfico de cocaína y la insistencia en el tratamiento de guerra al fenómeno de la producción de narcóticos no resolverá el problema, pues se centra en una visión que persigue y criminaliza los eslabones más débiles de la cadena, en la militarización de los territorios y en la exacerbación de la confrontación, lo que termina afectando a comunidades y sectores poblacionales vulnerabilizados, descuidando, no abordando y profundizando otras dimensiones de la problemática. La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad lo ha señalado claramente: la representación de que se trata de una guerra contra el narcotráfico lo convierte en factor fundamental de la persistencia.
Si en determinados lugares la economía cocalera contribuyó al poblamiento, al crecimiento demográfico, a la formación de mercados locales y a la transformación de asentamientos en inspecciones, corregimientos y finalmente en municipios, entonces la historia político-administrativa del país no puede presentarse al margen de la historia de las economías ilegales y de sus relaciones con las economías legales, las élites, las instituciones y las políticas estatales. Esta perspectiva no pretende desconocer las afectaciones, violencias y relaciones de poder asociadas al tráfico de cocaína, sino superar la narrativa que convierte la coca y a quienes participan de su economía en el origen del problema. Quizá una pregunta más incómoda pero necesaria para el Gobierno actual y para la definición de una política sobre drogas sea, precisamente, cuánto de la Colombia institucional que hoy conocemos también ha sido producido, directa o indirectamente, por las economías que el Estado ha declarado combatir.
