Por: Jaime Gómez Alcaraz
La tragedia de Sudán constituye una de las expresiones más inquietantes del orden internacional contemporáneo. No solamente por la magnitud de la destrucción humana, sino porque revela una contradicción que las grandes potencias prefieren eludir: la universalidad de los derechos humanos continúa dependiendo, en buena medida, de la importancia estratégica que se atribuya a quienes los ven vulnerados. Mientras las guerras de Ucrania y Gaza ocupan espacios centrales en la confrontación diplomática y mediática, millones de sudaneses sobreviven entre desplazamientos forzados, hambre y violencia sistemática, sin que su sufrimiento provoque una movilización internacional comparable.
No se trata de establecer una competencia entre tragedias. Las víctimas palestinas, ucranianas y sudanesas poseen idéntica dignidad y merecen la misma protección jurídica. El problema aparece cuando esa igualdad, proclamada solemnemente por las instituciones internacionales, desaparece en las decisiones políticas. Sudán permite observar cómo la indiferencia diplomática, combinada con intereses económicos y militares extranjeros, puede contribuir a prolongar una guerra. El abandono deja entonces de ser una simple omisión moral para convertirse en una cuestión de responsabilidad política y, bajo determinadas circunstancias, también jurídica.
Las raíces coloniales de una tragedia contemporánea
La guerra iniciada en abril de 2023 entre las Fuerzas Armadas Sudanesas, dirigidas por Abdel Fattah al Burhan, y las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), comandadas por Mohamed Hamdan Dagalo, no surgió espontáneamente. Sus antecedentes atraviesan décadas de autoritarismo, militarización y desigualdades territoriales, agravadas por estructuras heredadas del colonialismo británico-egipcio.
La administración colonial contribuyó a consolidar divisiones regionales y formas desiguales de acceso al poder. Posteriormente, las élites gobernantes reprodujeron buena parte de esas jerarquías. Darfur, convertido reiteradamente en escenario de persecuciones y desplazamientos, representa una consecuencia particularmente dramática de esa continuidad histórica.
La dictadura de Omar al Bashir tiene una gran responsabilidad en el surgimiento del actual conflicto así como también, la instrumentalización de milicias y el posterior enfrentamiento entre antiguos aliados militares cuyas decisiones políticas avivaron el conflicto. La revolución popular de 2019 abrió posibilidades democráticas que terminaron frustradas por quienes pretendían conservar el control del Estado y sus recursos.
Una guerra sudanesa alimentada desde el exterior
Presentar el conflicto como una disputa exclusivamente interna resulta insuficiente. Sudán ocupa una posición estratégica entre el Sahel, el Cuerno de África y el mar Rojo. Sus reservas de oro, sus tierras agrícolas y sus conexiones comerciales despiertan intereses que trascienden ampliamente sus fronteras.
Diversas investigaciones han documentado redes internacionales de suministro militar y apoyo logístico. Emiratos Árabes Unidos ha sido señalado reiteradamente por su presunto respaldo a las RSF, acusaciones que sus autoridades rechazan. Egipto mantiene vínculos estrechos con las Fuerzas Armadas Sudanesas, mientras existen informes sobre asistencia militar iraní y otros apoyos extranjeros. La competencia por influencia regional convierte progresivamente el territorio sudanés en un escenario de confrontación indirecta.
La internacionalización alcanza dimensiones especialmente preocupantes con la participación de combatientes extranjeros. Human Rights Watch documentó en mayo de 2026 el reclutamiento y despliegue de contratistas militares colombianos vinculados a una empresa radicada en Emiratos Árabes Unidos y acusados de cometer crímenes de lesa humanidad. Algunos fueron identificados en operaciones relacionadas con la ofensiva de las RSF sobre El Fasher. Estos hallazgos exigen investigaciones independientes sobre las cadenas de contratación, financiación y mando, y deberán aclarar la responsabilidad penal de todos los involucrados.
Aquí aparece una forma contemporánea de dominación. No siempre requiere ocupaciones territoriales ni administraciones extranjeras. Puede operar mediante empresas privadas, intermediarios financieros, comercio de armamento y apropiación de recursos estratégicos. Los beneficios circulan internacionalmente; los costos humanos permanecen concentrados en las comunidades africanas.
Esta lógica tampoco puede separarse de la degradación ambiental. La explotación aurífera, el desplazamiento de comunidades rurales y la destrucción de infraestructuras agrícolas comprometen las posibilidades futuras de subsistencia. La paz exige recuperar las condiciones materiales para vivir, no simplemente silenciar los fusiles.
El abandono internacional y la responsabilidad de proteger
La dimensión humanitaria debería bastar para colocar a Sudán entre las prioridades de la diplomacia mundial. UNICEF estima que 33,7 millones de personas necesitan asistencia durante 2026, incluidos 17,3 millones de niños. La magnitud del desplazamiento, la desnutrición y la destrucción sanitaria desborda cualquier explicación que reduzca la crisis a enfrentamientos entre facciones armadas.
Las investigaciones internacionales han documentado ataques contra civiles cometidos por ambas partes. Particularmente graves son los hallazgos relativos a las RSF en El Fasher, donde una misión independiente de Naciones Unidas identificó actos constitutivos de genocidio, junto con crímenes de guerra y de lesa humanidad. Estas conclusiones investigativas poseen considerable relevancia jurídica, aunque no equivalen por sí mismas a una sentencia penal definitiva contra personas determinadas.
La violencia sexual merece una consideración específica. Las violaciones, la esclavitud sexual y la persecución por motivos étnicos y de género no constituyen daños secundarios del conflicto. Son prácticas documentadas que pueden utilizarse para aterrorizar comunidades y destruir sus vínculos sociales. Esta realidad exige protección, atención sanitaria, reparación y participación efectiva de las mujeres en cualquier negociación de paz.
¿Por qué semejante catástrofe no produce una reacción internacional proporcional? Parte de la explicación reside en la selectividad geopolítica. Sudán carece del lugar que Ucrania ocupa en la seguridad europea o que Palestina tiene en la confrontación política de Oriente Próximo. También intervienen desigualdades raciales históricas que condicionan la visibilidad de las víctimas africanas.
Esta interpretación no supone desconocer las movilizaciones solidarias con Sudán ni afirmar que exista una conspiración mediática uniforme. Señala una desigualdad estructural cuya persistencia merece ser cuestionada.
El derecho internacional humanitario obliga a todas las partes a proteger a la población civil. Además, los Estados tienen deberes de respetar y hacer respetar sus disposiciones. Cuando conocen riesgos graves de atrocidades, sus obligaciones de prevención y diligencia adquieren particular importancia. La responsabilidad jurídica por una omisión exige demostrar presupuestos específicos; la responsabilidad política, en cambio, puede existir incluso donde todavía no se ha establecido una infracción judicialmente atribuible.
Defender el multilateralismo significa exigir instituciones capaces de actuar sin subordinación a las conveniencias de las potencias. La Unión Africana, Naciones Unidas y las organizaciones regionales necesitan mayor capacidad diplomática, recursos humanitarios y mecanismos efectivos para impedir transferencias ilícitas de armamento. El Consejo de Seguridad debe superar las parálisis derivadas de rivalidades estratégicas.
Tampoco sería coherente denunciar la ocupación y las políticas de genocidio israelíes sobre Palestina, mientras se permanece indiferente ante la persecución étnica en Darfur. El rechazo al colonialismo, al racismo y a las prácticas autoritarias de carácter fascista solamente conserva legitimidad cuando sus principios se aplican universalmente, sin confundir gobiernos, ideologías y pueblos.
Sudán necesita una salida política protagonizada por su ciudadanía, no una redistribución del poder entre generales y patrocinadores extranjeros. Las organizaciones civiles, los movimientos democráticos y las mujeres que impulsaron la revolución de 2019 deben recuperar su lugar en la construcción del futuro nacional.
La guerra sudanesa revela finalmente una verdad incómoda: el sufrimiento humano no determina por sí solo las prioridades internacionales. Las determinan, demasiadas veces, los intereses de quienes disponen de poder para intervenir. Cambiar esa realidad exige algo más que declaraciones de solidaridad. Exige reconocer que la autodeterminación de los pueblos africanos constituye un derecho efectivo y que permitir la prolongación evitable de sus tragedias también compromete la responsabilidad de quienes pudieron contribuir a impedirlas.
