Por: Santiago Salinas
Al terminar de leer el pálido proyecto de ley "anti-capuchos” que aprobó la Cámara de Representantes en primer debate esta semana, la conclusión obvia, por encima de muchas razones de inconveniencia que se han expuesto en el curso del debate, es la poco original certeza de que esta iniciativa no sirve para nada.
A medida que avanzaba en el posgrado de investigación criminal, la frase del profesor de criminología del pregrado iba adquiriendo nuevas connotaciones; mientras las teorías alrededor del delito y las conductas desviadas se nutrían de nuevos fundamentos, el aforismo cobraba carácter de imperativo: “peor que un problema sin solución es un problema con falsas soluciones” como las que ofrece el proyecto de ley 309 de 2026.
Y es que no solo es una iniciativa redundante al prohibir cometer delitos que ya está prohibido cometer, llueve sobre mojado al creer que hace más gravoso, que castiga con más fuerza, a quien oculta su identidad, a quien, dicho sea de paso, ya se ha resuelto a cometer un delito, veo a sus impulsores fantaseando en redes, como un sheriff del viejo oeste que al publicar el edicto bandidos y malhechores dejaran el pueblo con su botín a rastras, no pasará.
Solo la más pura ingenuidad política, la mayor candidez legislativa les haría creer que un proyecto de ley de este estilo tiene la capacidad de impedir que la gente oculte su identidad. Como me rehúso a creer, contra toda evidencia, que sea este tipo de déficit de razonamiento el que aliente la iniciativa, quisiera pensar que se trata de algo más estructurado de una iniciativa malintencionada que ve a la ciudadanía y sus derechos con desconfianza, creo entonces que se trata de una escaramuza para la instalación de un marco discursivo que busca rodear de un halo de peligrosidad y delito la movilización social.
Pese a que los autores reconocen en la exposición de motivos que cubrirse el rostro para asistir a una movilización no constituye delito alguno. Insisten en la promoción del exabrupto normativo y arrecian en el empeño de crear una nueva norma que diga: que será una transgresión cometer delitos cubriéndose el rostro en el marco de la movilización, porque cuando se cometen delitos por fuera de las movilizaciones ocultando la identidad, ya se considera delito. Léase cuantas veces se quiera, es un resumen honesto del contenido del proyecto.
Esta iniciativa evoca un vergonzoso episodio de la historia reciente cuando en enero de 2014 en Ucrania se expidió un paquete normativo contra las manifestaciones que prohibía participar en mítines utilizando máscaras, cascos, indumentaria de camuflaje o cualquier elemento que ocultara el rostro. Los legisladores de ese entonces, en su vasta sabiduría, decidieron prohibir cualquier artículo que disminuyera la efectividad de la represión que se desataba sobre los jóvenes estudiantes que ocupaban plazas y alamedas.
En una insurrecta y desafiante exhibición de sentido común, los manifestantes utilizaban bacinillas, ollas, ensaladeras y otros elementos que no eran cascos para cubrirse la cabeza y así burlar la astuta prohibición que intentaba acabar con la protesta prohibiendo un trasto en la cabeza, un trapo en el rostro e incluso el maquillaje. Vale mencionar que las protestas terminaron con el mandato de Víktor Yanukóvich y del congreso que creía protegerlo.
La experiencia histórica inmediata nos indica que la solución a las protestas no puede consistir en prohibir un trapo que algún ciudadano se ponga en el rostro, sin mencionar la elusiva obviedad de que quien ya ha decidido cometer un delito, tanto más le da cubrirse el rostro si le puede ofrecer una ventaja adicional; esta prohibición solo desalentaría a los delincuentes más tontos y no importa de qué manera altisonante se lleve a las redes y los medios, no es más que una tormenta de declaraciones para una lluvia espanta bobos.
Es aquí donde entra la idea de la criminalización de la protesta, si, por gravedad de la evidencia y los antecedentes históricos entendemos que no convencería a ningún criminal ¿a quien busca disuadir la norma?. La respuesta es un poco más estructurada, al pervertir el carácter de derecho de la movilización social, con una deriva discursiva que la encuadra en un escenario para la comisión de delitos es el ciudadano manifestante quien termina siendo objeto de la disuasión, no de cometer un delito, si no de ejercer un derecho.
Subyace, además, un problema moral que, no obstante el discurso de la cabeza del ejecutivo según el cual la ética y el derecho viven en proveedores separados, si debería ocupar a los tomadores de decisión sensatos, debería por lo menos preocuparles la discusión respecto a la legitimidad del debate. En el país más fecundo del mundo en mártires de los derechos ambientales y los derechos humanos, un país que colecciona sentencias por graves violaciones a los derechos humanos en contra de sus ciudadanos, no se debería abordar tan a la ligera, el hecho de decirle a sus ciudadanos que van a reclamar sus derechos que no se cubran el rostro.
Algún malintencionado podría intentar afirmar que esta columna es un panegírico a los capuchos, que me gustan los encapuchados, a eso solo podría responder: ¿de cuales? Si se refiere a los encapuchados bebés que circulan en los cochecitos en el frío de Bogotá me parecen adorables, si se refiere a las capuchas de látex con cierre en la boca me parecen kinky, si se refiere a la capucha de los ciclistas me parece funcional, si se refieren a la capucha con la que andaban los paramilitares en la operación Orión me parece aterrador. Porque, verán, el problema no es la capucha sino la intención con la que se usa y allí es donde subyace la profunda inutilidad de este proyecto.
Un problema bien planteado es la mitad de la solución, aquí por el contrario solo se ahonda en el error, y es que, como el mal médico, se pretende que al ventilar la habitación y cambiar las sábanas el paciente que está muriendo de cólera deje de morir. Se persiste en la celebración de lo ilógico como racional para satisfacer una necesidad psicológica, en este caso tal vez se trate de alejar, quizá confinar el temor de los autores a la movilización social, y se confía como si se tratase de un trébol de cuatro hojas legislativo o una pata de conejo, que la norma “amuleto” en la que consignan su esperanza los mantenga fuera del alcance del reproche ciudadano.
Una lectura sistemática, teleológica, trasluce un espíritu represivo hacia la movilización, las sombras del autoritarismo que anima la normatividad se filtran por los resquicios del debate que quieren dar alcance de conducta prohibida a un adjetivo peyorativo en el que ubican una colectividad, viendo en los manifestantes, no ciudadanos, en lugar de ello, vándalos y enemigos. Si se penalizara por gravedad y masividad de la conducta sería la mutilación ocular la que estuviera en debate el día de ayer en lugar de perseguir si alguien se cubre el rostro o no para protestar.
