Por: Gustavo Garcia Figueroa
La discusión sobre una Asamblea Nacional Constituyente en Colombia ha dejado de ser un tabú para convertirse en una necesidad actual. El presidente Gustavo Petro ha puesto sobre la mesa una verdad incómoda para las élites tradicionales: Colombia agotó la capacidad reformista de sus instituciones actuales. No porque los principios y derechos fundamentales de la Constitución de 1991 hayan fracasado, sino porque la estructura del Estado construida para garantizarlos es inútil.
En los últimos años, el debate de las reformas sociales mostró un panorama en el que el Congreso de la República no solamente no aprobó las reformas, sino que utilizó mecanismos de filibusterismo, extorsión y perfidia para lograr evadir los debates sobre la necesidad de reformar ejes axiales de los derechos de ciudadanía colombiana. Esa sola elusión constituye un rompimiento de los principios de la colaboración armónica de los poderes públicos, pues una cosa es negar una iniciativa con debate y argumentos, y otra muy distinta, negar sistemáticamente la discusión de una agenda de cambio que fue votada por los colombianos.
Podría decirse, en el simplismo, que el congreso se opuso a la agenda de Petro, que un cambio de gobierno mejoraría la sintonía de las instituciones del Estado y con ello, los adjetivos “social de derecho” deberían recomponerse. Sin embargo, esto es una falacia, una visión facilista de quienes ladinamente prometen “recuperar el país” cuando en realidad solo pretenden restablecer sus condiciones de privilegios.
En la sensación popular, el clima de la campaña presidencial lo demuestra, hay una conciencia ciudadana generalizada que el bloqueo institucional va mucho más allá del congreso y la clase política, en realidad, está relacionado con la falta de incidencia de la gente en las decisiones del país, la carente consideración de las necesidades de las regiones en la distribución de los presupuestos (cada vez más rígidos alrededor de la deuda y de gasto inflexible y poco auditable), la impertinencia de las funciones desarrolladas por las entidades frente a su propósito, y en general una debilidad institucional absoluta para dar soluciones a la población, y en cambio expedita para sostener negocios y desigualdad.
El problema es la insuficiencia de incidencia ciudadana. Durante décadas, las reformas estructurales han sido orientadas a la disminución de derechos ciudadanos por un sistema político diseñado para administrar privilegios. La resistencia feroz frente a las reformas sociales propuestas en los últimos años —salud, trabajo, pensiones, etc— demuestra que el régimen constitucional colombiano tiene enormes dificultades para procesar los cambios que exige la sociedad contemporánea.
La necesidad de los cambios por los que la gente votó por Petro no acaban con su gobierno. Se entiende un error de estructura en la ejecución del cambio prometido en Colombia, y es que no puede hacerse una transformación de lo sustancial en el marco de una institucionalidad que está diseñada para mantener un sistema que genera desigualdad.
Reconocer el pésimo diseño institucional de la Constitución no implica desconocer que tiene una maravillosa carta de derechos, ahí radica el maniqueísmo de quienes critican la iniciativa constituyente. Debemos ser categóricos, no hay que temerle a la constituyente, hay que interpretarla como una oportunidad histórica y republicana de ajustar verdaderamente una institucionalidad que haga cumplir esa carta de derechos, que hoy es, en gran parte, un saludo a la bandera.
Por eso, como liberal de absoluta convicción, convoco a entender que esta visión no puede ser conformista o ciega, sino que nació alrededor de la idea de reformar el Estado para ampliar libertades, democratizar el poder y limitar las hegemonías oligárquicas. La visión Liberal de Alfonso López Pumarejo entendió que cuando las instituciones dejan de responder a las transformaciones sociales, el reformismo deja de ser una opción y se convierte en una obligación moral y ciudadana.
La “Revolución en Marcha” no fue un simple programa de gobierno. Fue la comprensión de que el país debía modernizarse profundamente para evitar el colapso de su legitimidad política. Reforma agraria, función social de la propiedad, educación pública, fortalecimiento de los derechos laborales y democratización institucional fueron medidas que escandalizaron a los sectores conservadores de la época, exactamente igual a como hoy hacen rasgar las vestiduras de quienes pretenden regresar al país a un modelo excluyente y elitista.
Ese espíritu reformista constituye la esencia misma del liberalismo auténtico y reformista.
No existe liberalismo verdadero sin vocación de transformación institucional. No existe liberalismo genuino cuando el Estado termina subordinado a pequeños grupos económicos, mafias burocráticas o poderes regionales enquistados. El liberalismo no pretende conservar privilegios, por el contrario nació para romperlos.
Necesitamos una Constitución que fortalezca la presencia territorial del Estado, que armonice las instituciones, que simplifique la arquitectura pública, blinde los derechos sociales, modernice la democracia, profundice la autonomía regional, fortalezca la seguridad jurídica y garantice que la función pública responda verdaderamente a los ciudadanos y no a clanes políticos o grupos económicos.
Por eso, los verdaderos liberales deben perder el miedo a la Constituyente, que más temprano que tarde se impondrá en Colombia, porque no se debe tener temor a cambiar las instituciones que hoy nos hacen convivir entre la carta de derechos más liberal y generosa, y al mismo tiempo, la pobreza e ignominiosa desigualdad de nuestras gentes. El verdadero peligro no es reformar el Estado sino insistir en conservar un modelo institucional incapaz de garantizar cohesión social, autoridad democrática y justicia territorial.
Por todo lo expuesto, he decidido ser parte del comité constituyente, desde donde convocamos al progresismo y a los liberales reformistas de Colombia a unirse a esta iniciativa histórica. No para destruir el país que tenemos, como algunos apocalípticos anuncian, sino para construir, de una vez por todas, el país justo, descentralizado, moderno y democrático que millones de colombianos llevan décadas anhelando.
¡Los esperamos en las casas constituyentes de todo el país!
