Por: Francisco Toloza
Cuestionar el defectuoso funcionamiento del sistema electoral colombiano se volvió herejía para el régimen, a menos que lo hagan los norteamericanos. En el país se roban las elecciones antes, durante y después de votar. Desde cuando se firmaban papeletas en blanco en el siglo XIX hasta con sofisticados programas en pleno siglo XXI. Aunque la tradición antidemocrática criolla se inventó el “chocorazo” parece que estamos a punto de importar una modalidad de fraude made in USA.
En Colombia el fraude electoral es más viejo que el mismo voto universal. En Cien años de Soledad, el futuro coronel Aureliano Buendía era apenas un melancólico viudo dedicado a jugar dominó con su suegro, don Apolinar Moscote, hasta que advirtió que éste fungiendo como corregidor de Macondo se robaba las votaciones a favor del Partido Conservador. Así pues, que lo realmente disparatado no es dudar de la transparencia del sistema electoral colombiano, sino seguir creyendo ciegamente en el mito santanderista de los defensores del régimen que inventaron que Colombia era la democracia más antigua y sólida del continente, con un rigor científico similar al que nos inculcó que nuestro himno nacional era el segundo más bello del mundo.
No corresponde a esta columna de opinión probar en derecho un supuesto fraude en las pasadas elecciones presidenciales. Se han comprobado, eso sí, sucesivas irregularidades en votaciones anteriores que alteraron resultados en las parlamentarias de 2022, 2018 o 2014, que hacen verosímiles las dudas razonables planteadas por el presidente Petro frente al manejo por privados de un software que termina definiendo quién gana las elecciones en Colombia. Obviamente la línea roja del régimen político ha sido invocar un acto de fe en la infalibilidad de unas autoridades electorales que han fallado históricamente.
Juan Gossaín nos recordaba hace unos años que Colombia es de los pocos países que le aportó al castellano un nombre propio para el fraude electoral. Ni siquiera en la “dictadura perfecta” mexicana fue necesario inventar un término como el popular “chocorazo” para explicar que la recurrencia a las urnas por parte de las elites locales no ha estado exenta ni de violencia ni de timos. Aunque el vocablo pasó a la historia con el cambio de votos de los delegados electorales de la entonces provincia de Padilla, que permitió al general conservador Rafael Reyes acceder a la presidencia en 1904, la palabra ya se usaba en toda la Costa Caribe en referencia a incidentes similares en Sabanilla en 1885 pero a favor de los liberales y a otros episodios en el departamento del Magdalena por aquellos remotos años. Lejos de ser un acontecimiento atípico se encontrarán sucesivas denuncias de fraudes electorales, -solamente hablando de la carrera presidencial- para las votaciones de 1914, 1922 o 1930, antes que se universalizara incluso el sufragio masculino en el país. Se volvió habitual que los partidos tradicionales no participaran en elecciones invocando ausencia de garantías.
El historiador J.O. Melo refiriéndose a la hegemonía conservadora afirma: “en todas las elecciones, sobre todo desde 1914, el fraude fue amplio: voto de analfabetos, pobres y otras personas sin derechos, exclusión de votantes legítimos del grupo opositor, presiones, recuentos engañosos (“el que escruta elige” era el lema de muchos jurados), interpretaciones forzadas de la ley para no dar curules a nuevas minorías u otorgar a disidencias conservadoras el cupo de las minorías. Con 50% de analfabetismo y condiciones de riqueza que tal vez no cumplía ni 20% de la población, que hubiera tantos votantes en los comicios presidenciales como en los municipales, donde el voto era universal, indica lo rutinario del fraude.” (MELO, Jorge Orlando. Historia Mínima de Colombia. 2017) Las elecciones colombianas, como en Macondo, no eran solo excluyentes sino desde siempre adulteradas.
Queda claro que la idolatría por las urnas en la política nacional no puede interpretarse ni siquiera como respeto por sus reales resultados, ni mucho menos por auténticas garantías democráticas y transparencia electoral. Sin duda el chocorazo más recordado será el del 19 de abril de 1970 a favor del candidato bipartidista Misael Pastrana y en contra de la ANAPO, con corte de la transmisión de resultados y toque de queda. No obstante, la tradición del régimen político de afectar el libre desarrollo de la -ya de por sí desigual- contienda electoral no se quedó en el fraude burdo, sino que se sofisticó con el paso de las décadas.
“Colombia tiene uno de los sistemas electorales más arcaicos, vulnerables y corruptos del mundo… Las elecciones se las roban antes del día de las elecciones, durante las elecciones y después de las elecciones” afirmó en 2013 el ahora abelardista Rodrigo Lara Restrepo. Enumera un repertorio de fraudes que incluyen la pre-compra de votos en la Registraduría, la alteración en el conteo o ante autoridades electorales territoriales o nacionales. Hoy sigue vigente el mismo sistema electoral señalado, regulado por un código anacrónico de hace 40 años, mantenido para facilitar irregularidades. A las cuatro fórmulas para robar votos dentro del proceso de preconteo y escrutinio que enunciase Lara, se han adicionado otras nuevas, que entran a pelechar en una arquitectura institucional nada independiente y en un régimen que sigue siendo antidemocrático: constreñimiento electoral, parapolítica, soborno y corrupción al elector, financiación privada de las campañas, clientelismo de todos los tipos, han hecho de las elecciones en Colombia una “democracia prepago” en la que los sufragios no solo se roban, sino se compran.
Por todo lo anterior, la Misión Electoral Especial de 2017 creada por mandato del Acuerdo de Paz, planteó una reforma política electoral que tristemente -aunque de forma obvia- fue enterrada por la clase política en el Congreso de la República. Igual suerte corrieron todos los proyectos similares bajo los gobiernos de Santos, Duque y Petro, en una elocuente demostración que quienes ganan con las actuales reglas difusas y ventajosas del juego electoral, difícilmente permitirán su transformación. La problemática del sistema electoral colombiano ha superado la afectación de una contienda política particular, elevándose a un componente constitutivo de un régimen político sin plenitud democrática y en un incumplimiento más a la paz firmada.
Los reclamos de Petro no se pueden entender sin enmarcarlos en esta larga decadencia de la actual organización electoral. La Registraduría sigue en manos de políticos tradicionales. El actual registrador, Hernán Penagos, es un político de carrera perteneciente al Partido de la U, agrupación que ya adhirió al candidato De La Espriella. Manzanillos y gamonales son también los integrantes del CNE nombrados por votos de sus compadres en el Congreso de la República sin importar su idoneidad ética, su conocimiento técnico o su realidad sub júdice como en el caso del uribista Álvaro Hernán Prada o en su momento del charista Cesar Lorduy. Ambas entidades realizaron una sutil guerra jurídica contra el Pacto Histórico y sus aliados, saboteando inscripciones de listas y consultas interpartidistas. Razones sobran para no confiar per se en estas autoridades y exigir la máxima transparencia. Ni más faltara convertir en herejía no servir de lisonjero de unas instituciones politizadas, deslegitimadas y en crisis permanente.
Pero la tapa del chócoro -y aquí me refiero al utensilio de cocina que dio origen al colombianismo- es que, contrariando las exigencias técnicas incluso de la OEA, la Registraduría Nacional le ha entregado en concesión a una empresa privada la sistematización y cálculo de los resultados electorales. Desde los inicios de este siglo, tenemos “elecciones de alquiler” en poder del consorcio privado de los hermanos Bautista y sus socios, como lo expuso la investigación de Revista Raya. Más allá del válido debate sobre el uso de recursos públicos que para los actuales comicios superan los 2.1 billones de pesos y la transparencia de estas licitaciones, los sucesivos registradores han privatizado la organización y procesamiento de las votaciones, ampliando cada año la brecha tecnológica y administrativa, con las graves consecuencias para las garantías electorales y el interés general. Progresivamente la supuesta democracia más antigua de América terminó dependiente de una empresa privada de transporte de valores que monopoliza la administración de los comicios desde el gobierno de Andrés Pastrana, legítimo heredero del chocorazo de 1970. El Estado colombiano no controla el instrumento técnico que define quién ejercerá como jefe de Estado.
Así pues, que independientemente del proceso probatorio de las denuncias de irregularidades electorales realizadas por el presidente de la República, que los áulicos del régimen salgan a declararse “firmes con la Registraduría” se torna deshonesto y ofensivo con el sentido común, como si no existieran motivaciones históricas y concretas para desconfiar de la transparencia electoral en una república de chocorazos. Para el debate actual valga subrayar que la empresa Thomas Greg que funge el papel central en las concesiones de software y logística tiene una enemistad manifiesta con el actual gobierno por el incidente del contrato de pasaportes que también manejaba, además de evidentes lazos con expresidentes y políticos de derecha que pasaron por su junta directiva.
Petro reveló que el software privado en poder de estos consorcios incorporó más de 800 mil ciudadanos a un censo electoral ya cerrado. El periodista Daniel Coronell, aunque desestima la denuncia presidencial avala la idoneidad del documento que la sustenta. Si bien, no se puede afirmar que hubo fraude, dada la opacidad de un sistema donde ninguna autoridad estatal puede acceder a su código fuente, es evidente la falta de transparencia y la burla a sentencias que ordenaban acceso a toda la información. Además, el incremento de cédulas habilitadas para votar se tradujo en un aumento en más de 5 mil nuevas mesas de votación que no contaron con testigos electorales por su creación extemporánea. Sin testigos no hay impugnación formal a las actas de las mesas, y sin ésta no se reabren estas urnas en el escrutinio, lo que explica no solo la coincidencia entre preconteo y resultados finales, sino la celeridad del escrutinio por la falta de reclamos posibles dentro del procedimiento establecido. La respuesta del registrador fue proclamar prontamente los resultados y realizar publirreportajes en medios fletados con sus ingentes pautas oficiales y de las firmas contratistas del software.
Pero el problema no es jurídico y menos en un país que adolece de una Corte Electoral independiente. Sin que se alterara irregularmente el censo electoral, la configuración actual del sistema electoral ya no ofrecía garantías ni imparcialidad. Lo expuesto por Petro, aunado a cambios en los sitios de votación de múltiples sufragantes y las ya habituales inconsistencias en los formularios E-14, denotan la ausencia total de transparencia y de soberanía de unas elecciones de alquiler en poder de la empresa privada con ánimo de lucro y al servicio del mejor postor. Contrasta paradójicamente que quienes se enervan con la izquierda y los sectores críticos por un cuestionamiento sesudo al sistema y las autoridades electorales de Colombia, guarden un silencio bastante cómplice cuando lo hacen los EEUU y su candidato presidencial, que se han endilgado facultades para verificar estas elecciones, mientras cacarean sin prueba alguna, supuestas irregularidades en su contra. El mensaje parece ser que si los reparos al proceso electoral colombiano vienen del “adelantado” Bernie Moreno no socavan la institucionalidad, ya que al fin y al cabo ésta corresponde a la subordinación estratégica de nuestro país. Por eso sus denuncias y las de su candidato no son de cara a Colombia sino parte del lawfare internacional: desconocen abiertamente las autoridades electorales nacionales y claman por más intervención directa de una potencia extranjera claramente parcializada en el presente debate electoral.
Al tiempo que se ataca a Petro por apostasía al régimen, la injerencia norteamericana en estas elecciones asoma una nueva modalidad de chocorazo en la que se induce fraude cantando fraude, como cuando el ladrón grita: ¡allá va el ladrón¡ De tanto repetir su leitmotiv, Trump, Marco Rubio y la derecha criolla son los que “nos van a volver como Venezuela”, país al que desconocieron sistemáticamente su soberanía e intervinieron gansterilmente en sus procesos electorales. Dentro del Plan Condor 2.0 en marcha sobre América Latina, parece que el único resultado electoral que aceptarían en Washington y en Miami es una victoria para su candidatura, porque ser derrotados nuevamente lo consideran fraudulento. Por soberanía, democracia y ética corresponde al pueblo evitar que se consume un enésimo chocorazo, ya no desde la provincia de Padilla sino desde el Departamento de Estado, y avanzar decididamente en una reforma política electoral estructural para la democratización efectiva de nuestro país.
