Por: Karla Díaz
En las últimas semanas se han asomado discursos que tratan la selva como un “activo estratégico de seguridad nacional”, discursos que en el pasado antecedieron la militarización de la conservación con la Operación Artemisa, dejando como saldo, ínfimos resultados para los ecosistemas, pero graves violaciones de derechos humanos. Frente a este discurso conviene recordar que la destrucción de la naturaleza no obedece a decisiones individuales irracionales, sino, sobre todo, a la ambición de los poderosos, tal como lo demuestra nuestro artículo “Pasturas de Poder: Una revisión de literatura sobre la deforestación movida por la ganadería en la Amazonía”, publicado recientemente en la revista Forest Policy and Economics.
Luego de revisar más de 365 artículos que abordan las dinámicas de deforestación en los países que comparten el territorio amazónico, encontramos que solo unos pocos permiten identificar a los diferentes actores que intervienen en el modelo ganadero a nivel de finca, lo que muestra la tendencia a ver la deforestación y la ganadería desde imágenes satelitales y datos agregados, dejando de lado los microprocesos económicos, las interacciones y las racionalidades que los sostienen.
La investigación permitió evidenciar que en la finca ganadera intervienen cuatro actores: inversionistas, terratenientes, actores armados y ganaderos campesinos. Los terratenientes son personas que usualmente gozan de poder político en la región: poder que usan para tener varias fincas y expandir sus hatos hacia los límites de las fronteras. A diferencia de la idea de que el terrateniente vive en zonas remotas en medio de la selva, estos sujetos suelen vivir dentro de la frontera agrícola, expandiendo sus propiedades a través de arreglos económicos con familias campesinas o bajo el modelo de mayordomía. Los terratenientes, además, usualmente tienen otros negocios con los que diversifican su actividad; en Brasil, por ejemplo, se han encontrado casos de personas dueñas de estaciones de gasolina o empresas de agroinsumos. Luego veremos en Colombia cómo esto también sucede.
Por su parte, los inversionistas viven en las principales ciudades capitales o en el exterior y ponen su dinero en vacas y fincas amazónicas. Klingler et al. (2018) encontraron que el 60% de los dueños de grandes propiedades en Novo Progresso, Pará, no reside en la región; otros estudios cifran en 95% las grandes propiedades de la Amazonía brasileña en manos de personas ajenas al territorio. Para estos actores la ganadería no es sustento sino instrumento, un mecanismo para expandir el hato y asegurar tierra sin que su vida dependa de la producción.
Mientras tanto, los ganaderos campesinos se caracterizan por ser una población que ha vivido diversos procesos de migración, no genera grandes dividendos de la actividad ganadera y depende principalmente de la venta de queso y leche. Estas familias suelen enfrentar grandes vulnerabilidades socioeconómicas y en muchos casos, uno o más de sus miembros deben trabajar al jornal para complementar sus ingresos. Por supuesto, hay una gran amalgama de campesinos ganaderos, pero como lo evidencia la línea base del DNP y Parques sobre campesinos que habitan Parques Naturales, el 65% de la población se encuentra en condiciones de pobreza, siendo 19% más pobres entre los pobres del campo.
Finalmente, los actores armados participan en el negocio ganadero por dos vías: la extorsión y el control sobre quién puede o no deforestar. La extorsión es tramitada por los grandes ganaderos como un costo logístico, uno que les permite continuar ampliando su poder económico en zonas de frontera. En segundo lugar, los actores armados, al prohibir o habilitar la tumba de monte, buscan el favor de inversionistas, terratenientes y campesinos ganaderos interesados en ampliar sus hatos o en encontrar dónde rehacer su vida; así moldean también su legitimidad.
Estos actores ocupan posiciones de poder muy desiguales, y esa desigualdad se inscribe en los propios arreglos económicos. Quien pone el capital, en la ganadería al partir o en el arriendo de pasturas, por ejemplo, lleva todas las de ganar; quien pone el trabajo, casi siempre el de la familia entera, termina financiando con su esfuerzo las ganancias del inversionista ausente o del terrateniente que acumula fincas y usa estos arreglos para ampliar su hato. La forma extrema de esta relación se documenta en Brasil, donde trabajadores rurales y mayordomos de grandes haciendas viven en condiciones de endeudamiento y servidumbre que se han descrito como esclavitud moderna. En Colombia, las formas de explotación laboral y endeudamiento son también comunes, pero necesitan ser mejor estudiadas.
Además de acuerdos económicos desiguales, la captura institucional es uno de los mecanismos a través de los cuales inversionistas y terratenientes aseguran sus ganancias en el negocio ganadero, lo que les permite tener mayor representación en organizaciones ganaderas y beneficiarse de proyectos y programas diseñados para los pequeños ganaderos, como el caso bien conocido en Colombia de Agroingreso Seguro u otros beneficios que han ido a parar en manos de grandes hacendados.
Finalmente, la confluencia de esta constelación de actores, que interactúan bajo modelos económicos desiguales, deriva en impactos diferenciados en términos de deforestación. Estudios en Brasil identificaron a terratenientes e inversionistas como los principales motores de la deforestación, que operan mediante la posesión de múltiples fincas, la compra de mejoras a campesinos y la especulación con la tierra. Estas estrategias buscan acumular capital desplazando a la población local y aprovechando la vulnerabilidad de las familias campesinas obligadas a vender. Para los campesinos ganaderos, en cambio, este modelo económico, y la deforestación que lo acompaña, siguen siendo una práctica necesaria, ante la falta de alternativas productivas que compitan con este mercado y satisfagan sus necesidades diarias.
De esta forma, la investigación deja entrever que quienes mueven la deforestación a gran escala no habitan las áreas ambientales, lo que vuelve contraproducentes las medidas que conciben la selva como campo de operación militar sin perseguir los capitales que en realidad causan su expansión. El estudio plantea una reflexión sobre las implicaciones de la simplificación del fenómeno ganadero, que lleva a pensar que la deforestación es movida por campesinos incultos que deben ser educados sobre los beneficios de mantener la selva en pie, quienes deben reflexionar sobre lo que su trabajo implica en términos de emisiones de gases de efecto invernadero. Vista la red de actores y sus relaciones, esta parece más una estrategia de los poderosos que busca que la culpa y la responsabilidad reposen en otros.
