Por: Laura Espinosa Macías
“No hay nada más político que lo técnico”. Con esta frase nos fulminó un profesor cuando nos estrenamos en el ejercicio profesional. Éramos un equipo de jóvenes precarizados que escuchábamos a los funcionarios de las entidades públicas pontificar acerca de “lo técnico” y “lo antitécnico”. Hacían ver que su postura era objetiva, neutral, aséptica, pero olvidaban aclarar que la ortodoxia neoliberal es la vara con la que miden “lo técnico”.
Esa vara en Colombia ha sido bastante rigurosa. Medidas diseñadas para mantener estable el capitalismo se han tildado de irresponsables, irrealizables y “castrochavistas”. Así ocurrió con el Presupuesto General de la Nación durante los años del gobierno Petro. El proyecto de PGN 2027 radicado por $575,6 billones provocó un escándalo y justificó su devolución por parte del Congreso al MinHacienda, ahora liderado por el “nunca” Miguel Gómez Martínez. Lo curioso es que, después de alertar a los cuatro vientos que el proyecto radicado por el exministro Germán Ávila estaba desfinanciado en $30,2 billones, la sorpresa fue un nuevo PGN 2027 ajustado, pero hacia arriba: $634,9 billones.
La contradicción se ha convertido en la cotidianidad de la agenda pública liderada por el autoritarismo y el fanatismo. El incremento dejó al país confundido pero todo el PGN está lleno de contrasentidos con respecto al discurso oficial. Veamos qué cambió entre los dos proyectos.
Con el anuncio saltó la duda: ¿de dónde van a salir los $59,3 billones adicionales si retiraron la ley de financiamiento? La respuesta está, en buena medida, en los recursos de capital: pasan de $181,1 billones en el proyecto anterior a $281,3 billones en el nuevo. Allí están, entre otras fuentes, las operaciones de crédito. El aumento del presupuesto viene acompañado, entonces, de una mayor dependencia de recursos de capital y de un fuerte incremento del servicio de la deuda.
Este último pasa de $118 billones en el proyecto de Ávila a $155,4 billones en el nuevo proyecto: $37,4 billones más. En términos de participación, pasa del 20,5 % al 24,5 % del PGN. Llegaron agitando la consigna de que “el país está más endeudado que nunca”, pero llegaron a empeñarlo todo en virtud de “lo técnico”, que no es otra cosa que el ajuste y la disciplina fiscal.
De otro lado, está el presupuesto de inversión, que disminuye de $90 billones en el proyecto anterior a $86,9 billones en el nuevo texto: $3,1 billones menos. En términos de participación, pasa del 15,6 % al 13,7 % del PGN. La inversión pública incluye proyectos nacionales y sectoriales que se ejecutan territorialmente o tienen impacto en los departamentos y municipios. ¿Dónde queda, entonces, el discurso de las regiones y la descentralización? Veremos qué sucede con el proyecto de Ley de Competencias del SGP cuando se conozca el texto del nuevo gobierno que promete ser más "técnico".
Otra de estas contradicciones aparece en el presupuesto de funcionamiento que, en lugar de disminuir, aumenta. Pasa de $367,7 billones a $392,5 billones: $24,9 billones más. ¿Qué sucedió con la cacareada reducción del Estado? El Estado no parece hacerse más pequeño sino cambiar las prioridades de gasto. Aunque el funcionamiento pierde participación proporcional dentro del PGN, crece en términos nominales mientras la inversión decrece en ambos sentidos. Las promesas de eficiencia, racionalización y austeridad, se desvanecen ante la necesidad de paliar cuatro años de sequía y cumplir con el reparto burocrático para saldar las deudas de la campaña.
Para cerrar, el gobierno informó que presentará una “Ley Fiscal” para reducir el gasto público en unos $40 billones. Antes, el MinHacienda había anunciado un ajuste de $21,9 billones que incluye gastos de personal, adquisición de bienes y servicios y transferencias. Si el presupuesto aumenta, el endeudamiento aumenta y la inversión disminuye ¿sobre quién recaerá el ajuste? Porque la austeridad distribuye costos y nunca lo hace de manera neutral, por más justificación “técnica” que tenga. Seguramente, los colombianos y colombianas terminarán asumiendo con su trabajo estos costos.
Según Hacienda, el nuevo PGN incorpora obligaciones que fueron omitidas o subestimadas por el gobierno anterior y carga buena parte del aumento al costo de la deuda heredada. Esa es la explicación “técnica” del incremento. Pero la discusión de fondo es qué prioridades políticas y qué modelo de Estado está detrás de esas decisiones.
Hemos sido espectadores de las maromas argumentativas del gobierno para justificar sus permanentes contradicciones. En este caso, dijeron que están salvando al país de decisiones “antitécnicas”. ¿Pero es esto cierto? ¿o es nuevamente la vara de la ortodoxia neoliberal midiendo políticas mínimamente progresistas en un país históricamente desigual? Lo dirán los efectos sociales y económicos de las decisiones “técnicas” del nuevo gobierno.
Lo técnico es necesario. Precisamente por eso debe pensarse, estudiarse y desarrollarse de manera crítica desde la izquierda. El problema aparece cuando aquello que se presenta como técnico impone una sola visión de la administración de lo público y de la vida en sociedad. Peor aún: cuando esa visión restringe el goce efectivo de los derechos, el avance hacia una sociedad más justa y las posibilidades de vida digna en el país, el dilema ya no es solo técnico, es ético.
