Por: Francisco Javier Toloza
A 20 años de la disolución formal de la sigla AUC, una década del desarme de la guerrilla de las FARC-EP y tras el naufragio de la denominada “Paz Total” del pasado gobierno progresista, lastimosamente el paramilitarismo es un fenómeno vigente en Colombia. De igual forma es lamentable que desde hace dos décadas se encuentre proscrito el uso del término para referirse a esta dimensión de la guerra contrainsurgente para el país y el continente latinoamericano. En dicha negativa han coincidido desde Uribe Vélez hasta Gustavo Petro, y el negacionismo de seguro se convertirá en ley bajo el actual gobierno autoritario de ADLE que, no obstante, es incapaz de tener el control territorial directo sobre la Sierra Nevada de Santa Marta, hoy en poder de los herederos -hasta biológicos- del narcoparamilitar y depredador sexual Hernán Giraldo.
En el marco de la conmemoración del 25 aniversario del crimen de Estado, en contra del profesor universitario Jorge Freytter Romero perpetrado conjuntamente por el GAULA de la Policía Nacional y las AUC, el Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos -ILSA- y la Asociación Jorge Freytter fundada desde el exilio en el País Vasco, ha reunido un grupo de trabajos para comprender las diferentes aristas del paramilitarismo en la actualidad, validando la vigencia del concepto mismo, como una reivindicación propia de sus víctimas que siguen sufriéndolo en tiempo presente. Las perspectivas múltiples que incluyen análisis de género, étnico, jurídico, de las víctimas, de los victimarios, de la verdad histórica, de la guerra y de la paz, merecen ser observadas una a una con los énfasis particulares de las autoras y autores como puede apreciarse en el índice.
https://freytter.eus/article/496
https://ilsa.org.co/2026/08/paramilitarismo-siglo-xxi/
El libro se presenta en medio de una coyuntura de la clara consolidación de grupos neoparamilitares a los que el nuevo gobierno no los llama por su nombre y les ofrece la misma fracasada receta del sometimiento mediante transacciones legales y opacas negociaciones gansteriles. Sin embargo, sin reconocimiento y comprensión real de la confrontación armada actual en Colombia difícilmente se podrán paliar las victimizaciones que sufren comunidades y población civil de parte de estos grupos, como se aprecia en estos días en la capital del Magdalena. Se debe romper la identificación simple del paramilitarismo con la temporal sigla de las AUC, que solo representó una fase de su desarrollo. Una mirada histórica y teórica, permite ubicar el surgimiento y consolidación de formas contrainsurgentes “privadas” desde mucho antes no solo del surgimiento de su proyecto nacional, sino de las mismas organizaciones guerrilleras. La leyenda rosa -justificadora en últimas del paramilitarismo- que explica estas prácticas mercenarias como reacción a la violencia insurgente, queda refutada cuando se rastrea la existencia de agrupaciones paramilitares desde antes del inicio del período de La Violencia en respuesta a la posibilidad de reforma agraria. Detrás del grito falangista de ¡Viva Cristo Rey¡ no se reivindicó en Colombia un credo religioso, sino el accionar de grupos armados del Partido Conservador al servicio de hacendados, contra cualquier forma de oposición política, especialmente desarmada.
Los Pájaros, Planchadores, Penca Ancha o Contrachusmeros, pese a su fragmentación organizativa, serán referenciados históricamente como “la Chulavita” - por el apodo que recibía la entonces Policía Política del gobierno de Laureano Gómez-, expresando otro rasgo característico del paramilitarismo colombiano: su vínculo con las políticas estatales de seguridad e inteligencia. Esta contrainsurgencia temprana, como la denomina Estrada en su informe a la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas en 2015, se institucionalizará con el Frente Nacional y la importación del Pentágono de la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, que dará legalidad a los grupos paramilitares con el Decreto Ley 3398 de 1965 expedido por el presidente latifundista Valencia.
La mirada histórica sobre el paramilitarismo nos permite comprender la transformación del fenómeno y la variedad de sus formas, que permiten encuadrar sin que tengan un carácter particularmente novedoso sus actuales expresiones y siglas. Los rastros genealógicos quedan expresados en el trabajo colectivo: no existe hoy banda paramilitar que no descienda de las AUC, o como en el caso de las mal llamadas Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada -ACSN-, de estructuras predecesoras de ésta. Desde otra parte, una definición conceptual del paramilitarismo y su modalidad colombiana es la que posibilita entender pese a sus variaciones la constancia de esta estrategia de guerra irregular.
El paramilitarismo se ha configurado en piedra angular de un orden contrainsurgente y de un bloque de poder contrainsurgente, muy bien caracterizados por Vilma Franco en su tesis doctoral Orden Contrainsurgente y Dominación (2009): los grupos paramilitares han sido una herramienta dentro de esta política, que dada la especificidad propia del experimento colombiano, logró convertirse en un actor de clase persistente con autonomía relativa pero integrado- no sin conflictividades- a una versión expandida del tradicional bloque hegemónico. Mientras que en Guatemala, El Salvador, México o Perú se priorizó una estructuración centralizada de los grupos paramilitares desde los aparatos de Estado -sin detrimento de acciones ilegales o autonomías operacionales-, en Colombia, el bloque en el poder sin renunciar al repertorio de prácticas contrainsurgentes, integró prontamente a grupos privados en el ejercicio de la violencia política y de clase, en una temprana entrega parcial en concesión de la guerra irregular, que bien podría rememorar el papel de corsarios y mercenarios en la constitución de los estados capitalistas modernos, que independientemente de sus desafueros cumplían labores ad hoc en función de una “razón de Estado”.
No se puede perder de vista que el paramilitarismo responde a una modalidad propia de la guerra irregular, que como toda confrontación de este tipo es dinámica, exigiéndole a sus actores una constante reingeniería. El presente siglo ha sido la del reacomodo paramilitar a una nueva fase del conflicto armado interno con la ocupación militar norteamericana consolidada: mayor fragmentación de grupos, mentores y facciones de clase, pero también una mayor articulación y flexibilización propia de la irregularización de la guerra. Si bien no existen como tales organizaciones de plena presencia nacional, hay reparto regional y aparecen claras estrategias territoriales que incluso internacionalizan despliegues y accionar paramilitar. Mayor relevancia de actores locales: políticos, económicos y militares. Mayor peso de los mercados ilegales, que incluyen, pero no se acotan al narcotráfico. Prima el nodo y la red, no la estructura jerarquizada de un ejército, aunque no se exime su articulación flexible con organizaciones más grandes. Es tal la maleabilidad organizativa, las disputas, alianzas y la volatilidad de estos grupos, que por estrategia o cualquier otra razón, estructuras se esfuman, se fusionan, cambian de nombre o reaparecen como por acto de magia tanto como sus pintorescos líderes.
No obstante, los intereses estratégicos militares, económicos y políticos ligados al mercenarismo paramilitar siguen no solo vigentes, sino vigorizados en la actual fase de la guerra y de acumulación capitalista en Colombia ante el vacío dejado tras el desarme de la guerrilla de las FARC-EP. Independientemente de la vacua diferenciación estatal entre “grupos armados organizados” -GAO- y “grupos delincuenciales organizados” -GDO-, se han generado auténticos cluster y outsourcing criminales-contrainsurgente que no solo se han apropiado de territorios históricamente golpeados por la guerra, sino que hoy expanden el conflicto en ciudades y nuevas regiones, muchas más allá de las meras economías ilegales. El padre Giraldo denomina a esta reconfiguración paramilitar “Plataforma Socio Estatal de Exterminio Impune" que corresponde a una política generalizada y sistemática, superando cualquier móvil individual o corporativo particular.
Al amparo del marco conceptual y de la actual fase de confrontación interna y global, se puede afirmar que el paramilitarismo del siglo XXI se ha decantado en 5 tipos del mercenarismo corporativo contrainsurgente, algunas aún en fase de maduración. No es una tipología exhaustiva, aunque pretende ser representativa. Más que un epíteto de orden moral o ideológico se pretende identificar el interrelacionamiento de estas formas presentes de concesión del uso de la violencia estatal a privados en salvaguarda de intereses del orden contrainsurgente con la tradición del mercenarismo corporativo paramilitar, más allá del nivel de licitud formal, escala bélica, grado de desarrollo, tipo de estructura o implicación criminal de los tipos descritos.
En el debate actual una política integral de desmantelamiento del paramilitarismo debe integrar a cada una de sus cinco exponentes actuales: i) grupos neoparamilitares análogos a las antiguas AUC como los autodenominados EGC y ACSN; ii) la terciarización paramilitar urbana que termina encuadrando dentro de funciones contrainsurgentes con niveles relativos de autonomía a bandas criminales en disputa de grandes ciudades como Medellín y su área metropolitana, Barranquilla, Buenaventura o Tuluá; iii) la mercenarización exacerbada y crecimiento del complejo militar económico colombiano, incluyendo formas legales e ilegales, con importación de grupos y personal, pero también con una exportación in crescendo de carne de cañón para guerras internacionales o acciones delincuenciales; iv) el resurgimiento del histórico “bandolerismo contrainsurgente” en el que se instrumentalizan remanentes armados o rearmados de origen rebelde como arietes contrainsurgentes, como sucediera con Los Limpios en el Frente Nacional, o el EPL en la región de Urabá; y v) la promoción de los nuevos “fasci di combatimento”, estructuras de choque de inspiración fascista, puestas al día en el resurgimiento de grupos de extrema derecha a nivel mundial, que en Colombia cierran filas con el nuevo gobierno y que ya vienen realizando acciones violentas en universidades y otros espacios.
Como en un eterno dejavú, hoy se vuelve a presenciar el mismo discurso de hace 60, 30 o 15 años: que los grupos privados armados que se estructuran para la defensa de sus ingentes intereses corporativos en contra de las comunidades y sectores políticos alternativos, no son paramilitares; que no tienen ningún interés político, aunque paguen campañas electorales, realicen paros armados y persigan liderazgos sociales; y obvio, que la salida será -otra vez- la mano dura: el peso de la ley, la inteligencia, la cooperación norteamericana y la ofensiva militar, como si estos grupos no permearan, o incluso no se compenetraran con estas herramientas represivas. En medio de este desierto teórico de la actual política pública de guerra y de la cotidiana apertura de debates que giran alrededor de estrategias contrainsurgentes que van desde la masificación del porte de armas a civiles a la infiltración de agentes estatales en los campus universitarios -tópicos todos abordados por este libro-, va pues un modesto aporte desde este trabajo colectivo, con el imperativo de superar algún día este nefando y sempiterno paramilitarismo, para reparar efectivamente a sus víctimas y garantizar por fin la no repetición.
