Por: María Consuelo del Río Mantilla
Colombia ha presenciado, entre los meses de agosto y septiembre de 2026, una de las catástrofes ecológicas más devastadoras de su historia reciente en el departamento del Tolima. Con más de 50.000 hectáreas reducidas a cenizas, los incendios forestales no representan una mera contingencia climática derivada de las variaciones estacionales, sino el síntoma más alarmante de un modelo de despojo territorial. La tragedia tolimense expone una correlación estadística insostenible que apunta directamente hacia los intereses del gran capital extractivista, la flexibilización ambiental y la complicidad u omisión calculada de un gobierno de extrema derecha que, fiel a su manual ideológico, responde a las crisis con retórica y subsidios de fachada mientras los territorios son sacrificados en el altar de la acumulación por desposesión.
Las cifras oficiales y las denuncias de actores políticos independientes y técnicos, como el exdirector de la UNGRD Carlos Carrillo y el congresista Kevin Gómez Paz, revelan un patrón macabro: el 25% de los incendios forestales en el Tolima se concentran dentro de los polígonos de títulos mineros, a pesar de que dichos títulos ocupan apenas el 8,4% de la superficie total del departamento. Más elocuente aún es el dato geoespacial que indica que la frecuencia de las quemas es casi cuatro veces mayor en un radio de dos kilómetros alrededor de estos límites contractuales.
Este fenómeno no obedece al azar. Nos encontramos ante la ejecución sistemática de una técnica de degradación ambiental deliberada. La quema sistemática de bosques y coberturas vegetales cumple una función jurídica y económica precisa: transformar el uso del suelo, debilitar los regímenes de protección ecológica, anular la biodiversidad endémica y presionar el levantamiento de restricciones socioambientales, para dar visto bueno a más de 655 solicitudes mineras y de proyectos de fracturación hidráulica (fracking) que se encuentran actualmente en trámite en la región. En el derecho ambiental colombiano, la destrucción de la cobertura boscosa facilita la posterior declaratoria de suelos degradados o la pérdida de sensibilidad ecológica, allanando el camino para que las corporaciones mineras nacionales y transnacionales obtengan las codiciadas licencias de explotación sin la férrea oposición de las comunidades locales o de las veedurías ambientales.
Identificar a los beneficiarios de este ecocidio exige mirar más allá de los ejecutores materiales. En la región del Tolima convergen intereses corporativos de poderosos conglomerados minero-energéticos vinculados a la extracción de metales preciosos, materiales de construcción y a la exploración de hidrocarburos mediante fracking. Estos actores, históricamente reacios a las consultas populares y a los mecanismos de participación ciudadana que protegen el agua y los páramos en el Tolima, encuentran en el caos de los incendios una cortina de humo perfecta.
Mientras tanto, el aparato estatal, encabezado por el Ministerio del Interior bajo la batuta de Rodrigo Lara y respaldado por la gobernación local de Adriana Magali Matiz, ha intentado desviar la atención pública construyendo una narrativa polarizadora. Por un lado, se agita la hipótesis de que las disidencias de las FARC y redes de minería ilegal provocan los incendios como táctica de distracción en municipios clave como Ortega para neutralizar a la Fuerza Pública. Por el otro, desde las altas esferas del gobierno nacional encabezado por Abelardo De La Espriella, se hacen señalamientos políticos criminalizando a los líderes de la oposición, a quienes culpan cínicamente de orquestar el caos para desestabilizar el régimen. Esta estrategia de desinformación busca ocultar los nexos estructurales entre los dueños de los títulos mineros y la catástrofe ambiental, criminalizando a quienes, históricamente, han defendido el territorio.
Lo que ocurre en el Tolima no es un caso aislado, sino la réplica exacta de un modus operandi implementado por los gobiernos de extrema derecha en América Latina. Dos ejemplos de esta tragedia socioambiental se encuentran en el Brasil de Jair Bolsonaro a partir de 2019 y en la Argentina de Milei.
Bajo el mandato de Bolsonaro los incendios en la Amazonía aumentaron de forma escandalosa, un 83% en su primer año crítico, impulsados por discursos oficiales que promovía la mercantilización y explotación comercial de las reservas naturales, flexibilizando los controles de fiscalización e inoculando un clima de impunidad para ganaderos, madereros y buscadores de oro que veían en el fuego una herramienta legítima para ampliar la frontera agropecuaria y minera.
Así mismo, en Argentina, miles de hectáreas fueron devoradas por las llamas durante la crítica temporada de incendios registrada entre el verano de 2025 y principios de 2026 en la Patagonia. Estos desastres ambientales dejaron al descubierto los efectos de las políticas de desregulación del gobierno de Javier Milei, que redujo la inversión estatal, flexibilizó normativas históricas de protección ambiental y de manejo del fuego y propició un escenario de vulnerabilidad territorial para favorecer la especulación del mercado inmobiliario y extractivista sobre los bosques nativos lo que parece hacer parte del plan oficial para entregar territorio patagónico a capitales de origen israelí.
Este libreto de destrucción ambiental asociado al ascenso de gobiernos de corte neofascista tiene su copia en Colombia. La impronta del gobierno de Abelardo De La Espriella encaja milimétricamente en la doctrina bolsonarista de desregulación silenciosa, desprecio por la ciencia climática y subordinación de la soberanía ecológica a los designios del capital multinacional.
Ante la indignación generada por las más de 50.000 hectáreas arrasadas, la respuesta del gobierno del presidente Abelardo De La Espriella ha estado caracterizada por el oportunismo mediático y la ineficacia estructural. Con bombos y platillos, el ejecutivo activó el autodenominado plan especial "Recuperación Ambiental, Productiva, Rural y de Seguridad", presentado como una muestra de sensibilidad social que, en la práctica, constituye un paquete de puros anuncios publicitarios y subsidios asistencialistas que no resuelven la raíz del conflicto:
a) Subsidios de vivienda de fachada: Se prometieron 343 subsidios de $65 millones de pesos cada uno, supuestamente gestionados por la “primera dama”, Ana Lucía Pineda, para reconstruir los hogares rurales destruidos. Sin embargo, los requisitos burocráticos, además de la falta de transparencia de ejecutar recursos públicos a través de una ONG de la esposa del presidente quien no es servidora pública, convierten esta ayuda en un espejismo para las familias campesinas afectadas por el fuego.
b) Financiamiento agrícola insuficiente: Un anuncio de $7.000 millones de pesos para proyectos productivos, acompañado del congelamiento de amortizaciones de créditos por apenas tres meses y un programa de compra de cartera que solo beneficia al sector financiero tradicional, dejando a los pequeños productores en una situación de insolvencia crónica.
c) Asistencia ganadera simbólica: La asignación de $2.000 millones de pesos para adquirir 80.000 pacas de pasto y 5.000 toneladas de heno destinada a alimentar a más de 160.000 animales en riesgo, es una respuesta tardía y cosmética frente a la magnitud de la emergencia agropecuaria en el departamento.
d) Militarización y premios a la impunidad: El despliegue de un supuesto refuerzo inmediato de la fuerza pública en municipios como San Luis, Coello y Suárez, junto con una recompensa de hasta $100 millones de pesos para identificar a responsables materiales, prioriza la salida punitiva y militar mientras se archivan o ignoran las investigaciones sobre los verdaderos determinadores de cuello blanco y los beneficiarios de los títulos mineros.
Los anuncios del gobierno de De La Espriella son un ejercicio de prestidigitación política: se otorgan limosnas económicas y se militariza el territorio para blindar a los verdaderos artífices del despojo. Un presidente que se pasea entre cadáveres, no tiene empatía alguna por los campesinos que se han quedado sin sustento, por las muertes causadas por el fuego y menos aún por los animales tratando de evitar ser devorados por las llamas.
La tragedia del Tolima demuestra que, bajo los regímenes de extrema derecha, la naturaleza es tratada como un activo transable y el fuego se convierte en la partera silenciosa del modelo extractivista.
