Por: Jaime Gómez Alcaraz
Las elecciones legislativas estadounidenses del 3 de noviembre de 2026 dejaron un resultado políticamente contundente. Los demócratas recuperaron el control de ambas cámaras del Congreso, asegurando al menos 54 escaños en el Senado y una amplia mayoría en la Cámara de Representantes. Aunque todavía quedan circunscripciones por definir, el mensaje electoral resulta inequívoco: una parte considerable de la sociedad estadounidense ha decidido castigar al gobierno republicano.
¿Por qué perdió Trump? Sería insuficiente atribuir su derrota exclusivamente al rechazo de sus expresiones autoritarias, su discurso racista o sus ataques contra las instituciones democráticas. La explicación debe buscarse también en las contradicciones económicas y sociales de un proyecto político que prometió recuperar la prosperidad estadounidense, mientras amplios sectores de la población continuaron enfrentando el encarecimiento de la vida, la inseguridad económica, un desastroso sistema de salud y las consecuencias de una política exterior militarizada.
La guerra contra Irán, sus repercusiones sobre los precios energéticos y el descontento frente al costo de vida contribuyeron al deterioro del respaldo republicano. La derrota también expresa el distanciamiento de sectores juveniles y latinos que anteriormente habían acompañado a Trump.
Pero existe una contradicción más profunda. Trump consiguió presentarse como enemigo de las élites mientras gobernaba desde una concepción del poder favorable a grandes intereses económicos. Su nacionalismo económico no cuestionó las desigualdades estructurales del capitalismo estadounidense. Por el contrario, buscó administrar sus contradicciones mediante el proteccionismo, la confrontación internacional y la identificación de enemigos internos.
La alternancia política no significa el fin del imperialismo
Celebrar la derrota electoral de Trump resulta comprensible para quienes defendemos la democracia, los derechos humanos y las libertades fundamentales. Sin embargo, convertir esa celebración en una esperanza desmedida respecto al Partido Demócrata revelaría una preocupante falta de memoria histórica.
Las intervenciones militares, las sanciones económicas unilaterales, el respaldo a gobiernos autoritarios y la subordinación de otros países a los intereses estratégicos estadounidenses no constituyen patrimonio exclusivo del Partido Republicano.
Las administraciones demócratas también han contribuido a sostener ese orden internacional. Basta recordar la intervención en Libia durante la presidencia de Barack Obama, la continuidad de las operaciones militares estadounidenses en distintos continentes o el respaldo político y militar proporcionado a Israel durante el gobierno de Joe Biden.
Las diferencias entre ambos partidos existen y pueden resultar importantes en materia de derechos civiles, migración, protección ambiental y funcionamiento institucional. Negarlas sería intelectualmente deshonesto. Pero esas diferencias no eliminan una coincidencia fundamental: ambos conciben a Estados Unidos como una potencia con prerrogativas especiales para intervenir en los asuntos internacionales.
Aquí reside el problema central. El imperialismo no depende exclusivamente del temperamento de un presidente. Constituye una estructura de relaciones económicas, militares, financieras y diplomáticas mediante la cual una potencia procura preservar su posición hegemónica.
Trump expresa esa dominación con una arrogancia particularmente descarnada. Los demócratas suelen administrarla mediante un lenguaje más diplomático, institucional y multilateral. Cambian los procedimientos, pero las relaciones de poder permanecen sustancialmente intactas.
Un mundo que no necesita nuevos administradores de la hegemonía
La victoria demócrata podría limitar determinadas iniciativas de Trump, fortalecer los mecanismos de control parlamentario y abrir espacios de negociación internacional. No obstante, el Congreso no dirige por sí solo la política exterior, y el presidente conserva amplias atribuciones diplomáticas y militares.
Europa probablemente encontrará interlocutores legislativos más receptivos a la cooperación transatlántica. Sin embargo, difícilmente desaparecerán las presiones estadounidenses sobre sus aliados para incrementar el gasto militar y mantener la arquitectura estratégica de la OTAN.
Respecto a China, tampoco existen razones suficientes para anticipar una transformación sustancial. La competencia tecnológica, comercial y geopolítica constituye uno de los consensos más sólidos entre republicanos y demócratas.
Para el Sur Global, el desafío consiste en rechazar la falsa disyuntiva entre subordinación a Washington y dependencia de otras potencias. La autodeterminación de los pueblos, cuestionar las jerarquías heredadas del colonialismo y construir relaciones internacionales fundadas en la igualdad soberana constituyen un imperativo en un mundo multipolar.
El multilateralismo que necesitamos no puede reducirse a instituciones utilizadas selectivamente por las grandes potencias. Debe recuperar la centralidad de Naciones Unidas, fortalecer el derecho internacional y democratizar los mecanismos de decisión global.
Palestina y los límites morales de la política estadounidense
Si existe un territorio donde la retórica estadounidense sobre los derechos humanos revela sus contradicciones, ese territorio es Palestina. Pocas cuestiones revelan con tanta claridad las continuidades entre ambos partidos como la relación con Israel. Durante décadas, administraciones republicanas y demócratas han sostenido una alianza estratégica que ha permitido al Estado israelí mantener una posición privilegiada en la política exterior estadounidense, incluso cuando ejecuta un genocidio o frente a graves denuncias de violaciones del derecho internacional humanitario.
El triunfo demócrata solamente tendrá relevancia histórica en esta materia si contribuye a transformar esas obligaciones jurídicas en decisiones políticas concretas. Pero nada indica que una mayoría demócrata, por sí sola, vaya a transformar esa relación histórica.
Para América Latina, las elecciones estadounidenses abren posibilidades diplomáticas, pero no anuncian necesariamente una nueva relación hemisférica. Las sanciones contra Cuba y Venezuela, la militarización de la lucha contra el narcotráfico, las políticas migratorias restrictivas y la subordinación económica regional responden a intereses estratégicos que han sobrevivido numerosas alternancias presidenciales.
En Colombia, el gobierno de Abelardo de la Espriella enfrenta una dificultad particular. Su cercanía ideológica con Trump puede convertirse en una desventaja ante un Congreso controlado por los demócratas. La embajadora María Consuelo Araújo tendrá que establecer relaciones con sectores legislativos que no necesariamente comparten las prioridades del gobierno colombiano. La cooperación prometida por Washington, incluidos los recursos anunciados durante la visita de Marco Rubio a Barranquilla, dependerá de decisiones presupuestales del Congreso.
Pero sería equivocado interpretar esa nueva correlación parlamentaria como una garantía de defensa de la democracia colombiana. La experiencia histórica demuestra que Washington puede privilegiar sus intereses estratégicos incluso cuando ello implica tolerar prácticas autoritarias de gobiernos aliados.
Las fuerzas progresistas colombianas deben aprovechar los espacios abiertos para fortalecer vínculos con congresistas comprometidos con los derechos humanos, organizaciones sindicales, movimientos feministas, colectivos antirracistas y organizaciones ambientalistas estadounidenses.
Como plantea Mauricio Jaramillo Jassir en Revista RAYA, resulta indispensable reconocer las luchas sociales que atraviesan Estados Unidos y distinguirlas de las élites que administran su poder internacional. Esa solidaridad internacionalista debe acompañarse de independencia política. La democracia colombiana no puede quedar supeditada a las preferencias de un Congreso extranjero.
La lucha contra el fascismo exige algo más que ganar elecciones. La derrota de Trump demuestra que la extrema derecha puede ser enfrentada electoralmente. No significa, sin embargo, que hayan desaparecido las condiciones sociales que favorecieron su ascenso.
El autoritarismo se alimenta de desigualdades persistentes, frustraciones colectivas, racismo, misoginia y discursos que convierten a los sectores vulnerables en responsables de crisis que no provocaron. Por eso, combatir las tendencias fascistas exige mucho más que sustituir gobernantes. Supone defender los derechos de las mujeres, enfrentar el racismo estructural, proteger a las personas migrantes, garantizar las libertades democráticas y asumir la crisis ambiental como una cuestión inseparable de la justicia social.
La izquierda latinoamericana cometería un grave error si confundiera sus aspiraciones emancipadoras con las victorias electorales del Partido Demócrata. Nuestra tarea no consiste en escoger cuál de las élites estadounidenses administrará mejor la hegemonía mundial, sino en contribuir a construir un orden internacional donde ninguna potencia pueda imponer unilateralmente su voluntad.
Trump perdió las elecciones. El imperialismo estadounidense, no. Y precisamente por eso, la lucha por la democracia, la justicia social y la soberanía de los pueblos conserva toda su vigencia y mientras unos celebran el cambio de administradores, los pueblos siguen esperando algo mucho más profundo: que algún día nadie tenga que pedir permiso para ser libre.
