Por: Laura Espinosa Macías
Abelardo de la Espriella llegó a la Presidencia con una promesa: acabar con el “bogocentrismo”. Para demostrarlo, se posesionó en Cali, instaló una sede de drywall en Barranquilla y convirtió la descentralización en uno de sus emblemas. Hasta ahora hemos visto mucho paseo por la geografía nacional y bastantes reels para redes sociales, pero queda una pregunta: ¿la descentralización es retórica o real?
Además de la bochornosa salida de Rodrigo Lara del Ministerio del Interior, el debate del Presupuesto General de la Nación 2027, dejó un panorama complejo para la economía de los hogares y para las regiones. Las cifras de regionalización presentadas por el Departamento Nacional de Planeación mostraban $66,71 billones que representan el 75,7% del presupuesto total de inversión, esto es, un aumento del 1,58% respecto a 2026. Sin embargo, pese al incremento en términos nominales, la inflación proyectada para 2027 es de 5,4%, lo cual supone una reducción en términos reales. En otras palabras: más pesos, pero esos pesos alcanzan para menos cosas.
Los presupuestos regionalizados corresponden a recursos de inversión que el Gobierno Nacional estima beneficiarán a los departamentos: no son transferencias automáticas. Pero permiten observar la capacidad material del nivel central del Estado para financiar proyectos y cerrar brechas territoriales. Si la inversión se estanca y el gobierno retiene el control de las decisiones, el discurso descentralizador se queda sin su principal prueba: los recursos. Sin plata no se hace mercado.
El contraste entre la retórica y la realidad es todavía más abrupto con la gestión de la reconstrucción tras el terremoto mediante el “Fondo Milagro”, un patrimonio autónomo que permite administrar recursos bajo el derecho privado. Para manejarlo, el gobierno contrató directamente a Fiducoldex y acordó pagarle cerca de $249 millones mensuales que ya se empezaron a cobrar sin que el fondo contara con los manuales necesarios para empezar a ejecutar recursos.
El modelo concentra las decisiones en el Gobierno Nacional. El Consejo Directivo está compuesto por siete integrantes entre delegados de Presidencia, el DNP, el MinHacienda y la UNGRD (con voz pero sin voto), que incluye a figuras del sector privado como Arturo Calle y los gremios como Germán Bahamón de Fedecafe. Curiosamente, en el Consejo no hay ninguna representación de las autoridades locales. La ironía es difícil de ignorar.
Y aún falta el plato fuerte de este debate: el trámite de la Ley de Distribución de Competencias derivada del Acto Legislativo 03 de 2024 que estableció una transformación de fondo: aumentar gradualmente los recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) hasta llegar al 39,5 % de los Ingresos Corrientes de la Nación en un periodo de doce años. Esa promesa quedará suspendida si no hay una ley que determine qué responsabilidades se trasladan y cómo se financian.
El exministro Lara retiró el proyecto que había radicado el gobierno Petro y anunció que presentaría uno propio. Hasta hoy, no hay indicios de avance de la nueva iniciativa. El reloj sigue corriendo y la descentralización prometida continúa en el terreno favorito del Tigre: el de los anuncios.
Con la llegada de Alejandro Ordóñez al MinInterior, no es descabellado preguntarse por el futuro tendrá el trámite de este proyecto. Seguramente, la ley de competencias implicará diálogos y negociaciones más allá de las bancadas del Congreso, con gobernadores, alcaldes y fuerzas regionales, para construir acuerdos. Las garantías para los entes territoriales en este proceso son clave, pues conlleva una transformación profunda del Estado que algunos han catalogado como una “pequeña constituyente”.
La descentralización implica que el gobierno nacional central renuncie a una parte de su capacidad de decisión sobre recursos y proyectos; reduce la intermediación y la discrecionalidad que han sido llaves históricas de la negociación entre el centro y las regiones, así como entre grupos políticos. Por lo tanto, la ley de competencias también es una disputa por las formas en que se construye y distribuye el poder.
¿Será que el vetusto, fundamentalista y perseguidor Ordóñez tendrá el guante de seda que exige un pulso así? O, más bien, llegará a tratar las relaciones del gobierno con los sectores políticos y sociales con crucifijo de hierro. Amanecerá y veremos.
Entretanto, ¿cuándo será que el gobierno radicará el Proyecto de Acto Legislativo para hacer de Barranquilla la capital alterna del país?
La alianza de clase que llevó a Abelardo al poder ve en la retórica de la descentralización una función hegemónica, pues entendió que el centralismo le había pasado factura electoral. Además, en esa alianza entraron élites regionales que reclaman más poder en la dirección del proyecto de dominación y una mayor tajada en el reparto de la torta.
Pero la descentralización no se anuncia, se hace. Requiere brindar las condiciones reales para hacer efectiva la autonomía territorial. El problema aparece cuando la escenografía debe pasar a la realidad y ahí no basta con cambiar de puesto el escritorio del presidente.
Una cosa es pasear con un radioteléfono siempre presto a impartir órdenes frente a una cámara y con un micrófono en el bolsillo desde cualquier rincón de Colombia, otra muy distinta es soltar el poder real.
Lo que estamos viendo hoy es la retórica imponiéndose sobre la realidad.
