Por: Laura Espinosa Macías
A ritmo de trote militar, el gobierno está impulsando una regresión brutal en términos de Derechos Humanos. Esta semana vimos simultáneamente el espectáculo de la política de seguridad y sus consecuencias en la orientación estratégica regresiva de la fuerza pública. El presidente patrullando con una pistola al cinto, rodeado de uniformados, es una puesta en escena tan absurda como peligrosa. Absurda, porque es inevitable preguntarse ¿Cómo va a usar el jefe de estado el arma que porta? ¿Qué efectividad y qué solución plantea el paseo de Abelardo por las calles de Santa Marta, fuera que quemar unas cuántas calorías?. Peligrosa, porque la primera autoridad civil se presenta disponible para utilizar la fuerza por mano propia, en un contexto de polarización y violencia, al que se suma la liberación del porte de armas.
Después de años en los que Colombia discutió la necesidad de transformar la doctrina de las fuerza pública y fortalecer los mecanismos de control y protección de los Derechos Humanos, la instalación de la violencia como vía privilegiada para resolver los conflictos sociales, como mediación primordial entre el Estado y la sociedad, ya empieza a tener efectos lamentables; esa es la regresión brutal a la que estamos acudiendo.
Esta semana, el caso del asesinato de Donovan Balanta a manos de la Policía Nacional pone la gravedad del asunto de frente. Balanta, un hombre afrodescendiente de 34 años, padre de dos hijas, trabajador y estudiante de criminalística, falleció tras de un procedimiento ocurrido el 20 de septiembre en el barrio Caracolí, en límites entre Ciudad Bolívar y Soacha. La Policía utilizó de manera reiterada un artefacto Taser en el cuerpo de Donovan, además de golpearlo, quitarle los zapatos y proferirle insultos racistas, mientras estaba esposado y reducido por un grupo de uniformados, como lo muestran varios videos publicados en medios de comunicación y redes sociales. Tras el hecho, la Policía Metropolitana de Bogotá anunció la separación del cargo de siete efectivos mientras avanza la investigación disciplinaria.
La actuación policial debe desarrollarse a la luz de principios que no son optativos. El Decreto 1231 de 2024 establece que el uso de la fuerza debe ser diferenciado, razonable, necesario y proporcional, y que constituye un último recurso, es decir, que debe ser excepcional. La propia ONU Derechos Humanos destacó esa reforma como un avance de Colombia en materia de derechos humanos y rendición de cuentas.
La pregunta, ahora, es si la transformación doctrinal se deshace ante las orientaciones del nuevo gobierno con las se instala nuevamente una concepción de la seguridad represiva y policiva y donde el uso y abuso de la fuerza se convierte en la regla general.
Otro asunto que merece atención es el uso del Taser. En el pasado, el uso indiscriminado de las “armas de letalidad reducida” ha dejado consecuencias fatales y ha abierto el debate en el país sobre su reglamentación pues “letalidad reducida” no significa ausencia de riesgo. Pero el problema de fondo no es solamente qué dispositivo utiliza un policía, sino qué concepción de la fuerza acompaña su utilización.
Es necesario recordar el caso del abogado Javier Ordóñez, quien en septiembre de 2020, fue reducido por agentes de la Policía. Tras recibir varias descargas de Taser y fue trasladado al CAI de Villa Luz, continuaron las agresiones. Murió horas después. La Procuraduría destituyó e inhabilitó por 20 años a dos de los patrulleros involucrados y la justicia ordinaria asumió la investigación penal al considerar que una actuación desproporcionada y ajena a las funciones constitucionales de la Policía no podía ser entendida como un acto del servicio.
En un pronunciamiento en X, ONU Derechos Humanos Colombia lo recordó esta semana a propósito del caso de Donovan Balanta. Expresó su profunda preocupación y señaló que, de acuerdo con la Observación General 36 del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la seguridad de una persona detenida recae sobre el Estado, responsable de garantizar su vida y su integridad. También llamó a aplicar los estándares internacionales sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego y pidió una investigación exhaustiva por parte de la justicia ordinaria.
Con lo anterior, cabe recordar que la Policía no es una fuerza militar. Es un cuerpo armado de naturaleza civil. Su función constitucional no es librar una guerra contra la población, sino garantizar las condiciones para el ejercicio de los derechos y las libertades y asegurar la convivencia. Esa diferencia determina la manera en que sus integrantes deben relacionarse con la ciudadanía. La reforma doctrinal de los últimos años intentó precisamente avanzar en esa dirección. Por eso, otro paso en la regresión brutal de seguridad es promover una policía militarizada que trate a la población como el “enemigo interno”.
El problema se agrava cuando ese enemigo interno se extiende, en los marcos del neofascismo, criollo a toda persona que no encaje en los “nunca”, que es la mayoría de la sociedad. Donovan Balanta era un hombre afrodescendiente y habitaba un territorio popular del sur de Bogotá. El racismo y el clasismo que exhibe la organización territorial del país y las grandes ciudades, plantean como amenaza a las personas y territorios empobrecidos a los que la presencia estatal llega antes como vigilancia, control y coerción, que como garantía de derechos y vida digna.
Es indispensable ahora pedir justicia para Donovan. La separación de siete uniformados del cargo es una decisión administrativa, pero la justicia debe establecer los hechos, responsabilidades y sanciones. La historia colombiana obliga a mirar con atención ese proceso. Durante décadas, organismos internacionales han señalado la persistencia de problemas de impunidad frente a violaciones cometidas por integrantes de la fuerza pública y han insistido en la necesidad de investigaciones prontas, imparciales y efectivas. En el caso de Ordóñez, por ejemplo, fue necesario que la justicia ordinaria estableciera que una actuación abiertamente desproporcionada no podía ser considerada parte del servicio policial.
La muerte de Donovan Balanta debe leerse más allá del procedimiento concreto. Es el resultado de un proyecto político que pone a la seguridad como el eje central de su gestión y que apuesta por destruir la concepción civil de la autoridad. Seguridad, brutalidad, impunidad, parece ser el recorrido de una regresión brutal.
