Por: Laura Espinosa
El gobierno de Abelardo de la Espriella produce hechos a una velocidad inusitada; no es accidental. El bombardeo de anuncios permite controlar la agenda, mantener a la sociedad saturada y a la oposición dedicada a reaccionar. Por eso, un análisis más grueso es fundamental para zafarse de esa maraña de angustias y procesar la situación, sin naufragar en el terreno fangoso que conduce hacia una distopía tropical.
Para no hacer un inventario, conviene buscar la estructura del proyecto político: estamos ante un neofascismo “a la latinoamericana”, con su subordinación geopolítica, su capitalismo dependiente y sus cargas históricas, liderado por una “nueva derecha” (o una nueva vieja derecha). No es una reedición del fascismo europeo ni un regreso al uribismo. Es la forma contemporánea de restauración conservadora por la vía más agresiva posible, que intenta cerrar las grietas abiertas por las luchas sociales y políticas históricas de la sociedad colombiana, así como por los avances del gobierno progresista, para recomponer el poder y la dominación de los de siempre.
Este neofascismo criollo no es aislado. Hace parte de la avanzada de la ultraderecha internacional que, aupada por EEUU, se ha regado por Latinoamérica. No es gratuito el servilismo ante Donald Trump, Benjamin Netanyahu y sus representantes, que han desfilado durante 30 días como “virreyes” por este territorio recién anexado a su mapa de dominio hemisférico.
Los ejes de la gestión son visibles: militarismo, privatización y reprimarización. Así, el gobierno recupera la violencia y la represión como centro de construcción estatal y abandona cualquier intento de paz y diálogo; la participación privada aparece como respuesta a las necesidades sociales y sustituta de las obligaciones públicas; y la política económica apunta hacia la disciplina fiscal, el abandono de la reforma agraria y las pretensiones industrializadoras, en pos de la explotación intensiva de recursos naturales. Por lo visto, la consigna de reducir el Estado no es tan cierta, pero si su reorganización en función del extractivismo.
El panorama lo completa la “batalla cultural” como mecanismo para construir consenso social alrededor del pequeño grupo que gobierna y de sus jefes extranjeros, apalancándose en distintos mecanismos tecnológicos a su servicio. Las disputas sobre diversidad, educación sexual, género, memoria, conflicto social, religión y los símbolos militaristas, responden a una misma operación: modificar aquello que la sociedad considera legítimo y deseable para instalar un sentido común autoritario, violento y excluyente.
En ese marco, la “seguridad” se ha convertido simultáneamente en política pública y fuente de legitimidad. Se vale de la construcción de un enemigo interno amplio y difuso: cualquiera que no quiera sumarse a “la manada”. La muerte se presenta como prueba de la recuperación de la autoridad y el orden por el que claman los “nunca” que aplauden la pasarela presidencial en medio de cadáveres.
Sin embargo, no todo avanza como un bólido imparable hacia la distopía tropical. La improvisación, el afán autoritario y las promesas populistas se han encontrado con límites jurídicos, institucionales, sociales, políticos y materiales. El gobierno constantemente anuncia, ordena o propone y después debe corregir, retractarse o enfrentarse con la ley y la justicia. La contradicción no significa necesariamente la debilidad del proyecto, pero sí refleja las resistencias y los contornos que encuentra al pretender contrarreformar el Estado a la velocidad que pretende.
En el primer mes, la tradicional luna de miel del nuevo gobierno no ha sido tan dulce como siempre, ha producido tempranas disputas con instituciones, sectores políticos y actores sociales. La alianza que respaldó la candidatura de Abelardo De La Espriella todavía está organizando y consolidando la repartición del poder. Muy pronto emergió una pelea dentro de la derecha que no expresa una diferencia sobre el objetivo del proyecto, sino por su conducción, por el control de las instituciones y la capacidad de decisión en el nuevo bloque gobernante.
Y esas tensiones empiezan a tener un costo político. Abelardo llegó a la presidencia con una legitimidad estrecha. Por eso y por el “style” neofascista latinoamericano que vemos en otros países hermanos, continúa en campaña. Gobernar mediante el espectáculo, incluido el de la muerte, obedece a una estrategia para mantener en alto la gestión emocional de la política que favoreció su apretado triunfo electoral.
El gobierno pretende reescribir la historia y los sujetos sociales borrando a los campesinos, la reforma agraria, las niñas y la paz. A pesar de la arremetida, no ha logrado volcar las mayorías hacia la deriva autoritaria. La primera encuesta de favorabilidad presidencial publicada el 10 de septiembre por Bloomberg, le dio a ADLE el 52% de aprobación y el 43% de rechazo; para septiembre de 2022 Gustavo Petro marcó 65% de aprobación y solo 20% de rechazo. No es descartable que a la otra mitad del país que no votó por el “Tigre”, se le hayan sumado algunos arrepentidos.
Esto representa también un desafío para la oposición: sacudirse de las arenas movedizas de la reacción constante e imparable y avanzar en plantearle al país una agenda de disputa por el futuro. Es necesario reorganizar la fuerza de cara a la contienda electoral que se avecina, pero también para la disputa por el sentido común y por el horizonte político de Colombia.
¿Se consuma la distopía tropical?
No.
El escenario está abierto. Por las fisuras, por las rayas malpintadas y cada vez más descoloridas del “Tigre” se asoma la esperanza. Ojalá que irrumpa por ellas el nuevo país que no termina de nacer.
