Por: María Consuelo del Río Mantilla
En medio del océano Pacífico, lejos de las grandes capitales del poder mundial, un pequeño país compuesto por más de ochenta islas se convirtió en la conciencia ambiental del planeta. Vanuatu, prácticamente invisible durante décadas para la geopolítica internacional, terminó obligando a las potencias mundiales a responder una pregunta obvia: ¿qué sentido tiene prepararse para las guerras del futuro si el propio planeta que sostiene la vida se está deteriorando aceleradamente?
La historia de Vanuatu resume una de las mayores contradicciones de nuestro tiempo. El país apenas contribuye a las emisiones globales de carbono, pero está entre los territorios más amenazados por el aumento del nivel del mar, los ciclones extremos, la erosión costera y la pérdida de agua dulce. Mientras las grandes potencias discuten influencia militar y control geopolítico, comunidades enteras en el Pacífico ya viven las consecuencias concretas del calentamiento global: agua salinizada, cultivos destruidos, viviendas arrasadas y poblaciones obligadas a desplazarse.
Lo dramático no es solamente el riesgo ambiental. Es la desproporción moral entre quienes generan el daño y quienes lo padecen.
El planeta vive hoy una carrera armamentista acelerada. Según el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, el gasto militar mundial alcanzó en 2025, cerca de 2,9 billones de dólares, la cifra más alta registrada en la historia reciente. Estados Unidos, China, Rusia y varias potencias europeas incrementan año tras año sus presupuestos de defensa mientras proliferan conflictos armados y tensiones internacionales.
Y mientras el mundo destina cifras históricas a la guerra, dos conflictos recientes reflejan crudamente la incapacidad del sistema internacional para priorizar la supervivencia humana y ambiental.
El primero es Gaza. A más del genocidio perpetrado por el gobierno sionista de Israel que se consuma día a día, la devastación tiene dimensiones históricas. Estudios recientes estiman que las muertes violentas, a la fecha, son de aproximadamente 120.000 personas y 175.000 heridos, mientras las víctimas por hambre, enfermedades y colapso hospitalario elevan aún más la cifra final. Gaza necesitará más de 71.000 millones de dólares para reconstruir su infraestructura básica destruida en la infame matanza.
El segundo episodio fue el ataque de Donald Trump y su gobierno, contra Irán. Diversos reportes estiman que las operaciones militares estadounidenses superan los 29.000 millones de dólares en costos directos. Más allá del impacto económico, la amenaza de una guerra regional volvió a poner al planeta al borde de una crisis geopolítica de enormes proporciones, afectando mercados energéticos y aumentando la dependencia mundial de combustibles fósiles.
La paradoja resulta devastadora. La humanidad posee los recursos económicos, científicos y tecnológicos para reducir las emisiones y acelerar la transición energética, pero las prioridades globales siguen concentradas en la competencia militar y económica. Lo que falta es voluntad política global.
La Organización de las Naciones Unidas estima que el mundo necesitaría invertir entre cuatro y seis billones de dólares anuales hacia 2030 para enfrentar la crisis climática mediante energías renovables, adaptación e infraestructura sostenible. La cifra es enorme, pero comparable con los recursos que se destinan a la maquinaria militar mundial. El planeta invierte cifras históricas en prepararse para destruirse mientras evita financiar su propia supervivencia.
La ONU advierte que el mundo se acerca peligrosamente a escenarios climáticos irreversibles. El secretario general, António Guterres, afirmó que la humanidad abandonó la era del “calentamiento global” para entrar en una etapa de “ebullición global”. La expresión resume lo que la ciencia ha advertido por décadas: incendios forestales más intensos, olas de calor récord, sequías prolongadas, tormentas más destructivas y alteraciones profundas en ecosistemas esenciales para la vida humana.
El caso de Vanuatu logró romper parcialmente esa lógica. En 2021, este Estado insular inició una campaña diplomática que parecía imposible: llevar el cambio climático ante la Corte Internacional de Justicia. La iniciativa buscaba que el máximo tribunal de Naciones Unidas respondiera si los Estados tienen obligaciones jurídicas frente al cambio climático y si los grandes contaminadores podrían ser responsables internacionalmente por los daños causados.
Muchos consideraron la propuesta simbólica o ingenua. Sin embargo, Vanuatu consiguió algo extraordinario. En 2023, la Asamblea General de la ONU aprobó por consenso una resolución solicitando formalmente una opinión consultiva de la Corte. Dos años después, el 23 de julio de 2025, la Corte emitió un pronunciamiento que constituye un hito en relación con el cambio climático. Reconoció que éste constituye una amenaza “urgente y existencial” para la humanidad. Afirmó además que los Estados tienen obligaciones jurídicas internacionales de proteger el sistema climático, prevenir daños ambientales significativos y cooperar para reducir emisiones.
Aunque la opinión consultiva no posee el carácter vinculante de una sentencia entre Estados, su peso jurídico y político es inmenso. Por primera vez, el principal órgano judicial de la ONU estableció con claridad que la destrucción climática puede generar responsabilidad internacional. Detrás del lenguaje jurídico existe una verdad mucho más profunda: la crisis climática ya no puede entenderse únicamente como un problema ambiental. Es un conflicto ético, económico y civilizatorio.
Mientras millones de personas enfrentan inundaciones, incendios o escasez de agua, el debate internacional continúa dominado por la lógica de la seguridad militar clásica. Las potencias hablan de amenazas externas, pero la principal amenaza global no distingue fronteras, ideologías ni ejércitos. El dióxido de carbono no necesita pasaporte. Las emisiones producidas por una industria o una guerra afectan también a quienes jamás participaron de esas decisiones.
Por eso varios países insulares comenzaron a formular una idea incómoda para el orden internacional imperialista: la verdadera seguridad del siglo XXI no depende de tanques, misiles o alianzas militares, sino de la capacidad de preservar condiciones mínimas de habitabilidad en el planeta.
La propia ONU ha advertido que el cambio climático puede multiplicar conflictos sociales y geopolíticos. La escasez de agua, las migraciones masivas, la pérdida de tierras cultivables y los desastres naturales pueden intensificar tensiones regionales y profundizar desigualdades ya existentes. Paradójicamente, mientras más se deteriora el clima, más aumentan los riesgos de violencia y conflicto que luego son pretexto para nuevos gastos militares.
Además, las guerras mismas agravan la crisis climática. Los ejércitos del mundo consumen enormes cantidades de combustibles fósiles. Bombardeos, invasiones y destrucción de infraestructura generan emisiones masivas y daños ambientales severos. Sin embargo, durante años las emisiones militares estuvieron prácticamente ausentes de muchas discusiones climáticas internacionales.
La humanidad parece atrapada entre dos modelos opuestos de supervivencia. Uno basado en la competencia permanente, la expansión imperial y la acumulación militar. Otro basado en la cooperación internacional, la reducción de emisiones y la protección de bienes comunes globales. El problema es que el tiempo para decidir entre ambos caminos se reduce rápidamente.
En ese contexto, Vanuatu representa algo más que un país vulnerable. Representa una pregunta moral dirigida a toda la humanidad: ¿cómo será recordada esta generación? ¿Como la generación que utilizó su conocimiento científico y su riqueza para evitar una catástrofe global, o como aquella que prefirió financiar guerras mientras ignoraba el deterioro progresivo de las condiciones que hacen posible la vida?
Quizás el mayor legado de Vanuatu no sea jurídico, sino simbólico. Un pequeño país, amenazado por un problema que no creó, logró recordarle al mundo que la lucha climática no trata únicamente de temperaturas o estadísticas. Trata de supervivencia, justicia y dignidad humana. Y sobre todo, de prioridades.
Porque ninguna potencia militar podrá bombardear un huracán, detener el aumento del nivel del mar con misiles ni negociar con ecosistemas colapsados. La crisis climática está demostrando algo que el sistema internacional todavía se resiste a aceptar: en un planeta ambientalmente inestable, nadie gana realmente una guerra.
