Por: Karla Diaz
Hace un par de días, La Silla Vacía publicó una nota titulada "Los indígenas no deforestan en sus territorios, los colonos sí". El artículo forma parte de un especial sobre Entidades Territoriales Indígenas (ETI) y la conservación de la Amazonía, que cuenta con el apoyo de la Fundación GAIA. La nota aborda la negativa del actual gobierno a reconocer las ETI, una forma de territorialidad consagrada en la Constitución Política que finalmente vio la luz durante el gobierno de Petro. Aunque la nota plantea una disputa por este reconocimiento, su título apunta en otra dirección.
El artículo argumenta que en las ETI la deforestación ha sido inferior al 1%, mientras que fuera de ellas responde, entre otras causas, a la llegada de colonos, y cita como ejemplo al movimiento religioso Misión Israelita del Nuevo Pacto Universal en el Amazonas. Después presenta algunos cálculos difíciles de sostener. Refutar la columna no es mi propósito, pues considero que las ETI son un paso fundamental en el reconocimiento de las competencias de ordenamiento que tienen los pueblos indígenas. De hecho, creo que reconocerlas y reglamentarlas es solo el primer paso. Pero ¿será necesario que, para mostrar las virtudes de las ETI, se señale a otro actor y que ese actor resulte ser el colono?
Quizás la selección de la palabra obedece al desconocimiento de su carga simbólica e histórica para la Amazonía; de hecho, el artículo agrupa bajo la categoría de "colonos" a la mencionada misión israelita, a la minería ilegal, a los ganaderos, incluso a quienes viven en cabeceras municipales; sin distinción alguna, sin matices, como si todo lo no indígena fuera colono. Esta falta de matices pone como opuestas a poblaciones que, en muchos contextos, han construido solidaridades y han sufrido los mismos flagelos: el conflicto armado, el desinterés del Estado por garantizar sus derechos y la ambición de los poderosos por quedarse con sus territorios, destruyendo de paso la naturaleza y sus condiciones de vida.
Conviene recordar que la figura del colono se ha configurado a partir del migrar, en oposición al pertenecer, que se reclama para los nativos. Mucho se ha escrito sobre la colonización de la Amazonía durante el siglo XX, y su rasgo principal es que el término designa, especialmente, a comunidades campesinas víctimas del conflicto armado que migraron hacia la región. En la era del imperativo climático, que surge entre otras cosas en medio de la política antidrogas y contrainsurgente, este sujeto ha pasado a representarse como invasor, como presión antrópica. Ya no solo no pertenece, sino que hace daño. Se trata de una narrativa ampliamente difundida por ONGs de conservación y que ha causado gran daño al movimiento campesino.
Como he señalado anteriormente, esta narrativa simplifica las dinámicas de deforestación y excluye de la ecuación las asimetrías de poder y las formas de acumulación de capital basadas en la explotación de la naturaleza, lo que lleva a equiparar a una minera ilegal con quienes habitan un casco urbano. Estas son características que no se evidencian en los mapas de MapBiomas, y ahí radica lo erróneo de atribuir responsabilidades a partir de imágenes satelitales. Adicionalmente, en esta categoría de “colono”, que señala al que ocupa áreas ambientales, quedan por fuera inversionistas y terratenientes que viven en las capitales mientras su ganado pasta en áreas protegidas. De hecho, quienes tienen más poder para destruir la Amazonía son precisamente los que no la habitan y no dependen de ella para sustentar a sus familias.
La oposición entre indígenas y colonos, entre el nativo y quien no pertenece, se ha construido en detrimento de las alianzas que estos pueblos tejen en muchos territorios. El opuesto no es el indígena y el campesino jornalero; los opuestos se encuentran precisamente en esas fuerzas que no quieren que las ETIS sean reconocidas: empresas mineras, petroleras, agroindustriales que ven en las ETIS una amenaza a la expansión de sus intereses.
En fin, la forma en que se enmarca el problema importa, la tarea no es interpelar la negación de un derecho señalando a otra población de forma indiscriminada, especialmente cuando entre esta categoría se incluyen poblaciones que tienen sus propias luchas por el reconocimiento de derechos; ya vemos que las Áreas para la Producción de Alimentos también están en riesgo. La discusión debería dirigirse entonces al retroceso en la garantía de derechos indígenas que promueve el actual gobierno y al desentrañar las fuerzas económicas que están detrás de ello.
