Por: Jaime Gómez Alcaraz
Hay decisiones políticas que envejecen con dignidad y otras que simplemente envejecen mal. El embargo económico impuesto por Estados Unidos contra Cuba pertenece a estas últimas. Ha sobrevivido a la Guerra Fría, a la desaparición de la Unión Soviética, a once presidentes estadounidenses y a una transformación completa del mapa geopolítico mundial. El mundo cambió de siglo, de prioridades y de amenazas. El embargo, en cambio, sigue ahí, como si el calendario hubiera quedado detenido en 1962.
Con frecuencia se habla de él utilizando el lenguaje aséptico de la diplomacia. USA lo llama “instrumento de presión” o “herramienta para promover cambios democráticos”. Son expresiones falsas que pretenden esconder el fuerte carácter antidemocrático e imperialista. Detrás de cada restricción financiera, de cada transferencia bloqueada y de cada operación comercial frustrada hay personas de carne y hueso que nunca participaron en las decisiones que dieron origen al conflicto.
Como cualquier otro país, Cuba enfrenta desafíos estructurales de carácter económico y político. Afirmar que el embargo constituye la única explicación de las dificultades que enfrenta la isla, no sería intelectualmente honesto. Pero precisamente porque la realidad es compleja, resulta evidente sostener que más de seis décadas de restricciones económicas han agravado de manera extrema esas dificultades.
Lo verdaderamente inquietante no es que existan desacuerdos entre dos Estados. Lo preocupante es la naturalidad con la que se acepta que una disputa política pueda prolongarse durante generaciones mientras quienes soportan la mayor parte de sus consecuencias son ciudadanos comunes que jamás participaron en ella.
Una historia que se niega a terminar
El embargo nació en los primeros años de la Guerra Fría. La Revolución Cubana mostró que la dignidad es posible. Las nacionalizaciones de empresas estadounidenses desencadenaron una confrontación que pronto dejó de ser bilateral para convertirse en uno de los símbolos del enfrentamiento entre Washington y Moscú. Aquella decisión pudo entenderse dentro de la lógica de un mundo dividido en dos bloques. Lo difícil de comprender es que continúe prácticamente intacta cuando ese mundo desapareció hace más de tres décadas.
Con las leyes Torricelli y Helms-Burton el embargo amplió su alcance y proyectó sus efectos más allá de las fronteras estadounidenses. Allí aparece uno de sus mayores problemas jurídicos. Una cosa es que un Estado decida con quién comercia. Otra muy distinta es intentar condicionar las relaciones económicas que terceros Estados mantienen con otro país soberano mediante amenazas de sanciones.
Esa extraterritorialidad explica por qué el embargo trasciende la relación bilateral entre Estados Unidos y Cuba. Bancos europeos rechazan operaciones legales. Empresas asiáticas modifican contratos por temor a sanciones. Compañías navieras alteran sus rutas para evitar riesgos financieros. Poco importa que determinadas transacciones sean posibles. El simple temor a las consecuencias termina produciendo un bloqueo más amplio que el previsto por la propia legislación.
Mientras tanto, la vida continúa. Un hospital necesita un equipo médico. Un laboratorio espera un reactivo. Una empresa agrícola no consigue determinada tecnología, una unidad de producción no encuentra el repuesto que un tractor necesita. El costo de ciertos medicamentos por familia es más alto que en cualquier otro lugar del continente. Ninguna de esas historias ocupa titulares internacionales. Sin embargo, todas juntas explican mejor el verdadero alcance del embargo que cualquier indicador económico.
Y entonces surge una pregunta: si una política necesita más de sesenta años para alcanzar sus objetivos y todavía no los alcanza, ¿no será que el problema está en la política y no en el tiempo?
Cuando el poder olvida el derecho
El derecho internacional nació precisamente para impedir que la fuerza sustituyera al derecho. Después de dos guerras mundiales, la comunidad internacional comprendió que la estabilidad no podía depender únicamente del poder militar o económico de los Estados más fuertes. Por eso se construyó un sistema basado en principios como la igualdad soberana, la no intervención, la libre determinación de los pueblos y la cooperación internacional.
En el gobierno de Trump, el discurso oficial de algunos altos funcionarios estadounidenses ha endurecido nuevamente el tono de la confrontación. Marco Rubio, secretario de Estado, ha recurrido en repetidas ocasiones a una retórica particularmente agresiva contra el gobierno cubano, privilegiando el lenguaje de la presión y el castigo sobre el de la diplomacia. Recientemente el Departamento de Estado divulgó un reporte en donde señala a Cuba como capital del comunismo del siglo XXI.
Sus declaraciones reflejan una visión que interpreta el aislamiento económico como un instrumento legítimo de cambio político. Sin embargo, esa estrategia vuelve a plantear una pregunta de fondo: cuando el lenguaje confrontativo se traduce en políticas que prolongan el sufrimiento cotidiano de la población civil, el debate deja de ser exclusivamente geopolítico para convertirse en un problema de derecho internacional y de responsabilidad ética.
Las consecuencias humanas del embargo ya no constituyen una hipótesis. Numerosos organismos internacionales han advertido sobre las dificultades que enfrenta Cuba para acceder a determinados medicamentos, equipos médicos, tecnologías especializadas y mecanismos normales de financiación internacional. Aunque la legislación estadounidense contempla excepciones humanitarias, el temor a las sanciones termina restringiendo incluso operaciones legalmente permitidas.
Ninguna política exterior debería medirse únicamente por las intenciones que proclama, sino también por los efectos que produce. Cuando una estrategia termina agravando las condiciones de vida de mujeres, niños, adultos mayores y pacientes, resulta inevitable preguntarse si el remedio terminó siendo más dañino que la “enfermedad” que pretendía combatir.
No deja de ser revelador que, año tras año, la Asamblea General de las Naciones Unidas reclame casi por unanimidad el levantamiento del embargo a Cuba. Es cierto que esas resoluciones carecen de fuerza obligatoria, pero expresan un consenso político difícil de ignorar.
Paradójicamente, el embargo también produjo consecuencias geopolíticas opuestas a las que buscaba. China incrementó su presencia económica en la isla. Rusia recuperó espacios de cooperación estratégica. La Unión fortaleció sus relaciones con La Habana. América Latina, más allá de sus diferencias ideológicas, ha coincidido durante décadas en defender el principio de no intervención y reclamar el fin de las sanciones.
No obstante, ese consenso regional comienza a mostrar fisuras en la medida en que partidos de extrema derecha han llegado al gobierno. La decisión anunciada por el presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, de romper relaciones diplomáticas con Cuba y cerrar la embajada colombiana en La Habana constituye un giro significativo en la política exterior colombiana. La medida marca una ruptura con una tradición de diálogo que permitió, entre otros logros, que Cuba actuara como país garante de las negociaciones de paz con las FARC y acogiera la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Así las cosas, resulta legítimo preguntarse si el aislamiento diplomático favorece realmente la defensa de los intereses nacionales o si, por el contrario, reduce los canales de comunicación precisamente cuando las diferencias políticas hacen más necesaria la diplomacia.
Se trata de decidir qué clase de orden internacional queremos defender: uno donde los Estados más poderosos puedan prolongar indefinidamente medidas coercitivas porque tienen la capacidad para hacerlo, o uno donde incluso el ejercicio del poder encuentre límites en el derecho y en la dignidad humana.
Después de más de sesenta años, la discusión ya no consiste en determinar quién ganó aquella confrontación nacida en la Guerra Fría. Esa guerra terminó hace mucho tiempo. Lo que permanece son sus heridas. Levantar el embargo no resolverá, por sí solo, los problemas de Cuba, pero sí eliminaría un obstáculo mayúsculo cuya permanencia resulta imposible de justificar desde el derecho internacional, desde la ética pública y desde la simple condición humana.
Porque hay una verdad que ninguna geopolítica consigue borrar: cuando una política necesita castigar durante generaciones a una población para intentar modificar el comportamiento de un gobierno, hace mucho tiempo dejó de ser una política justa y eficaz. Se convirtió, simplemente, en una injusticia prolongada.
