Por: María Consuelo del Río Mantilla
La historia política de Colombia parece condenada a un ciclo de eterno retorno, donde los fantasmas del pasado autoritario reaparecen bajo disfraces contemporáneos. Con la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella este 7 de agosto de 2026, el país no solo asiste a la llegada al poder de un advenedizo de extrema derecha, sino a la preocupante restauración de una de las estirpes más sectarias y controvertidas del siglo XX: la familia Gómez. Herederos directos del pensamiento de Laureano Gómez, el "monstruo de la sabana”, tan cercano al fascismo, los miembros de este clan han consumado una estrategia de captura institucional que les permite controlar simultáneamente los resortes vitales del Ejecutivo y el Legislativo. Este fenómeno desdibuja los límites de la república y revive los peores temores sobre el nepotismo, la privatización de lo público y la resurrección de un conservatismo radical e intolerante.
Para dimensionar la gravedad de este resurgimiento, es imperativo mirar con rigor histórico los cimientos de esta familia. Laureano Gómez, quien gobernó de facto y de forma autocrática entre 1950 y 1953, encarnó el ala más intransigente y antidemocrática del conservatismo colombiano, abiertamente admiradora de los regímenes corporativos europeos de la época. Su hijo, Álvaro Gómez Hurtado, aunque nunca alcanzó la primera magistratura, consolidó el ala doctrinal de la derecha y fundó en 1990 el Movimiento de Salvación Nacional (MSN) como una escisión radical del Partido Conservador.
Tras el homicidio de Álvaro Gómez en 1995, el MSN entró en una prolongada agonía hasta perder su personería jurídica. No obstante, el hoy senador Enrique Gómez Martínez, nieto del patriarca, se empeñó en resucitar el membrete familiar. Tras resultados marginales iniciales, encontró en la figura histriónica y radical de Abelardo de la Espriella el vehículo perfecto para asaltar el poder.
La mutación del MSN, que cambió su tradicional arcoíris por las fauces de un tigre para mimetizarse con la campaña de De La Espriella, no fue un simple ejercicio de mercadotecnia electoral, sino una toma hostil y deliberada del sistema político. Gracias a esta alianza, el movimiento experimentó un crecimiento exponencial del 2.156,1% en las legislativas de 2026, asegurando cuatro curules en el Senado y una en la Cámara.
Enrique Gómez Martínez se catapultó como el quinto senador más votado del país, erigiéndose en el gran elector y comisario ideológico del Congreso. Sin embargo, lo verdaderamente alarmante no es su escaño, sino la manera en que el clan familiar ha colonizado el aparato estatal, transformando la administración pública en un feudo privado.
La conformación del gabinete expone una grotesca concentración de poder familiar que dinamita los principios más elementales del derecho administrativo. El nombramiento de Miguel Gómez Martínez, hermano de Enrique y nieto de Laureano, como Ministro de Hacienda entrega las manijas del presupuesto nacional a una misma bancada consanguínea. Presentado por el relato oficial como un tecnócrata de "los nunca", su designación consolida la tesis feudal de que los cargos de Estado en Colombia, se heredan por derecho de sangre.
Pero el culmen del descaro ético es la designación de Nicolás Gómez Arenas, hijo del senador Enrique Gómez y bisnieto de Laureano, como secretario privado y jefe de Gabinete de la Presidencia, un hombre de 29 años, sin perfil técnico para el cargo y cuyo “mérito” evidente es la estirpe de la que proviene. Situar a un joven de la cuarta dinastía en el despacho que filtra, organiza y condiciona el acceso directo al jefe de Estado, convierte a la Casa de Nariño en una empresa familiar.
Como bien lo señaló el senador Ariel Ávila, estamos ante un "nepotismo total", mientras que el exministro Andrés Camacho sentenció con precisión histórica: "Vuelve Laureano Gómez" y con él, la exclusión sistemática del disenso.
La promiscuidad entre los vínculos familiares y el poder político genera un escenario flagrante de conflictos de intereses incompatibles con una democracia constitucional, por las siguientes razones:
1.- Vulneración de la imparcialidad (Artículo 209 Constitucional): la administración pública está obligada a garantizar el interés general. Es materialmente imposible garantizar dicho principio cuando un padre legisla, un tío administra el tesoro público y un hijo maneja la agenda íntima del presidente. El "círculo de intereses" que regula la ley 1952 de 2019 (Código Disciplinario Único) colapsa por completo frente al organigrama de este gobierno.
2.- Erosión de la meritocracia: nombrar a Nicolás Gómez Arenas como jefe de Gabinete, es decir, en las más altas esferas del poder por su cuestionable linaje y no por una trayectoria probada, envía el mensaje clarísimo de que el mérito, como la ética, no existen y que en el gobierno actual de la "Patria Milagro", lo que importa es el apellido, las palancas y gobernar con los de “siempre” quien prometió hacerlo con los “nunca”.
3.- El sesgo presupuestario y la "motosierra" burocrática: Con Miguel Gómez en Hacienda y Enrique en el Senado, la política fiscal corre el peligro de subordinarse a los intereses corporativos y de clase, que históricamente ha defendido esta estirpe. Más grave aún es el uso de la promesa de despidos masivos estatales, la "motosierra" calcada de modelos autoritarios externos, como un instrumento faccioso para purgar la administración pública de contradictores y sustituirlos por clientelas leales a la dinastía.
El discurso de orden, seguridad extrema y reducción del Estado que proclama la "Patria Milagro" esconde una peligrosa regresión autoritaria. La matriz ideológica del laureanismo, profundamente antidemocrática, anticomunista y sectaria, augura un escenario de persecución a la protesta social, estigmatización de la oposición y profundización de la polarización nacional. La lealtad familiar y la ortodoxia ideológica se han impuesto sobre la idoneidad técnica y el pluralismo, reduciendo el Estado a un botín de guerra ideológica.
El ascenso de la familia Gómez al corazón del Estado no es una anécdota cromática del nuevo gobierno; es una mutación regresiva del régimen político colombiano hacia formas neo-feudales de ejercicio del poder. Mientras el país observa la remodelación de edificios gubernamentales que algunos tildan de "bananeros" por su similitud con la Casa Blanca, la verdadera remodelación ocurre en las instituciones. La arquitectura institucional es sometida a una presión inédita y los edificios públicos se rediseñan bajo una estética autocrática, las bases de la transparencia republicana se desploman.
Las sombras de un pasado oscuro han vuelto a tomar el Palacio y el país asiste, entre el estupor y el miedo, a la reedición de sus peores pesadillas históricas.
Frente a esta degradación institucional, la ciudadanía y las organizaciones sociales no pueden sucumbir a la resignación, sino articular una respuesta basada en la veeduría activa y el litigio estratégico. Por un lado, la creación de observatorios especializados independientes es imperativa para fiscalizar con lupa milimétrica cada contratación, cada giro del Ministerio de Hacienda y cada movimiento en la Secretaría Privada, documentando rigurosamente cualquier atisbo de conflicto de intereses o desvío de recursos.
Por otro lado, este blindaje social debe complementarse con una ofensiva jurídica implacable ante las altas Cortes, utilizando demandas de nulidad contra todos los actos que violenten frontalmente la moralidad y la imparcialidad administrativa consagradas en la Carta Magna. Solo mediante una vigilancia fiscalizadora implacable y una batalla jurídica sin tregua, será posible fracturar la impunidad de esta estirpe y rescatar los cimientos de nuestra debilitada democracia.
La vigilancia ciudadana, el control de los órganos fiscalizadores y la resistencia democrática serán las únicas murallas capaces de evitar que este retorno de la estirpe, se convierta en el epitafio definitivo de las garantías constitucionales en Colombia.
