Por: María Consuelo del Río Mantilla
La proclamación de Abelardo de la Espriella como presidente electo de Colombia no es simplemente un cambio de gobierno, es una ruptura tectónica en el ecosistema político nacional. Con 12,9 millones de votos frente a los 12,7 millones de Iván Cepeda, el país entra en un periodo de incertidumbre marcado por una legitimidad cuestionada, una polarización extrema y una serie de eventos que parecen materializar las promesas más sombrías de la campaña del nuevo mandatario. La narrativa ha dejado de ser retórica para convertirse en práctica gubernamental inminente: la estigmatización y neutralización de la disidencia.
El discurso de campaña de De la Espriella, bajo el movimiento Defensores de la Patria, se cimentó sobre una premisa explícita: el desmonte del proyecto político del Pacto Histórico. La frase sobre "destripar a la izquierda", lejos de ser una metáfora, parece estar delineando la hoja de ruta de una administración que busca reconfigurar el poder no solo mediante la política pública, sino a través de la coerción institucional y el señalamiento.
Aún sin posesionarse el señor De La Espriella, se empieza a advertir el retorno a las prácticas autoritarias y violentas de despojo y arbitrariedad. La detención de Beto Coral en Estados Unidos es el primer síntoma de esta nueva era. No es un hecho aislado, es una señal de que el brazo largo del nuevo establecimiento colombiano, apoyado en alianzas internacionales, pretende asfixiar las voces críticas que operan desde el extranjero. El activista, que había denunciado a De la Espriella por prácticas ilegales, se encuentra ahora en una encrucijada jurídica que recuerda a las épocas donde el exilio político era la única salvaguarda contra la persecución judicial arbitraria. La aparente coordinación entre el anuncio de la detención y la mención del presidente electo sugiere un uso instrumental del aparato del Estado para ajustar cuentas personales.
Por otra parte, las amenazas contra el abogado Miguel Ángel del Río, quien además de ser un reconocido penalista que incidió en el señalamiento y condena de Alvaro Uribe como criminal, tuvo el encargo de evidenciar las irregularidades constitutivas de fraude electoral de De La Espriella, no parecen una simple coincidencia. Las fotografías de cuerpos desmembrados que le fueron enviadas tras el triunfo electoral de De La Espriella, son en verdad perturbadoras. Cuando un sistema permite que un abogado que desafía al poder sea amenazado con impunidad, no estamos frente a un Estado de Derecho sino ante una tiranía. Y aún no empieza.
El hecho quizás más inquietante es el hostigamiento sistemático a los campesinos beneficiarios de la reforma agraria del gobierno Petro. Aquí no estamos ante una pugna de élites, sino ante la revictimización de los sectores más vulnerables de la sociedad colombiana. Los reportes sobre amenazas a quienes han recibido tierras señalan un intento deliberado por revertir los avances sociales del gobierno saliente mediante el terrorismo local.
Esta "contrarreforma" busca restablecer el statu quo previo a 2022, utilizando la presión paramilitar para forzar el abandono de las tierras. Es una táctica de manual de geopolítica autoritaria: golpear la base social del oponente para destruir su capital político a largo plazo. Al despojar a los campesinos de su sustento, se busca invalidar la gestión petrista y, al mismo tiempo, sembrar un mensaje de terror: "quien recibió tierras del gobierno anterior, no es legítimo dueño de su destino". La pretensión es revertir por la vía de la violencia los avances en el acceso democrático a la tierra.
Las denuncias de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) revelan ataques brutales, como el ocurrido en la finca La Primavera (Puerto López, Meta), donde familias fueron torturadas y sus medios de subsistencia destruidos por hombres armados que les dieron un ultimátum para abandonar el predio. Acciones similares fueron reportadas en la Hacienda La Palmira (Córdoba) y contra comunidades afro en Tuluá.
Lo que estamos presenciando es la transición de una democracia liberal hacia una forma de "democracia iliberal" o autoritarismo competitivo. El gobierno de De la Espriella, que asumirá funciones el próximo 7 de agosto, se enfrenta a un país fracturado. La diferencia de menos de un punto porcentual en las urnas, sumada a las denuncias de irregularidades, genera una crisis de legitimidad de tal envergadura que, en la visión del nuevo gobierno, solo puede ser contenida mediante la mano dura.
Desde una perspectiva global, Colombia corre el riesgo de aislarse de los movimientos de cambio en la región y de convertirse en un enclave de la ultraderecha transatlántica. La cercanía del presidente electo con figuras globales de la derecha radical no es fortuita; refleja una alianza ideológica que prioriza la defensa de los intereses económicos de las minorías, sobre la justicia social.
El "destripamiento" de la izquierda al que se refería De la Espriella no es un programa de gobierno en el sentido tradicional, sino una estrategia de guerra política. La detención de críticos, la intimidación a abogados y el despojo a campesinos forman un trípode sobre el cual se asienta el control del nuevo poder. Su narrativa de “reconstruir” el país, como si estuviera destruido, cuando tiene los mejores indicadores económicos, reconocidos así por la banca multilateral, recuerda la del pacto de Ralito de 2004 en la que los paramilitares expresaban que había que “refundar la patria”. Las razones argumentadas en ese entonces son de sorprendente similitud con las que ha planteado De La Espriella: Los paramilitares argumentaban que el Estado había sido infiltrado por la guerrilla y la corrupción, lo que justificaba su intervención para "limpiar" las instituciones, buscaban una presencia directa y controlada en las regiones donde ellos tenían influencia, eliminando lo que llamaban la "clase política corrupta" para reemplazarla por sus propios aliados. Abelardo De La Espriella, modifica sutilmente ese discurso y se erige como el salvador de un caos que no existe, pero que fue creado por la narrativa de la extrema derecha, difundida permanentemente por los medios de comunicación corporativos.
Colombia entra en una etapa donde la voz de la disidencia será escuchada cada vez menos, mientras que el eco de la represión será cada vez más estruendoso. La tarea de la oposición será, a partir de agosto, no solo sobrevivir a esta persecución, sino reconstruir el tejido social que la polarización y la intolerancia han dejado en ruinas, toda vez que el fascismo y el autoritarismo prosperan en la atomización de la sociedad. Por ello, urge ahora la creación y fortalecimiento de redes de vigilancia ciudadana, veedurías, sindicatos, asociaciones gremiales y plataformas cívicas que permitan que la resistencia no sea un esfuerzo aislado, sino una estructura organizada. Así mismo, es necesaria la defensa de la libertad de prensa pues la información veraz es el antídoto contra la propaganda, por ello hay que apoyar al periodismo independiente y promover la alfabetización mediática para que la ciudadanía no sea víctima de narrativas calumniosas o desinformación.
A más de lo anterior y, teniendo en cuenta que el autoritarismo se alimenta del olvido y la distorsión del pasado, conviene promover espacios de debate y pedagogía sobre la historia reciente de Colombia (como el conflicto armado y los procesos de paz) para que la sociedad sea consciente de cómo se erosionaron las instituciones en el pasado.
Finalmente, la resistencia pacífica a través de mecanismos como la desobediencia civil son los más adecuados para deslegitimar un gobierno autoritario y ganar apoyo tanto nacional como internacional. La resistencia democrática suele ser más efectiva cuando logra unir a sectores que, aunque tengan diferencias ideológicas profundas, coinciden en la defensa de los derechos fundamentales y la Constitución.
La democracia está amenazada de muerte. Nuestra tarea es defenderla.
