Por: Karla Diaz
El 24 de julio de 2026, una jueza declaró inocentes a cuatro campesinos detenidos durante el operativo Artemisa en el municipio de La Uribe, Meta, quienes habitan en el Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos desde antes de 2012. Una de las personas era acusada de deforestar cerca de 6 hectáreas entre 2016 y 2020, cifra que revela el perfil de quienes fueron perseguidos en una campaña que, con gran parafernalia y financiación de la cooperación internacional, militarizó la conservación. A través de la sentencia 17 de 2026, el Juzgado Tercero Penal del Circuito Especializado de Villavicencio los encontró inocentes, al concluir que el Estado obró de forma contradictoria: mientras adelantaba procesos de acuerdo con las comunidades, perfiló a quienes posteriormente serían acusados.
Para entender el fallo conviene recordar cómo nació la operación militar. Artemisa surge en 2019, cuando la Fiscalía echó mano de las fichas de caracterización de la población campesina que habita en áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SINAP). La caracterización fue elaborada en el marco de los diálogos entre Parques Nacionales Naturales y sus habitantes, como insumo para consolidar lo que sería la política pública de Parques con Campesinos. Sin embargo, tras la llegada del gobierno de Duque (2018-2022), la Fiscalía General de la Nación la utilizó como arma y emitió órdenes de captura contra más de 100 personas, acusadas principalmente del delito de ocupación de áreas de especial importancia ecológica. En los medios se presentó como una gran estrategia para combatir a los grandes deforestadores.
Volviendo al caso específico, los cuatro detenidos fueron capturados en medio de un operativo militar en marzo de 2021, acusados de los delitos de invasión de áreas de especial importancia ecológica agravada, incendio agravado y aprovechamiento ilícito de los recursos naturales. El último delito, tras más de 5 años de proceso judicial, había prescrito. Durante el juicio, se desplegó la maquinaria probatoria del Estado, que fungía como víctima, particularmente la entidad Parques Nacionales Naturales.
Funcionarios de Parques reconocieron que su conocimiento sobre las fincas y los ocupantes provenía de múltiples espacios de articulación y, sobre todo, de las fichas de caracterización recolectadas entre 2012 y 2015. Por su parte, funcionarios del IDEAM cruzaron las coordenadas de las fincas con capas de deforestación de diferentes periodos. Los certificados de vacunación y de movilidad ganadera emitidos por el ICA sirvieron como prueba adicional. La policía respaldó estos argumentos, aduciendo que la presencia física de los acusados bastaba para acreditar la materialidad del delito en áreas de especial importancia ambiental, y sumó los documentos hallados en las fincas, entre ellos documentos comerciales, documentos de compra y venta, los que, a su juicio, evidenciaban una explotación económica permanente dentro del parque. Los testigos de Parques, el Ministerio de Ambiente y la Policía fueron enfáticos en que "no se trataba de campesinos desorientados que desconocían las prohibiciones, sino de una operación sistemática de ganadería extensiva y comercialización bovina que demuestra su actuar ilícito".
Paradójicamente, todas esas pruebas fueron las que absolvieron a los cuatro campesinos del delito de invasión de áreas de especial importancia ecológica. Los acusados habían sido censados y caracterizados por Parques Nacionales Naturales, y de ahí provienen las coordenadas de sus fincas, en las que quedó constancia de las actividades económicas que desarrollaban, así como de los distintos procesos de diálogo y concertación en los que participaron, incluidos talleres, visitas y actividades de formación. Sobre esa base, la jueza encontró que el Estado obró de manera ambivalente, haciéndoles creer que su presencia en áreas ambientales estaba permitida y que las prohibiciones de uso no les aplicaban. La jueza encuentra que la existencia de las mesas de diálogo entre Parques y campesinos, junto con el censo, sin que en su momento se adelantara desalojo alguno, constituía una señal de que su permanencia era tolerada.
A ello se suman las múltiples visitas, los espacios de formación y los acuerdos con la autoridad, además de los permisos otorgados por el ICA, préstamos con entidades financieras, los documentos de sana posesión, la afiliación a la Junta de Acción Comunal y la infraestructura de escuelas, vías y servicios comunitarios, elementos que llevaron al campesinado a creer que las prohibiciones no los alcanzaban. Los documentos de compraventa mostraron que los actuales ocupantes habían adquirido sus fincas mediante transacciones con quienes las poseían antes de la ampliación de 1998.
Este caso, además, demuestra que las cuatro personas son solo una muestra de una situación mucho más compleja, pues son 43 las veredas que se encuentran dentro del Parque Nacional Natural Cordillera de los Picachos. No es un reto menor en términos de control del daño ambiental, pero, como lo ratifica la jueza, no es el campesinado quien debe pagar las consecuencias de la acción ambivalente y descoordinada del Estado. La expectativa de respeto por los acuerdos lo expresa uno de los campesinos en su intervención: "confiamos en la buena fe de esas personas y de parques nacionales de que nos cumplan, porque en realidad lo que tenemos lo tenemos aquí".
Y es que resulta común escuchar a campesinos y campesinas señalar el papel del Estado en la colonización y en la promoción de la ganadería en la Amazonía a lo largo de los sucesivos procesos de ocupación; también, es común escuchar cómo la destrucción de la selva fue requisito para obtener un título. Sin embargo, esta historia prefieren olvidarla. Estos argumentos fueron sistemáticamente dejados de lado y subestimados por entidades empeñadas en atribuir al campesinado la responsabilidad del daño ambiental, sin reconocer que la política de apropiación de la Amazonía, durante la colonización y bajo el modelo extractivista, fue precisamente destrucción ambiental ejercida desde el poder estatal. Esa incoherencia, que se descarta con rapidez, es la que hoy tiene en libertad a los campesinos detenidos, demostrando una vez más que la militarización de la conservación fue una búsqueda de chivos expiatorios para ocultar la responsabilidad del Estado en el proceso desordenado de ocupación, al tiempo que cerraba la posibilidad de atender las causas agrarias que llevaron a campesinas y campesinos a vivir en las márgenes de la frontera agraria.
