Por: Juliana Ramírez Rojas
Tal como ha ocurrido en otros territorios urbanos de América Latina, Santa Marta se encuentra hoy en el epicentro de las consecuencias de la política de guerra del Escudo de las Américas, coalición militar impulsada por Estados Unidos desde marzo de 2026, en el marco de la denominada Doctrina Donroe. No es nuevo que las expresiones más violentas del control armado ejercido por estructuras paramilitares y mafias del narcotráfico se manifiesten en las ciudades, México y Ecuador han sido laboratorio de esta política de guerra.
Así como en Santa Marta (Colombia), México vivió una serie de acontecimientos semejantes, aunque de mayor envergadura, cuando el 22 de febrero de 2026, como resultado de la Operación Jalisco, fue asesinado Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). Otro resultado, que era previsible, fue el paro armado establecido por el CJNG en Jalisco y otros operativos de alto impacto en 15 estados, que produjeron una crisis de la vida urbana durante varios días.
Lo que ha sucedido luego de la operación es consecuencia planificada de la política de guerra que implanta Estados Unidos, quienes tuvieron un papel fundamental de inteligencia y presión para que se diera la operación. Producto de este escenario hoy el CJNG tiene un proceso de fragmentación moderado y pérdida de plazas, que no han desaparecido, sino que otros han llegado a controlar. Es decir, este operativo abrió una ventana de oportunidad de control territorial que ha sido aprovechada fielmente por mafias del narcotráfico.
En Ecuador, Noboa ha hecho gala de su política de seguridad, que lejos de desestructurar el narcotráfico en el país, ha tenido como consecuencia el asesinato de cuatro jóvenes en Guayaquil a manos de las Fuerzas Armadas, y un aumento en las extorsiones, masacres, desapariciones forzadas y enfrentamientos con estructuras de la mafia del narcotráfico. Durante este gobierno, la política de guerra exportada por Estados Unidos, hoy por medio del Escudo de las Américas, fue implantada en el país, con una profundización desde marzo de 2026, tras el anuncio de operaciones militares conjuntas entre el Comando Sur y las Fuerzas Militares de Ecuador. Nuevamente, las consecuencias de estas políticas las ha vivido las clases populares, que sobreviven el día a día bajo toques de queda, militarización, y un control armado de las mafias del narcotráfico que ha sido inalterado, más allá de escasos cambios de nombre sobre quién controla el territorio, el control se perpetúa.
Volviendo a Colombia, el patrón no parece cambiar. Abelardo de la Espriella, aparece en medios caminando entre cuerpos, armado en consejos de seguridad y gritando amenazas que no ha podido cumplir, este es el performance para avanzar con una política de guerra acoplada a las demandas de EE.UU y su ya antes fallida “guerra contra las drogas”. En el primer mes y medio de gobierno, se han puesto en marcha operativos que están lejos de modificar la relación de control armado de las estructuras paramilitares y mafiosas en Colombia. Este es el caso de Santa Marta, y el actual paro armado que desarrollan “Los Pachencas” o también conocidos como “Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada” (ACSN), estructura armada de génesis paramilitar, que, tras el asesinato de José Luis Pérez, alias “Cholo”, el segundo al mando de las ACSN, ha desarrollado acciones armadas que han paralizado el comercio, el turismo, y en general en la vida cotidiana de las clases populares de la ciudad. Mientras en las zonas de alta valorización se concentra una fuerte militarización, en territorios populares de Santa Marta, se viralizan videos de hombres armados amedrentando niños que juegan en la calle, se denuncian desabastecimientos, y se hace innegable el control territorial que fuera de los paros armados se mantiene vigente, en las extorsiones y en la imposición de normas de conducta cotidiana para la población.
Lejos de una política de seguridad que permita a los colombianos construir condiciones de vida digna y permanencia en los territorios, estamos ante una política de guerra que se basa en anuncios grandilocuentes, shows propios de la necropolítica y una intensificación de operativos de las fuerzas armadas, que parecen abrir ventanas de oportunidad para nuevas expansiones del paramilitarismo y una nula atención a la emergencia humanitaria que viven las comunidades. A esto se deben sumar las graves violaciones de derechos humanos que en Colombia han estado asociadas a estas políticas de guerra, como la actual denuncia del asesinato de un joven campesino en el marco del operativo, a quien habrían hecho pasar como parte de las ASCN, o los bombardeos donde han sido asesinados menores de edad en otras zonas del país. Si la política de guerra abre en cada operativo una nueva ventana de oportunidad para reorganizar el control territorial, ¿qué es exactamente lo que el Gobierno Nacional está llamando victoria?
