Por: María Consuelo del Río Mantilla
Apenas transcurre el primer mes y medio de la administración de Abelardo de la Espriella y el país asiste, perplejo y alarmado, a la consolidación de una paradoja insostenible. El relato oficial, cimentado bajo la promesa mesiánica de la eficiencia y el orden, se desmorona estrepitosamente frente a la cruda realidad de los hechos. Mientras se presenta un presupuesto inflado que incrementa el gasto en cerca de 60 billones de pesos, apoyado fuertemente en el endeudamiento, y la chequera del Estado se abre con generosidad obscena para financiar los caprichos logísticos del presidente espurio y auxilios a las EPS, los derechos fundamentales, la justicia transicional, la diplomacia y el bienestar social sufren un desangre sistemático. El erario se despilfarra en lujos palaciegos mientras se asfixian la cultura, el deporte y la verdad.
La austeridad predicada en plazas públicas resultó ser un espejismo de campaña. Por un lado, los desplazamientos aéreos oficiales del mandatario en su primer mes superaron escandalosamente los $2.286 millones de pesos, registrando un centenar de trayectos en helicóptero y aeronaves que incluyen traslados urbanos absurdos de pocos minutos; un 63% de los desplazamientos (138 trayectos) duraron menos de 10 minutos, sumando un costo cercano a los $356 millones de pesos. Se registraron 43 trayectos entre el aeropuerto Ernesto Cortissoz y la sede de Adelita de Char en Barranquilla (aproximadamente $141 millones de pesos).
Por el otro, al radicar el mal llamado "Presupuesto de la Verdad" para la vigencia siguiente, el gobierno de De La Espriella elevó el gasto nacional en casi 60 billones de pesos en comparación con el periodo anterior (llegando a los $635 billones), financiando un 44% de este con más deuda. Sin embargo, este incremento presupuestal no se traduce en bienestar social equitativo, sino en un despliegue de gastos de funcionamiento, mientras se aplica una pinza asfixiante a sectores críticos.
Los recursos públicos se dilapidan, el endeudamiento crece y al mismo tiempo la tijera de la administración se ha ensañado con los derechos ciudadanos y las instituciones clave de la democracia:
1.- Ataque a la diversidad:. La ofensiva del gobierno de Abelardo de la Espriella contra la comunidad LGBTIQ+ se ha traducido en un giro conservador radical que desmonta los avances diplomáticos y de representación del país en materia de diversidades. El hito más contundente de esta política de exclusión se concretó cuando la administración decidió retirar formalmente a Colombia de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition), una alianza internacional que el país copresidía junto a España. Con esta decisión, el país renuncia a un espacio de interlocución geopolítica de primer orden.
2.- La pretensión de cambiar el lenguaje: La imposición de un nuevo relato oficial mediante la ingeniería lingüística se ha convertido en el pilar de la cruzada ideológica de la administración, transformando los documentos y discursos del Estado en herramientas de exclusión. Suprimir el uso de la palabra "niñas" en instituciones clave como el ICBF no es un simple debate semántico, sino un acto deliberado de invisibilización que borra la equidad de género y desprotege las realidades específicas de la infancia femenina. De manera simultánea, la imposición de un único modelo tradicional de familia deslegitima la pluralidad de los hogares contemporáneos y margina a las familias diversas, mientras que la sustitución forzada del término "campesino" por "empresario del campo" intenta ocultar la profunda desigualdad agraria, mercantilizando la labor de la tierra y despojando a las comunidades rurales de su identidad histórica y sus luchas por la reforma agraria y la subsistencia comunitaria.
3.- El absurdo retiro de la candidata a la CPI: La decisión del gobierno de Abelardo de la Espriella de retirar abruptamente la candidatura de la destacada jurista y exembajadora Carolina Olarte-Bácares a la magistratura de la Corte Penal Internacional (CPI) constituye un grave acto de mezquindad diplomática y un atentado contra la trayectoria académica del país en los estrados globales. Olarte-Bácares, con una sólida formación doctoral y un puntaje sobresaliente en el proceso de selección regional, fue sacada de la puja sin una sola comunicación oficial previa, enterándose por notificaciones de terceros Estados parte del Estatuto de Roma. Este desaire autoritario, ejecutado en paralelo a las especulaciones sobre una posible revisión o retiro del tratado que da vida a la CPI, no solo sepulta la oportunidad histórica de tener a una voz colombiana de altísimo nivel en la justicia internacional, sino que confirma el talante aislacionista y vengativo de una administración empeñada en demoler los puentes multilaterales y castigar el mérito técnico bajo consignas puramente ideológicas.
4.- El castigo presupuestal a la JEP: En línea con su ofensiva contra los pilares del acuerdo de paz, el gobierno respaldó recortes directos y reducciones drásticas al presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). A pesar de que la entidad solicitó más de $947.000 millones para operar, el proyecto oficial le asignó más de $125.000 millones menos (dejándola en $821.803 millones), una asfixia financiera disfrazada de "responsabilidad fiscal" que busca debilitar la investigación de los crímenes más graves del conflicto armado, pero sobre todo, silenciar una verdad que le resulta incómoda a sectores de la derecha que participaron en la financiación u operación del paramilitarismo y obtuvieron ganancias económicas del conflicto armado.
5.- Desfinanciar el deporte, la cultura y ser generoso con los ricos: La pinza ajustadora desfinancia la cultura, el deporte y los semilleros regionales bajo la excusa de un supuesto rigor fiscal, pero milagrosamente sobran los recursos y la benevolencia cuando se trata de inyectar multimillonarios auxilios a las EPS y sostener los privilegios corporativos.
a) El Deporte: el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027 contempla un recorte cercano al 40% para el Ministerio del Deporte. El presupuesto de esta cartera pasaría de $496.100 millones a $297.700 millones, lo que representa una disminución de $198.400 millones. Sectores críticos como la formación de deportistas sufren reducciones del 34,7% y los programas de recreación y actividad física caen dramáticamente en un 62,5%.
b) La Cultura: dentro de la estrategia de la llamada "batalla cultural" el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes ha ejecutado medidas orientadas a desmantelar los programas de fomento de la administración previa y reorientar el foco institucional, tales como la suspensión sin precedentes del Programa Nacional de Estímulos, por primera vez, en sus 27 años de existencia que se quedó sin asignación de ganadores ni recursos. De otra parte el desmantelamiento de líneas temáticas estratégicas y de memoria y la reorientación del relato institucional y la "hegemonía de valores" (recordar que quien lidera esa reorientación de “valores” es la hija del testaferro de Pablo Escobar) para erradicar lo que las nuevas derechas denominan la "ideologización progresista" de las instituciones.
c) El regalo a las EPS: el gobierno pretende donar 10 billones de nuestros impuestos a las EPS a las que, según señaló la Corte Suprema de Justicia, el gobierno anterior no les adeudaba un solo centavo. Eso podría constituir un claro peculado.
Lo anterior es la radiografía de una regresión profunda. Se gobierna bajo la lógica de que el Estado es una hacienda privada donde los lujos personales se financian con millones en helicópteros, las donaciones de los terremotos se manejan entre sombras, se infla el presupuesto con riesgos de deuda insostenible, se desfinancia a la JEP y los derechos conquistados por la sociedad se recortan sin piedad. Dinero público dilapidado y derechos ciudadanos destruidos nos llevan a concluir que la divisa real de esta administración es una sola: "lo que nada nos cuesta volvamoslo fiesta".
