Por: Jaime Gómez Alcaraz
Cuentan las ficciones de Tolkien en El Señor de los Anillos que existían piedras de visión llamadas palantíri, esferas mágicas capaces de mirar a través de las distancias y los tiempos para otorgar a su observador una visión privilegiada. En las oficinas pulcras de California, los señores de la tecnología adoptaron ese nombre para bautizar su artefacto estrella: Palantir. Fundada en 2003 por Peter Thiel y Alex Karp, la corporación nació respaldada por el capital de In-Q-Tel, el brazo de inversión de la CIA creado para incubar tecnologías al servicio del aparato de seguridad de los Estados Unidos. Aquel bautismo financiero sirvió de puente inmediato para abrir las compuertas del Pentágono, el FBI, el ICE y las agencias de defensa globales. No se trataba de un taller civil para comunicar a las familias, sino de una maquinaria de ciberespionaje e integración de datos.
Palantir comercializa una cosmovisión vertical donde el Estado de derecho resulta un estorbo frente a la eficacia del código. Su modelo no busca someterse a las leyes que los pueblos construyeron con sacrificios, sino actuar por fuera de cualquier marco constitucional. Para estos cruzados del capitalismo, la deliberación pública y las garantías ciudadanas son anomalías lentas que deben ser reemplazadas por la velocidad inapelable del algoritmo. Así, la soberanía popular se va vaciando de contenido mientras el poder real se traslada a servidores privados donde unos pocos deciden quién es sospechoso, quién es peligroso y quién debe ser vigilado.
La piedra que todo lo mira y la muerte en hilera
En el vocabulario de estos hombres de negocios, la violencia ha sido rebautizada como optimización. Alex Karp, director ejecutivo de Palantir, suele hablar con naturalidad de la denominada “cadena de muerte digital”. Detrás de ese término técnico se esconde un mecanismo implacable: la integración en tiempo real de imágenes de drones, señales electromagnéticas, rastreos satelitales e informes militares para transformar la información en blancos directos de bombardeo en cuestión de segundos.
El ciclo bélico de observar, orientar, decidir y actuar ya no descansa en la deliberación ni en el juicio humano, sino en la frialdad de plataformas digitales de diferentes denominaciones. Bajo la promesa de una supuesta precisión milimétrica, lo que en verdad se ha instalado es una carnicería tecnificada. Los territorios del despojo, como la Franja de Gaza martirizada, han sido transformados en campos de prueba para calibrar estos sistemas sobre cuerpos desarmados y escuelas en ruinas.
Al articularse estas plataformas con redes satelitales como las de SpaceX, la guerra se vuelve un negocio cerrado donde los magnates privados determinan la capacidad operativa de los ejércitos. Quienes diseñan estas herramientas se lavan las manos tras murallas de propiedad intelectual, pero ante el derecho internacional humanitario, la provisión consciente de la tecnología del exterminio no es neutralidad técnica, sino complicidad directa en crímenes de guerra que la justicia internacional tiene la obligación ineludible de investigar y juzgar. El DIH continúa exigiendo distinción entre combatientes y civiles, proporcionalidad y precaución. Ningún algoritmo deroga esas obligaciones.
Los dueños del código contra la voluntad de los pueblos
Para entender el rumbo de este proyecto hace falta mirar a quien lo concibió. Peter Thiel, cofundador de PayPal y Palantir, inversor temprano de Facebook y padrino político de la nueva derecha radical estadounidense, escribió sin pudor que la libertad y la democracia ya no son compatibles. En su credo, el voto popular y la justicia social son trabas al avance corporativo. Para Thiel, cualquiera que reclame límites éticos a la inteligencia artificial merece el mote de adversario absoluto.
Este modelo de tecno-cesarismo o tecno-fascismo como lo llaman algunos, no necesita uniforme ni cuartelazos para quebrar la institucionalidad. La soberanía se desmorona cuando el Estado contrata estas plataformas y sufre una silenciosa expropiación de su propio conocimiento. Ocurre mediante la trampa de aterrizar y expandirse: la empresa ofrece su software a costo cero durante emergencias públicas, engulle los datos de millones de personas y luego vuelve imposible su desinstalación, dejando a las instituciones cautivas de un código secreto que ningún juez puede revisar.
América Latina conoce bien estas trampas. Durante la pandemia, Colombia entregó los datos biomédicos de catorce millones de personas a la plataforma Foundry bajo un convenio sin costo, abriendo una puerta que ahora se pretende ensanchar hacia los cuarteles y la inteligencia estatal. En Argentina, reformas normativas diseñadas a espaldas del debate público buscaron centralizar los registros civiles, sanitarios e impositivos para alimentar sistemas de contrainteligencia preventiva, justo en momentos de acercamiento político con estos magnates.
En enero de 2024, Palantir anunció una asociación estratégica con Israel para suministrar tecnología vinculada a las operaciones de guerra. Diversos críticos han cuestionado el papel de los sistemas de inteligencia artificial y selección automatizada de objetivos en un escenario como el de Gaza, en donde tiene lugar un genocidio ante los ojos de todo el mundo. Las guerras contemporáneas pueden convertirse, además, en laboratorios. Los algoritmos aprenden, las plataformas son ajustadas y los productos adquieren valor después de ser utilizados en escenarios reales.
Cuando las bases de datos de una nación se fusionan en manos privadas, la democracia se rompe desde adentro. La vigilancia masiva permite el microtargeting electoral, esa fábrica de mentiras personalizadas donde a cada votante se le susurra un miedo a la medida, destruyendo el espacio común. Asimismo, como ocurre con la persecución de familias migrantes a manos de agencias como ICE sostenidas por software de Palantir, la vigilancia engendra un terror que aleja a los pueblos de las urnas. Un país que entrega el control de sus datos pierde la soberanía para definir su propio destino.
El mapa global de esta concentración revela cómo los megacontratos militares consolidan un circuito donde el dinero público financia monopolios privados que a su vez respaldan a fuerzas políticas reaccionarias. Incluso Europa ha caído en la telaraña al subordinar sus sistemas de defensa a infraestructuras privatizadas, corriendo el riesgo de convertirse en un inquilino perpetuo dentro de sus propias fronteras.
El despertar de la soberanía digital
Frente a la pretensión de convertir a los ciudadanos en súbditos vigilados y al Estado en un simple arrendatario de sistemas ajenos, las democracias dignas tienen el deber de levantarse. La respuesta democrática no consiste en rechazar la tecnología. Consiste en someterla al estado de derecho.
En primer lugar, los Estados deben ejercer con valentía el veto directo y expulsar a estas corporaciones de las áreas estratégicas de la administración pública, la salud, la seguridad y la defensa. Ya existen ejemplos de lucidez institucional en países europeos que frenaron contratos con Palantir para resguardar su soberanía y evitar la fuga de información confidencial.
En segundo término, resulta impostergable la construcción de una soberanía digital pública. Ningún gobierno puede llamarse soberano si no tiene el poder material de apagar una pantalla sin que colapse su funcionamiento básico. Esto exige edificar infraestructuras sustentadas en código abierto, estándares transparentes y sistemas auditables por la sociedad civil.
Asimismo, las leyes deben prohibir de manera tajante el cruce indiscriminado de registros biomédicos y civiles para fines de perfilamiento masivo y policía predictiva. La dignidad humana no puede supeditarse a cajas negras algorítmicas. En lugar de permitir que las máquinas impongan una regimentación oculta de la vida cotidiana, las sociedades libres deben someter la técnica a la voluntad popular y a los derechos inalienables de las personas.
La memoria de las luchas populares enseña que la libertad no se mendiga a los reyes ni a los dueños de las plataformas. Durante siglos intentamos encerrar al poder dentro de constituciones, tribunales, elecciones y derechos. Sería una extraña derrota que ahora lo dejáramos escapar por la puerta de un centro de datos.
