Por: Juan Carlos Amador
“No somos un país que esté disfrutando de los beneficios del proceso de paz; al contrario, luchamos contra sus consecuencias (…) no es un modelo para el mundo”. Estas fueron las obtusas palabras pronunciadas por el embajador Mauricio Gaona el pasado 30 de octubre ante las Naciones Unidas, luego de que esta organización hiciera público que la Misión de Verificación a la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 no continuará acompañando acciones relacionadas con la Reforma Rural Integral.
Aunque Gaona hizo esfuerzos para recular luego de su anti-diplomática disquisición, afirmando que esta postura no implica el rechazo a la paz, sino a la impunidad, su perorata evidencia no solo falta de experiencia en estos escenarios multilaterales, sino especialmente la existencia de un fanatismo ideológico que busca anular conquistas sociales relacionadas con la restauración de la dignidad de las víctimas, la reconstrucción del tejido social y la materialización progresiva de una Reforma Rural Integral.
Cuando Gaona subraya con furia “(..) luchamos contra sus consecuencias”, en realidad está confirmando que los terratenientes, los dueños de los agronegocios, los grandes ganaderos y las compañías mineras, entre otros actores legales e ilegales, áulicos de la Patria Milagro, están bastante incómodos con los avances del Acuerdo de Paz. En particular, les molesta que el campo colombiano pueda ser transformado a través de políticas que erradiquen la pobreza y el hambre, y que puedan modificar las condiciones de la vida rural mediante el acceso a la tierra y la formalización de esta.
También les debe resultar problemático que se implemente una Reforma Rural Integral que se configure como un modelo de desarrollo equitativo y sostenible, que le permita al campesinado el acceso a bienes públicos y a la infraestructura social, desde un enfoque ambiental, territorial y de soberanía alimentaria. La formalización de 2.28 millones de hectáreas y la entrega de otras 351.000, así como la conformación de 21 Zonas de Reserva Campesina y la organización de 676 Comités Municipales de Reforma Agraria, entre otros logros alcanzados durante el gobierno de Gustavo Petro -en medio de sus errores y omisiones-, les debe causar profunda irritación.
El tema produce tal nivel de desespero en el presidente que asiste a actos de conmiseración evangélicos, al tiempo que desfila entre cadáveres con socarrona sonrisa, que no ha dudado en impartir órdenes para que sus subalternos implementen una nueva contrarreforma agraria. Inicialmente, el propio de la Espriella firmó un pacto secreto con los Estados Unidos para el aseguramiento de cadenas de suministro de minería y el procesamiento de tierras raras.
Según investigación de la Revista RAYA, este acuerdo compromete a Colombia a dar celeridad a los permisos de exploración, favorecer el mapeo geológico y facilitar el acceso necesario a los inversores (¿despojadores?). Evidentemente, una Reforma Rural Integral es un obstáculo para estos propósitos.
En segundo lugar, a diferencia de los agricultores de Estados Unidos, que cuentan con importantes apoyos económicos y técnicos del Estado, el gobierno colombiano aceptó eliminar progresivamente los aranceles que protegían medianamente la producción agropecuaria. El arroz es uno de los casos más graves. Según Sara Osorio y Miguel Rodríguez, economistas adscritos a Cedetrabajo, en 2026 podrán ingresar 146.000 toneladas de arroz blanco sin pagar aranceles; y en 2030, este producto, procedente del país del norte, tendrá acceso ilimitado y libre de aranceles.
En respuesta a este serio problema, el ministro de Agricultura, Indalecio Dangond, señaló en las comisiones económicas del Congreso de la República y a través de medios sociales que los productores de arroz deberían sustituir este cereal por el cultivo de marañón. Luego indicó que su cartera dejará de usar la palabra campesino porque tiene una connotación despectiva, y que, a cambio, empleará la expresión “pequeños empresarios del campo”.
En tercer lugar, la reforma tributaria, expuesta ante el Congreso con el rimbombante término “Ley de Rescate Económico”, proyecta gravar Iva del 19% a frutas y hortalizas, aceite, pastas, azúcar, avena y café, entre otros productos de primera necesidad, mientras que mantendrá el 5% a los embutidos, los cuales son producidos mayoritariamente por el grupo Nutresa. Asimismo, disminuirá el impuesto de renta a las empresas, pasando del 35% en 2026, al 33% en 2027 y al 31% en 2028.
Por último, es necesario mencionar que la contrarreforma agraria también opera a través de acciones violentas que buscan debilitar la restitución de tierras a campesinos, al tiempo que favorece la devolución de predios a antiguos despojadores, vinculados con frecuencia al paramilitarismo y el narcotráfico. El caso de la finca La Primavera (Meta), en la que fueron desplazados campesinos víctimas del conflicto, luego de haber recibido legalmente 12.000 hectáreas; y los hechos ocurridos en el predio La Perla (Puerto Triunfo, Magdalena Media), en donde una asociación de mujeres campesinas fue amenazada por “sus antiguos dueños”, (Corporación Justicia y Dignidad, 2026), muestran por qué resulta insoportable la Reforma Rural Integral.
En consecuencia, no es inocente o impulsiva la expresión del ministro Gaona cuando aduce que los dueños de la tierra y los despojadores están sufriendo las consecuencias del Acuerdo de Paz. Su mensaje es claro: es necesario hacer trizas el Acuerdo de 2016 -tal como lo declaró el furibundo derechista Fernando Londoño en un recordado encuentro del Centro Democrático en 2017- con el propósito de facilitar las condiciones para ejecutar la contrarreforma agraria.
El Pacto de Chicoral, celebrado en 1972, que incentivó el latifundio y reprimió a la ANUC (Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia), así como el Pacto de Ralito, realizado en 2001, que pretendió refundar la patria con el inocultable contubernio entre paramilitares y políticos tradicionales, son apenas dos ejemplos de las estrategias empleadas por las élites cuando buscan sostener sus privilegios a sangre y fuego.
Desde luego, también permite entender por qué el coeficiente de Gini relativo a la propiedad rural pasó de 0,86 en 1970 a 0,905 en 2014. Cuando este coeficiente se acerca a 1 se evidencia total desigualdad. ¿A cuánto llegará este indicador durante la Patria Milagro? Amanecerá y veremos.
